Por Laura Howland
Obligado a lograr incrementos en eficiencia y productividad que respondan a las urgencias de enrumbar el país hacia un mayor progreso, el sistema empresarial cubano está apremiado de ganar en autonomía para manejar los recursos propios y contribuir a un mercado nacional en el cual la demanda sigue siendo mayor que la oferta, y se hace difícil dar respuesta a las acumuladas y cada vez más crecientes necesidades.
Muchos avatares ha sobrellevado la empresa estatal cubana en los últimos tiempos, al punto de llegar a ser poco competitiva a partir de una deformada estructura sectorial que, ante la urgencia de agudas crisis y el reto de la supervivencia, ha padecido, entre otros males, de excesiva verticalización, insuficientes encadenamientos productivos, así como inversiones más inclinadas a favorecer los servicios y el comercio que las industrias o el sector manufacturero de la economía, vitales en la generación de bienes y en la cifra de ocupados laboralmente.
Y aunque esas circunstancias han contribuido a marcar al sector empresarial con cierta estela de ineficiencia, lo cierto es que en función del buen desempeño del mismo se centran hoy muchas de las esperanzas del proyecto con el que se busca renovar y actualizar el modelo socialista adoptado por la Mayor de las Antillas.
Porque la larga lista de dificultades y restricciones que ha incidido en el devenir de las empresas del patio parece contar ahora con un buen paliativo y fuerza de empuje, a partir de un grupo de normativas recién aprobadas con las que se flexibiliza bastante la actividad empresarial.
Valoradas el año pasado por el propio Consejo de Ministros de Cuba, las directivas para el proceso de elaboración del plan y el presupuesto 2014, contienen además un conjunto de medidas favorables con el desarrollo de la empresa socialista, que se han venido publicando de forma escalonada y paulatinamente por diferentes Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs).
Entre las disposiciones que se presentan, se encuentran las dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, referentes a la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, lo que les permite solo fijar la actividad fundamental que las identifica (productivas, comerciales y servicios), sin definir moneda y destino, y dando facultad al director de la entidad para decidir otras acciones secundarias derivadas y de apoyo que puedan asumir, aprovechando eficientemente sus potencialidades.
Se señala además en las Indicaciones Metodológicas para la elaboración del plan 2014, un sistema de indicadores directivos más reducido para medir el desempeño de las empresas: encargo estatal, ventas netas totales y por exportación, utilidad del período, rotación del capital de trabajo, aporte por el rendimiento de la inversión estatal y en CUC (este último, mientras exista dualidad monetaria).
En cuanto al encargo estatal, por ejemplo, se autorizó que, una vez cumplido este, la entidad podrá comercializar sus excedentes por eficiencia a precios fijados por correlación entre la oferta y la demanda, o por comparables de acuerdo con el mercado (es potestad del director aprobar este importe).
Otro elemento significativo resulta que el Plan de las empresas ahora se aprueba por el Presidente de la Organización Superior de Dirección (OSDE) o Grupos Empresariales; antes era aprobado por el ministro de la rama a la que pertenecía la entidad en cuestión, o por el presidente del Consejo de la Administración Provincial, si el centro era de subordinación local.
Se definió asimismo un monto para el resto de las inversiones que son de aprobación de las OSDE, las cuales deciden cómo distribuirlo a sus entidades, aunque el director en cada una de estas podrá suscribir las que se presenten como imprevistos, siempre que estén dentro de lo pactado (con anterioridad esto se concentraba en el Organismo Central).
Se trata de una decisión que responde a la separación de las funciones estatales y empresariales, pues anteriormente muchas disposiciones se realizaban por los organismos sin dar participación al sistema empresarial, lo cual atenta contra el buen desempeño de ambos, ya que se diluye la responsabilidad y la facultad que tiene cada quien.
DIGNIFICAR EL SALARIO
Según funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo concerniente al salario, lo esencial es que se eliminan las restricciones para su formación, el cual estará en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos y del resultado de la actividad.
Ello parte del reconocimiento, en el proceso de actualización del modelo económico y social, de que el actual sistema salarial no garantiza que el trabajador reciba su sueldo según su aporte a la sociedad, ni que este satisfaga todas las necesidades de él y su familia, lo cual genera desmotivación laboral.
Se han evaluado, por otro lado, los efectos negativos que provocaría determinar un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal, sin estar debidamente respaldado por un incremento suficiente de la oferta de bienes y servicios.
