7 septiembre 2016
Periodista afronorteamerciano Mumia Abu Jamal
Por Amig@s de Mumia, México
El miércoles 7 de septiembre será un día de acción internacional para exigir un tratamiento inmediato para Mumia Abu-Jamal con las nuevas drogas antivirales que pueden curar la Hepatitis C, una enfermedad que él padece junto con casi 6,000 presos en el estado de Pensilvania y miles más en las prisiones de Estados Unidos.
El 31 de agosto, el juez federal de distrito Robert Mariani se negó a ordenar dicho tratamiento por un tecnicismo, al responder a la demanda presentada hace más de un año por los abogados Robert Boyle y Bret Grote. En su dictamen, el juez Mariani, quien presidió la audiencia sobre el caso en diciembre de 2015, dice que la demanda nombra personas que no tienen la autoridad de implementar un mandamiento judicial, cuando debería nombrar los miembros del Comité de Atención a la Hepatitis C del Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Pensilvania. Según el juez, sólo este comité tiene la autoridad para actuar.
Por otro lado, el dictamen del juez sostiene que el DOC ha violado la Octava Enmienda de la Constitución federal que prohíbe los castigos crueles e inusuales, al negarle tratamiento a Mumia y a otros presos que padecen Hepatitis C activa.
La Campaña para Llevar a Mumia a Casa describe el dictamen como “un ejemplo más de las contorsiones y acrobacias que se han utilizado desde hace muchos años para negarle justicia a Mumia y a miles de otros acusados”.
Noelle Hanrahan de Prison Radio pregunta: “¿Cómo es posible que el DOC no sea responsable? Ellos establecieron el Comité de Atención a la Hepatitis C y aprobaron sus recomendaciones…. ¿Cómo es posible que el juez permita que el DOC evite su obligación constitucional para dar atención médica a los presos, relegando su responsabilidad a un sub-comité?”
El abogado Robert Boyle enfatiza que durante todo el proceso, el Departamento de Correcciones nunca dijo que a las personas demandadas les falta la autoridad para implementar una orden de la Corte. También afirma que la existencia del Comité sólo fue revelada al final de la audiencia de diciembre. El grupo se reúne en secreto y toma sus decisiones en secreto.
Sin embargo, Boyle destaca la importancia de que el Juez Mariani haya encontrado que el Departamento de Correcciones les está negando a personas la adecuada atención a la salud garantizada por la Enmienda Octava de la Constitución de Estados Unidos. En su dictamen, Mariani dice que el DOC se ha mostrado “deliberadamente indiferente” a los riesgos conocidos asociados con la Hepatitis C no tratada.
Según el protocolo del DOC, un preso tiene que estar a punto de morir antes de que pueda recibir el tratamiento con los nuevos antivirales. Hay que tener cirrosis e hipertensión portal, es decir, el hígado tiene que ser tan calcificado que la sangre no puede entrar y las venas en el pecho y la garganta empiezan a romperse. En la audiencia del diciembre de 2015, se estableció que Mumia tiene fibrosis (daño al hígado) y que hay una probabilidad de 63% que tenga cirrosis. Se considera que ha tenido el virus de Hepatitis C desde que recibió una transfusión de sangre la noche de su detención el 9 de diciembre de 1981, cuando fue baleado y golpeado casi hasta morir.
En el momento de la audiencia, sólo 5 presos en el estado de Pensilvania estaban recibiendo el tratamiento, y ahora, son aproximadamente 30. La empresa Gilead cobra $1,000 U.S. dólares cada píldora por la droga Sovaldi. En la India, sin embargo, un país que no vive bajo la tiranía de las leyes de patentes, la misma píldora cuesta desde $3 a $10 dólares. Para la droga Sovaldi, un tratamiento de 12 semanas cuesta $84,500 mientras el tratamiento entero para la antiviral Harvoni, también producida por Gilead, cuesta $94.500.
En una conferencia de prensa, el abogado Bret Grote citó a Mariani con respecto al protocolo del DOC: “[Éste] alarga el sufrimiento de los que han sido diagnosticados con Hepatitis C crónica y permite que la progresión de la enfermedad se acelere para presentar una amenaza más grande de cirrosis, cáncer del hígado y la muerte del reo con la enfermedad” en violación de la Octava Enmienda.
Aunque el equipo legal está decepcionado que la Corte no haya emitido un mandamiento judicial en este momento, opina Grote que el dictamen de Mariani “sienta un poderoso precedente a favor del señor Abu-Jamal”. Explica que el juez ha determinado que “los pacientes encarcelados que padecen Hepatitis C merecen tratamiento con los nuevos medicamentos que curan la enfermedad, y que el protocolo actual del DOC viola la Constitución.”
¿Y qué opina Mumia Abu-Jamal? En un mensaje grabado para Prison Radio el 1 de septiembre, dice: “Es un inicio y es un buen inicio que un juez federal reconozca que lo que ha estado haciendo el estado de Pensilvania durante años, no solamente es injusto, sino malo. Anti-constitucional. Una violación fundamental de una equidad fundamental y del derecho humano a la vida. Entonces, es un inicio y es un buen inicio. Y queremos un buen final”.
En Filadelfia, el Comité Internacional de la Familia y Amigos de Mumia Abu-Jamal (ICFFMAJ), la Campaña para Llevar a Mumia a Casa, la Organización MOVE y la Coalición Mumia Abu-Jamal de NYC se llevarán a cabo una conferencia de prensa y marcha el 7 de septiembre para exigir tratamiento inmediato para Mumia. También habrá acciones en otras ciudades del mundo.
En la Ciudad de México nos sumamos a la demanda. Les invitamos a mostrar su apoyo por su salud y libertad en un acto que será celebrado afuera de la embajada de Estados Unidos el miércoles 7 de septiembre a las 12 del día. También estaremos actuando en solidaridad con las huelgas contra la esclavitud en las prisiones de Estados Unidos, que se llevarán a cabo a partir del 9 de septiembre en conmemoración a la rebelión y represión en el penal de Áttica en 1971. ¡Decimos NO a la importación a México del monstruoso sistema carcelario de ese país!
¡Salud y libertad para Mumia! ¡Trato inmediato para su Hepatitis C! ¡Presas y presos políticos libertad! ¡No a la esclavitud! ¡Muerte a la cárcel!
