Mañana 18 de septiembre se llevará a cabo el referendo más importante en los 300 años de vida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Escocia irá a las urnas para decidir si se mantiene como parte de esa unión política o si se convierte en un Estado independiente.
Para Londres, el triunfo de los independientes representa una seria amenaza. Por eso combate la campaña a favor del sí con todas sus fuerzas. La prensa de negocios y la BBC no han escatimado recursos para asustar al electorado y orientarlo hacia el voto negativo. Lo cierto es que la disminución de influencia política sería un duro golpe para Londres, pero es en el frente económico donde el poderío británico se vería más afectado, entre otras cosas por la pérdida de una buena parte de los recursos de los campos de petróleo y gas del Mar del Norte.
Para los partidos independentistas el referendo ofrece una oportunidad única para recuperar la independencia de Escocia y establecer un gobierno democrático de centro-izquierda que permita escapar de las garras del neoliberalismo que Londres y, más especialmente, la City, han impuesto a los 5.3 millones de escoceses.
Hace 25 años se sometió a voto el tema de la devolución de algunos poderes a Escocia. El resultado fue negativo. En aquel tiempo se argumentó que el tamaño de Escocia hacía inconcebible la independencia, como si la auto-determinación de un pueblo fuera cuestión de economías de escala. En 1997 se aprobó en otro referéndum la creación del parlamento escocés, con poderes limitados. Pero en ese parlamento no se puede discutir el desempleo, los derechos sindicales, los salarios, la desigualdad, los recortes al gasto en salud y educación, o la regulación financiera y bancaria.
Ese parlamento tampoco pudo debatir las aventuras militares de Tony Blair en Irak y Afganistán. Hoy no puede opinar sobre la base de submarinos nucleares Trident en la margen derecha del río Clyde o la nueva gesta que prepara Londres en el norte de Irak.
El debate económico sobre el referendo ha girado alrededor de la viabilidad de una Escocia independiente. Los argumentos van y vienen, pero los datos son bastante contundentes. La economía escocesa sería fuerte y diversificada.
Los yacimientos del Mar del Norte fueron abiertos hace 50 años, pero las reservas que corresponderían a una Escocia independiente anuncian una producción rentable para las próximas dos o tres décadas. Lo más probable es que una Escocia independiente procedería a nacionalizar la industria petrolera y gasera, siguiendo el exitoso ejemplo noruego en donde siempre se mantuvo el control público sobre este sector. Aunque hay dificultades metodológicas para medir los flujos de comercio internacional en Escocia, si se incluyen las exportaciones de crudo y gas, el saldo de la cuenta corriente del nuevo país independiente sería superavitario.
La recaudación fiscal en Escocia alcanzó los 57 mil millones de libras esterlinas en el ejercicio fiscal 2011-12, lo que representa casi 10 por ciento de los ingresos tributarios del Reino Unido. La estructura impositiva es esencialmente regresiva, lo que agrava el problema de la desigualdad económica, pero una nueva política fiscal permitiría revertir las tendencias negativas, reorientar el gasto público, promover el desarrollo industrial, científico y tecnológico.
Hoy el debate económico sobre la independencia está centrado sobre la divisa de una nueva Escocia independiente. Hay tres vías posibles. La primera implica seguir usando la libra esterlina. La desventaja es que la nueva república habría entregado el control de su política monetaria a Londres y la regulación del sistema bancario y financiero escaparía a las autoridades escocesas. La tasa de interés en el nuevo espacio económico estaría fuertemente afectada por esta falta de control monetario y hasta la política fiscal se vería constreñida. Esta es la propuesta del Partido nacionalista escocés, pero esa vía implica permanecer en la zona de influencia de la City y quedarse en el neoliberalismo.
La segunda es la adopción del euro como divisa del nuevo país. Se parece a la anterior por la falta de control de la política monetaria y es rechazada por todos en Escocia porque equivale a adoptar las posturas neoliberales de Maastricht y Lisboa. El esquema que condujo a la eurocrisis no puede ser una referencia en materia de política macroeconómica en Escocia.
La tercera vía estaría basada en una moneda propia basada en un régimen de flotación semi-regulada. Las nuevas autoridades monetarias tendrían que organizar la transición, pero en principio nada impide la adopción de una nueva moneda que permita recuperar el control soberano de los principales instrumentos de la política macroeconómica. Muy probablemente esta nueva postura estaría cercana a un esquema de corte demócrata-socialista al estilo Noruega.
El referendo en Escocia pone frente a frente la opción de extraviarse en el neoliberalismo o la de avanzar en la dirección del control social sobre la inversión.
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