Es justo pues que, en el sistema empresarial el salario se determine a partir de su vinculación a los resultados, con el propósito de perfeccionar esos mecanismos para propiciar el incremento de la productividad del trabajo; ello se ilustra en la modificación de las facultades para la aprobación de los sistemas de vinculación del salario a los resultados (antes solo era potestad de los ministros, jefes de entidades nacionales, presidentes de los consejos de administración y directores de empresas en perfeccionamiento empresarial).
Otro punto favorable es la eliminación de las restricciones administrativas relacionadas con los límites, la formación y la distribución del salario por rendimiento (anteriormente se establecían límites a la remuneración asociada al cumplimiento del plan y hasta un 30 % para los trabajadores no vinculados directamente a la producción y los servicios).
Y hoy los límites desaparecen, pues el nivel del salario de los trabajadores en la empresa dependerá sólo de los resultados que obtengan, en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos aprobados y su distribución a partir del aporte individual y colectivo (todo ello previo acuerdo con el sindicato).
Se entiende también que los recursos financieros destinados al salario de los trabajadores de la empresa se obtienen a partir del nuevo valor creado, de acuerdo con el cumplimiento del principio de sustentabilidad económica.
Todo ello exige a las entidades “desplegar las reservas de productividad que hoy existen, asociadas a problemas en la organización, la racionalidad, la disciplina, al control, la creatividad, pero, sobre todo, a la capacidad, inteligencia y preparación de directivos, ejecutivos y trabajadores en la implementación de todas estas medidas de manera integral”.
UNA EMPRESA SUSTENTABLE
Crean condiciones para la instauración de un modelo único de gestión y dirección que tenga como colofón para 2015-2016, una Ley de empresas en nuestro país.
En la esfera financiera y presupuestaria, el ministerio del ramo ha emitido varias resoluciones, como la asociada a la formación de precios del excedente del encargo estatal y la aprobación de un nuevo sistema de relaciones para las entidades, que incluye varios acápites, como el tratamiento a la creación de reservas y provisiones, los tributos e impuestos, la distribución de las Utilidades, el financiamiento de las inversiones y de las OSDE y el tratamiento a las pérdidas
Modificaciones todas que están en función de contribuir al fortalecimiento de la empresa estatal, y entre las que se cita la retención de hasta el 50% de la utilidad después de impuestos (hasta 2013 solo alcanzaba el 30%), deducido el monto para incrementar la Reserva para Pérdidas y Contingencias, con el fin de constituir fondos voluntarios.
Esta medida permite a las empresas estatales disponer de mayor liquidez y ampliar su capacidad de constituir reservas para financiar gastos de capacitación, desarrollo e investigaciones, pérdidas contables de años anteriores, amortizar créditos para inversiones e incrementar su capital de trabajo, entre otros.
Se incluye una reserva para el pago por la eficiencia económica de los trabajadores, lo que conduce a una participación efectiva de los mismos en la distribución de utilidades (la cuantía a otorgar por cada persona puede ser el equivalente de hasta tres salarios mensuales).
La distribución del estímulo no es igualitaria y está en correspondencia con el tiempo real trabajado, la complejidad y responsabilidad de las tareas asumidas y el aporte realizado por cada quien, aseguran especialistas en el tema, quienes proponen en este sentido, por ejemplo, emplear mecanismos para que quien más aporte sea quien más gane (Coeficiente de Participación Laboral u otros).
No está preestablecida la prioridad en la utilización y cuantía de las reservas voluntarias y, las no empleadas no tienen que aportarse al Presupuesto del Estado y se acumulan para un próximo período.
Otra novedad es que, como parte de las reservas voluntarias, se puede constituir un fondo de compensación a nivel de las OSDE para cubrir desbalances financieros temporales de las entidades y las sociedades mercantiles que la integran. Ello permite que las empresas no vean interrumpido su ciclo de reaprovisionamiento por déficits coyunturales de su flujo de caja.
Beneficioso será también para la liquidez de las empresas estatales, que a partir de este año, no aportan la depreciación ni la amortización de los activos fijos tangibles e intangibles, ni la amortización de gastos diferidos a largo plazo. Esos recursos los destinan a financiar las inversiones, el reequipamiento, la modernización y otros destinos, según los intereses que determinen para su desarrollo y la ampliación de sus actividades.
