Resumen:
América Latina es una región muy distinta de la que era hace siete décadas y a sus países se les plantean otras opciones hacia la búsqueda de experiencias de cooperación e integración regional que redefinan apropiadamente los vínculos con la potencia hegemónica del norte. También para esto y para encarar las negociaciones que vienen, se debe entender bien lo que ocurre al interior del sistema político y la arquitectura que irá adquiriendo la política exterior de los Estados Unidos.
Una de las grandes insuficiencias en las ciencias sociales de América Latina en el siglo xx fue el estudio de los Estados Unidos. Esto se hizo mucho más nítido desde el fin de la Segunda guerra mundial, cuando ese país se convirtió en la primera superpotencia del mundo, lo que dio inicio a las casi cinco décadas de enfrentamiento con la Unión Soviética sobre proyectos de civilización —del que formó parte la Guerra fría—, cuando América Latina fue siempre un área de influencia preferente para el gobierno de Washington.
El único campo en el que hubo amplios estudios fue el de las relaciones internacionales bilaterales de cada uno de los veinte países latinoamericanos con la potencia del norte. En cambio, fue particularmente deficitario el trabajo, tanto en la docencia como en la producción académica, acerca de lo que ocurría dentro de ese país y, en especial, de la lógica del funcionamiento de su sistema político y del proceso de toma de decisiones de su política exterior.
En nuestra región abundaron los ensayos y proyectos antimperialistas, pero se mantuvo constante ese déficit del conocimiento acerca de la forma en que se adoptaban las decisiones en la Casa Blanca, el Capitolio y los mayores estados de la Unión, así como del quehacer y la influencia de los principales actores privados: las grandes empresas, los medios de comunicación, las iglesias, las más importantes universidades, las minorías étnicas y otros grupos activos que participaban e influían en los debates sobre las cuestiones internacionales. Semejante vacío tuvo un costo elevado para la defensa de nuestros intereses, particularmente en las situaciones de crisis que vivieron varios países latinoamericanos con las autoridades de Washington, que el Departamento de Estado llamaba test cases (CIDE, 1981; Maira, 2014a; 2014b).
Solo dos países pueden considerarse excepciones dentro de esta tendencia: México y Cuba. Ambos tuvieron razones distintas, pero poderosas, para emprender dicho esfuerzo. México, por sus 3 200 kilómetros de frontera, que marca una separación no solo de dos países, sino entre «dos mundos», en esa época conocidos como el del desarrollo y el del subdesarrollo. Cuba, en cambio, actuó acuciada por el incesante conflicto iniciado pocos meses después del triunfo de la Revolución cubana y que tuvo en el Ejecutivo y el Congreso estadounidense un tratamiento particularmente implacable. Ello obligó a los especialistas del gobierno cubano y a sus académicos a realizar un aprendizaje consistente de lo que ocurría en la Unión Americana, que se llevó a cabo, primero, en el Centro de Estudios sobre América, adscrito al Partido Comunista y luego se fue extendiendo a diversos círculos universitarios hasta llegar a la comprensión sofisticada que hoy tienen del decision making process de ese país (Hernández Martínez, 2008; Arboleya Cervera, 2013; Sánchez-Parodi, 2014; Morales y Ramírez, 2015).
La verdad es que, para entender a los Estados Unidos y lo que ocurre «adentro» de su régimen político, un latinoamericano debe comenzar por asumir las distintas lógicas que tienen nuestras respectivas historias. Un hito orientador al respecto es el profundo estudio que los historiadores Lewis Hanke (1966), de la Universidad de Columbia, y el mexicano Edmundo O’Gorman realizaron a finales de los años 50, para confirmar las diferencias entre las dos Américas: la anglosajona y la latinoamericana. La conclusión de estos trabajos acerca de las distintas racionalidades de ambas en cada período —el de los pueblos originarios, el del dominio de los conquistadores europeos y el de la existencia independiente de los Estados— prevalece hasta hoy con pocos reparos. Por eso, una primera exigencia para cualquier especialista de nuestra región que se interese por comprender el sistema político norteamericano es olvidar cómo se organiza el poder y se decide las políticas en cualquiera de nuestros países, porque eso solo conduciría a distorsiones y errores.
