¿Por qué no somos sustentables?

Por Hugo von Bernard y Martha Gorbaran

Para asegurar una gestión sostenible de los ecosistemas se requieren cambios personales, en las instituciones, en los gobiernos, en las políticas económicas, en los factores sociales, el comportamiento personal, en la tecnología y en los conocimientos. Lamentablemente, estos aspectos aún no se han materializado. Entre las razones parece estar que no se considera el decrecimiento futuro y que los humanos actualmente vivos, prefieren que este tema lo solucionen (paguen) las próximas generaciones.

El abordaje antropológico del concepto de sustentabilidad, incluyendo los aspectos culturales, filosóficos, éticos y de la naturaleza humana ha sido abundantemente tratado en las últimas décadas. Se usa mucho el concepto ambientalmente correcto, pero no se habla de la sustentabilidad como un todo (Bartlett, 1994). Las palabras sustentable y sustentabilidad se han utilizado con tantos sentidos diferentes, incluyendo el concepto de "lujo sustentable", que pronto no significarán nada (Batlett, 1994; Zencey, 2010).

Posiblemente, por no existir una visión holística de los valores económicos, ambientales y sociales que representa la sustentabilidad y a pesar de todo el conocimiento agregado al acerbo humano, nada cambió (Waltner-Toews et al., 2003). La falta de sustentabilidad ambiental ya se reconoce en la Mesopotamia histórica, Israel, Líbano, Grecia, Chipre, Creta, Italia, Sicilia, España (Hillel, 2001) y sigue actualmente. Algunos sostienen simplemente que el accionar humano no es sustentable (Meadows et al., 1972; Bartlett, 1994; WDR, 2010).

Por ello, los países que tienen limitada capacidad de mitigar los cambios ambientales son los que soportarán los mayores efectos, ya que es improbable que el crecimiento económico sea lo suficientemente rápido, o equitativo, para contrarrestar sus amenazas (WDR, 2010).

Cada humano cuenta con innumerables razones para justificar el porqué de su accionar no-sustentable (Luis XV de Francia (1710 - 1774); Russell, 1939; Huxley, 1960; Hardin, 1968; Meadows et al., 1972; Quiroga Martínez, 2003; Schumacher, 1978; Viglizzo, 1999; Camarasa, 2001; Gray 2003; Quirós, 2005; Sain, 2009; Lammers, Stapel & Galinsky, 2009; Janssen et al., 2010; WDR, 2010; Carta de Sao Paulo, 2010; Upton Sinclair). La falta de sustentabilidad ambiental está ligada a un consumo excesivo de bienes y servicios, posiblemente por requerimientos económicos y sociales que se auto-impone el ser humano, tanto colectiva como individualmente.

En las últimas décadas, la cuestión ambiental recibió mucha más atención que la económica o la social, posiblemente como haber sido soslayada durante el siglo XIX. El ambiente en este caso involucra a la tierra, las aguas, el aire y los recursos naturales como integrante de los factores de la producción: tierra, trabajo y capital (Hamrin, 1983).

En general, quienes describen los daños ambientales, fundamentalmente habitantes de las ciudades (Webster, 1997), ubican esos problemas fuera de su esfera de actuación inmediata, desconocen la problemática de otras realidades y se olvidan que para los humanos, "el hombre es la medida de todas las cosas", Protágoras (485 - 410 a.C). Mientras se preocupan por el desmonte de las selvas tropicales o la caza de las ballenas no ven a los humanos sin techos que los rodean, no plantan árboles en las calles de sus ciudades, consumen todo lo que pueden y no muestran como es vivir sustentablemente. Nadie recuerda aquello de "Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo" Mahatma Gandhi 1869 - 1948.

Todos los que se benefician del subsidio económico y social que la degradación ambiental genera (consumidores, políticos, empresarios y trabajadores) difícilmente cambiarán su actitud para legarles un mundo sustentable a las futuras generaciones (Joyce, 2010).

La acción de cada humano sobre el ambiente se puede expresar como "huella ambiental" (WDR, 2010) y para quienes describen la situación actual, se sobrepasó la carga de humanos que la tierra puede soportar (Ehrlich & Ehrlich, 1993; Bartlett, 1994). El concepto de carga proviene de la biología donde los animales no humanos tratan de consumir de acuerdo a su peso metabólico y su producción. En los años de sequias o inundaciones hay hambrunas, caídas en los índices reproductivos y/o mortandades masivas.

