"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

lunes, 28 de julio de 2014

Piketty y las desigualdades económicas

Eduardo Olier, El Economista

En septiembre de 2013, el economista francés Thomas Piketty publicó en la editorial Seuil Le capital au XXIe siècle. En un principio, salvo en Francia, el libro pasó sin pena ni gloria, hasta su publicación en inglés el pasado mes de abril, donde se ha convertido en un fenómeno editorial. Se dice que ha vendido más de 400.000 copias en el mundo anglosajón después de que la edición francesa haya superado a la fecha los 100.000 ejemplares.

Piketty, aunque desconocido para muchos, no era la primera vez que abordaba el problema económico de las desigualdades. Sólo o en compañía de Emmanuel Saez había tratado este problema en varias ocasiones, y sus artículos eran ya conocidos en conferencias y revistas especializadas.

También, en la lejana fecha de 2002, junto con Daniel Cohen y Gilles Saint-Paul, editó The Economics of Rising Inequalities, publicado por Oxford University Press. Ahí se encuentran una docena de artículos sobre el problema de las desigualdades con autores tan reconocidos como Daron Acemoglu. Se puede asegurar que este último trabajo de Piketty no es, por tanto, ninguna ocurrencia de última hora.

Sin embargo, y especialmente en nuestro país, pocos han sido los que han defendido a este economista; quizás por no haber profundizado demasiado y venir influidos por las críticas nacidas en el mundo anglosajón, encabezadas por el gobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King, y otros colegas como James Galbraith de la Universidad de Texas o Michael Husson del Institut de recherches économiques et sociales (Ires).

Se trata de críticas de economistas de corte neoliberal, que han visto en Piketty un ataque a la economía de mercado. O como el propio King aseguraba: "Piketty ha tratado de exacerbar los salones de intelectuales de izquierdas de Nueva York o de París". Sin embargo, casi nadie ha recordado el apoyo que este economista ha recibido de grandes personalidades de la economía, como son Paul Krugman, Lawrence Summers, Robert Solow o Joseph Stiglitz.

Como tampoco se ha citado un reciente estudio de la OCDE publicado el mayo pasado: Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer?, accesible desde la web de esta institución, donde se consolidan, de alguna manera, los postulados de Piketty.

Basta ver en este estudio cómo las desigualdades se han acentuado en los últimos treinta años, con Estados Unidos a la cabeza; donde el 1% de los más ricos han doblado prácticamente su participación en la riqueza total, llegando casi al 20% de la misma. Con la particularidad de que los más ricos de este grupo, que constituye el 0,1% de los más afortunados, acumula en Estados Unidos el 8% de la riqueza total.

Una cifra muy superior al caso de Canadá, del Reino Unido o de Suiza, donde la cifra se mueve entre el 4% y el 5%. Mientras que en Francia, este mismo grupo alcanza el 3% de la riqueza, aproximadamente.

En otro orden, el estudio de la OCDE muestra que el 10% de los más ricos, obtienen su riqueza principalmente de las rentas del trabajo. Siendo necesario subir en la escala social para que sean las rentas de capital las que constituyan la base de esa riqueza. Y es que una de las circunstancias por las que se dan esas diferencias, aparte del fenómeno de la globalización, o de la propia financiarización de la economía, reside en el hecho de que las políticas fiscales han sido más favorables a los que más ingresan.

Una circunstancia sostenida igualmente por algunos estudios del Fondo Monetario Internacional; orientación que coincide con los postulados de Thomas Piketty, cuando hacia el final de su libro concluye que sería necesario un impuesto progresivo sobre el capital; que sugiere que debería implantarse a nivel global, o al menos en el seno de la UE. Un criterio demasiado socialista para algunos que no ven el deterioro de una sociedad que acumula tasas de desempleo imposibles de mantener, especialmente en los más jóvenes, a la vez que suma una creciente deuda pública sin hacer lo suficiente para reducir el gasto de esta naturaleza.

Donde parece, igualmente, que las recetas para salir de la última crisis financiera ha estado más dirigida a proteger a ciertas clases privilegiadas, más que buscar el bienestar de la gente. Lo que conduce a pensar en una suerte de crisis del capitalismo, cuyas contradicciones llevan a algunos a pensar que su suerte está echada, incluso considerando que el capitalismo se reinventa a sí mismo después de cada crisis, de acuerdo con la idea schumpeteriana de la destrucción creativa.

Donde otros intelectuales, como el profesor de la Universidad de Nueva York, David Harvey, sugieren equivocada si la innovación se dirige únicamente a crear desempleo, a la vez que se extraen rentas de capital asociadas a los derechos de propiedad intelectual. Lo que Harvey mantiene en su última obra: Seventeen Contradictions and the End of Capitalism; o como también se sostenía en varios de los capítulos del libro impulsado el año pasado por Craig Calhoun, director de la London School of Economics: Does Capitalism Have a Future? Lo cual nos lleva a la última propuesta de reforma fiscal: todo apunta a que será una oportunidad perdida.

Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España.

Nuevos productos turístico tendrá Santiago de Cuba por 500 años de villa

Esta ciudad contará con un Centro de Ocio, producto turístico concebido para el disfrute de la familia y será una de las obras del sector a entregarse en el aniversario 500 de la fundación de la villa, en julio del próximo año.

Primero de su tipo de la provincia de Santiago de Cuba, tendrá una ubicación privilegiada en la avenida Victoriano Garzón, en un espacioso inmueble conocido por la Casa Blanca por el color de su fachada, con avanzado deterioro.

La edificación perteneció a un organismo estatal y una vez en funcionamiento será administrado por la Sucursal Santiago del Grupo Extrahotelero Palmares.

Con un proyecto que utilizará todas sus áreas interiores y exteriores en beneficio de la recreación, brindará ofertas para adultos, jóvenes y niños, en este último caso juegos electrónicos y un parque infantil.

Igualmente dispondrá de un mini golf, sala 3D, billar, juegos clásicos del gusto de los mayores, restaurante, cafetería, bar, área de fumadores y ciber café.

Marisol Rodríguez, Delegada del Ministro de Turismo en este territorio, dijo a la AIN que en otras ciudades del país Palmares tiene ese producto. En este caso se integrará al proyecto de reanimación de una populosa arteria santiaguera y contribuirá a mejorar la imagen del entorno, expresó.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución plantean la necesidad de crear, diversificar y consolidar, de forma acelerada, servicios y ofertas complementarias al alojamiento, con prioridad al desarrollo de diferentes modalidades.
Otras inversiones del turismo comprometidas para julio de

2015 son el proyecto Los Caminos del Café que enlazará ruinas del Paisaje Arqueológico de las primeras plantaciones en el sudeste cubano, declarado Patrimonio de la Humanidad, y la reparación del hotel Imperial, de estilo ecléctico.

Asimismo, dotarán de un hotel a la marina turística de la ciudad cabecera, con un local que cumplió funciones de casa de visita.(Tomado de la AIN)

Comemos veneno: “El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida”

28/07/14 Por Iván Gil

“Llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”.
“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la ‘dosis hace el veneno’”. Con esta advertencia a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década, y sobre el que versa su último ensayo: Las cosechas del futuro. Cómo la agroecología puede alimentar al mundo (Península).


Una obra fruto del análisis comparativo de diversos sistemas de producción alimentaria que, en sintonía con otras anteriores como Nuestro veneno cotidiano y El mundo según Monsanto, cuestiona el mito de que el menor precio de los alimentos o de que el fin del hambre en el mundo solo son posibles mediante la producción industrial de alimentos. La principal novedad que aporta la autora gala con este último libro es que existe una alternativa demostrable, “más sobresaliente de lo que creía antes de iniciar la investigación”, y que se llama agroecología.

La transición de la agroindustria a la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, “llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas y transgénicos. “América Latina en general es mucho más permisivo que la Unión Europea con el cultivo de Organismos transgénicos y la comercialización de otras sustancias tóxicas, como el bisfenol A que en otros lugares como Francia está prohibido”.

Una permisividad, alerta la autora gala, con unas consecuencias más que visibles: “Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad en toda Europa, al afectar a una de cada cuatro”. Al mismo tiempo, los cánceres de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ponen también de relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta (presuntamente por el tipo de alimentación de la gestante). “La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las deficiencias del principio toxicológico de que 'la dosis hace el veneno’ debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de literatura científica sobre esta cuestión”, apunta Robin.

El cenit del petróleo lo será también de la comida barata Tradicionalmente se ha relacionado el bajo costo de los alimentoscon los monocultivos, el uso de pesticidas y fertilizantes para reducir las plagas, así como otras técnicas modernas de producción a gran escala. Sin embargo, Robin afirma que “los precios de los alimentos que compramos en el supermercado son completamente falsos porque no incluyen los costos directos ni los indirectos”.