Lo cierto es que la historia original de América Latina da fe de civilizaciones y culturas muy avanzadas como la maya, la inca, la olmeca o la azteca; mientras que en la costa y el interior de Norteamérica había escaso poblamiento y casi ninguna cultura significativa. Luego, en los dominios españoles, y también en los de Portugal, hubo un fuerte control de las coronas y un manejo burocrático centralizado en torno a virreinatos y capitanías generales. En el caso de España, las políticas eran decididas por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. A eso se agregó el peso de la evangelización católica.
En las trece colonias, entre tanto, prevaleció la lógica privada de las compañías colonizadoras, que reclutaban directamente a los migrantes que, tras una etapa ardua de trabajo al servicio de estas, se convertían en agricultores independientes. Además, tuvieron una fuerte tradición de autogobierno en el ámbito local. Esto explica bien su proceso de independencia y su capacidad para rebelarse contra medidas de la Corona inglesa que los afectaban. El proceso de creación de los Estados latinoamericanos fue más confuso y llevó a resultados fragmentarios.
Los trece futuros integrantes de la Unión Americana crearon la «primera nación moderna» (Lipset, 1992), inspirada en el desarrollo del capitalismo —cuya edificación se había iniciado en Inglaterra en el siglo xvi—, con componentes financieros y una efectiva acumulación originaria. Se beneficiaron de la ausencia de todo pasado feudal y de sus conflictos. Los americanos del norte creyeron siempre en la primacía de esa forma de organización productiva y han conocido en su historia un solo modo de producción, el capitalista. Del mismo modo, se inspiraron en el pensamiento político más avanzado de su tiempo: la teoría liberal; y nunca se han apartado de las formas de gobierno democrático-representativas que consideran, junto con la economía de mercado, la base de una nación superior. En el camino, los Padres Fundadores aportaron numerosas creaciones al funcionamiento de los sistemas políticos: la organización republicana, el régimen presidencial, el Estado federal, un sistema de controles entre los poderes públicos(checks and balances) para impedir la amenaza de un Leviatán descontrolado, y buscaron tener una Constitución breve y estable para conducir el país. Entendieron que con el federalismo habían instituido dos circuitos de poder y buscaron, igualmente, el balance entre el poder federal de las instituciones de Washington y el que acumulaba la suma de los estados de la Unión. Esto hizo que desde muy temprano se consideraran constructores del régimen político más perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra y se creyeran dotados, en virtud de esta superioridad, de un «destino manifiesto».
Pero en la formación de los Estados Unidos quedaron, también, importantes cuestiones pendientes, la más importante de las cuales fue la definición del proyecto de desarrollo del nuevo país. Esto originó un largo debate entre un modelo inspirado en la naciente revolución industrial, de carácter urbano y manufacturero, y otro basado en una agricultura moderna, centrado en la plantación, que sostuvieron los dirigentes de los estados del sur. Esto último conllevaba el mantenimiento de lo que, elípticamente, los historiadores de la época llamaron la «institución peculiar», que no era otra cosa que conservar una mano de obra esclava para dar viabilidad a los cultivos de algodón y tabaco que prevalecían en la economía sureña. Esta discrepancia abierta, en torno a fórmulas incompatibles, acabó por producir, en 1861, la más grave fractura en la historia del país: la guerra civil, que decidió y encabezó el presidente Abraham Lincoln.
En los países ubicados al sur del río Bravo, en cambio, la independencia tuvo un sesgo muy distinto. En lugar de ser encabezada por expertos en la «ciencia del gobierno», como Jefferson, Hamilton o Madison, nuestros Padres de la Patria fueron líderes militares que encabezaron una lucha armada, bastante más compleja y prolongada, que comenzó en 1809 y solo se decidió en la batalla de Ayacucho, en 1824. Luego, sin voluntad para asumir el proyecto integrador de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826, nuestras naciones se fragmentaron hasta dar lugar a dieciocho Estados, surgidos de los antiguos dominios españoles, y el vasto territorio portugués que dio origen a Brasil, los cuales se sumaron al pionero esfuerzo que, en 1804, había dado forma a Haití, el primer Estado independiente de la región latinoamericana y caribeña.