No todos los humanos comparten los mismos patrones de consumo ni dejan la misma "huella ambiental". Independientemente de los países, existen los sobreconsumidores, los sostenedores y los marginales (Max-Neef, 1986). Los sobreconsumidores, 20% de la población mundial, consumen dos tercios de los recursos mundiales. Los sostenedores, 60% de la población mundial, son el objetivo de todas las campañas publicitarias por su capacidad de consumo adicional. Finalmente, los marginales, constituyen el 20% restante, y viven con u$s 1 ó 2 diarios. Si todas las personas consumieran como los sobreconsumidores, se necesitarían más del triple de los recursos actuales para cubrir sus requerimientos (tres planetas como la Tierra), mientras que si consumieran como los marginales, hasta podría alcanzar para todos con la que tenemos.

Para mitigar el accionar humano sobre el ambiente existen distintas propuestas. Una de ellas es la de reducir el crecimiento poblacional (Ehrlich & Ehrlich, 1993; Bartlett, 1994). La misma no es aceptada en la práctica y todos los años se aumenta la carga ambiental del mundo en unas 80 millones de personas. La falta de aceptación del control de la natalidad puede estar en el gen egoísta que cada uno posee (Dawkins, 2000), la falta de suficientes ejemplos de cómo es vivir con menos hijos, el temor a quien cuidará de uno en la vejez o porque quienes la hacen no abandonan ninguno de los privilegios de los que gozan (Hardin, 1968).

El hambre crónica de los marginales, aquellos que viven con u$s 1 ó 2 diarios, no deriva de la falta de producción de alimentos sino de la mala distribución, consecuencia de guerras, revoluciones o políticas económicas equivocadas (Clark, 1970; Swaminathan, citado por Sorman, 1989). Entre las políticas económicas equivocadas están los subsidios pagados a los sectores agrícolas de algunos países o la transformación de alimentos en combustibles. Los subsidios promovieron un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, aumentaron artificialmente la producción de alimentos, obligaron a exportar a precio de dumping la sobreproducción y redujeron la rentabilidad de la agricultura en los países en desarrollo (Reid et al., 2005; Leonard, 2010). Por la falta de rentabilidad, muchos productores de países en desarrollo abandonaron sus explotaciones y migraron a los centros urbanos.

 

En momentos de paz y correctas políticas económicas, el balance entre la producción y los requerimientos de alimentos de la población humana alcanza para que todos consuman las calorías necesarias (Swift, 1727; Clark, 1970; Swaminathan, citado por Sorman, 1989). Sin embargo, la focalización periodística del hambre por parte de la población de las ciudades junto con la especulación económica que se da en las bolsas de comercio de todo el mundo, desvían el foco de atención hacia una presunta falta de producto.

Si quienes gobiernan creen, o dicen creer, que el hambre de sus conciudadanos es debida a la falta de producción, se promueve el crecimiento de la superficie cultivada y la intensificación de la producción (MacNeill, 1989). En este caso, el ambiente subsidia a los alimentos y estos a los bajos salarios. Si quienes gobiernan toman conciencia que el hambre se debe a las guerras, internacionales o entre hermanos (revoluciones), y/o a las políticas económicas equivocadas, la solución está en evitar estos hechos. Naturalmente, esto último es más fácil de decir que de hacer.

La actitud humana resulta particularmente curiosa. En su rol de consumidores, los individuos hacen un culto de la compra al menor precio posible, denuncian los daños ambientales generados por los demás, pretenden servicios ambientales impolutos gratis, o casi, y no desean focos contaminantes cerca de sus hogares. Esto es resumido por el acrónimo NIMBY (Not In My Back Yard) en inglés.

Muy poco de los humanos reducen voluntariamente las propias externalidades negativas, aquellas que generan pérdidas ambientales como el uso excesivo de recursos o el no reciclado de desechos. En casos extremos, los humanos envían las secciones contaminantes de sus empresas, o desechos de cualquier tipo, a países con políticas ambientales deficientes (Leonard, 2010). Con ello, se reduce el costo de limpieza y la contaminación ambiental, en el país emisor.

Tampoco son incentivadas, por la población y sus gobiernos, las externalidades positivas, aquellas que generan mejoras ambientales como la implantación de bosques, reducción del consumo, reciclado de residuos, uso de transporte público, etcétera.

Por todo lo anterior, a los humanos, como productores, se les dificulta incluir dentro de sus costos todo lo que a la sustentabilidad respecta.

Todo ello no impide que en pro de la sustentabilidad se escriban infinidad de artículos, se haga lobby sobre los gobiernos y organismos internacionales, se coloquen barreras para-arancelarias para proteger a los empresarios locales de empresas ubicadas en otros países, que producen con leyes ambientales más laxas (Sinner, 1998), tierras y aguas más baratas o menores salarios.