Se adopta además la decisión de facultar a los jefes máximos de las empresas, a aprobar los precios mayoristas para la venta de las producciones que constituyen excedentes del encargo estatal, según la correlación entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el mercado y cubriendo todos los costos, gastos y compromisos tributarios.
Ello permitirá que las empresas estatales puedan obtener ingresos adicionales, cuando logran producir eficientemente y alcanzar niveles productivos que excedan los compromisos previamente establecidos con el Estado.
A la par, se perfeccionan los organismos y organizaciones centrales del Estado, se renuevan estructuras y crean las OSDE fortalecidas; se aplica, para su paulatina generalización, la separación de las funciones estatales de las empresariales y se ejecuta un gran experimento social y económico, con profundos cambios en las provincias de Artemisa y Mayabeque, laboratorios que involucran hasta las entidades de subordinación local.
Muy sabias fueron las conclusiones sobre el tema aportadas en reciente comparecencia televisiva por Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien aseguró que este proceso recién comienza, se debe aplicar escalonadamente y caracterizarse por la capacitación a dirigentes y trabajadores de todos los niveles.
“Requiere –dijo- mayor responsabilidad y conlleva la evaluación consecuente de cada paso, pues los cambios deben contar con el tiempo de maduración de estas medidas, a lo que se suma el compromiso del empresariado a enfrentar con rigor y mucha sabiduría, sin apresuramientos, la implementación de este modelo único de gestión y dirección, como un proceso gradual de descentralización de facultades.”
Precisó que hoy conviven en el país entidades que aplican el Perfeccionamiento y otras que no; las primeras están en mejores condiciones para asumir las transformaciones, pues se encuentran más entrenadas para organizarse en función del incremento de la eficiencia, a fuerza de mejor control y mayores resultados.
Se anunció asimismo que para 2015- 2016, Cuba debe estrenar una Ley de empresas, que resultará vital para completar de forma integral todo este ordenamiento normativo y jurídico, en su ruta necesaria hacia la renovación económica.- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/autonomia-palabra-de-orden-en-la-empresa-estatal-cubana#sthash.EgOAm56M.dpuf
Obligado a lograr incrementos en eficiencia y productividad que respondan a las urgencias de enrumbar el país hacia un mayor progreso, el sistema empresarial cubano está apremiado de ganar en autonomía para manejar los recursos propios y contribuir a un mercado nacional en el cual la demanda sigue siendo mayor que la oferta, y se hace difícil dar respuesta a las acumuladas y cada vez más crecientes necesidades.
Muchos avatares ha sobrellevado la empresa estatal cubana en los últimos tiempos, al punto de llegar a ser poco competitiva a partir de una deformada estructura sectorial que, ante la urgencia de agudas crisis y el reto de la supervivencia, ha padecido, entre otros males, de excesiva verticalización, insuficientes encadenamientos productivos, así como inversiones más inclinadas a favorecer los servicios y el comercio que las industrias o el sector manufacturero de la economía, vitales en la generación de bienes y en la cifra de ocupados laboralmente.
Y aunque esas circunstancias han contribuido a marcar al sector empresarial con cierta estela de ineficiencia, lo cierto es que en función del buen desempeño del mismo se centran hoy muchas de las esperanzas del proyecto con el que se busca renovar y actualizar el modelo socialista adoptado por la Mayor de las Antillas.
Porque la larga lista de dificultades y restricciones que ha incidido en el devenir de las empresas del patio parece contar ahora con un buen paliativo y fuerza de empuje, a partir de un grupo de normativas recién aprobadas con las que se flexibiliza bastante la actividad empresarial.
Valoradas el año pasado por el propio Consejo de Ministros de Cuba, las directivas para el proceso de elaboración del plan y el presupuesto 2014, contienen además un conjunto de medidas favorables con el desarrollo de la empresa socialista, que se han venido publicando de forma escalonada y paulatinamente por diferentes Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs).
Entre las disposiciones que se presentan, se encuentran las dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, referentes a la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, lo que les permite solo fijar la actividad fundamental que las identifica (productivas, comerciales y servicios), sin definir moneda y destino, y dando facultad al director de la entidad para decidir otras acciones secundarias derivadas y de apoyo que puedan asumir, aprovechando eficientemente sus potencialidades.
