En algunas localidades, la fuerza joven resulta significativa entre las y los usufructuarios de tierras estatales. IPS Cuba
La entrega en usufructo de tierras ociosas del estado a la población constituye una forma de empleo recurrida por la juventud que vive en las zonas rurales de Cuba, constató una investigación realizada en la occidental provincia de Mayabeque.
Un estudio desarrollado este año por la socióloga Daylin Ortega Carulo analizó las características de la inserción laboral en la agricultura de las personas beneficiadas por el Decreto-Ley 259, de 2008, en el municipio de Güines, perteneciente a la provincia colindante con el sureste de La Habana.
En esa localidad, la investigadora encontró que el por ciento de tierras entregadas a jóvenes productores tiene un peso significativo con respecto al de parcelas usufructuadas en toda esa provincia.
Por ello, centró su pesquisa en las motivaciones, expectativas y nivel de participación en las tareas productivas y toma de decisiones de una treintena de personas entre los 18 y 30 años de edad del mencionado municipio, que obtuvieron tierras estatales por determinado período de tiempo bajo el compromiso de hacerlas rendir frutos.
Entre los resultados sobresalió que la mayoría de las y los usufructuarios rebasan los 26 años y la presencia femenina en esta actividad es considerablemente menor a la masculina. Las mujeres tienden a fungir más como colaboradoras en las actividades del campo y no a ejercer como sujeto productivo agrícola, detectó la científica.
Gráfico elaborado por la investigadora Daylin Ortega Carulo a partir de los resultados obtenidos en el municipio Güines.
A pesar de que en Güines más de la tercera parte de la población es negra, el estudio recabó que existe una sobrerrepresentación de jóvenes blancos como usufructuarios. También, encontró que las personas negras e inmigrantes de otras provincias cubanas suelen ser en su mayoría trabajadores directos de la tierra.
Del grupo encuestado para esta investigación, un 73 por ciento reside en bateyes, caseríos y otros asentamientos rurales y un 47 por ciento obtuvo el nivel medio de escolaridad, aunque la mayoría no realiza ninguna actividad de superación.
Antes de que se pusiera en vigor el Decreto-Ley 259, que permitió la entrega de tierras ociosas a productores interesados en el sector agropecuario, la mayor parte de estos jóvenes se desempeñaban como pequeños agricultores u obreros del campo, sobre todo porque procedían de familias vinculadas a la agricultura.
Ortega describió que entre el grupo existe gran desinterés y desmotivación por la participación en el ámbito de la comunidad. De hecho, apuntó que la mitad de los casos analizados no participa en las actividades recreativas y políticas de su localidad.
Las personas encuestadas aseguraron que la entrega de tierras satisfizo sus expectativas económicas. Sin embargo, les provoca insatisfacciones la jerarquización en la toma de decisiones a través de los canales institucionales y su limitada autonomía de gestión, pues no pueden representarse ante otras entidades sino interviene la cooperativa agropecuaria a la que están obligados a vincularse.
Desde el pasado 9 de diciembre, entró en vigor el Decreto-Ley 300, que derogó el 259. La nueva ley amplió las extensiones de tierras a solicitar y el período de tenencia de las parcelas así como de las prórrogas, autorizó la entrega de terrenos para frutales y forestales y la construcción de viviendas en las fincas usufructuadas, entre otros, en atención a limitaciones identificadas por las y los beneficiados con el decreto anterior. (2012)
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