Los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas, del pago de las tasas por los gases de efecto invernadero, de las subvenciones (para el gasóleo, para exportar o directamente de la Política Agraria Común de la UE), así como de los sistemas públicos de salud, por el aumento de enfermos crónicos, son algunos de los costos asociados a la agroindustria que no se incluyen el precio de origen. “Si sumamos todos estos costos a los productos en origen, su precio subiría y serían más caros que los ecológicos”. Además, añade Robin, más de la mitad del precio está inflado por los intermediarios y el retatil.

Una realidad de la que no estamos muy lejos, según la autora gala, para quien antes o después tendrá que dispararse el precio de la comida, ya sea por el fin de las subvenciones, por la creciente especulación bursátil con las materias primas en los mercados de futuro, o por el no menos inminente encarecimiento de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, debido a su cenit.

Los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir de petróleo y gas, por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondría a la agroindustria en la encrucijada. “Esta es la gran debilidad de las industrias alimentarias. Se sustentan sobre un modelo que depende de los combustibles fósiles, y está claro que el precio de éstos será cada vez mayor, por lo que el de los alimentos será parejo. No tiene sentido que la alimentación en el mundo dependa de la producción de petróleo en una región tan convulsa como es Oriente Medio”, lamenta Robin.

Alimentos saludables en un mundo sostenible Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso de que se produjesen las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica (relacionadas con los biocarburantes) han llevado a la francesa a recorrerse el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria.

“Muchas veces, cuando hablamos de agroecología pensamos que se trata de volver a las técnicas empleadas por nuestros abuelos. No es así, se trata de prácticas mucho más complejas que dependerán de la zona geográfica donde se desarrollen, del tipo de cultivo o del tipo de tierra”, explica la autora. Sin embargo, Robin sí pudo comprobar que todos ellos coincidían en un principio básico: la complementariedad. “Se trata de un principio común mediante el que se busca complementar la biodiversidad del medio, mediante rotación de cultivos o interfiriendo en los ciclos biológicos de los insectos, para prevenir plagas y aumentar la producción”.

La demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores ha aumentado proporcionalmente al deterioro de la cadena alimentaria, “pero la oferta todavía no llega para abastecerlos a todos”, apunta Robin. Para hacerla extensiva a todo el mundo no llega con la concienciación del consumidor, que al fin y al cabo es el que más poder detenta con sus decisiones de compra, sino que se necesitan medidas políticas concretas.

Entre las propuestas más urgentes para facilitar el cambio, la periodista cita “la prohibición de la especulación con alimentos, el fomento de la soberanía alimentaria mediante una férrea protección de los mercados y agricultores locales, y el acortamiento de las cadenas de distribución buscando conexiones directas entre consumidores y productores”. Solo mediante la eliminación de intermediarios y vendedor final, explica la francesa, el precio de los alimentos orgánicos se reduciría hasta en un 90%.

Las bases para posibilitar un cambio de modelo están puestas “desde hace muchos años”, pero de no iniciarse una pronta transición, advierte Robin, “no podremos anticiparnos a las crisis alimentarias que resurgirán en cualquier momento”.

Ecoportal.net

El Confidencial

Demografía política e institucionalidad. Apuntes sociológicos sobre las estructuras políticas en Cuba

Por Rafael Hernandez, 

Como se sabe, la transición actualmente en curso envuelve no solo el sector económico, sino al conjunto de las relaciones sociales, la ideología, las instituciones de la sociedad civil, las relaciones de propiedad y otros aspectos del orden jurídico, así como las jerarquías y valores establecidos, los comportamientos y mentalidades, la cultura cívica, y muy especialmente, el contenido, el significado y las condiciones en que se ejerce la política como actividad específica.

En contraste con la casuística inacabable que nos presentaba la transitología de moda hace diez años, el alcance de la transición cubana afecta al conjunto de lo que el marxismo llama la formación social. Desde esta perspectiva, las políticas de la Actualización del Modeloson una de las dimensiones de un proceso más profundo y amplio, no sujeto en sentido estricto a un plan, que lo antecede y lo rebasa. Esta dinámica de cambio tiene sus antecedentes en la segunda mitad de los 80, período que Mayra Espina ha bautizado como de pre-crisis, con sus signos de desajuste económico y social, renovación del debate público, polémica en el campo cultural, y sobre todo, cuestionamiento político al funcionamiento del orden institucional vigente. Este ciclo de cambio se extiende y profundiza con la abrupta caída en barrena de los 90, y se prolonga, en una tercera fase, desde la segunda mitad de los 2000 y hasta hoy.

Este proceso continuo ha dado lugar a una matriz de relaciones sociales y maneras de pensar, que abarcan las concepciones sobre el ejercicio del poder político y las actitudes ciudadanas frente a él. Si el cambio en curso no tuviera esa envergadura, que involucra a las propias instituciones religiosas y sus patrones de convivencia política, y se tratara apenas de un reordenamiento económico armado desde arriba, hubiera resultado inconcebible el encuentro[1] donde presento este estudio, que reúne a cubanos de muy diferente pelaje ideológico, credos, maneras de pensar y filiación política.

Esa nueva matriz, surgida del proceso socioeconómico, ideológico y cultural (variables independientes en la ecuación de la transición, ante las que responden las políticas de Estado), y de la propia revisión del socialismo como noción posterior a la caída del Muro y el fin de la URSS, ha ido generando un consenso político alterado, contradictorio y heterogéneo, en cuya reproducción convergen viejos y nuevos sujetos sociales, que son los ciudadanos cubanos reales. Estrictamente hablando, estos no están repartidos solo en fábricas y campos sembrados, cursos universitarios y maestrías de negocios, hospitales y hogares de ancianos, cooperativas, talleres de equipos electrónicos, parroquias, sino en ministerios, oficinas del PCC, batallones de artillería, escuelas superiores para la formación de cuadros de dirección, y publicaciones estatales y eclesiásticas. Estos diversos sujetos sociales ejercen su condición ciudadana desde una inusitada pluralidad, correspondiente a una gama de clases y grupos, ocupaciones, generaciones, géneros, colores de piel –además, naturalmente, de sus particulares ideas políticas. En efecto, aunque algunas visiones construyen a las instituciones como masas opacas y espacios levemente abstractos, también los que las dirigen, civiles y militares, son ciudadanos. Esta condición, sin embargo, no los distingue entre sí tanto como su calidad de sujetos sociales, moldeados por un proceso de socialización, movilidad, roles y relaciones de pertenencia, que atraviesan las instituciones, y que condicionan las conductas y las mentalidades.

Desde esta perspectiva, el liderazgo institucional no es solo sujeto, sino objeto de las transformaciones acarreadas por la transición en curso. Así, para poder apreciar la escala y efecto político real de esta transición, se requiere considerar los patrones y tendencias socioeconómicas y demográficas, y su efecto sobre la composición de las instituciones del sistema. Este examen de su representatividad social concreta puede permitir fundamentar algunas hipótesis sobre el ejercicio del poder, la circulación de nuevas y viejas ideas políticas, el espacio de acción de los ciudadanos reales, la expansión de la esfera pública y los impactos posibles de todo este proceso sobre la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones existentes, en la perspectiva de un orden emergente. Ese es el modesto objetivo de estas reflexiones.

Liderazgo y estructuras de poder institucional: algunos datos sociológicos. 

Como apunté antes, el enfoque adoptado aquí deja de mirar al Estado como un bloque, de concebirlo como un ente suprasocial, de mirar a sus organismos como los tentáculos o intestinos de un Leviatán, de entenderlo desde el derecho romano y el discurso filosófico de la Ilustración o la posmodernidad, para aplicarles a las instituciones políticas el mismo tipo de enfoque sociológico con que se analiza la sociedad civil. Desde esta perspectiva, se propone contrastar algunas de las verdades aceptadas sobre Cuba, repetidas ad nauseamen columnas de opinión, eventos, programas de TV, blogs, documentales, novelas, e incluso obras de empaquetadura académica, que se replican incesantemente, sin que casi nadie se tome el trabajo de examinarlas críticamente, fuera y dentro de nuestra isla.

La descripción que aparece a continuación podría dar pie a un análisis más profundo y matizado, sobre todo si se contara con más información concreta, habitualmente compartimentada. La posibilidad de disponer no solo de estadísticas, sino de mayor información sobre las dinámicas políticas intrainstitucionales, permitiría una mayor elaboración de los problemas y una mejor interpretación de los procesos reales.

