El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla fue enérgico ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 1ro. de noviembre, al reafirmar que «los EE.UU., donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos que suscitan profunda preocupación de la comunidad internacional, no tienen ni la más mínima autoridad moral para criticar a Cuba, un país pequeño, solidario, de amplia y reconocida trayectoria internacional; un pueblo noble, trabajador y amistoso».
En referencia al discurso injerencista, irrespetuoso y agresivo de la embajadora norteamericana, añadió: «Habla ella a nombre del jefe de un imperio que es responsable de la mayor parte de las guerras que se libran hoy en el planeta y que asesinan inocentes, y es el factor decisivo de inestabilidad mundial y de gravísimas amenazas a la paz y a la seguridad internacional, pisoteando el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que cínicamente ella acaba de invocar».
¿Cuáles son las calificaciones en materia de derechos humanos que conceden las instituciones estadounidenses e internacionales en esa materia al gobierno de EE.UU.? ¿Qué expectativa generó la elección de Donald Trump y cómo lo califican nueve meses después?
Ocho días antes de que asumiera el nuevo inquilino de la Casa Blanca, al presentar el Informe Mundial 2017, la organización no gubernamental Human Rigths Watch, un observatorio de derechos humanos con sede en Nueva York, alertaba que «la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU., luego de una campaña que fomentó el odio y la intolerancia, y la creciente influencia de partidos políticos que rechazan los derechos universales en Europa, han puesto en jaque el sistema de derechos humanos de posguerra».
En la introducción del informe, el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, expresaba que «el ascenso del populismo supone una profunda amenaza para los derechos humanos (…) Trump y varios políticos en Europa intentan llegar al poder apelando al racismo, la xenofobia, la misoginia y el nativismo. Todos ellos pretenden que el público acepte violaciones de derechos humanos, argumentando que supuestamente son necesarias para asegurar empleos, evitar cambios culturales o prevenir ataques terroristas. En realidad, el desprecio por los derechos humanos brinda el camino más probable hacia la tiranía».
Calificó la campaña de Trump como un ejemplo patente de la política de intolerancia, con un discurso de rechazo a los principios básicos de dignidad e igualdad. «Su campaña planteó propuestas que perjudicarían a millones de personas, incluidos planes de efectuar deportaciones masivas de inmigrantes, limitar los derechos de las mujeres y la libertad de los medios de comunicación y aplicar torturas», apuntó.
Afirmaba el directivo que «a menos que Trump repudie estas propuestas, su gobierno se arriesga a cometer violaciones masivas de derechos humanos en EE.UU.».
¿Cuáles eran las calificaciones de Washington a la llegada de Trump y qué ha pasado después?
El acápite dedicado a los Estados Unidos de América en los informes anuales publicados a principios del 2017 sobre Derechos Humanos de las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional (esta última con su sede central en Londres), es revelador de las verdaderas «lecciones» que en esa materia la principal potencia mundial puede exhibir a un planeta que trata de adormecer con ese cuento.
Principales acusaciones
-Diversas leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en materia de justicia penal y de menores, inmigración y seguridad nacional, violan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las personas con menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político –como, por ejemplo, miembros de minorías raciales y étnicas, personas de bajos recursos, inmigrantes, niños y niñas, y reclusos– son las más expuestas a sufrir abusos.
-La elección de Donald Trump como presidente en noviembre del 2016 culminó una campaña marcada por una retórica xenófoba y racista y por el anuncio, por parte de Trump, de políticas que causarían enormes perjuicios a comunidades vulnerables, contravendrían las obligaciones fundamentales de derechos humanos asumidas por Estados Unidos, o bien tendrían ambos efectos. Las propuestas de campaña planteadas por Trump incluyeron la deportación de millones de inmigrantes no autorizados, la reforma de leyes federales para permitir la tortura de personas sospechosas de terrorismo y «llenar» el centro de detención de la Bahía de Guantánamo.