Actualmente, se discuten dos medidas para alcanzar la sustentabilidad "in toto": la disposición a pagar y la compensación exigida.

La primera determina cuanto se estaría dispuesto a pagar para tener una mejor calidad de vida y la segunda, lo que se demandaría por aceptar una situación peor (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, 1992). En ambos casos, se encarecerán los productos finales. Los motivos pueden ser: a) la realización de un costeo completo de la producción, incluyendo los gastos directos, las amortizaciones y el interés al capital invertido (Alper, 1993; Mearns, 1997) ó b) reducción de la oferta.

Como los países desarrollados han contribuido enormemente al daño ambiental (WDR, 2010), la clase dirigente de los países en desarrollo pretende recibir una compensación anual millonaria para desarrollar y proteger el ambiente de sus países (Lomborg, 2010). Esto es cuestionado por los países desarrollados bajo el concepto que "no es conveniente que los pobres de los países ricos paguen a los ricos de los países pobres" por proteger el ambiente.

La Unión Europea se propuso restringir su emisión de Equivalentes dióxido de carbono (CO2) al nivel de 1990, antes del año 2000.

Como esa disminución está ligada a una menor actividad económica, la reducción de puestos de trabajo y la pérdida del favor de los votantes, las medidas nunca se implementaron. Se trata de no realizar el ajuste durante el propio período de gobierno o, como señala el acrónimo en inglés NIMTOO ("not in my time of office").

Al no alcanzarse la meta en el año 2000, en la Cumbre de Kyoto, se postergó su entrada en vigencia hasta el año 2012. Los mandatarios de los países signatarios de la propuesta original ya son parte de la historia y otros tendrán que hacerse cargo de ella. Como en el año 2012 tampoco se será sustentable ambiental, economica o socialmente, ya se habla del post 2012 o del 2020.

En la reunión de Copenhague se decidió que a partir del 2020 se destinarán anualmente 100.000 millones de dólares a un fondo internacional para el cambio climático y en la de Cancún (2010) juntar 30.000 millones hasta el año 2012 con el mismo fin (Diario La Nación, 12 de diciembre 2010). Es un hecho que, mientras quienes donan ese dinero quieren tener garantías de que el mismo se empleará para combatir el cambio climático y no para otra cosa, quienes se beneficiarían del fondo quieren tener libertad de decisión sobre las medidas nacionales en que lo emplearán.

En caso que alguna vez se pague, el 2020 está demasiado lejos, restaría comprobar si ese dinero llega a quienes protegen el ambiente "in situ" o queda en manos de políticos, investigadores, inversores, organizaciones ambientalistas o grupos de presión que obtienen ganancias fuera del mercado y gracias a su posición ante el Estado (los llamados rent seekers).

Hasta ahora, los habitantes de los países desarrollados que eventualmente pagarían por proteger el ambiente, se quejan de la existencia de los rent seekers de los países en desarrollo y los productores rurales de los países en desarrollo que no reciben ningún dinero por protegerlo se preguntan por qué no los compensan por las limitaciones legales que le colocan a la explotación de sus recursos.

En caso que se impusiera la protección ambiental a la población en forma compulsiva, por convencimiento del propio gobierno o por presión de gobiernos foráneos u organizaciones internacionales, (top-down) sin resarcimiento a la población involucrada directamente en ella, podría aumentar la pobreza en los países en desarrollo (Ahmed et al., 2009).

Si se usaran metáforas con respecto a la sustentabilidad, un ambientalista diría que esto “es la tragedia de los comunes” (Hardin, 1968); un economista denunciaría que “es el problema del free rider” y un biólogo sostendría que “es el dilema del prisionero” (May, 2010). En cualquier caso, ninguno de ellos la daría por lograda.

En conclusión, para asegurar una gestión sostenible de los ecosistemas se requieren cambios personales, en las instituciones, en los gobiernos, en las políticas económicas, en los factores sociales, el comportamiento personal, en la tecnología y en los conocimientos (Reid et al., 2005). Para ello habrá que compatibilizar los objetivos de corto plazo con los de largo plazo.

Lamentablemente, estos aspectos aún no se han materializado. Entre las razones parece estar en que, ningún integrante de la derecha ni de la izquierda política, considera el decrecimiento futuro (Pardo Silva, 2010) o que los humanos actualmente vivos, prefieren que este tema lo solucionen (paguen) las próximas generaciones.

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