Con estas salvedades, intentaré a continuación un examen de algunas de las principales instituciones en el sistema político cubano, de su composición y liderazgo actuales, a saber:

Partido Comunista de Cuba (PCC)
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
Buró Político del Partido Comunista de Cuba (BP-PCC)
Secretariado del Comité Central del PCC (SCC)
Comité Central del Partido (CC-PCC)
Consejo de Ministros (CM)
Consejo de Estado (CE)
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
Direcciones provinciales del PCC (SG-PCC)

La composición de edades, género, color de la piel y profesiones en estas instituciones y estructuras de dirección ofrecen un panorama complejo, caracterizado por la coexistencia de configuraciones sedimentadas históricamente junto a dinámicas nuevas. Examinémoslos a la luz de las cifras disponibles, reunidas a partir de fuentes públicas muy dispersas y de estadísticas no clasificadas, obtenidas de fuentes oficiales.[2]


Los miembros del PCC alcanzaban en 2012 la cifra de 769 318; los de la UJC, 405 830, para una suma total de 1 175 148. Si se compara con el monto de la fuerza laboral cubana, estimada en 5,3 millones, la membresía del PCC y la UJC equivale a 22,17%. En otras palabras, de cada 4,5 cubanos mayores de 16 años, 1 es militante de alguna de las dos organizaciones políticas.

En la estructura de edades de la UJC, la mayoría (73%) se concentra, como es lógico, entre 19 y 30 años (329968). Ellos constituyen el 17% de los jóvenes en esas edades (1 860 309).

En el caso del PCC, su estructura de edades se parece bastante a la de la población cubana en general. La mediana es un poco mayor, aunque por debajo de 50. En efecto, 40% de los militantes tiene menos de 45 años; 28,7% entre 46 y 55; 22,7% entre 56 y 65; más de 65 años solo 17% –casi la misma proporción de mayores de 60 que existe en la población cubana actual (18,06%).

En cuanto a las estructuras de dirección, la edad promedio del BP es considerablemente más alta: 68,57 años; la mediana es de 71 –es decir, la mitad de los miembros tiene 70 o más. El promedio de edad del Secretariado del CC del PCC es de 63.8; y la mediana de 60.

En el CC del PCC, es de 57 años. La del Consejo de Ministros, en su versión ampliada –además de los 26 ministros y vices, 7 altos dirigentes, que incluyen presidentes de órganos de la administración central del Estado, equivalentes jerárquicamente a un ministerio (INDER, ICRT, etc., hasta un total de 33 miembros)–, es de 58 años. Hay 8 ministros o jefes de organismos centrales con menos de 50 años. De los 8 vicepresidentes del Consejo de Ministros, 5 tienen más de 70.

Entre los 31 miembros del Consejo de Estado, 26.9% tiene menos de 50.

Entre los secretarios del PCC en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud es donde se alcanza una mayor pluralidad. La edad promedio actual es de 46 años, y la mediana, 47; entre ellos, 8 secretarios tienen entre 38 y 47 años, el resto tiene entre 48 y 57. Son más jóvenes incluso que el promedio de edad de los diputados a la Asamblea Nacional, 49 años.

De los 15 presidentes de asambleas provinciales del Poder popular, 80% tiene menos de 50. Los dirigentes del PCC en los 167 municipios de Cuba tienen todos menos de 50 años, salvo uno.

Género.

Las mujeres son 49,9 % de la población. Integran el 39% del PCC, y el 52% de los jóvenes comunistas. Son mujeres 70% de trabajadores en las instituciones de justicia, 77,8% de los fiscales, 60% de médicos, 70% de los docentes en todos los niveles escolares, integran 50% de graduados de ciencias naturales y matemáticas, 70% de economía, 75% de medicina, 65% de ciencias sociales y humanidades. Constituyen 70% de profesionales y técnicos en la PEA total y 34% de dirigentes. Son 53% en el sistema de ciencia e innovación tecnológica.

En las estructuras de dirección, su presencia es desigual. Solo uno de los 14 miembros del BP es una mujer, es decir, 7 %; la misma cantidad que en el Secretariado.

Sin embargo, entre los 114 miembros del CC-PCC, 42% son mujeres –por encima de la proporción de mujeres en las filas del PCC, y más alta que en cualquier otro organismo representativo, con excepción de la Asamblea Nacional, donde integran 45,25% de los parlamentarios en la actual legislatura (tercer país del mundo en proporción de parlamentarias) y ocupan las dos vicepresidencias de la ANPP. En las 16 asambleas provinciales del PP, ostentan más de la mitad de las presidencias (9) y constituyen 44.7% del total de delegados.

El 25% del CM son mujeres, cifra superior a cualquier gabinete anterior. Integran 38,7% del Consejo de Estado, entre cuyos 6 vices hay 2 mujeres. De los 8 vicepresidentes del CM, ninguno es una mujer.

Entre las 16 secretarías provinciales del PCC (incluida la Isla de la Juventud), 6 están ocupadas por mujeres, una proporción mayor que en casi ninguna otra alta estructura de toma de decisiones: 37,5 % –apenas inferior a su composición en las filas del Partido (39%).

Colores de piel.

A pesar de que algunas cúspides institucionales tienden a una composición más blanca, la presencia de negros y mestizos en prácticamente todas las instituciones y estructuras de dirección y representación se aproxima al promedio de las bases.

Según las cifras del censo, la composición del total de la población por colores es de 65% de blancos, 10% de negros y 25% de mulatos. A partir de los mismos criterios censales, en las filas de la militancia de base del PCC hay 65% blancos, 16,5% negros y 18,5% mestizos.

En el BP, hay 2 negros y 2 mestizos, lo que equivale a 26,66 %. En el CC del PCC, 68.4% son blancos; 16,6% negros y 14,9% mestizos, con 3 puntos de diferencia respecto a la proporción en las filas de base. En el Secretariado, una tercera parte (33%) son no blancos (1 negro y 1 mulata, entre los 6).

La composición de color de la piel entre los dirigentes provinciales del PCC en la actualidad es de 4 mulatos, equivalente a 25%. Esta cifra está por debajo de su presencia entre los 614 diputado a la ANPP, donde los no blancos llegan 35,67%, idéntica a la estructura de la población.

La institución política donde negros y mulatos alcanzan la proporción más alta en el sistema político cubano es la UJC, donde constituyen 42% del total de la militancia. 

Profesiones: ¿generales o ingenieros?

En el BP del PCC, de los 14 miembros, 7 son militares. Ahora bien, 29 %, casi la tercera parte del total de miembros, son militares en funciones propias de la defensa y la seguridad. Todos ellos, salvo un viceministro de las FAR, así como 2 de los 3 militares en funciones políticas (contando al propio Raúl), ya estaban en el BP antes de que él asumiera la presidencia en febrero de 2008.

De los cuatro nuevos miembros del BP, solo uno, el actual ministro de Economía, es un ex-militar; el otro, Vicepresidente del Consejo de Ministros, a cargo de toda la economía, y el Ministro de Relaciones Exteriores, son civiles; así como la cuarta, una mujer, secretaria del PCC en La Habana.

En cuanto a sus ocupaciones, en este reducido grupo existe una relativa dispersión: además de los 7 militares, 4 son ingenieros (uno militar), 2 economistas, uno es médico y el otro jurista/diplomático.

El segundo nivel de dirección del PCC, los 6 miembros del Secretariado, está integrado actualmente solo por civiles. Sus profesiones también están relativamente dispersas. Entre ellos hay 2 médicos, dos maestros, un economista, un licenciado en ciencias sociales.

En cuanto al Consejo de Ministros, en su composición ampliada, de los 9 militares en activo o retirados, 2 ocupan actualmente cargos en la defensa y la seguridad, y solo uno de ellos es nuevo (gobierno de Raúl), el propio Ministro de las FAR. Hay 7 miembros del CM (incluidoRaúl Castro) provenientes de instituciones armadas que desempeñan cargos civiles (entre ellos, 4 vicepresidentes), pero solo 3 fueron designados por Raúl. Entre esos militares en cargos civiles (21 % del CM), casi la mitad (3) son ingenieros, que dirigen esas carteras por su especialidad ingeniera (Transporte, Comunicaciones, etc.).

Considerando que la totalidad de los miembros del CM del actual gobierno fueron designados por Raúl, se advierte que el nombramiento de militares es muy inferior al de civiles. La mayoría de los cargos claves de la economía (Vicepresidente del CM encargado de las reformas, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Turismo, Comercio Interior, Agricultura, Banco Central, Finanzas y Precios, Industria Ligera, Contraloría, etc.) está en manos de civiles, así como otras carteras estratégicas (Justicia, Relaciones Exteriores, Salud, Educación). De hecho, un Vicepresidente del Consejo de Ministros (de antigua data) y un ministro de Comunicaciones, ambos militares, fueron relevados de sus cargos en el 2012.

En realidad, la profesión más representada en el gobierno cubano es la de ingeniero. Si se suman ingenieros militares y civiles, esta alcanza 31 %. Economistas e ingenieros componen el 46 % del Ejecutivo de Raúl Castro.

