Los trámites para emprender acciones constructivas quedan ensombrecidos por falta de información sobre tarifas, el desconocimiento de las regulaciones urbanas y los planes de ordenamiento territorial, así como algunas decisiones administrativas que han fomentado ilegalidades y corrupción. El Decreto 322 fija el traspaso de funciones de la Vivienda al Instituto de Planificación Física (IPF), que trabaja en el perfeccionamiento de los mecanismos de control puertas adentro. Sobre estas realidades, y venideros retos, dialoga BOHEMIA con máximos directivos de este organismo
Por JESSICA CASTRO BURUNATE y DELIA REYES GARCÍA (nacionales@bohemia.co.cu)
Fotos: MARTHA VECINO ULLOA (foto@bohemia.co.cu)
General de división. Samuel C. Rodiles
Planas, presidente del IPF.
El reciente Decreto-Ley 322 y otras reglamentaciones emitidas con anterioridad elevan el protagonismo del Instituto de Planificación Física (IPF) en el enfrentamiento deilegalidades, indisciplinas constructivas y corrupción.
A pocas semanas de publicado en la Gaceta Oficial de Cuba este último cuerpo jurídico, que entrará en vigor el venidero 5 de enero de 2015,BOHEMIA dialoga con las máximas autoridades del organismo sobre la situación actual, los pasos que se dan y los desafíos del sistema de planificación física en el país.
La legislación aprobada y otras resoluciones complementarias estipular poner coto a la centralización de funciones en la Vivienda, las ilegalidades, el exceso de trámites y la dispersión jurídica existente.
Belkys Serrano Tejerizo, vicepresidente
del IPF. Arquitecta.
El General de División Samuel Rodiles Planas, presidente del IPF, acota aspectos claves en el desempeño de la organización. “Las decisiones del gobierno central para el perfeccionamiento del ordenamiento territorial y urbanismo especifican ejercer el papel rector en el enfrentamiento de las ilegalidades en esta materia y demás actividades en el ámbito de su competencia institucional.
“Para ello el IPF debe ejecutar o disponer con ese fin la inspección estatal en todo el territorio nacional y dictar las normas y procedimientos para su implementación en todos los niveles”.
A tenor con el perfeccionamiento institucional y el traspaso de funciones del Sistema de la Vivienda al IPF, la institución elabora las normas jurídicas que implementan esta política, refrendadas en el Decreto Ley 322 del 31 de julio 2014, Modificativo de la Ley General de la Vivienda, y varias normativas complementarias.
Rodiles Planas precisa que dentro de las funciones del sistema de la Vivienda que se asumen están “expedir las licencias y autorizaciones para la realización de acciones constructivas, establecer y controlar las normas para el mejor funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, asignar los terrenos estatales a las personas naturales que los soliciten para construir viviendas”.
Gabriel López Díaz, director general
de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Ingeniero.
Asimismo, destaca de entre las nuevas funciones que asume el organismo “la certificación de habitable, la emisión del dictamen técnico para la descripción y tasación de las viviendas, las aprobaciones de la certificación de medidas y linderos, el traspaso de solares yermos o azoteas entre particulares y entre estos y el Estado, ejercer el derecho de tanteo a favor del Estado en la cesión de solares yermos, y representar al país ante el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y el Hábitat”.
En el campo de acción del IPF también figuran, subraya Rodiles Planas, resolver los litigios y reclamaciones en torno a solares yermos, derecho perpetuo de superficie, medidas y linderos; así como ejercer la rectoría del Catastro Nacional. Esta última función la asimilarán gradualmente, y en conjunto con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Con la mira puesta en dirigir el proceso de obtención de permisos en las tres fases del proceso inversionista, se encuentran en revisión y aprobación las normativas jurídicas que implementan esta política, entre ellas el Reglamento del IPF para la localización de inversiones y el procedimiento para el funcionamiento de la ventanilla única, precisa el presidente.
Para Gabriel López Díaz, director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, es vital considerar el territorio como el sujeto fundamental de las acciones que se realicen; “sobre él actúan muchos factores, es necesario lograr la integración de todos para un mejor aprovechamiento del espacio.
“Hasta ahora han prevalecido intereses ramales, de la agricultura, de la industria, del turismo. Las lagunas que se crean por dicha fragmentación dan pie a muchas indisciplinas”, sentencia el ingeniero.
Magalys Rivero Ramírez, directora
de Inversiones. Arquitecta.
Ibis Menéndez-Cuesta González, subdirectora de Urbanismo, hace resaltar que un aspecto importante para cerrarle el paso a las infracciones radica en la elaboración de normativas para el mejor funcionamiento de los asentamientos rurales y urbanos, de cuya falta se adolecía con anterioridad.
