Es Yamila González Ferrer, la coordinadora del proyecto de Género y derecho, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
GÉNERO Redacción IPS Cuba 24 febrero, 2016
Se espera que salga un nuevo Código de Familia antes de que concluya la actual legislatura, que lo incluyó en el plan legislativo 2012-2017.
Foto: Jorge luis Baños/ IPS
La Habana, 24 feb.- La reforma constitucional en estudio pudiera allanar el camino a viejas deudas legislativas y servir de base para posteriores modificaciones en instrumentos jurídicos como el Código de Familia, vigente desde 1976, considera la profesora Yamila González Ferrer.
Durante un conversatorio, la coordinadora del proyecto de Género y derecho, de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), compartió su punto de vista sobre el orden en que deberían transcurrir los cambios de normativas sobre familia, en los que organizaciones como la suya trabajan desde hace décadas.
“La constitución puede incorporar cosas extremadamente importantes en el ámbito familiar”, sostuvo González. “Sería bueno que se incluya a los padres y la importancia de validar la paternidad”, destacó la profesora de la Universidad de La Habana.
A su juicio, sería ideal que la constitución, como Ley de leyes, pudiera tener un pronunciamiento primario sobre el tan debatido tema de las uniones legales entre personas del mismo sexo.
“Si mañana se modificara el Código de Familia, explicó, estaría maniatado porque la constitución reconoce solo el matrimonio entre personas de diferente sexo y no entre personas de igual sexo”, alertó.
Por el contrario, si la constitución se pronuncia primero, el Código de Familia tendría abiertas las puertas para desarrollar lo que la Carta Magna refleje como principio general.
El Código de Familia vigente fue considerado un documento muy avanzado en su época, pero ha sido superado por el tiempo. Se espera que una nueva versión pueda salir antes de que concluya la actual legislatura, que lo incluyó en el plan legislativo 2012-2017.
La jurista se refirió también a algunos pasos dados en el ámbito procesal en espera de las modificaciones del código, entre ellas la incorporación de la escucha de los menores de edad en todos los procesos, aprobada por el Tribunal Supremo a partir del concepto de capacidad progresiva de los menores establecido por la Convención de los Derechos del Niño.
Antes este tipo de procedimiento solo estaba previsto en caso de adopción y tutela de niños y niñas con siete años y más.
“Esto ha sido relevante en cómo se están resolviendo los asuntos de familia”, aseveró González.
Entre otros avances, mencionó la creación de la sección de familia en los tribunales municipales, que llenan un vacío legislativo para estos asuntos, “desde la interpretación que los jueces pueden hacer de lo recogido en la Ley de procedimiento y lo que permita desarrollar procesos en mejores condiciones”.
Otra solución, apuntó, son los equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, que apoyan a los tribunales para la mejor toma de decisiones, así como la posibilidad de escuchar a terceros, entre ellos abuelos y abuelas, con un papel muy importante en las familias cubanas.
Según la jurista, esto ha sido fruto del trabajo y el debate que durante años han tenido la Federación de Mujeres Cubanas y la UNJC y el trabajo de sensibilización que han desarrollado con profesionales del derecho.
González se refirió a las acciones encauzadas por el proyecto Género y Derecho, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre ellas la capacitación de juristas y estudiantes de derecho a lo largo del país y puntualmente en las provincias orientales: Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.
La profesora participó en el conversatorio “Género y derecho, una conexión necesaria”, organizado por UNFPA, el pasado 17 de febrero, dentro de la XXV Feria Internacional del Libro.
Allí fueron presentadas algunas de las publicaciones, impresas y digitales, dirigidas a ampliar los conocimientos del gremio, entre ellos documentos jurídicos sobre género, derecho laboral y seguridad social, una compilación bibliográfica del Diplomado de Mediación, género y familia, y pancartas informativas sobre violencia.
González explicó que, aun cuando existen carencias en el orden legislativo, el hecho de que el país sea signatario de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de los Derechos del Niño, da la posibilidad de usarlos para un mejor ejercicio de la justicia.
Pese a los avances, hay prejuicios latentes en la subjetividad de las personas y los profesionales del derecho, también formados en la cultura machista, lo que puede incidir en la manera en que se imparte justicia.
Por eso, “siempre nos focalizamos en la capacitación para que la interpretación y aplicación de las normas jurídicas tenga un enfoque de género, lo que redundará en mejores procesos, así como en contribuir a la cultura de derechos de la población”, destacó. (2016)
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