De los 4 miembros más jóvenes del BP, 2 provienen de la dirigencia del PCC en provincias; así como 3 de los actuales miembros del Secretariado han sido antes secretarios provinciales. Esta vía de promoción partidaria podría estar reforzándose en la lógica de la actual política.

La composición de los Primeros secretarios del PCC, en cada una de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se caracteriza por la casi ausencia de ex-militares; y por reproducir el patrón de una alta concentración de ingenieros y economistas, aunque menor que en los otros niveles. La principal diferencia consiste en que una cantidad apreciable de estos primeros secretarios son graduados de educación, casi todos licenciados en institutos pedagógicos.

Por último, entre los diputados a la Asamblea Nacional, solo 8,1 % están uniformados. 

Algunas notas cualitativas sobre la demografía política.

Lo que se presenta arriba constituye un examen incompleto de las estructuras políticas, cuyo análisis requeriría una mayor y más refinada base de datos, así como el registro de otras instituciones del sistema. Por ejemplo, no aparecen analizadas las principales organizaciones de masas –trabajadores, mujeres, estudiantes, vecinales (CDR), gremiales (agricultores, artistas y escritores, periodistas, otros profesionales). Tampoco se ha podido evaluar tendencias, pues no se dispone de series estadísticas que permitan comparar. La visión que se ofrece está más cercana a una foto que a una representación dinámica.

Sin embargo, las instituciones y datos que aquí se reúnen contradicen algunas verdades aceptadas, matizan otras, proponen nuevas líneas de reflexión. Sobre la base de esta información, se pueden construir algunas apreciaciones.

El primer rasgo que salta a la vista es la masividad de las filas de las organizaciones políticas examinadas, en particular, el propio PCC. El dato de que uno de cada 4,5 mayores de 16 años integra una de las dos organizaciones políticas resulta un índice muy alto, por encima de la mayoría de los partidos políticos en el mundo.

Más significativa que la masividad es el grado de representatividad sociodemográfica de las filas del PCC, que la aproxima a la de esa población adulta cubana actual.

Por otra parte, la brecha más significativa políticamente no es la que existe entre la población general y las cúspides de las principales instituciones de poder, sino entre estas y sus bases. Examinando los indicadores de sobre y subrepresentación de las estructuras de dirección respecto a las bases, tanto del PCC y la UJC, como de otras instituciones, se pueden encontrar algunos contrastes interesantes.

EDAD.

a. Si se toma en cuenta que la edad mínima para pertenecer al PCC (salvo excepciones) es de 30 años, su membresía es prácticamente tan joven (y tan vieja) como la población cubana actual. De cada 6 militantes del PCC, 2 ½ tienen menos de 45, y 4 menos de 55; solo 1 es mayor de 65.

b. En las estructuras de dirección del PCC, la edad promedio está muy por encima de las bases, incluso la del CC, que rebasa los 55. La avanzada edad en el BP es superior a la que caracteriza a la mayoría de los liderazgos políticos, incluso si se compara con los antiguos dirigentes de los países socialistas (Brezhnev al morir tenía 76 años; Chernenko, 73; Andrópov, 70). El factor de riesgo biológico en mayores de 70 años afecta hoy a la mitad del equipo de gobierno a ese nivel, lo que representa una variable de incertidumbre en su estabilidad.

c. Sin embargo, las nuevas promociones a esos niveles superiores parecen indicar una tendencia que enfatiza el rejuvenecimento. De los cuatro miembros del BP promovidos por Raúl Castro, tres tiene menos de 55. Los tres más jóvenes (menos de 60) del Secretariado, también entraron a este órgano después de 2008. La elección de un nuevo primer vice del CE y CM en febrero 2013 redujo de golpe la edad de la persona en el cargo casi 30 años.

d. La entrada de políticos jóvenes, hombres y mujeres, podría seguir priorizando –como parece ser el estilo político de Raúl— a los cuadros idóneos disponibles, fogueados en el pugilato con los problemas locales y provinciales, y capacitados para compartir su experiencia estratégica en la descentralización (clave en las políticas de la Actualización) con los veteranos, quienes a su vez podrían transferirles su prolongado entrenamiento como estadistas, carentes al principio de toda experiencia.

e. ¿Es visible ya una clase política más joven que la representada por el liderazgo histórico? La edad promedio de la que algunos analistas de la política cubana (como el ex–policía Mario Conde) han bautizado como la “generación escondida”,[3] es decir, 58 años, coincide exactamente con la del CM de Raúl Castro, y resulta prácticamente idéntica a la del actual Comité Central del PCC (57). Este segmento generacional, al que también pertenece el Secretario General del PCC en la segunda ciudad más grande de Cuba, Santiago, ya ha empezado a gobernar en la Cuba actual. La susodicha “generación escondida” resulta ser entonces el borde superior de una clase política que contiene sucesivas cohortes, como las identifican los demógrafos, formadas también por los diputados a la actual Asamblea Nacional del Poder Popular, sus liderazgos provinciales y municipales, y muy especialmente, los del PCC en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Basta mirar en esa dirección para que esa clase política más joven se haga visible.

f. La presencia de mayor cantidad de jóvenes en las estructuras de gobierno parece ser más el resultado de la voluntad política de la máxima dirección que de la agenda de las organizaciones juveniles, como la UJC o la FEU. Más allá de una política de cuadros que siempre ha estado ahí, sin haber conseguir hasta ahora generar un mecanismo meritocrático que prevaleciera sobre la cooptación al más alto nivel, no se visibilizan discursos que, desde las principales instituciones políticas, expliciten la línea de priorizar el relevo, ni enfaticen el papel de las organizaciones juveniles en prepararlo.

GÉNERO.

g. Ningún grupo en la actual realidad cubana experimenta una mayor brecha entre el lugar alcanzado en términos de logros, desarrollo y protagonismo social, y la posición que ocupa en las estructuras supriores de poder político como las mujeres. Ninguno ha conquistado un espacio más destacado, medido por su desempeño educacional, inserción laboral profesional, autonomía y capacidad de desempeño de roles sociales y familiares, en comparación con su preminencia en el sistema político.

h. Ahora bien, visto en términos relativos, el aumento de la presencia femenina en estas estructuras en los últimos tiempos no tiene precedente. En las filas de la UJC son la mayoría absoluta; y casi la mitad del CC del PCC y de la ANPP. Aun más destacada resulta su presencia en la dirección de las provincias, donde ocupan más de la mitad de las presidencias del Poder Popular, casi la mitad de los escaños en esas asambleas, y muy especialmente la máxima dirección del PCC en más de un tercio. Tampoco ha habido nunca tantas ministras en el gabinete cubano como hoy.

i. En el contexto anterior, resulta inexplicable que haya una sola mujer en el BP. Y que apenas ocupen vicepresidencias (2) en los consejos de Estado y ministros.

j. Al parecer, el papel de la organización femenina se ha concentrado más en promover la condición de género a nivel de base, la incorporación laboral de las mujeres, el desarrollo de programas para evitar abusos, violencia, etc., que en crear conciencia y fomentar su mayor perfil en las máximas direcciones políticas. Si estas políticas existen, no se hacen suficientemente explícitas en la esfera pública, ni forman parte del debate en los medios.

COLORES DE PIEL.

k. Los datos demuestran que en las filas del PCC hay la misma proporción de no blancos, y una sobrerrepresentación de negros, respecto al conjunto de la población según el Censo Nacional. En el caso de la UJC, la sobrerrepresentación abarca a negros y mulatos, y es aun mayor que en el PCC (más de 2 de cada cinco miembros).