“Es una tarea muy compleja, porque cada territorio, o zona, tiene que cumplir regulaciones que son diferentes, porque estas dependen de las características tipológicas, de las funciones que desarrolla ese asentamiento. Actualmente estamos en un proceso de revisión técnica y de aprobación nacional de los planes de ordenamiento urbano de las 15 capitales provinciales”, sostiene la arquitecta.
-¿Qué sucederá con los asentamientos urbanos en lugares inadecuados, sin ningún tipo de infraestructura?
-Para el ordenamiento de los barrios precarios -explica Menéndez-Cuesta- se traza la estrategia considerando su ubicación en lugares con peligros de inundaciones, sismos, o desastres tecnológicos.
“Ahora mismo la dirección está en función de revisar todas las regulaciones de los asentamientos del país, lo cual es una tarea bastante fuerte. Hay centros de altos estudios que nos están ayudando en ese sentido, sobre todo la Universidad Central de las Villas”.
Gumersindo Valdés Casanova, jefe
del departamento Jurídico.
Todavía las autoridades no cuentan con el diagnóstico actualizado de los barrios precarios existentes en el país. La subdirectora de Urbanismo precisa que realizan un nuevo levantamiento, “porque teníamos uno, pero ya debe tener unos cuatro años y la dinámica de transformación es bastante fuerte, y en estos momentos sabemos que la situación no es la misma”.
Recursos y prioridades en la mirilla
Para logar una ciudad sustentable, armónica, los recursos y las prioridades que se establezcan resultan de gran importancia. Magalys Rivero Ramírez, directora de Inversiones, estima que con la nueva legislación retornan al IPF las funciones que siempre realizó este organismo. En el caso de la solicitud de parcelas por la población existen prioridades que serán tenidas en cuenta por el Estado.
“Estas se encuentran recogidas en las normas complementarias, indicando: afectados por desastres; necesitados de erradicar condiciones de precariedad; casos sociales y albergados; ubicados en zonas de riesgo, que incluye el hidrosísmico, desastres naturales y otros; o por interés económico y social del territorio.
“Es decir, toda persona puede solicitar, pero como hay una limitada cantidad de parcelas se priorizarán los casos más necesitados”.
El subsidio también figura entre las “causales a considerar”, explica Rivero; no obstante, queda pendiente de definición si el precio de los terrenos, definido a partir del acuerdo 1810 del Comité Ejecutivo, será incluido en el monto entregado. De igual forma, se intentará que el mayor número de familias pueda beneficiarse con la entrega de parcelas y estas sean utilizadas para la construcción de varias viviendas.
Ibis Menéndez-Cuesta González,
subdirectora de Urbanismo. Arquitecta.
La venta o donación de las azoteas es otra posibilidad abierta para la población. Belkys Serrano Tejerizo, vicepresidenta del Instituto, aclara que la opción depende de dos factores: la voluntad de los propietarios y que la zona cumpla con los requisitos establecidos por las regulaciones urbanas.
En adición, también serán consideradas dentro de los planes de ordenamiento aquellas instalaciones subutilizadas, para que cambien su función a viviendas.
-La población se ha quejado de elementos de corrupción presente en los trámites de la vivienda. ¿Qué mecanismos de control hacia lo interno tienen proyectados, a partir de las nuevas funciones asumidas por el IPF?
-Las normas jurídicas logran integrar un grupo de normativas y procedimientos que estaban dispersos, lo cual es vital. Son regulaciones que orientan a la población y definen para cada acción constructiva qué tramite realizar. Esa información es imprescindible para impedir cualquier tipo de confusión o hecho ilícito.
“La población tiene que conocer ante todo cuáles son sus derechos. No se trata de que el procedimiento se engavete en el buró de un funcionario, sino que esté publicado, estableciendo cuáles son los plazos, precios y las obligaciones de los funcionarios sin costo adicional, para cada caso.
“En lo interno, tenemos diseñado un sistema que asesora metodológicamente las estructuras hacia abajo, y controla funcionalmente las tareas institucionales que desempeñamos. Ahora, las direcciones provinciales y municipales de planificación física se subordinan a los gobiernos provinciales y municipales respectivamente; sobre ellas no tenemos control administrativo.
Gisela Domínguez Battle, jefa del
departamento de Colaboración
Internacional y Relaciones Públicas.
De cara al futuro, Gumersindo Valdés Casanova, director del Departamento Jurídico, definió como otras de las tareas priorizadas la elaboración de las regulaciones urbanas, aprobadas por las asambleas municipales del Poder Popular, las cuales deben estar accesibles en todas las oficinas de trámites y en las direcciones municipales de Planificación Física.
“De conocimiento público también deben ser las regulaciones y determinaciones de los planes de ordenamiento territorial urbano en cada territorio. El principio que seguimos no es el de prohibir la construcción, sino que se sepa dónde y cómo se puede construir”.
Control ciudadano
Si bien la corrupción y las ilegalidades encuentran caldo de cultivo en la falta de información a la población, se evidencia un deficiente funcionamiento del sistema y los mecanismos para regularlo.
