Hace cuatro años en el
teatro Colon, en la ciudad d
e Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos Calderón
y Rodrigo Londoño, Comandante Jefe de la FARC-EP, firmaban los acuerdos de paz
de La Habana. Un proceso accidentado y complicadas conversaciones que tuvo una
larga duración en la capital cubana y al
final y a cuatro años de firmados, los
enemigos de la paz, han logrado sus objetivos, al hacer prácticamente trizas
los Acuerdos, por el incumplimiento de los 6 puntos de la agenda suscrita y
firmada.
El proceso de paz,
concebido por la oligarquía liberal conservadora y sus ejecutores, para lograr
su objetivo estratégico, desarmar y desconcentrar al movimiento guerrillero,
más grande y poderoso que ha tenido América Latina e impedir los cambios
estructurales y de justicia social por la que venia combatiendo desde hacia mas
de 50 años este movimiento revolucionario.
Durante el gobierno de
Uribe lograron dar baja a los comandantes miembros del Secretariado, Raúl
Reyes, Jorge Briceño, Iván Ríos y la muerte por enfermedad de su histórico
Comandante en Jefe Manuel Marulanda, esos lideres guerrilleros eran considerado
por el enemigo el sector duro del Secretariado y estimaban que su desaparición debilitaba
a dicha organización, solo faltaba quebrar al comandante Alfonso Cano,
considerado uno de los ideólogos de las FARC-EP que había quedado como máximo
jefe de la organización.
El 4 de noviembre del
2011, apresaron herido al comandante Alfonso Cano y ordenaron su asesinato, a
pesar de que él había comenzado conversaciones con vista a iniciar un proceso
de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ordenó su asesinato, no
podían permitir que sobreviviera y fuera llevado a un juicio, pues sería muy
peligroso y en un juicio ante una Corte, pondría en evidencia a un sistema
cruel, un Estado corrompido y una sociedad abandonada y dirigentes políticos seriamente
vinculados al narcotráfico. Tenia que morir.
Luego de ese crimen y a
pesar de tan dramática situación, la dirección de la FARC-EP aceptó, continuar conversando
y aceptaron realizar un proceso de paz en el exterior y bajar los 10 puntos de
la agenda de paz, que se había aprobado en la 8va Conferencia del Estado Mayor
Central y lo redujeron a 6 puntos de la agenda. O sea, bajaron los dos puntos
que Marulanda y Cano defendían para iniciar cualquier negociación.
Esa concesión la hizo
las FARC-EP, no por estar derrotadas militarmente, sino porque estaban
realmente interesados en una paz con justicia social. Las propias FF.MM estaban
convencidas que por la vía militar no derrotarían a las fuerzas guerrilleras
colombianas, no solo a las FARC-EP, tampoco al ELN.
Ambos temas, fueron
sometidos a un largo debate desde principio del año 2011, el primero en la
frontera colombo-venezolana y luego de varios encuentros en la Isla de Orchila,
Venezuela, se llegó al acuerdo de abrir el proceso de paz en Cuba, y que
Noruega y Cuba fueran países garantes, y Venezuela de observadora y más tarde
se sumó Chile en esa misma categoría.
Las conversaciones
entre las partes, gobierno y guerrilla, se iniciaron en La Habana el 24 de
febrero del 2012, los primeros seis meses con carácter muy secreto, y en
noviembre del ese año, se dio a conocer el inicio oficial de la Mesa de Dialogo
de paz en Oslo, Noruega, y allí se anunció a La Habana como sede principal. De
febrero 2012 hasta el 24 noviembre del 2016 que terminaron en la firma de los
Acuerdos de La Habana.
Durante los cinco años,
que duraron en La Habana los diálogos de paz, la oposición al proceso de paz,
liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro
Democrático, Conservador, Cambio Radical y sectores del Partido Liberal, que
concentra a la derecha y ultraderecha política colombiana, con el apoyo de la
gran mayoría de los medios de prensa desarrollaron una descomunal cruzada
contra la Mesa de Diálogo de Paz de La Habana.
La campaña
propagandística estaba basada en atacar al gobierno de Santos Calderón,
acusándolo de estar entregado a las FARC-EP y propagar que un exitoso Acuerdo
de Paz, terminaría llevando a Colombia a un régimen Castro-chavista y a
Timochenko, jefe de la guerrilla FARC-EP, al sillón presidencial.
La campaña resultó en
un exitoso efecto cuando al ser sometido en un plebiscito celebrado el 2 de
octubre del 2016, entre el SI y el No. Ganó el NO a pesar de que el 26 de septiembre
ya se había firmado en Cartagena los Acuerdos de La Habana, pero se argumentó
que no era un problema, porque el Plebiscito no era vinculante, lo cual resultó
una gran mentira de Santos, Uribe Vélez, exigió que una Comisión revisara los
acuerdos ya firmados y el gobierno presionó para que las FARC-EP accediera, por
lo tanto, lo No vinculante fue un cuento.
Con el argumento de no
poner en peligro las negociaciones de paz, después de haber logrado los
importantes acuerdos del 26 de septiembre, las FARC-EP aceptó la revisión, pero
lo que sucedió solo lo saben los protagonistas, pero Iván Márquez, que era el
Jefe de la delegación guerrillera, se apartó de esa revisión y Timochenko
encabezo esa tarea, mientras que por el Gobierno lo asumió la canciller María Angela Holguín y
el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y Humberto de La Calle y Sergio
Jaramillo, jefe negociadores del Gobierno salieron del escenario.