En el examen de lo ocurrido en los Estados Unidos en el siglo xix, un aspecto central tiene que ver con la comprensión de los orígenes y desarrollo del proyecto imperial norteamericano. En las versiones históricas más tradicionales y difundidas se sostiene que ese país mantuvo, hasta la guerra contra España de 1898, una política exterior aislacionista, en la que solo buscó la consolidación y ampliación del proyecto salido del acuerdo de las trece excolonias del Atlántico, con un claro énfasis en el afianzamiento de su sistema político, de cuya superioridad, respecto a la de sus congéneres europeos, sus gobernantes no tuvieron nunca dudas. En esta interpretación se considera como una clave fundamental el discurso de despedida de la presidencia (Farewell Address) de George Washington, en 1796 (Washington, 2015). El primer presidente norteamericano exhortó a sus compatriotas a no inmiscuirse en los conflictos internacionales de su tiempo, que tenían como teatro a Europa occidental y aprovechar, en cambio, las ventajas de la distancia, posición geográfica y «el espléndido aislamiento» del nuevo Estado para perfeccionar un modelo económico que les permitiera combinar la diversidad y monto de sus recursos naturales y materias primas en un territorio en expansión (principalmente tranquila) con un desarrollo industrial acelerado. Eso les fue permitiendo avanzar, simultáneamente, en los procesos de invención e innovación tecnológica.
En esta lectura de un vuelco inicial hacia adentro se presta gran atención al dilema de mantener o abolir la esclavitud, tema en que la contraposición de intereses de los estados industriales del norte y los agrícolas del sur dominó, claramente, el escenario desde principios de la década de los 20 del siglo xix, hasta que se llegó al acuerdo de interrumpir el ingreso de nuevos Estados a la Unión, a menos que se hiciera en parejas, donde uno era abolicionista y el otro se oponía a esta medida, con lo cual se mantenían precariamente las bases de un consenso nacional difícil. En esta misma interpretación, sus sostenedores explican la ausencia de un mayor involucramiento internacional, luego del término de la Guerra de secesión, por la situación del debilitamiento de la presidencia que siguió al asesinato de Abraham Lincoln en 1865. Por única vez en su historia, los Estados Unidos tuvieron un poder ejecutivo precario frente a un Capitolio muy fuerte (Zakaria, 2000). Hubo una sucesión de presidentes sin gran fortaleza, como Andrew Johnson, Chester Arthur o Benjamin Harrison. Además, en dos ocasiones, en 1876 y 1888, fueron elegidos con minoría en el voto popular, en virtud de uno de los defectos del sistema político: la elección indirecta por el Colegio Nacional Electoral. Estos gobernantes, efectivamente, carecieron de condiciones para reflejar en el mundo el peso creciente del país en los asuntos globales, concentrándose en la acelerada expansión que la economía norteamericana viviera en esas décadas, hasta convertirse en la primera potencia industrial del planeta a comienzos de la década de los 90 del siglo xix, desplazando a Gran Bretaña.
Frente a esta lectura predominante, existe una segunda a la que me adhiero. De acuerdo con ella, la Unión Americana tuvo, desde sus orígenes y en todo momento, un proyecto imperial, solo que este tuvo un curso heterodoxo y se fundó en la idea de dar al gobierno de la nueva nación una completa autonomía frente al desgaste que le habría ocasionado una participación temprana en los conflictos europeos, los cuales definían la hegemonía internacional de la época. En esta interpretación, las recomendaciones delFarewell Address de Washington tienen que ser vistas como una prevención de riesgos que se debían evitar, y la invitación a un curso original y distinto, que efectivamente se siguió. La clave de esta opción fue pasar de un país de territorio mediano —las Trece Colonias tenían un poco más de 800 000 km2 en una franja del Atlántico norteamericano— a un país de tamaño continental y a la vez bioceánico. La ejecución de esa tarea —imperial en su esencia— tomó los dos primeros tercios del siglo xix e hizo crecer doce veces la superficie de los Estados Unidos. Se trata de una secuencia conocida, que combinó el aprovechamiento de las urgencias económicas de las potencias de Europa —de ese modo se compró a Napoleón, en 1804, el amplio territorio de Luisiana; y la desprotegida superficie de Florida a España, en 1819; se tomó el incontrolable enclave de Oregon en 1846, y se adquirió, también por compra, la gran superficie de la Alaska de los zares en solo 7,2 millones de dólares de la época.