-El presidente electo también se comprometió a derogar la mayoría de las disposiciones de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act), que ha ayudado a 20 millones de estadounidenses que antes no tenían cobertura a acceder al seguro de salud, y nominar a jueces «pro-vida» para integrar la Corte Suprema, que revocarían «automáticamente» el fallo Roe vs. Wade, lo cual permitiría que los estados criminalicen el aborto.
-Dos años después de que un comité del Senado informara sobre abusos cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA no se ha realizado rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional que se habían perpetrado al aplicarlo.
-Se transfirió a más detenidos fuera del centro de detención estadounidense de la Base Naval de Guantánamo, pero otros siguen recluidos allí indefinidamente, mientras que en algunos casos continuaban los procedimientos preliminares ante comisión militar.
-Persiste la preocupación por el trato dispensado a las personas refugiadas y migrantes, por el uso del aislamiento en las prisiones federales y estatales y por el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales.
Escrutinio internacional
En agosto de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la onu expresó preocupación por que Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la investigación que estaba jurídicamente obligado a realizar sobre la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. El Consejo observó que Washington no había proporcionado más información relativa al informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta gestionado por la cia tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 (11-s).
No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA tras el 11-S.
Al concluir el 2016, casi ocho años después de que el presidente Obama se comprometiera a cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo para enero del 2010, 59 hombres seguían recluidos allí, la mayoría sin cargos ni juicio.
Durante su primera semana en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que el «waterboarding» o ahogamiento simulado, «funciona» para extraer información en interrogatorios a detenidos y ha avanzado que estudiaría junto a miembros de su Gobierno si restaura esta y otras prácticas de tortura. Afirmó, en una entrevista con ABC News, que «personas del máximo nivel de Inteligencia» le han reconocido que este tipo de técnicas funcionan, «sin duda». No obstante, ha evitado dar nada por sentado, en uno u otro sentido.
El mandatario dijo que «confiará» en las propuestas que le presenten el secretario de Defensa, James Mattis, y el director de la CIA, Mike Pompeo. «Si ellos quieren, trabajaremos hasta el final. Haré todo lo que pueda dentro de los límites que me permite la ley», ha añadido.
Antes de asumir el cargo, Pompeo había llamado la atención de la prensa internacional por sus declaraciones de que es partidario de rescatar el «waterboarding» como forma de tortura idónea para enfrentarse a los terroristas.
Las palabras de Trump coincidieron con la filtración a los medios del borrador de una supuesta orden ejecutiva que abriría la puerta a que la CIA utilizase de nuevo cárceles secretas en el extranjero y a las prácticas de tortura en interrogatorios. El texto, del que se hicieron eco The Washington Post y The New York Times, revocaría la decisión del anterior presidente, Barack Obama, de poner fin a los programas más controvertidos de la CIA y recuperaría una orden dictada en el 2007 por George W. Bush que permitía, con matices, la operación de «rendición e interrogatorio».
A raíz del atentado terrorista en Nueva York, el pasado 31 de octubre del 2017, cuando un individuo de origen uzbeko embistió con una furgoneta una multitud en Manhattan, que provocó ocho muertos y 12 heridos, Trump propuso enviarlo a la prisión de la Base Naval de Guantánamo, pero después dijo que era preferible la pena de muerte, por lo engorroso de los trámites para enviarlo al enclave.
Human Right Watch reaccionó diciendo que la pena de muerte pedida por Trump el 1ro. de noviembre «atenta contra un juicio justo» y «fue un acto irresponsable».
Violencia con armas de fuego
Durante el 2016, no prosperaron los intentos del Congreso de Estados Unidos de promulgar legislación para impedir la venta de armas de asalto o para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de antecedentes de los compradores de armas. El legislativo siguió negándose a financiar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas de la violencia con armas de fuego y cómo prevenirla.
En junio del 2016, un ataque armado masivo perpetrado en un club nocturno en Orlando, Florida, que aparentemente respondió a motivos políticos, dejó un saldo de 49 muertos y volvió a abrir una vez más el debate público sobre el control de armas y la frecuencia con que se producen ataques armados masivos en Estados Unidos.