Esta correlación contradice algunas verdades aceptadas –y avala otras. Respecto a las primeras, revela que los no blancos no padecen de una situación de exclusión o discriminación que restrinja su participación en las principales organizaciones políticas del sistema. Respecto a las segundas, los datos resultan consistentes con la hipótesis de que los grupos sociales en la parte inferior de la pirámide, donde ha sido mayor históricamente el perfil de los no blancos, mantienen una presencia notable en las filas de estas organizaciones.

l. La presencia de negros y mestizos en las estructuras de dirección confirma la tendencia anterior. En efecto, los negros (no los mestizos) están también sobrrepresentados en el CC del PCC y en la ANPP, donde los no blancos mantienen un perfil simétrico con el de la población. En el resto de las instancias de poder político, aunque su perfil tiende a ser menor, mantienen una presencia significativa (más de una cuarta parte) en el BP (28,6%) y las direcciones provinciales del PCC (26,7%).

m. No es el objeto de este análisis examinar a fondo el efecto real de esa especie de política de “acción afirmativa”, adoptada por primera vez en 1986 (III Congreso del PCC), y dirigida a fortalecer la presencia de no blancos (así como de jóvenes y mujeres) en las estructuras de dirección. El presente estudio no ha podido disponer de todos los datos de color de la piel en el CM y el CE, ni sus vicepresidencias, instancias de alta concentración de poder. Pero el resto de la información disponible parece indicar que, tanto en las instituciones políticas donde el acceso y la composición de los miembros puede calibrarse de antemano (ANPP, CC del PCC), a fin de asegurar un grado de representatividad, como en aquellas donde predomina la dinámica política de la sociedad (filas del PCC y la UJC, delegados del PP), la mayor presencia de no blancos se ha manifestado mediante los mecanismos establecidos en las organizaciones del sistema político, no tanto de la influencia de grupos particulares o acciones desde la sociedad civil.

n. Desde el momento más álgido del Periodo especial, los grupos de la sociedad civil que han suscitado la problemática de la discriminación y el prejuicio raciales, especialmente en los medios intelectuales y culturales, han podido contribuir a una conciencia más aguda acerca de su persistencia, a colocarlos en el diálogo con la máxima dirección política, y a legitimar su debate público, en torno a aspectos relacionados con la educación, la construcción de la historia, la imagen televisiva, y otros donde se manifiestan expresiones de desigualdad. Avanzar en la búsqueda de medios que contribuyan a reducir la desigualdad en los niveles de vida, espacios urbanos, vivienda, ingreso, y otros índices que inciden en la reproducción de la pobreza y en su racialización forma parte de una agenda política de mayor alcance.

PERFIL PROFESIONAL Y EDUCACIONAL.

o. La alta presencia de militares en las estructuras de poder ha sido un rasgo de los sucesivos gobiernos cubanos a partir de 1959. En su origen, respondió al componente armado dentro de las organizaciones que derrocaron la dictadura, y al Ejército Rebelde, columna vertebral del nuevo Estado, donde confluyeron las principales fuerzas políticas –26 de Julio, Directorio 13 de Marzo, PSP, y otras–, aun antes que se consolidaran en una sola organización –las ORI, el PURSC, el PCC. Si se observa el primer Comité Central del PCC creado en 1965, se verá que la mayoría de los integrantes están uniformados. Casi ninguno tuvo los estudios militares como su formación básica, sino los de derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, o eran empleados de servicios, comerciantes, etc. Entre las Fuerzas Armadas y el gobierno ha existido una especie de puerta giratoria, de manera que algunos de esos altos oficiales han pasado a ocupar cargos civiles, desde donde han transitado hacia otras posiciones dentro del Estado o el PCC, e incluso han podido eventualmente regresar al servicio activo.

p. ¿Qué características adopta hoy esa presencia de oficiales en activo o retirados del servicio? Para medirla, es necesario, en primer lugar, separar a los militares en cargos propios de la defensa y la seguridad, es decir, a los jefes de las FAR y el MININT que forman parte del BP, el CM o el CE. En segundo, hay que diferenciar a los ex-militares cuya función al frente de un organismo de gobierno responde a su formación técnica (ingeniero, economista). Descontando la categoría de militares en funciones militares, en el BP, hay tres militares retirados (incluido el propio Raúl), y cinco ingenieros y economistas (entre estos, un ex – militar). Entre las nuevas incorporaciones al BP, hay un solo militar. De manera que 1) tienen un peso específico alto, 2) ese peso no es nuevo, ni mayoritario ni marca un patrón de circulación prefijado dentro del sistema político.

q. Esta tendencia, corregida y aumentada, se repite en otras estructuras de gobierno, la más importante, el CM. Como muestran los datos, la profesión predominante (casi la tercera parte del CM ampliado) es la de ingeniero (civiles y militares), y en segundo lugar, la de economista (1 de cada 6). La tercera parte restante está formada por ciencias sociales y políticas, y otros (médico, jurista, ciencia, arte), 18% cada uno. Este gobierno, cuyo primer vice es un ingeniero electrónico, se caracteriza por orientarse hacia un modelo sistémico, basado en control de indicadores, chequeo de flujo, y una lógica que prioriza la eficiencia. En este estilo de gobierno, más cercano a la razón ingeniera que al puesto de mando militar o el espíritu guerrillero predominante en algunas etapas anteriores, radican sus mayores potencialidades, y también el sesgo tecnocrático presente en una parte de las políticas.

r. Una mayor pluralidad profesional-educacional se advierte en otras estructuras de mando político, como el Secretariado del CC, la ANPP, el CM, y sobre todo, las primeras secretarías del PCC en las provincias. En estas hace acto de presencia un sector profesional surgido de la política educacional de las últimas décadas, los maestros graduados de nivel superior. La formación de dirigentes que alguna vez se pararon realmente delante de una clase, para explicar historia, matemática, historia del arte, ciencias sociales, tiene una particular connotación, especialmente en un contexto donde la dirección política hace llamados a cambiar la mentalidad de los cuadros, es decir, a transformar el estilo del gobierno, y sobre todo del PCC, en el sentido de la interacción directa y el diálogo con la ciudadanía. Esta presencia de pedagogos es especialmente significativa en instancias como las mencionadas, si se advierte que estas se han convertido en rutas privilegiadas hacia los niveles más altos de gobierno, Estado y Partido.

s. Las cifras apuntadas y los comentarios anteriores no aminoran el papel de los militares en un gobierno encabezado por un General Presidente, ni disminuye su importancia histórica como cantera de cuadros políticos en el sistema. Pero permite colocarlos en perspectiva, como segmentos de un Estado y de estructuras de poder mucho más complejas, y de políticas que hoy en día dependen mucho más de la evaluación informada de los problemas, la aplicación del conocimiento, el gradualismo, la valoración de los impactos sociales y políticos, el éxito de la descentralización, la transformación del sector estatal hacia una mayor autonomía de sus instituciones, la extensión del sector no estatal y el papel de los nuevos sujetos económicos, el funcionamiento eficaz de la ley, la participación ciudadana, que del mando único, el avance mediante campañas, la concentración de fuerzas en dirección al golpe principal, el principio de verticalidad y obediencia, la concentración de decisiones en el estado mayor.

Los datos revelan una mayor presencia de grupos en relativa desventaja (mujeres, negros, jóvenes) en zonas claves del sistema, potencialmente movilizadoras de nuevos sujetos hacia posiciones institucionales. Esta transición demográfica crea condiciones más favorables para el ejercicio de la representación, aunque, naturalmente, no la determina.

Comentarios finales: política e institucionalidad.

Lograr que esas instituciones respondan cada vez más a esa presencia, y poder transitar hacia una representatividad activa, de manera que las instituciones funcionen de manera más plenamente democrática depende no solo de una nueva demografía política, sino de la implantación real de una práctica política que marque el funcionamiento del sistema, más que de la simple virtud de automatismos constitucionales o atribuciones otorgadas.

Si una meta central de la política de la Actualización es la consolidación de una nueva institucionalidad, ese orden nuevo no puede surgir de una suma de parcelas, sino exige una concepción como sistema. Construir institucionalidades por separado, económicas o de otra índole, corre el riesgo de crear shogunatos donde predominen lógicas sectoriales o tecnocráticas, como la que privilegia el crecimiento, y su supuesto efecto de derrame, en lugar del desarrollo socioeconómico, como vehículo del bienestar y la participación.

Este sistema institucional conlleva que las organizaciones de los trabajadores, y los ciudadanos en general, reflejen su pluralidad como sujetos sociales; que estas, así como las instituciones del sector público, puedan funcionar bajo un estatuto legal que les conceda autonomía y a la vez delimite sus atribuciones; que promueva un ordenamiento de la sociedad civil basado en modelos de decisión colectiva y cooperación; que este orden incentive el respeto de las normas y regulaciones; y que esta institucionalidad reconstruida a lo largo del sistema político, pueda someter la fuerza desestabilizadora de la corrupción, y el abuso de poder que la anima, no solo mediante la ley y el orden, sino de un control social socialista basado en la participación ciudadana.

Una esfera pública cada vez más democrática no es solo el espacio natural para experimentar y recrear una nueva cultura política, sino para fomentar el consenso. El discurso político actual, que reconoce y naturaliza el disenso, como expresión orgánica de la real pluralidad social, facilita que la sociedad en su conjunto se apropie de un nuevo estilo político. Pero las resistencias a la extensión de ese estilo, abajo y arriba, no son despreciables.

Mirar la política y la institucionalidad que la acompaña desde abajo supone no idealizar la sociedad civil, ni atribuirle una condición democrática per se, o adjudicarle un espíritu de igualdad y libertad ciudadanas a los diferentes grupos sociales, antiguos y emergentes. La sociedad civil es el reino de la diversidad, pero también de la inequidad, donde se reproducen enajenaciones y hábitos mentales que nos acompañan desde la colonia. Resulta fundamental el debate público institucional, para conseguir rebasar los límites chatos del sentido común, desde la perspectiva de un buen sentido crítico e informado, que incorpore los recursos del conocimiento social y la cultura, al margen de las lógicas especializantes.