Complementariamente, y ya en el terreno del conflicto, la decisiva marcha hacia el oeste, emprendida hacia comienzos de los años 30, implicó numerosas guerras con los pueblos originarios del centro y el oeste norteamericanos, a los que se eliminó o confinó, luego de ejercer el predominio de las armas. En la misma dirección hay que entender el apoyo del gobierno de Washington a la autonomía de Texas, emprendida por Samuel Houston en 1836, antecedente decisivo de la guerra contra México de 1847, donde los efectivos norteamericanos llegaron a ocupar la ciudad de México, frente a la total debilidad en la que había caído el país bajo la conducción caudillista de Antonio López de Santa Anna. El tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, formalizó la integración a territorio norteamericano de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, unos dos millones de kilómetros cuadrados.
Si interpretamos todos estos episodios como parte de un esfuerzo intencionado y sistemático, el ascenso imperial de los Estados Unidos tiene que ser visto como un diseño concebido en sus orígenes, que dio lugar a un proyecto imperial único ejecutado en dos fases: una de incesante expansión de su territorio propio y otra de ejercicio global del poder internacional acumulado en la primera etapa, lo que ocurre efectivamente cuando al derrotar a España, luego de entrometerse en la independencia de Cuba, cierra el ciclo de la decadencia del Imperio español y obtiene el control de Puerto Rico en el Caribe y de las Filipinas y las islas Guam en el Pacífico asiático. Desde ese momento, ya no caben dudas ni de la magnitud de la hegemonía internacional norteamericana ni de la existencia de un proyecto imperial en expansión.
A partir de ese escenario, que llevó, en el Departamento de Estado, al uso de la expresión mare nostrumpara referirse al Caribe, se hizo todavía más clara la significación de Cuba como un objetivo estratégico inmediato de la política exterior norteamericana. El debate sobre el valor de la Isla y la conveniencia de anexarla venía desde la época del establecimiento de los Estados Unidos y hay referencias a ello del propio Thomas Jefferson. El asunto volvió a plantearse a comienzos de los años 30, en la Administración del presidente Andrew Jackson, y se convirtió en un punto central en la plataforma del Sur durante la Guerra de secesión. Igualmente, formó parte constante del debate con posterioridad a esta y eso explica los amplios preparativos que permitieron la rápida incursión norteamericana después del episodio del estallido del Maine. El virtual protectorado que limitó la soberanía de Cuba con la Enmienda Platt y la existencia permanente de regímenes políticos autoritarios o semidemocráticos en la Isla hasta 1959, explican la legitimidad que tuvo el conflicto entre el gobierno de Fidel Castro y los ocupantes de la Casa Blanca, acentuado por el dilema ideológico de un modelo antagónico al capitalista, que planteaba el programa de la Revolución cubana.
Los titulares de la Casa Blanca, desde la proclamación del «corolario Roosevelt» (Roosevelt, 2015), tuvieron cuidado, sin embargo, de no repetir el modelo de dominación colonial que Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países europeos habían establecido. Más que ocupar naciones extranjeras de otras características, y administrarlas en forma directa, los Estados Unidos prefirieron imponer el comercio y la inversión extranjera y el ejercicio de un poder imperial exento de los costos de la gestión gubernamental. Inicialmente, se conformaron con seguir siendo —pese al poderío que mostró al definir, con sus contingentes, la Primera guerra mundial, en 1918— una potencia regional con fuerte influencia en América Latina y Asia, donde ya tenía ventajas de todo tipo frente a las potencias colonizadoras europeas. De este modo, no fue sino hasta su enorme victoria en la Segunda guerra mundial, tanto en los frentes europeos como los del Pacífico, cuando llegó a ser la primera superpotencia del mundo, habiendo mantenido la totalidad de su territorio fuera del teatro de la guerra, lo que le permitió controlar la mitad de la economía mundial hacia 1945.