Se señala además en las Indicaciones Metodológicas para la elaboración del plan 2014, un sistema de indicadores directivos más reducido para medir el desempeño de las empresas: encargo estatal, ventas netas totales y por exportación, utilidad del período, rotación del capital de trabajo, aporte por el rendimiento de la inversión estatal y en CUC (este último, mientras exista dualidad monetaria).
En cuanto al encargo estatal, por ejemplo, se autorizó que, una vez cumplido este, la entidad podrá comercializar sus excedentes por eficiencia a precios fijados por correlación entre la oferta y la demanda, o por comparables de acuerdo con el mercado (es potestad del director aprobar este importe).
Otro elemento significativo resulta que el Plan de las empresas ahora se aprueba por el Presidente de la Organización Superior de Dirección (OSDE) o Grupos Empresariales; antes era aprobado por el ministro de la rama a la que pertenecía la entidad en cuestión, o por el presidente del Consejo de la Administración Provincial, si el centro era de subordinación local.
Se definió asimismo un monto para el resto de las inversiones que son de aprobación de las OSDE, las cuales deciden cómo distribuirlo a sus entidades, aunque el director en cada una de estas podrá suscribir las que se presenten como imprevistos, siempre que estén dentro de lo pactado (con anterioridad esto se concentraba en el Organismo Central).
Se trata de una decisión que responde a la separación de las funciones estatales y empresariales, pues anteriormente muchas disposiciones se realizaban por los organismos sin dar participación al sistema empresarial, lo cual atenta contra el buen desempeño de ambos, ya que se diluye la responsabilidad y la facultad que tiene cada quien.
DIGNIFICAR EL SALARIO
Según funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo concerniente al salario, lo esencial es que se eliminan las restricciones para su formación, el cual estará en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos y del resultado de la actividad.
Ello parte del reconocimiento, en el proceso de actualización del modelo económico y social, de que el actual sistema salarial no garantiza que el trabajador reciba su sueldo según su aporte a la sociedad, ni que este satisfaga todas las necesidades de él y su familia, lo cual genera desmotivación laboral.
Se han evaluado, por otro lado, los efectos negativos que provocaría determinar un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal, sin estar debidamente respaldado por un incremento suficiente de la oferta de bienes y servicios.
Es justo pues que, en el sistema empresarial el salario se determine a partir de su vinculación a los resultados, con el propósito de perfeccionar esos mecanismos para propiciar el incremento de la productividad del trabajo; ello se ilustra en la modificación de las facultades para la aprobación de los sistemas de vinculación del salario a los resultados (antes solo era potestad de los ministros, jefes de entidades nacionales, presidentes de los consejos de administración y directores de empresas en perfeccionamiento empresarial).
Otro punto favorable es la eliminación de las restricciones administrativas relacionadas con los límites, la formación y la distribución del salario por rendimiento (anteriormente se establecían límites a la remuneración asociada al cumplimiento del plan y hasta un 30 % para los trabajadores no vinculados directamente a la producción y los servicios).
Y hoy los límites desaparecen, pues el nivel del salario de los trabajadores en la empresa dependerá sólo de los resultados que obtengan, en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos aprobados y su distribución a partir del aporte individual y colectivo (todo ello previo acuerdo con el sindicato).
Se entiende también que los recursos financieros destinados al salario de los trabajadores de la empresa se obtienen a partir del nuevo valor creado, de acuerdo con el cumplimiento del principio de sustentabilidad económica.
Todo ello exige a las entidades “desplegar las reservas de productividad que hoy existen, asociadas a problemas en la organización, la racionalidad, la disciplina, al control, la creatividad, pero, sobre todo, a la capacidad, inteligencia y preparación de directivos, ejecutivos y trabajadores en la implementación de todas estas medidas de manera integral”.
UNA EMPRESA SUSTENTABLE
Crean condiciones para la instauración de un modelo único de gestión y dirección que tenga como colofón para 2015-2016, una Ley de empresas en nuestro país.
