Rachel D. Rojas • 18 de Abril, 2017
LA HABANA. Los periodistas en Cuba sabemos que viene una ley de prensa, o de medios. Lo sabemos, no solo porque se ha anunciado el desarrollo de una política de comunicación, que por lo general termina convertida en Ley —aprobada por la Asamblea Nacional—, o en Decreto-Ley —aprobado por el Consejo de Estado—. También lo intuimos, porque varios hechos acontecidos en los últimos meses han puesto en evidencia más que nunca la falta que le hace a nuestro gremio una norma que regule y proteja nuestro ejercicio.
Hemos sido testigos de la detención de un grupo de periodistas en Guantánamo tras el paso del huracán Mathew, no explicada por parte de las autoridades; de inmensas faltas al respeto desde redes sociales entre colegas; de sartas de posts en blogs que le restan al debate principal y estimulan las divisiones; de posiciones excluyentes de miembros de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) hacia otros periodistas; de sanciones y separaciones de cargos; y sobre todo de nuestra incapacidad de sobreponernos como gremio a las meras discrepancias en el orden personal para poder hablar detenidamente sobre los destinos de nuestra profesión.
Estos sucesos nos han removido como grupo profesional, pero lejos de alentarnos a la resolución de conflictos y al establecimiento de reglas que valgan para todos, nos van separando en “bandos” más bien ridículos, cuando no totalmente desacertados para proteger nuestro periodismo.
Mientras todo esto ocurre, solo algunos trabajan en la realización de la Ley, y desde hace un tiempo se hicieron cotidianas las reuniones del Vicepresidente Primero Miguel Díaz-Canel tanto con la presidencia de la UPEC como con periodistas de distintos medios provinciales del país. Según la información publicada sobre el contenido de estos encuentros, se pueden identificar tres puntos en los que el dirigente ha demostrado mayor interés: 1. Autonomía económica y mecanismos de financiamiento de los medios; 2. Política informativa y secretismo; y 3. Rol de los jóvenes.
También desde finales de 2015 se realizó un taller para directivos de la prensa cubana “con el objetivo de compartir experiencias en torno a la gestión de medios públicos en Cuba y Latinoamérica”. La orientación del Partido Comunista (PCC) a la UPEC es, como se ha anunciado, crear un modelo de prensa:
“La gestión de los medios públicos es uno de los contenidos transversales del año lectivo del Instituto, y su tratamiento en los cursos, talleres y diplomados del centro está encaminado a satisfacer un llamado hecho por el Partido a través del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel: que la UPEC trabaje en la construcción de un modelo de prensa cubano”.
Dicha intención se vio reiterada recientemente con la Proclama de la UPEC para el próximo congreso de periodistas, a celebrarse este año: “Tenemos por delante la urgente tarea de cambiar el modelo de prensa para responder a reclamos históricos de los profesionales y de la sociedad y, a la vez, dar respuesta a los profundos cambios culturales y tecnológicos que vive hoy la comunicación en la era de la Internet y las plataformas sociales”.
Pareciera que el tiempo, cometer una y otra vez los mismos errores, no nos hubiera enseñado nada. Y el diálogo, en pos de identificar retos comunes y llegar a acuerdos concretos, puede aportar mucho más en las actuales circunstancias que la confrontación.
Grandes pendientes
Nuestro contexto mediático, más que necesitar, demanda una regulación sobre nuestras prácticas profesionales. Lejos de pensar la ley como medida que cohibiese el pleno ejercicio de la prensa, es ya evidente que su ausencia debilita la independencia del ejercicio, que en un Estado solo quedaría reconocida mediante una herramienta jurídica que disponga sus términos.
De lo contrario, son muchas las preguntas que quedan en el aire: ¿Quiénes pueden ser agraciados con una acreditación oficial? ¿Qué criterios determinan este otorgamiento? ¿Quién regula el acceso a las fuentes oficiales? ¿Cuál es la información pública? ¿Cuáles son los límites del secreto de Estado? ¿Quién censura palabras, reportajes completos, programas de televisión, la aparición de personas o la sola mención de un tema? ¿Cómo se decide esto sin que quede a merced de la arbitrariedad? ¿Quiénes son representados por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)? ¿Quién representa a los periodistas cubanos que no pertenecen a la UPEC? ¿Los medios no estatales tienen derecho a existir? ¿Cuál sería el papel del Partido Comunista con relación a los medios? ¿Son alternativos todos los medios privados, o viceversa? ¿Bajo qué términos y/o condiciones es correcto que un periodista colabore con varios medios? ¿Cuáles son las vías de financiamiento “correctas” para los medios en Cuba? ¿Los periodistas que colaboran con medios extranjeros o privados lo hacen solamente por motivos económicos? ¿Los periodistas que trabajan en medios estatales están siempre de acuerdo con la política editorial de éstos? Y, sobre todo, ¿por qué no se discute abiertamente con todos los implicados la política de comunicación en la que desde hace tanto tiempo se trabaja?
Desde el mundo teórico se han hecho en Cuba importantes aportes. Julio García Luis, profesor de muchas de las generaciones de periodistas y comunicadores cubanos que hoy conforman el gremio, insistía en que la falta de referente desde las sociedades que han intentado el camino del socialismo “ha dejado el campo para que el modelo liberal pueda vestirse a su antojo como emanación del sentido común y del derecho natural a la libertad de conciencia y expresión”. Pero, claro, también dice que el socialismo no ha sido capaz de crear un modelo de prensa superior.
¿Cómo es posible que una sociedad empeñada en ser más justa no pueda generar un sistema de prensa capaz de asumir a plenitud sus funciones? El periodismo, escribió también Julio, no tiene un sello político o ideológico a priori, sino que se lo impone la clase o grupo que hace uso de él.
Nunca llegó a fraguar modelo alguno en las experiencias revolucionarias anteriores a la cubana. Hoy el gran desafío para nuestro proyecto reside precisamente en que, como tantas otras cosas, habrá que fundar también una pauta que integre la historia de la prensa revolucionaria cubana con su funcionalidad en los nuevos escenarios por los que actualmente transita el país, que la haga evolucionar; y que defina si desdichadamente la prensa cubana será solamente reconocida en los medios estatales, o que la amplíe.
Por demás, como explica la periodista Rosa Miriam Elizalde en su tesis doctoral, “sin una nueva política de comunicación social, resulta imposible fortalecer el consenso social para ejecutar las profundas transformaciones socioeconómicas que encara el país”. En su investigación, la doctora identifica “la inexistencia de un pensamiento y actuación estratégica e integral en materia de comunicación” como problema esencial de la sociedad cubana en esta materia.
A nadie pasa por alto las deficiencias del sistema cubano de prensa hoy, precisamente por eso la construcción de un modelo, de una política, de una ley, no debería efectuarse de espaldas a la mayoría del gremio profesional al que le incumbe. En un ámbito donde la materia prima es la información, solo la metodología para conformar y discutir ese documento rector es en sí misma incoherente.
La falta de servicios públicos y canales de participación y acceso popular siempre será un problema en cualquier sistema mediático. La falta de transparencia para con sus propios profesionales, también.
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