En esta segunda versión de su trayectoria imperial, que ubica sus orígenes en la penúltima década del siglo xviii, la primera fase concluyó al finalizar la segunda conflagración mundial del siglo xx, cuando los Estados Unidos se mantuvieron lejos del escenario bélico y sus enormes destrucciones, y llegaron a un cenit del poderío imperial que no había conocido antes ningún otro hegemon.
A la luz de esta trayectoria de su política exterior, resulta muy importante entrecruzar las etapas de esta con las transformaciones internas del régimen político consagrado en los Consensos de Filadelfia.[1] A este respecto, lo más importante es subrayar que los Estados Unidos han mantenido un marco político institucional muy estable, pero, a la vez, han desarrollado enormes transformaciones en las formas de funcionamiento de su gobierno, a partir de pautas aconsejadas por su desarrollo político, que no han afectado, necesariamente, el marco de su ordenamiento jurídico central.
La Constitución norteamericana de 1787 ha sido definida siempre como la «carta de navegación» de su trayectoria política. En efecto, es un texto breve que sustenta los grandes principios que han edificado la nación, sin entrar en detalles sobre el funcionamiento de los poderes públicos ni sobre el ejercicio de las garantías fundamentales (la mayoría de estas modificaciones contenidas en el Bill of Rights de 1791 (U. S. National Archives..., 2015),[2] que conviene entender como un anexo a las normas del Congreso Constituyente de Filadelfia). Esto explica que tenga una vigencia de más de 225 años, habiendo experimentado solo veintisiete enmiendas, que en verdad son quince, si descontamos las diez primeras del Bill of Rights y la anulación de la Enmienda XVIII, que en 1919 estableció la Ley Seca, que fue suprimida por la Enmienda XXI de 1933.
Entre tanto, el régimen político efectivo del país ha vivido enormes ajustes. En la primera época, y en parte por el temprano desarrollo de los partidos políticos estadounidenses, el gobierno y la administración pública fueron vistos como un verdadero botín que quedaba en manos de la fuerza política vencedora. La culminación de esta práctica se produjo en el gobierno de Andrew Jackson, período que los expertos definen como el spoil system, algo completamente disfuncional en una buena gestión gubernativa. Así, fueron el progreso productivo y el crecimiento económico norteamericano los que presionaron por una mejor forma de administración, criterio que se afianzó al término de la guerra civil, dando lugar a normas que implantaron una administración civil del Estado que buscó afianzar la estabilidad y el mérito de los servidores públicos. Esto tuvo, con el pasar del tiempo, un efecto político pendular, en la medida que dentro de los diversos departamentos y agencias del Estado emergió un poder burocrático cada vez con más fuerza frente a las autoridades políticas emanadas del voto ciudadano.
A medida que avanzó el siglo xx, en Washington se consolidó lo que se conoció como «el gobierno permanente». Esto fue especialmente nítido en la formación de la política exterior, al crear áreas de autonomía del Departamento de Estado en decisiones muy importantes. En este surgieron doctrinas y visiones que eran trasmitidas de una generación de funcionarios a la siguiente, y sobre esa base se adoptaban, de manera casi automática, muchas decisiones, sin considerar necesariamente el parecer del Presidente de la República y del Secretario de Estado. La Casa Blanca pasó a ser, así, un lugar lleno de atribuciones nominales que no tenía posibilidad de ejecutar, lo cual debilitaba su capacidad para cumplir las promesas ofrecidas a la nación.