Un problema a examinar en torno al buen funcionamiento de una institucionalidad política que refleje la sociedad diversa y discrepante del socialismo cubano es el de la naturalización del disentimiento. Abordarlo como problema político requiere desarrollar estrategias que lo integren a la agenda de debate interno, al enfrentamiento crítico a los problemas y deficiencias del sistema, en particular, mediante espacios institucionales y medios de difusión, establecidos y alternativos. Rebasar la lógica defensiva, a favor de estrategias políticas que renueven el control social y fortalezcan la estabilidad con instrumentos políticos es relevante, también para la seguridad nacional.

Se requiere reconocer que, como lo hicieron en su momento los primeros bolcheviques, la política socialista genuina genera corrientes discrepantes dentro de las propias filas, que deben disponer de espacio para expresarse, no solo hacia dentro, sino hacia afuera del Partido, particularmente, en su propia prensa. Una estrategia que no solo tolere, sino propicie y canalice adecuadamente la discrepancia y el cuestionamiento de las políticas adoptadas dentro de las propias instituciones establecidas, implica una determinada “oposición leal” dentro del sistema. Más allá de cómo se le denomine, desarrollar un nuevo modelo socialista con partido único verdaderamente democrático requiere naturalizar este disentimiento, para que se manifieste de manera legítima en los espacios políticos institucionales y los medios de difusión, y haga valer su presencia en la formación de la opinión pública.

La cuestión de la institucionalidad y el cambio social tiene también una dimensión internacional. Durante décadas se ha argumentado, y se repite aún, que “no es posible un socialismo verdaderamente democrático mientras los Estados Unidos estén ahí con su injerencia en los asuntos internos de Cuba; esa hostilidad pone límites a cualquier proceso de democratización.” Esta tesis se sigue reproduciendo, a pesar de que convierte la meta de un socialismo más plenamente democrático en rehén de la hostilidad norteamericana.

Sin embargo, de hecho, esa hostilidad no se traduce hoy, como en los 60 o en los 80, en una amenaza militar inminente a la seguridad nacional, sino en presiones políticas, que no se contrarrestan mediante el cierre de la esfera pública o la restricción de las prácticas democráticas. En contraste con el pasado, esas presiones no tienen éxito en aislar a Cuba internacionalmente; al contrario, el Estado cubano está más conectado al orden institucional regional e internacional que nunca. Los procesos de cambio político en América Latina y el Caribe tienen hoy una mayor relación vaso comunicante con la realidad cubana que en el pasado –y podrían servir como referentes para repensar aspectos y mecanismos de la institucionalidad en la isla, especialmente en el sentido de la descentralización, la participación local, el uso de la ley como instrumento fundamental de las políticas y el funcionamiento institucional, la transformación cualitativa del sector estatal en un genuino sector público, la extensión de los modelos cooperativos y los proyectos de desarrollo comunitarios. Las lecciones actuales de la región no van en la dirección de la privatización, sino de la reconceptualización y puesta en práctica de nuevas modalidades de economía social.[4]

Finalmente, el argumento del factor norteamericano como razón política para el inmovilismo contradice la propia posición oficial cubana. En efecto, un concepto estratégico en el discurso de la Actualización es que el debate interno debe mantenerse de manera sistemática, “sin preocuparnos por quienes en el exterior intentan sacar partido de esos debates. Tarde o temprano, la verdad se impone.”[5] Como parte de esa política, se ha llamado a “promover la mayor democracia en nuestra sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del Partido, lo que presupone fomentar un clima de máxima confianza…, favoreciendo que las discrepancias sean asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo a los medios de comunicación masiva”.[6]

Epílogo.

Como si el proceso político de la transición no contuviera suficientes desafíos, se requiere lidiar además con un cúmulo de postulados, consagrados por el sentido común dominante, que tiende su velo de verdades aceptadas y repetidas, nunca contrastadas con la evidencia, ni puestas en contexto, en torno a los fenómenos de la nueva Cuba. Entre estas se encuentran algunas tan viejas como la “excepcionalidad cubana” (o sea, “Cuba es un caso desviante”) o “las dos Cubas: La Habana y Miami” (o sea: “un mismo país dividido, comoAlemania”), junto a otras más recientes, como “la falta de modernidad y cosmopolitismo” (o sea, “no tiene Internet”), “la brecha creciente entre viejos y jóvenes” (donde “joven” abarca a todas las generaciones “entre 15 y 59 años”), el “bajo nivel de desarrollo” (es decir, la baja “tasa de crecimiento económico”), la “generación escondida”, etc.

Antes de examinar la realidad cubana concreta a partir de indicadores sociales, económicos, políticos, y de su propia ruta histórica y cultural, se salta directamente a modelos que la expliquen, o incluso la guíen –el alemán, el polaco, el húngaro, y más recientemente, el chino o el vietnamita. Como ocurrió con “el (excepcional) modelo cubano” en los 60 y 70, los asiáticos se presentan como paradigmas o modelos para armar, para sorpresa, en primer término, de los propios chinos y vietnamitas, quienes confiesan no haberlo imaginado como producto de exportación. La mayoría de esos abogados pro-asiáticos fuera de China yVietnam encuentran que, en la ecuación “economía de mercado con Partido único (comunista)”, lo atrayente es la parte del mercado, no tanto la del Partido. Resulta una conducta similar a elogiar a un tigre, pero preferirlo sin rayas, que duerma en el sofá y cace ratones.

Si se tratara, en serio, de mirar de frente a esos modelos chinos y vietnamitas, lo primero sería advertir que la legitimidad de esos PC en China y Vietnam tiene menos que ver hoy con el marxismo-leninismo ortodoxo y las concepciones estadocéntricas sobre el socialismo que con su rol histórico en la lucha por la independencia y la soberanía, la defensa del interés nacional de sus estados y de su población, y muy en particular, con su capacidad para desarrollar políticas estables dirigidas a modernizar sociedades todavía muy rurales, víctimas de una pobreza ancestral, con vastos territorios apartados y minorías étnicas que requieren integrarse de manera acelerada a un proceso que asegure la elevación del nivel de vida de toda la población. También se les reconoce a estos PC haber corregido el rumbo en sus relaciones exteriores, recuperando su lugar en la comunidad regional y en el sistema internacional, superando el aislamiento en que se encontraban, y logrando un alto grado de cooperación con los países vecinos y los industrializados, incluidos sus antiguos enemigos.

Medida con esa regla, Cuba no ha alcanzado una parte de esos logros, otros sí –y otros no los requiere. Confundir el insuficiente acceso a Internet, el bajo percápita de teléfonos inteligentes y kindles, el estado precario del transporte, la carencia de TV por cable, automatización de los servicios, disponibilidad de libros electrónicos, y otros déficits tecnológicos y de consumo en Cuba con la medida de la modernidad en la cultura y la sociedad implica no entender el significado de moderno. Cuba es un país que ha experimentado durante cinco siglos el efecto de estar plantada en el cruce de caminos del Nuevo Mundo; donde las relaciones sociales capitalistas se extendieron en su momento a la totalidad del territorio nacional; la mayoría de su población desciende de inmigrantes pobres europeos y esclavos africanos emancipados, pero la más intensa influencia cultural en el último siglo proviene de los Estados Unidos; se ha integrado étnicamente más que la mayoría de las naciones; 75% de su población accede a las condiciones de la vida urbana; la asistencia escolar es universal y obligatoria durante 9 años; su modelo de bienestar social solo es comparable con el del Norte civilizado; y el incremento relativo de la pobreza (20%) y de la desigualdad racial, agravada por la crisis, se percibe como una anomalía. Como demuestran las cifras presentadas antes, las mujeres integran la mayoría de los científicos, estudiantes universitarios, la salud pública, la educación y el poder judicial; y se dispone de una clase política rejuvenecida, como demuestran los datos presentados, y dotada de una educación superior, incluso en los niveles más bajos del sistema político, formada en una modernidad a la que tributó el propio desarrollo socialista, con sus sombras, pero también con todas sus luces.

Si no fueran suficientes los indicadores expuestos sobre la demografía política de las instituciones del sistema y de la sociedad sobre la que se levantan, el de la estructura ocupacional dentro de las filas del PCC revela el significado de ese nivel de desarrollo humano y su incidencia en las instituciones del sistema político: los profesionales son el grupo socio-ocupacional más numeroso, ascendente a 41,6% del total de miembros del PCC, muy por encima de cualquier otro, incluidos los dirigentes. Una cuarta parte de estos profesionales, el subgrupo mayor, equivalente a 11,1% del total de miembros del PCC, son maestros a distintos niveles.