Muchos de los acuerdos
importantes fueron modificados, incluso pretendieron eliminar el acuerdo sobre
la Justicia Especial de Paz, (JEP) pero
no lo logaron, aunque modificaron algunos temas como el referido a que los
expresidentes y gobernadores, altos mandos militares y los llamados “terceros”
fueran llamados a testificar, hoy solo es a voluntad de cada uno de ellos, y
estos últimos algunos son los grandes empresarios y terratenientes que
financian el narco-paramilitarismo.
Hoy Álvaro Uribe Vélez
y el Centro Democrático, están proponiendo eliminar la JEP e incluso al actual
sistema de Justicia de Colombia y planteando convocar a un plebiscito y
modificar lo que fue ganado con la Constituyente del año 91, lo que sería un
retroceso a un pasado bochornoso y plagado de impunidad.
La campaña y toda esa
acción política anticomunista, estaba también respaldada por el gobierno de los
Estados Unidos, gobierno que afirmaba en Colombia su base para provocar el
derrocamiento del gobierno de Chávez y luego de su muerte, al de Nicolas
Maduro, a lo que se prestó y presta el actual el gobierno del presidente Iván Duque.
En esos casi cinco años
de conversaciones no todo era color de rosa hubo muy fuertes debates, los
principales temas no estuvieron referidos a cambios estructurales que debió ser
el objetivo principal de las conversaciones de paz. No se trataba de hacer
cambios revolucionarios ni muchos menos socialistas, pero si cambios
estructurales en cuanto a temas estratégicos incumplidos en los 6 puntos de la
agenda y que a continuación les voy a referir brevemente cada uno de ellos.
El primer punto de la
agenda aprobada era la ley de tierra, o lo que es lo mismo la reforma agraria
integral, de este punto solo se ha cumplido solo en un casi 1 por ciento. De
los 5 millones de hectáreas, que debieron ser distribuidas entre el
campesinado, garantizándole los medios técnicos y la garantía de que sus
productos se comercializaran, solo se han entregado 35 mil hectáreas, o sea no llega
ni al 1 por ciento de los 5 millones que se debieron distribuir. Un punto totalmente incumplido.
El segundo punto de la
agenda acordado, se relacionaba con la reforma política que entre otros
aspectos se vinculaba a la reforma electoral y judicial, en este último basado
en la idea de la democratización mediante las elecciones en el sector judicial
de los altos cargos en las Cortes y no por la terna que propone el ejecutivo.
Respeto y garantías a los partidos políticos minoritarios y apoyo a los
movimientos y organizaciones integradas por las minorías étnicas. Este punto ha
sido sepultado.
El tercer punto
relacionado con el fin del conflicto, ha sido también incumplido, ciertamente
hubo una desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC-EP, en ese
periodo del año 2017 y parte del 2018. No así sucedió con un sector de las
FARC-EP que no se desmovilizó y mantuvieron sus armas.
Mientras que, por el
montaje dirigido por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la DEA,
contra el comandante Jesús Santrich, que
involucró al comandante Iván Márquez, provocó una profunda división en las
FARC-EP y este sector volvió a la lucha armada y ha conformado un creciente
Bloque Guerrillero. Esa operación del Fiscal buscaba y logró hacer trizas el
Acuerdo de Paz. Por eso lo premian y lo
nombran embajador en España, burlando la justicia y haciendo patente la
impunidad de un régimen dictatorial.
Estas operaciones
contra los Acuerdos de Paz no son ajenas al gobierno de Iván Duque quien además
se ha negado a restablecer las conversaciones con el Ejercito de Liberación
Nacional, los que, a pesar de la insistencia de los insurgentes en retomar las
conversaciones, el gobierno se ha negado y lejos de ello, hace reclamos
violatorios de los tratados internacionales, reclamándole a Cuba la extradición
de los integrantes de la delegación del ELN.
Esa pretensión del
gobierno de Duque, no hace más que demostrar la carencia del más mínimo respeto
por el derecho internacional y de lo establecido en los protocolos firmados por
el gobierno colombiano, ante los gobierno del Reino de Noruega y de Cuba, para
acoger en Cuba a las partes y continuar los diálogos de paz en La Habana y ante
una ruptura o divergencia, la delegación insurgente seria trasladada y llevada
al territorio colombiano de donde fueron
recogido con toda las garantías y seguridad.
El cuarto punto de la
agenda, sobre la sustitución de cultivos ilícitos por la vía de erradicación manual
y no utilizar la fumigación aérea con el glifosato, no se cumplió, tampoco se
les entregó el subsidio a los cultivadores de coca y amapola, puro engaño. Las siembras de coca aumentaron y se calculan
en más de 220 mil hectáreas. En la actualidad el gobierno se apresta al uso de
la fumigación aérea, lo que ha recibido el rechazo de la población campesina.
El quinto punto de la
agenda trata el tema de las víctimas y no repetición, así como aplicar la
justicia a los violadores por parte de la JEP, tampoco se ha cumplido
debidamente y se inclina a juzgar a los ex guerrilleros, y limitadamente a los
agentes del Estados y a los financieros de los grupos paramilitares, siendo
este último los dos sectores los que han provocados la mayor cantidad de
víctimas. Las 16 curules que debían ocupar los representantes de las víctimas,
no han sido otorgadas. Este punto es otro de los graves incumplimientos y la
tergiversación de los acuerdos de paz.
Por último, el sexto
punto, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, por lo ya
explicado, es razonable afirmar que el gobierno del presidente Duque y del ex
senador Álvaro Uribe, son los máximos responsables de los incumplimientos y la
inacción de una correcta y real implementación de los Acuerdos de Paz.
En Colombia lejos de
existir un clima de paz, es hoy un verdadero escenario de guerra, crímenes e
injusticia social, e impunidad el gobierno y las fuerzas de seguridad y el orden
son los promotores y ejecutores de la violencia y la impunidad.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional.
La Habana, Cuba, 27 de noviembre del 2020. 23:30 hrs.