Esta situación llevó las cosas a un punto crítico luego de 1929, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt buscó, en 1933, dar un turning point al manejo de la Gran Depresión a través del New Deal, y encontró oposición, entre otros lugares, en la administración central del Estado. Esto dio lugar a un segundo «ajuste fáctico» del funcionamiento político del gobierno norteamericano. Apenas iniciada su segunda administración, en enero de 1937, Roosevelt estableció una Comisión destinada a reorganizar el trabajo de la presidencia, cuya conducción encomendó a uno de sus asistentes de mayor confianza, Louis Brownlow. Este entregó, en 1939, el llamado Brownlow Report, fundamento de la mayor transformación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos (74th Congress..., 1937).
La aplicación de estas recomendaciones dio origen —en la Casa Blanca— a la Oficina Ejecutiva del presidente, que los expertos en regímenes políticos comparados han llamado «la presidencia personal». A partir de la verificación de que el presidente de la República necesitaba contar con una amplia asesoría y orientación especializada para la adopción de las políticas públicas en su entorno inmediato, esa Oficina fue creando una diversificada red de asesores. Al término de la Segunda guerra mundial —ya bajo la conducción de Harry S. Truman— la Oficina pasó a controlar un tejido de fuertes entidades públicas de coordinación de las distintas esferas especializadas del Poder Ejecutivo. Así se crearon organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Administración de Presupuesto, el Consejo de Asesores Económicos y, en tiempos de John F. Kennedy, la Oficina del Representante Presidencial para las Negociaciones Comerciales Internacionales. Estas acabaron por darle al jefe de Estado un efectivo control de la marcha del país, pues donde antes se producía el choque de equipos burocráticos profesionales, vinculados a políticas públicas cercanas, que originaban una disputa administrativa, ahora se establecía una autoridad central subordinada directamente al presidente, que dirimía, conforme a la opinión de este, las diferencias producidas. En los hechos, la suma de poderes y capacidades situados en la Casa Blanca acabaron por controlar las determinaciones de las burocracias especializadas, repartidas en los departamentos y otros servicios públicos.
Esta tendencia al fortalecimiento del gobierno en el ajuste del sistema político coincidió con el tremendo aumento de la hegemonía internacional norteamericana en el inicio de la segunda posguerra. Para manejar la disputa global con la Unión Soviética, que incluía dos visiones diferentes del mundo y de la historia, el presidente de los Estados Unidos pudo construir lo que se denominó un bipartisan approachque le permitió ejercer, en forma efectiva, el liderazgo en la conducción internacional de su país. Tal conglomerado de atribuciones introdujo la expresión «presidencia imperial», que luego el historiador y cientista político Arthur Schlesinger recogiera en el título de su famoso libro The Imperial Presidency(1973). En este, argumenta acerca de la supremacía definitiva del gobierno sobre el Congreso, dando una especial relevancia a las atribuciones otorgadas por la War Power Resolution que suprimió, en la práctica, la declaración formal de guerra que antes sancionaba el Capitolio.
Como quiera que sea, después de 1945 se rompió el equilibrio buscado por los Padres Fundadores: en el gobierno central, ahora prevalece el Ejecutivo sobre el Legislativo; al mismo tiempo, en la Administración Federal, los poderes de Washington predominan ampliamente sobre la autoridad de los estados.
Pero, de acuerdo con una mirada histórica, tampoco esta forma de gobernar, consagrada a principios de la Guerra fría, ha perdurado, y especialmente a partir de la severa triple crisis de comienzos de los años 70 —Watergate, la derrota en Viet Nam y la recesión del Stagflation—, se han producido nuevos reajustes que han complicado el funcionamiento práctico del gobierno. La introducción de la discusión acerca del tamaño del Estado —big vs. small State—, clave en el ascenso del pensamiento neoconservador y de la administración Reagan, ha roto los acuerdos esenciales del período previo y ha introducido factores de polarización política que dificulta el trabajo de cualquier administración, con independencia de sus preferencias políticas. Este cuadro de fragmentación del poder y de una creciente dificultad en la construcción de los acuerdos ha prevalecido a lo largo de la posguerra fría y plantea, cada vez más, incertidumbres acerca de la vigencia del ordenamiento institucional, que sigue siendo considerado por los norteamericanos —pese a sus fragilidades— como la mejor forma de organización del gobierno.
Esto nos trae al momento actual en que, examinando a los Estados Unidos desde América Latina y con nuestra mirada, resulta indispensable actualizar nuestras anteriores visiones.