En enero, Obama anunció una serie de medidas que tenía previsto adoptar el poder ejecutivo para reducir la violencia con armas. Sin embargo, diversas reformas legislativas sobre el tema quedaron estancadas en el Congreso.
Solo en los nueve primeros meses de la administración Trump se han producido en EE.UU. al menos siete atentados de connotación internacional en los que murieron 79 personas y resultaron heridas 570, (cuatro de ellos con el empleo de armas de fuego, dos usando medios de transporte y una con arma blanca) en los que se vieron afectados seis estados. El tiroteo masivo ocurrido en Las Vegas durante un concierto, que dejó 59 muertos y 527 heridos, es considerado la peor masacre ocurrida en ese país después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Dentro y fuera de los EE.UU., el presidente Trump fue criticado luego de que no fuera lo suficientemente contundente en la condena a un delicado capítulo de violencia racista por parte de supremacistas en Charlottesville, Virginia, en el que murió una mujer de 32 años cuando un auto embistió a la multitud que se oponía a la marcha. Otras 19 personas resultaron heridas en los enfrentamientos generados.
Desde todos los sectores de la sociedad estadounidense, incluido el partido republicano, emergieron cuestionamientos al mandatario por condenar la violencia de ambas partes, en lugar de censurar directamente a los supremacistas blancos, neonazis y miembros del Ku Klux Klan (KKK) que marcharon por la ciudad.
El alcalde de Charlottesville, Michael Signer, culpó directamente a Trump por gran parte de la violencia, diciendo que el mandatario ha creado un clima de «aspereza, cinismo e intimidación», y que sus seguidores estaban «jugando con nuestros peores prejuicios».
De acuerdo con estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, cada año mueren en ese país 33 000 personas por arma de fuego, la mayor parte (casi dos tercios) por suicidios, fundamentalmente hombres de alrededor de 45 años de edad, y cerca de 12 000 por homicidios, la mitad son jóvenes y dos tercios son afroamericanos.
La versión en español de Los Ángeles Times divulgó el 3 de noviembre del 2017 que los maestros en general y los latinos en particular enfrentan en EE.UU. una difícil situación mental y emocional en el actual contexto político y social sin que muchos de ellos sepan cómo responder adecuadamente a esas tensiones, según expertos en el tema.
Añade que los incidentes de violencia, desde la masacre en la escuela Columbine en 1999 hasta los recientes atentados en Las Vegas y Nueva York, han cambiado la función de los docentes, a quienes ahora se les pide que «aconsejen, asesoren, faciliten, representen y dirijan» las respuestas en establecimientos educativos a las necesidades emocionales de los estudiantes.
Y un estudio publicado el mes pasado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló que desde que el presidente Donald Trump asumió su cargo «el nuevo clima político ha hecho que maestros de todo el país reporten que, desde la inauguración presidencial, sienten más estrés y ansiedad y son víctimas de buscapleitos más que antes».
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Durante el año 2016 se detuvo a más de 42 000 menores de edad no acompañados y a 56 000 personas que componían unidades familiares al cruzar la frontera sur de manera irregular.
Las familias permanecían bajo custodia durante meses –algunas durante más de un año– mientras se tramitaba su petición de permanecer en Estados Unidos. Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Durante el primer mes de Trump en la presidencia, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 17 606 indocumentados, y desde el mes de su elección sumaban más de 56 000. A diferencia de las cifras aportadas en la presidencia de Obama, en las que se especificaba que el 43 % de los deportados en sus ocho años de gobierno no tenían antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Trump incluye al 100 % de sus expulsados en la categoría de criminales.
Según datos oficiales manejados por medios de prensa internacionales, hasta el 15 de julio la Administración Trump había deportado a 167 350 extranjeros, lo que va en camino de convertirse en la más grande masa de deportados por EE.UU. en los últimos años. Los latinoamericanos constituyen el grupo más grande en ser expulsados, particularmente los mexicanos, que hasta mayo del 2017 sumaban alrededor de 60 000.