Mirar de frente también a esa realidad cubana requiere no cerrar los ojos cuando esos datos no cuadren con los gustos personales o las visiones de corto alcance que experimenta cada cual. Ninguna política razonable tiraría por la borda este capital humano e institucional, ni se le ocurriría desechar o dar por obsoletas organizaciones que corresponden en un grado tan alto, por su composición, con la sociedad real en que se implantan. Tampoco las pensaría como si no hubieran pasado cincuenta años desde que se fundaron, cuando los hijos de aquellos obreros y campesinos, gracias a la movilidad social propiciada por las políticas sociales y el desarrollo, se han convertido en un grupo social diferente, que piensa las cosas de otra manera, incluido el socialismo. Si actualizar no solo significa poner al día, sino realizar, “hacer que los elementos abstractos o virtuales se conviertan en concretos e individuales”, el objetivo de la política tendría que ser la reconstrucción de un orden donde el ejercicio del poder, la circulación de nuevas y viejas ideas políticas, el espacio de acción de los ciudadanos reales, la expansión de la esfera pública, y las instituciones existentes estuvieran a la altura de esa sociedad pensante y activa a la que les toca representar.

La Habana, 1º de junio, 2014.

Notas:

[1] Taller sobre Fe religiosa: institucionalidad nacional y modelos sociales, Espacio Laical, La Habana, 6-8 marzo, 2014.

[2] Agradezco especialmente al Departamento de Organización del CC del PCC, por facilitarme una parte fundamental de los datos, en particular, de los referentes a la composición de las filas del Partido y la UJC (2011), y algunos específicos sobre las estructuras de dirección política. Gracias a la ANPP por las estadísticas agregadas sobre estructura sociodemográfica de la Asamblea Nacional, y algunas más sobre las provinciales y municipales (2013). La tercera fuente institucional ha sido el Centro de Estudios sobre la Mujer, de la FMC, al que debo la información actualizada (2014) sobre distribución femenina en sectores laborales. La mayor parte de la información reflejada en los gráficos proviene de estas fuentes. Los datos sobre las estructuras de dirección han sido actualizados (2014) con fuentes públicas: http://www.pcc.cu/, http://www.cubagob.cu/,http://www.cubadebate.cu/, http://www.granma.cu/.

[3] Leonardo Padura, Herejes, Tusquets Editores, 2013, p. 24.

[4] Cfr. Temas, # 75, jul-sept., 2013.

[5] Raúl Castro, “Discurso en el Aniversario 55 del Asalto al Moncada”, 26 de julio, 2008.

[6] Raúl Castro, “Discurso en la clausura de la Primera Conferencia del PCC”, 29 de enero, 2012.

Cuba y la compleja transformación de la empresa estatal

Por Jose Luis Rodriguez*

Desde 1959, con el triunfo de la Revolución cubana, las empresas estatales han evolucionado bajo diferentes formas y diversos sistemas de dirección. Durante la década de los 60 su forma típica de organización fueron las “consolidadas”, que comprendían un grupo de entidades -en su mayoría pequeñas y de baja productividad– en una que las agrupaba esencialmente para una mejor dirección administrativa.

Luego de atravesar una etapa en la que se suprimieron los vínculos mercantiles en la economía, lo que afectó negativamente la gestión de las empresas públicas, estas sufrieron una reestructuración bajo el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, implantado en 1975 con la introducción de una política de gestión más descentralizada a partir del cálculo económico restringido tomado de la experiencia soviética.

Esta fue sin dudas la mayor transformación ocurrida hasta entonces y, en esencia, resultaba un paso positivo. Pero en su aplicación concurrieron varios factores que hicieron que se frustrara ese empeño.

Por un lado, las deficiencias propias del cálculo económico se exacerbaron a partir de la falta de experiencia y la inexistencia, en el modelo cubano, de otras condiciones necesarias para su aplicación como un sistema de precios adecuado y una política fiscal eficiente. Por otro lado, el diseño de la empresa estatal formó parte de una política económica en la que no se tomaron en cuenta adecuadamente los factores de movilización política consustanciales al modelo socialista cubano, dando lugar a desviaciones tecnocráticas y economicistas.

Las deficiencias de este modelo de gestión se trataron de superar entre 1986 y 1989 mediante el llamado proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, que trató de implementar un modelo en el que la política tuviera prioridad junto a una gestión económica más eficiente mediante fórmulas como los contingentes de la construcción, al tiempo que se autorizaba la experimentación del cálculo económico cuidadosamente revisado en el sistema empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR).

A partir de 1990, el Período especial impuso una transformación en el ámbito empresarial mediante la cual una parte del mismo pasó a operar en divisas –especialmente el turismo, la industria del níquel, la producción de petróleo, la del tabaco, las telecomunicaciones y las tiendas de recaudación de divisas–, con un sistema que otorgó una mayor autonomía a la gestión de este segmento empresarial, que asumió la forma jurídica de sociedades mercantiles y que se conocería como sector emergente. Este operaría con un mayor nivel de descentralización en la gestión, logrando una eficiencia apropiada en muchos casos, especialmente en los primeros años de aquella difícil etapa.

En un esfuerzo por elevar la eficiencia de la gestión empresarial, a partir de 1998 se introdujo el perfeccionamiento empresarial, que tomó las experiencias del sistema empresarial del MINFAR, en un proceso dirigido a aplicar una variante de cálculo económico restringido a un grupo de empresas, hasta llegar a unas mil en la actualidad.

No obstante, la dualidad monetaria y cambiaria vigente en la economía cubana a partir de 1994 creó una situación muy compleja para monitorear y controlar eficientemente a las empresas estatales que operaban en divisas.

Esta situación alcanzó un punto crítico a la altura de 2003, cuando fue necesario revisar los mecanismos financieros del sector emergente ante el incumplimiento de sus aportes en divisas a la economía nacional.

La crisis energética que el país enfrentó en el segundo semestre de 2004 -junto al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos a partir de las medidas aprobadas por la administración Bush en mayo de ese año- provocó que nuevamente el país pasara a controlar centralizadamente el uso de las divisas, tomando en cuenta el crecimiento de las tensiones financieras externas.

Las decisiones adoptadas a finales de 2004 llevaron a la concentración de toda la divisa captada por el país en la Caja Central del Banco Central de Cuba, lo que introdujo un mecanismo muy engorroso para la gestión empresarial.

De este modo, la historia muestra que a lo largo de más de 50 años la actividad empresarial estatal se ha movido en un rango diverso de centralización y descentralización de las decisiones, sin que se alcanzara una combinación óptima entre uno y otro nivel de gestión en la operación de las empresas del Estado.

Más allá de las razones que en uno u otro momento llevaron a la adopción de decisiones, se demostró que sin la solución de este tema el país no podría desarrollarse.

La política económica aprobada en el VI Congreso del PCC se planteó nuevamente el asunto como un elemento esencial para elevar el nivel de eficiencia de la economía nacional, pero en un escenario tanto o más complejo que el que caracterizó los primeros años de la crisis de los 90.

En el análisis de este tema, lo primero que debe tomarse en consideración es que los cambios en la política económica en relación con la empresa estatal que se recogieron en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en abril de 2011 tuvieron en cuenta un conjunto de premisas indispensables para el éxito de esas transformaciones.

Como punto de partida quedó expresado el principio de que en nuestra sociedad sería determinante la empresa estatal como el elemento esencial en la gestión económica basada en la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, en los marcos de un sistema de planificación que resultaría preponderante sobre el mercado.

Bajo esas condiciones se dejó establecido que se trataba entonces de poner en práctica un proceso paulatino de descentralización de facultades a favor de la autonomía creciente de la empresa estatal, en un contexto de diferenciación de las funciones estatales y empresariales, para lo cual era preciso elaborar un marco regulatorio adecuado, incluyendo sus procedimientos correspondientes, con el objetivo de elevar la eficiencia de la producción y la satisfacción de las necesidades sociales.

Se esbozaba así probablemente la transformación más trascendente e indispensable pero, a la vez, compleja y de largo aliento en todo el proceso de actualización del modelo económico cubano, cuyo análisis demanda un esfuerzo de síntesis notable. (Tomando esto en cuenta nos apoyaremos en el análisis realizado por un conjunto de economistas que incluyen a Luis Marcelo, Ileana Díaz, Luis del Castillo y Camila Piñeiro, entre los más destacados en el estudio del tema).

Los primeros pasos en esta dirección han conllevado a una transformación de las estructuras del sector empresarial basada en la creación de organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), empresas y unidades empresariales de base (UEB), que comenzó a materializarse desde el año 2010 mediante la reducción de 25,4% del número de empresas y de 18,9% de las sociedades mercantiles del Estado, al tiempo que se creaba una cifra de OSDE y especialmente de UEB.