Muchas contravenciones quedan sin denunciar.
-¿Cómo se estructurará el control ciudadano sobre estas instituciones?
-Además del sistema de IPF y la Vivienda existen otros órganos de control en el país- explica el director del Departamento Jurídico-.
Los delitos pueden denunciarse a la Policía, a la Fiscalía, a la Contraloría General de la República, instituciones con entidades en todos los niveles: municipales, provinciales y en la nación. Igual representación tienen las estructuras de Planificación Física.
La vicepresidenta del IPF complementa que dentro del sistema se crean los departamentos de trámites y atención a la población, que son un instrumento fundamental para dar respuesta a las preocupaciones de la población.
Ramón Nodal Jorge, director de
Catastro e Información.
Serrano Tejerizo agrega que “otra de las medidas es no realizar el pago efectivo en las direcciones municipales de Planificación Física, sino en las sucursales bancarias. Como garantía adicional está que una sola persona no es responsable de principio a fin del trámite; hay contrapartes y mecanismos de revisión colegiada para los mismos”.
Por otra parte, reconoce la vicepresidenta, “las normativas vigentes dan pie a muchos actos de corrupción, porque contienen varios puntos no regulados por las normas, sino por disposiciones administrativas. Eso se trató de eliminar de la legislación que entrará en vigor. Tal es el caso de las dimensiones máximas establecidas para una vivienda, que ahora deberá estar en correspondencia con las regulaciones urbanas establecidas para cada lugar, y con las normas cubanas para la construcción. Eso es lo que podemos realmente controlar”.
Advierte, Serrano Tejerizo, que en el tema de la corrupción intervienen elementos de orden subjetivo, pero las acciones de control no pueden dejar de realizarse. “Para el año venidero el IPF tiene previsto tres controles integrales, que se conjugan con los chequeos mensuales para realizar en el territorio durante todo el período de implementación de las normativas.
“En el IPF está el departamento de Trámite y el grupo de Atención a la Población subordinado directamente al presidente.
“El instituto elaboró un procedimiento interno para la atención a la población que se está terminando de revisar, y lo tendremos listo para la entrada en vigor de las nuevas normativas”.
Registros claros
En opinión de Ramón Nodal Jorge, director del Departamento de Catastro e Información del IPF, el catastro no es solo una herramienta para el ordenamiento territorial o urbano, sino que ayuda también al control del patrimonio nacional, al inventario físico de sus bienes e inmuebles.
Los departamentos de Trámites y Atención a la Población
deben ser el instrumento fundamental del sistema
de planificación.
El concepto más amplio lo define como el sistema primario de informaciones constituidas por un conjunto de datos y descripciones de los bienes e inmuebles, en lo que son ubicación, linderos, usos, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas, a fin de obtener un conocimiento real del territorio nacional que sirva a los objetivos de dirección del desarrollo del país.
Al decir del ingeniero, el catastro rural, ya concluido, facilitó el proceso de entrega de tierras en usufructo, así como puso coto a gran parte de las ilegalidades existentes. Sin embargo, una de las tareas priorizadas por el Instituto es la actualización del catastro rural, debido a imprecisiones técnicas detectadas en municipios como la Isla de la Juventud, apunta Nodal.
En el caso del catastro urbano, su terminación está prevista para 2020, considerando las posibilidades económicas y recursos con que cuente el país.
La política en este rubro, explica el directivo, está aprobada desde el 1º de marzo de 2014. En estos momentos sus funciones están siendo traspasadas de la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia hacia el IPF. Las normas jurídicas se encuentran en proceso de confección y esperan ser terminadas este año.
“Como parte de la política se contempla que la certificación catastral va a ser el documento oficial único, con la información de los bienes e inmuebles a presentar por las personas naturales. El registro catastral aporta los datos necesarios al resto de los registros públicos, ya sea el de propiedad, el de tenencia de la tierra, o procedimientos para la inscripción de la inversión extranjera. Ahora se está trabajando para hacer algo específico en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel”.
Los espacios físicos que tienen catastro se inscriben con la certificación catastral; los que no lo tienen, se asientan con el certificado de medidas y linderos, aclara el ingeniero. Es importante mantener en todo momento la debida transparencia en los procesos que realizan tanto las personas naturales como las jurídicas.
Para Gisela Domínguez Battle, directora del Departamento de Relaciones Públicas, “entre los desafíos que se imponen a los asentamientos humanos en Cuba, y el mundo, están desarrollar ciudades sostenibles e inclusivas para la vida.
“En ello la acción de la comunicación es muy importante para lograr que la ciudadanía tenga conocimiento sobre el rol que desempeña en la transformación de los espacios públicos que habita. El aporte que brinde para buscar soluciones a los problemas y deficiencias que se presentan, y el mejor aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades que los territorios puedan ofrecer”.
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Por Humberto Herrera Carles
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