El miedo entre los inmigrantes es ahora mayor después de que Trump dictara una política de cero tolerancia en caso de redadas. Desde que el mandatario llegó a la Casa Blanca se han conocido casos en los que algunos «dreamers» e indocumentados, sin antecedentes criminales serios, han sido detenidos durante operativos y puestos en proceso de deportación.
El mandatario primero dijo que deportaría a 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, y las organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles se han activado para intentar proteger a aquellos que no han cometido crímenes y que constituyen la mayoría.
Luego el magnate rebajó la cifra hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales y estableció una nueva lista de prioridades de deportación que, entre otros, incluye crímenes severos, la expulsión de indocumentados cuyos casos todavía no han sido resueltos y da poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para que sean ellos y los jueces quienes decidan si un indocumentado es o no una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
A principios de noviembre del 2017, defensores centroamericanos de Derechos Humanos alertaron a los gobiernos de la región sobre el impacto que tendría si la Administración Trump decide retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a casi 300 000 inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Afirmaron que una decisión de esa magnitud impulsaría una expulsión masiva hacia Centroamérica en el 2018 y llevaría a los países a enfrentar una crisis, debido a que no existen condiciones suficientes para la reinserción de los repatriados.
El 3-11-2017 The Washington Post reveló que el Departamento de Estado ha recomendado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413 500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense. La noticia trascendió días antes de un anuncio muy esperado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre si renovaría esa protección.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
El mandatario también pidió al Congreso trabajar para acabar «inmediatamente» con la lotería de visados, que asigna hasta 50 000 visas al año a naciones con bajas tasas de inmigrantes en EE.UU. y que él mismo ya había solicitado eliminar, en agosto pasado. Trump ha respaldado proyectos de ley que limitan la inmigración legal y regresan a un sistema que privilegia el mérito y la capacitación sobre los lazos familiares.d
Sobre el multimillonario proyecto de completar un muro para sellar la frontera de EE.UU. con México, argumentando razones de seguridad interna y tráfico humano, se incrementan los opositores y el cuestionamiento.
Los que se oponen aseguran que el número de personas que pretende cruzar a Estados Unidos va a la baja, como lo indican las cifras de detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de toda la frontera.
Durante el año fiscal 2016 se registraron 418 816 arrestos, y en el año fiscal 2017 que finalizó el 30 de septiembre, solo se habían registrado 287 637, por lo que aseguran el muro es totalmente innecesario.
Para erigirse sobre el desierto de California, los prototipos del muro tuvieron que pasar por encima de al menos 39 leyes estadounidenses: ambientales, humanitarias, sociales y de derechos indígenas, dio a conocer Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje (programa fronterizo EE.UU.-México).
Los prototipos, construidos por cuatro compañías, le costaron al gobierno de Estados Unidos 500 000 dólares cada uno.
El Congreso aún necesitaría aprobar un presupuesto de 1 800 millones de dólares para comenzar oficialmente la construcción.
Condiciones de reclusión
En Estados Unidos hay 2,3 millones de personas en prisión, que representan la mayor población penitenciaria del mundo. De esas personas, 211 000 se encuentran en el sistema federal y dos millones en cárceles estatales y centros de detención locales. El número de personas recluidas en condiciones de privación física y social en prisiones federales y estatales de todo el país superaba en todo momento las 80 000.
A lo largo del 2016, aproximadamente 50 000 niños y niñas eran mantenidos en centros penitenciarios. Esta cantidad representa una reducción del 50 % respecto de 1999, pero sigue siendo una de las tasas de detención juvenil más altas del mundo.
Todos los estados de EE.UU. permiten que los niños y niñas sean juzgados como adultos en algunas circunstancias, y miles que han delinquido se encuentran en cárceles o centros de detención destinados a adultos.
El Departamento de Justicia anunció en agosto del 2016 que la Agencia Federal de Prisiones comenzaría a eliminar paulatinamente el uso de cárceles privadas.