Una evaluación de los movimientos estructurales en curso resalta la gradualidad que presuponen los cambios en el sistema de gestión, donde diversas facultades de control anteriormente ubicadas a nivel ministerial ahora están en las OSDE, al tiempo que se mantiene un nivel de gestión centralizada en la empresa a la que se subordinan las UEB, que no poseen personalidad jurídica propia.

Esto último ha provocado una polémica sobre la pertinencia de esta decisión, especialmente en lo referido a la conversión de un número importante de empresas en entidades con facultades más limitadas. Ello incluso llevó a que se anunciara en la última Asamblea Nacional la revisión de este aspecto, particularmente en el caso de los centrales azucareros.

El tema de la estructura no resulta de poca importancia, pues las medidas adoptadas ya en este año ubican una serie de facultades a nivel de empresa, por lo que la dimensión de cada elemento estructural y las relaciones de coordinación o subordinación con el nivel superior o inferior, según se trate, van a tener un efecto notable sobre todo el proceso, agilizando o entorpeciendo la toma de decisiones.

Sin embargo, en un contexto de largos años sin cambios importantes en cuanto a la descentralización de decisiones sustantivas a nivel de las empresas –salvo aquello que pudiera rescatarse del perfeccionamiento empresarial aplicado a partir de 1998– es muy positivo lo que ahora se introduce, aun cuando el plazo para su aplicación se extienda en el tiempo tomando en cuenta la necesaria experimentación por la que se debe transitar y la indispensable capacitación de los cuadros que aplicarán las decisiones acordadas.

Las transformaciones aprobadas en esta primera etapa se recogen fundamentalmente en el Decreto Ley 320 y el Decreto 323 del Consejo de Ministros, emitidos en abril del 2014, los que modifican el Decreto Ley 252 y el Decreto 281 en lo referido al sistema de gestión empresarial, que estos últimos normaban en relación básicamente con el proceso de perfeccionamiento empresarial. En tal sentido, los pasos que ahora se ejecutan deben dar continuidad a las mejores experiencias de ese proceso que hoy abarca a alrededor de mil empresas de las 2 096 existentes al cierre del primer semestre del año.

Una aproximación general a las modificaciones aprobadas para las empresas públicas muestra que las mismas contemplan la flexibilización de su objeto social, con la eliminación de sus limitaciones. Se ha tratado, asimismo, de reducir los indicadores directivos en el plan, definiendo con mayor precisión el contenido de las obligaciones de la empresa mediante el encargo estatal y diferenciando la formación de precios según se trate de entregas prefijadas o excedentes que pueden comercializarse libremente.

Además, se amplía la retención de utilidades después del pago de impuestos –definiendo sus usos posibles, incluida la distribución entre los trabajadores–, al tiempo que se autoriza a retener la depreciación y crear fondos de compensación en el nivel de la OSDE para hacer frente a desbalances coyunturales. Se establece también que la OSDE aprueba el plan de la empresa y los sistemas de pago de los salarios, lo que abre la posibilidad de su incremento sobre la base del aumento de la productividad y la eficiencia.

Todos estos cambios se desarrollarán en un entorno que incluye la nueva Ley Fiscal y una Ley de Inversión Extranjera, como parte de la legislación macroeconómica en vías de implementación, a lo que se añade el complejo proceso de reunificación monetaria y cambiaria que también se ha iniciado en la economía cubana.

La operación de las empresas estatales en Cuba se ha desarrollado en un marco muy complejo durante los últimos cinco años. La carga que ha asumido el presupuesto mediante transferencias al sector empresarial pasó de 7 604 millones de pesos en 2009 a un estimado de 9 961 millones en 2013, para un incremento de 31%.

De esta cifra, el subsidio por pérdidas se elevó de 603 a 914 millones en el mismo período, para un incremento de 51,6%, irrentabilidad que se concentra en empresas del MINAGRI, el MINAL y en el grupo empresarial AZCUBA.

Otra carga importante de las finanzas públicas la genera el subsidio por diferencia en los precios que se pagan a las empresas que exportan o sustituyen importaciones, cuyo margen sería menor si los costos de producción se redujeran en el sector empresarial estatal. Esta partida se elevó de 4 308 millones de pesos en 2010 a un estimado de 5 614 millones en 2013, para un crecimiento de 30,3%.

Desde luego, un ajuste que permita modificar esta situación debe transcurrir gradualmente, a diferencia de lo que ha ocurrido en buena medida con el sector privado y cooperativo, cuyos elevados costos y márgenes de ganancia han impactado directamente los precios al consumidor, salvo en los casos de los productos agrícolas, que tienen un precio minorista controlado por el Estado para su venta a la población.

La base de los precios mayoristas para los insumos de las empresas estatales –una vez que se avance en la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria– debería reflejar paulatinamente los precios del mercado internacional para los insumos importados, y asumir los costos internos y el margen de utilidad para las producciones nacionales, que como tendencia debieran ser más baratas.

Pero en este proceso –que tomará tiempo y grandes esfuerzos– no podrá prescindirse de un nivel de subsidios para los precios minoristas que frene el deterioro del poder de compra del consumidor final, en tanto sus ingresos no crezcan adecuadamente.

Para lograr estas transformaciones a nivel de las empresas será necesario contar con dirigentes y técnicos que no solo tengan una mayor cultura económica, sino que puedan ser remunerados adecuadamente en base a los resultados de su gestión. Ello supone, simultáneamente, una profunda modificación en la organización, planificación, gestión y control de la actividad económica a nivel de la empresa estatal.

En tal sentido, se impone una planificación no determinista y flexible, que permita cubrir hasta donde sea posible los márgenes de incertidumbre y riesgo que toda actividad económica supone, reduciendo los niveles de centralización en las decisiones no estratégicas, y descentralizando la operación corriente en la gestión de la empresa.

En esa dirección, los mecanismos de control económico tienen que abrirse paso dejando atrás el control administrativo de alto costo y baja eficiencia, centrándose en los objetivos fundamentales, y no pretender controlar todas y cada una de las acciones que debe acometer la empresa en su gestión.

Un elemento clave para el éxito del cambio de mentalidad que tales procesos demandan se encuentra en la presencia activa del colectivo de trabajadores en la gestación y control de la actividad empresarial, lo que supone una labor efectiva de los sindicatos en el análisis colectivo de los planes y la participación de los mismos en el control de la actividad económica a través de los órganos de dirección de la entidad, incluyendo las juntas de gobierno.

Especial atención requerirá la promoción y estímulo de actividad de innovación científico-tecnológica a nivel de las empresas, mediante la creación de los fondos necesarios para su desarrollo a partir de las propias utilidades generadas.

Lógicamente, el tránsito de la situación actual a una empresa socialista eficiente demandará de un contexto adecuado.

Un factor de gran importancia para las empresas –especialmente en el sector agropecuario– será poder contar con la infraestructura indispensable para desarrollar su producción. La elevación de la capacidad de riego, donde se han manejado cifras que reflejan solo 9% de cobertura frente a 34% de área regable en el país, resulta indispensable.

Asimismo, se precisa avanzar en el desarrollo del transporte ferroviario y de la capacidad de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable –especialmente a partir de la industria azucarera–, factores que abaratarían los costos del sector de forma significativa. En todo ello, el papel de la inversión extranjera será de enorme importancia.

También parece apropiada una revisión de la política crediticia que permita a las empresas obtener los recursos financieros indispensables, para lo que resultará necesaria una política bancaria más flexible que posibilite manejar a mediano y largo plazos el endeudamiento de muchas empresas que hoy presentan pérdidas. Igualmente, debiera examinarse la conveniencia de definir las condiciones de quiebra de una empresa estatal para poder aplicar una política financiera racional.

Por último, valdría la pena resaltar que el universo en que hoy se desempeña la empresa estatal supone un cambio sustancial, considerando la presencia en el mercado interno de un sector privado y cooperativo en expansión, que no solo compite con la entidad pública favorablemente en ámbitos como la gastronomía y el turismo, sino que atrae fuerza de trabajo con una retribución mayor.

Todo esto supone la necesidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad en la empresa estatal, y para ello pudiera pensarse en mecanismos que incluyan la posibilidad de crear empresas mixtas con el sector no estatal –una variante que resultaría quizás más favorable que el arriendo de la propiedad del Estado–, así como la creación de mecanismos financieros que posibiliten la participación social en los flujos de remesas que están entrando al país como capital.

La compleja transformación de la empresa estatal es un proceso de suma importancia en el rediseño del modelo económico del socialismo en Cuba, por lo que prestar la mayor atención a los diferentes pasos que se dan en esa dirección, evaluar adecuadamente los experimentos indispensables y asegurar la mayor participación de los trabajadores en el mismo es la garantía de su exitosa culminación.



*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana)

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