En la esfera financiera y presupuestaria, el ministerio del ramo ha emitido varias resoluciones, como la asociada a la formación de precios del excedente del encargo estatal y la aprobación de un nuevo sistema de relaciones para las entidades, que incluye varios acápites, como el tratamiento a la creación de reservas y provisiones, los tributos e impuestos, la distribución de las Utilidades, el financiamiento de las inversiones y de las OSDE y el tratamiento a las pérdidas
Modificaciones todas que están en función de contribuir al fortalecimiento de la empresa estatal, y entre las que se cita la retención de hasta el 50% de la utilidad después de impuestos (hasta 2013 solo alcanzaba el 30%), deducido el monto para incrementar la Reserva para Pérdidas y Contingencias, con el fin de constituir fondos voluntarios.
Esta medida permite a las empresas estatales disponer de mayor liquidez y ampliar su capacidad de constituir reservas para financiar gastos de capacitación, desarrollo e investigaciones, pérdidas contables de años anteriores, amortizar créditos para inversiones e incrementar su capital de trabajo, entre otros.
Se incluye una reserva para el pago por la eficiencia económica de los trabajadores, lo que conduce a una participación efectiva de los mismos en la distribución de utilidades (la cuantía a otorgar por cada persona puede ser el equivalente de hasta tres salarios mensuales).
La distribución del estímulo no es igualitaria y está en correspondencia con el tiempo real trabajado, la complejidad y responsabilidad de las tareas asumidas y el aporte realizado por cada quien, aseguran especialistas en el tema, quienes proponen en este sentido, por ejemplo, emplear mecanismos para que quien más aporte sea quien más gane (Coeficiente de Participación Laboral u otros).
No está preestablecida la prioridad en la utilización y cuantía de las reservas voluntarias y, las no empleadas no tienen que aportarse al Presupuesto del Estado y se acumulan para un próximo período.
Otra novedad es que, como parte de las reservas voluntarias, se puede constituir un fondo de compensación a nivel de las OSDE para cubrir desbalances financieros temporales de las entidades y las sociedades mercantiles que la integran. Ello permite que las empresas no vean interrumpido su ciclo de reaprovisionamiento por déficits coyunturales de su flujo de caja.
Beneficioso será también para la liquidez de las empresas estatales, que a partir de este año, no aportan la depreciación ni la amortización de los activos fijos tangibles e intangibles, ni la amortización de gastos diferidos a largo plazo. Esos recursos los destinan a financiar las inversiones, el reequipamiento, la modernización y otros destinos, según los intereses que determinen para su desarrollo y la ampliación de sus actividades.
Se adopta además la decisión de facultar a los jefes máximos de las empresas, a aprobar los precios mayoristas para la venta de las producciones que constituyen excedentes del encargo estatal, según la correlación entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el mercado y cubriendo todos los costos, gastos y compromisos tributarios.
Ello permitirá que las empresas estatales puedan obtener ingresos adicionales, cuando logran producir eficientemente y alcanzar niveles productivos que excedan los compromisos previamente establecidos con el Estado.
A la par, se perfeccionan los organismos y organizaciones centrales del Estado, se renuevan estructuras y crean las OSDE fortalecidas; se aplica, para su paulatina generalización, la separación de las funciones estatales de las empresariales y se ejecuta un gran experimento social y económico, con profundos cambios en las provincias de Artemisa y Mayabeque, laboratorios que involucran hasta las entidades de subordinación local.
Muy sabias fueron las conclusiones sobre el tema aportadas en reciente comparecencia televisiva por Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien aseguró que este proceso recién comienza, se debe aplicar escalonadamente y caracterizarse por la capacitación a dirigentes y trabajadores de todos los niveles.
“Requiere –dijo- mayor responsabilidad y conlleva la evaluación consecuente de cada paso, pues los cambios deben contar con el tiempo de maduración de estas medidas, a lo que se suma el compromiso del empresariado a enfrentar con rigor y mucha sabiduría, sin apresuramientos, la implementación de este modelo único de gestión y dirección, como un proceso gradual de descentralización de facultades.”
Precisó que hoy conviven en el país entidades que aplican el Perfeccionamiento y otras que no; las primeras están en mejores condiciones para asumir las transformaciones, pues se encuentran más entrenadas para organizarse en función del incremento de la eficiencia, a fuerza de mejor control y mayores resultados.
Se anunció asimismo que para 2015- 2016, Cuba debe estrenar una Ley de empresas, que resultará vital para completar de forma integral todo este ordenamiento normativo y jurídico, en su ruta necesaria hacia la renovación económica.- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/autonomia-palabra-de-orden-en-la-empresa-estatal-cubana#sthash.EgOAm56M.dpuf
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