Las dos empresas más importantes del negocio de las prisiones en Estados Unidos, CoreCivic –hasta el pasado octubre se llamaba Corrections Corporation of America– y Geo Group, se han disparado con la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca: duplican su tamaño en bolsa desde entonces, además de sus previsiones de beneficios y de sus márgenes, ante la posibilidad de que las políticas de Trump que presuponen un incremento de las detenciones beneficien a su negocio.
Por otra parte, informaciones trascendidas en agosto dan cuenta de que la Administración Trump sopesa poner en marcha un plan, con la ayuda de alguaciles, para transferir a inmigrantes indocumentados detenidos en cárceles locales a prisiones federales, como una especie de rebelión contra tribunales que han declarado inconstitucionales las órdenes de retención de los detenidos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Pena de muerte
En el 2016 veinte hombres fueron ejecutados en cinco estados, lo que elevó a 1 442 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Fue la cifra total anual más baja desde 1991. Se dictaron alrededor de 30 nuevas sentencias de pena de muerte. Al final del año había aproximadamente 2 900 personas pendientes de ejecución y en 31 estados todavía se permite la pena de muerte.
Durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se reportaban 20 nuevas ejecuciones de condenados a pena de muerte.
Human Rights Watch aseguró en un comentario el 3-11-2017, sobre recientes declaraciones de Trump, que «en Estados Unidos, la aplicación de la pena de muerte ha estado además marcada por arbitrariedades, errores y disparidad racial».
Uso excesivo de la fuerza
Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas muertas durante el 2016 a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; sin embargo, la documentación recabada por los medios de comunicación arrojaba cerca de 1 000 víctimas mortales. Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros. The Washington Post publicó a principios de julio que solo en los primeros seis meses de este año la policía norteamericana disparó mortalmente contra 492 personas.
Al menos 21 personas murieron en 17 estados tras recibir descargas de armas de electrochoque de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde el 2001 se elevó al menos a 700. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó el arma de electrochoque.
Las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas seguían teniendo 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las no indígenas. También seguían sufriendo notorias desigualdades en el acceso a la atención posterior a la violación, como exámenes médicos, kits para la asistencia tras una violación –una caja de material de uso médico para reunir pruebas forenses– y otros servicios básicos de salud.
Persiste la disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. El índice de mortalidad materna aumentó durante los últimos seis años; las mujeres afroamericanas siguen teniendo una probabilidad casi cuatro veces mayor de morir a causa de complicaciones derivadas del embarazo que las mujeres blancas.
Las mujeres de la fuerza laboral estadounidense que durante el 2014 trabajaron a tiempo completo obtuvieron el 79 % de los ingresos que percibieron los hombres, y la brecha salarial por género fue mayor para las mujeres negras e hispanas. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) recibe cada año miles de denuncias de discriminación por embarazo y de acoso sexual.
Se estima que el 32 % de las mujeres en Estados Unidos han sufrido violencia física por parte de una pareja íntima, y aproximadamente el 19 % han sido violadas, en casi la mitad de los casos por una pareja íntima.
Los niños y las niñas
Los vacíos en el derecho y las reglamentaciones federales permiten que los niños y niñas empleados en agricultura trabajen desde más jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que aquellos que se desempeñan laboralmente en cualquier otro sector. Los niños y niñas empleados en agricultura suelen trabajar en condiciones de calor extremo, expuestos a plaguicidas tóxicos y a otros peligros.
Estas son apenas algunas de las verdades inocultables de la ejecutoria de los derechos humanos en EE.UU., captadas y reveladas por organizaciones no gubernamentales especializadas, observatorios y la prensa internacional. Por supuesto que son muchas más las aristas y los temas, las violaciones e injusticias, que merecen análisis y seguimiento de un tema que tradicionalmente la Casa Blanca ha manipulado para justificar políticas agresivas y hostiles hacia países que desafían su dominio.
(Tomado de Granma)
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