En esta perspectiva, el período de la posguerra fría, iniciado en 1991 con el fin de la Unión Soviética, tiene una lógica curiosamente paradojal. En los inicios de esta etapa, pareció que entrábamos a un momento unipolar en el que los Estados Unidos prevalecían como la única superpotencia global. Fue cuando Francis Fukuyama (1992) hizo su profecía del «fin de la historia» y los expertos internacionales hablaron de un largo período de unipolar politics (Kapstein y Mastanduno, 1999). La predicción era que casi todos los países de la tierra se homologarían con las propuestas norteamericanas de la economía de mercado y la democracia representativa, casi como una consecuencia automática del fin del comunismo. Pero ese fue un momento extraordinariamente fugaz. Los impresionantes atentados del 11 de septiembre de 2001 —apenas una década después— remplazaron ese clima por uno de máxima inseguridad interna, que llevó a George W. Bush a proclamar la «guerra contra el terrorismo», las internaciones militares preventivas y un regreso a la centralidad de los esquemas de seguridad nacional. Luego, cuando todavía se vivían los tropiezos de las invasiones militares de Afganistán e Irak, la gran recesión producida tras la quiebra del Banco Lehman Brothers, en septiembre de 2008, planteó para los Estados Unidos nuevas dificultades para el sostenimiento y ejercicio de su posición hegemónica internacional.
La única certeza que deja la situación actual, que parece abierta a tantos escenarios y cursos posibles, es que el papel de los Estados Unidos como primera potencia del mundo se irá ajustando gradualmente a una línea de disminución de sus capacidades productivas y ventajas tecnológicas, y que dispondrá de menos poder y hegemonía en un sistema internacional sin una gobernanza alternativa clara. Así como el mundo de la segunda posguerra mundial tuvo un orden económico global establecido en Breton Woods, en 1944,[3] y un sistema político estructurado en la Conferencia de San Francisco, en 1948,[4] con la creación de Naciones Unidas —ambos funcionales a la hegemonía de Washington— hoy día, en que ambas regulaciones son obsoletas, no se avizora la implantación de un orden internacional de remplazo, lo que nos coloca en medio de una prolongada y compleja transición.
En este contexto, América Latina es una región muy distinta de la que era hace siete décadas y a sus países se les plantean otras opciones hacia la búsqueda de experiencias de cooperación e integración regional que redefinan apropiadamente los vínculos con la potencia hegemónica del norte. También para esto y para encarar las negociaciones que vienen, debemos entender bien lo que ocurre dentro del sistema político y la arquitectura que irá adquiriendo la política exterior de los Estados Unidos.
[1]. La redacción de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 en Filadelfia representó las bases de un verdadero «contrato social» por la activa participación de sus 55 miembros. Esto, y el buen conocimiento de los temas de «la teoría del gobierno» que tenían muchos de los redactores de la Constitución, explica la fuerza y duración del mito de creación de un régimen político perfecto, que surgió como resultado de este suceso.
[2]. El episodio de la implantación de la Ley Seca, por un lapso de catorce años, no solo fue una operación completamente fallida, sino que confirmó la inconveniencia de reflejar los climas morales de una coyuntura y sus orientaciones en el marco institucional más permanente de un país. Este episodio ha servido como argumento para no introducir nuevos asuntos en la Constitución, aunque estos tengan un gran apoyo en un momento determinado.
[3]. La reunión de Breton Woods, que se efectuó en instalaciones hoteleras del Estado de New Hampshire, del 1 al 22 de julio de 1944, marcó el momento en que la principal potencia vencedora de la Segunda guerra mundial, los Estados Unidos, aseguró su hegemonía económica futura, mediante la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
[4]. Se realizó entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en San Francisco, los Estados Unidos. Igualmente, la ONU reflejó la posición dominante de la Unión Americana en la segunda posguerra, bien reflejada en el derecho al veto que estableció en el Consejo de Seguridad, junto a tres de sus principales aliados: Gran Bretaña, Francia y, hasta 1971, China Nacionalista.
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