LA HABANA. Apenas una semana antes de que culmine su mandato, tal parece que el presidente Obama acaba de concluir su política de reformas en las relaciones con Cuba, con la aceptación de un nuevo acuerdo migratorio, el cual elimina la política de pie seco/pie mojado, el Programa de Parole para los médicos cubanos que colaboran en terceros países, así como establece nuevas normativas encaminadas a normalizar los procedimientos migratorios entre las dos naciones.
Dentro de la agenda negociadora, puesta en marcha a partir del 17 de diciembre de 2014, tales problemas migratorios estaban incluidos en la lista de asuntos donde “no existía consenso entre las partes” y resultaban “esenciales” para Cuba, por lo que su consecución constituye un triunfo relevante de la diplomacia cubana, al margen de que resultaba evidente su escasa funcionalidad para los propios Estados Unidos.
Se trata, por tanto, de un paso importante en el proceso de normalización de relaciones y resuelve en lo fundamental el problema del tratamiento excepcional de la política norteamericana hacia la emigración ilegal cubana, causa de constantes tensiones por más de medio siglo.
Aunque la parte cubana ha reiterado que la eliminación de la ley de Ajuste Cubano, por parte del Congreso de Estados Unidos, constituye otro ingrediente indispensable en una plena normalización de los vínculos migratorios, en la práctica, despojada de las normativas que la vinculaban con la emigración ilegal, esta ley ha perdido la esencia de su impacto negativo, para convertirse en un problema básicamente interno de Estados Unidos.
Con estas decisiones se han eliminado buena parte de los privilegios resultantes de la supuesta “excepcionalidad” de los migrantes cubanos, entre ellos la posibilidad de que sean deportados a Cuba, para lo cual se establecieron diversos instrumentos y categorías.
Lo más importante en este sentido es que plantea un clima político distinto, toda vez que estos privilegios estaban asociados a las políticas desestabilizadoras del gobierno norteamericano contra Cuba. Es también el resultado objetivo de las transformaciones que han tenido lugar en la comunidad cubanoamericana, hasta hacer inefectivo para Estados Unidos el uso de la emigración con estos fines.
No obstante, con cierta lógica, algunos analistas consideran que este nuevo escenario no estará exento de problemas para ambos países.
En el caso cubano, queda eliminada una alternativa para aquellos que desean emigrar y no son aceptados legalmente por Estados Unidos, lo que puede originar tensiones hacia lo interno de la sociedad cubana, toda vez que tal alternativa estaba asentada en la cultura popular como una vía para la solución de problemas económicos o la búsqueda de otras opciones existenciales.
Por su parte, en lo que respecta a Estados Unidos, tendrá que enfrentar la reacción en sus fronteras de personas hasta ahora admitidos indiscriminadamente, así como lidiar con la existencia de inmigrantes ilegales cubanos en su territorio, a los cuales tendrá que perseguir y deportar como hace con el resto de los inmigrantes irregulares, no sin provocar actitudes adversas por parte de la comunidad cubanoamericana y otros sectores de la sociedad norteamericana.
Por lo pronto, existen cientos de emigrantes cubanos camino hacia Estados Unidos. La nueva política norteamericana con seguridad se limitará a rechazarlos, trasladando el problema a los países de tránsito y a Cuba, que tendrá que negociar con dichos países una solución humanitaria para estos casos. El tratamiento brindado por Cuba a este tipo de migrantes en el pasado reciente, indica el compromiso de la política cubana al respecto, pero aún así, es predecible la existencia de complicaciones que no tendrán fácil solución.
No obstante, cualquiera sean sus efectos indeseados, lo más importante es que se logra la estabilidad de un proceso tendiente a lograr un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre los dos países, un resultado beneficioso para ambas sociedades, potenciales víctimas colaterales de los peligros que puede entrañar el caos en este sentido, así como para los propios migrantes, lo cual es una responsabilidad ineludible de ambos estados.
Los dos países se comprometieron a revisar sus políticas migratorias para ajustarse a los acuerdos.
En lo que respecta a Estados Unidos, lo más interesante será ver el tratamiento que se otorgará a los cubanos que ingresan legalmente de manera temporal y deciden intentar permanecer en el país. Hasta ahora pueden hacerlo de manera automática y disfrutar de una serie de beneficios, antes de solicitar acogerse a la ley de Ajuste, después de un año de estancia en el mismo. A partir de este momento es de suponer que medie una decisión judicial, aunque el rigor de su implementación dependerá de la influencia del precedente anterior en el fallo de los jueces.
En lo que se refiere a Cuba la decisión es más trascendente. Una de maneras de aplacar las reacciones adversas a estos acuerdos y atenuar sus efectos negativos internos es precisamente actualizar la política migratoria, en función de facilitar los contactos de los emigrados con la sociedad cubana y promover sus vínculos existenciales con el país. El gobierno cubano se ha comprometido a hacerlo de manera gradual, aunque quizás vale la pena acelerar la adopción de medidas que llevan años esperando por su implementación y responden a realidades que saltan a la vista.
Por último, la eliminación del Programa de Parole para médicos cubanos que trabajan en terceros países facilita la colaboración de Cuba y Estados Unidos en proyectos humanitarios a escala internacional y constituye una medida cuyo alcance político fundamental consiste en contradecir una lógica de la confrontación, que en ocasiones ha alcanzado niveles de irracionalidad imposibles de justificar en el plano ético, cualquiera sea la diferencia política existente.
Es de suponer que Donald Trump esté conforme con estos acuerdos, en definitiva hereda un problema resuelto y se avienen a su discurso respecto a limitar la inmigración ilegal en Estados Unidos. No obstante, como cualquier otro elemento de las relaciones entre los dos países, se requiere de buena voluntad para aplicarlos. Veremos entonces cuál será su conducta al respecto.
En cualquier caso, Estados Unidos y Cuba han establecido el precedente de que es posible negociar y encontrar puntos de concertación, incluso en problemas acumulados por años, donde el consenso parecía imposible.
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La Habana.- El gobierno de Cuba ratificó su compromiso con el derecho de sus ciudadanos a emigrar, un fenómeno universal que transcurre aquí con toda normalidad gracias a medidas adoptadas hace hoy cuatro años.
