Por JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ*
Cubacontemporanea
Durante el año que termina, el gobierno cubano puso en práctica un grupo importante de las transformaciones económicas y sociales previstas en los lineamientos aprobados en abril de 2011. Para ello continuó creando las condiciones organizativas y jurídicas con vistas a aplicar de modo experimental cada medida antes de su generalización.
Se trata de una decisión correcta, pero supone un plazo y una secuencia en la aplicación del procedimiento que se desconoce públicamente, lo que ha contribuido a que se produzcan reclamos desde buena parte de la población a fin de que se acelere la implementación de lo previsto.
En el sector agropecuario, la entrega de tierras ociosas avanzó hasta completar 1.588.000 hectáreas en octubre de 2013, aunque todavía no se aprecia un impacto significativo en el incremento de la producción. Igualmente, desde noviembre se prueba en varias provincias un mecanismo de comercialización directa por parte de los agricultores, en un esfuerzo por abaratar los precios al reducir los márgenes de la intermediación en el comercio.
También prosiguieron las ventas directas de los agricultores a las instalaciones turísticas, ahora con una tasa de cambio implícita de 10 pesos (CUP) por cada CUC vendido, aunque, según los productores, en el crecimiento de estas ventas continúa incidiendo negativamente el costo de la transportación.
Este año creció, además, el número de trabajadores por cuenta propia, que llegaron a 440.603 al cierre de octubre.
En septiembre se dictó un nuevo “Reglamento para el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia” y se precisó el contenido de algunas actividades previamente aprobadas, como la elaboración de confecciones, que había derivado en buena medida hacia la comercialización de ropa importada, lo que alteraba el contenido inicialmente previsto para la misma. Se aprobaron diez nuevas ocupaciones y a finales de año se amplió puntualmente el número de las autorizadas.
Entre las medidas de política económica de 2013 resultó muy significativa la implementación de las cooperativas no agropecuarias a partir del mes de julio.
En noviembre de 2012 se dieron los primeros pasos para la experimentación con estas cooperativas al aprobarse el Decreto Ley # 305, que fijó los principios de su funcionamiento sobre la base de la voluntariedad para su integración, la cooperación y ayuda mutua, la decisión colectiva e igualdad de derechos de los socios, la autonomía y sustentabilidad económica, la disciplina cooperativista y la responsabilidad social, la contribución al desarrollo planificado de la economía y el bienestar de socios y familiares.
Por otro lado, se plantearon aspectos como la prohibición de fusionarse, extinguirse, escindirse o modificarse sin la aprobación del organismo estatal que aprobó su constitución.
En este ámbito, se estableció un límite de diez años prorrogables para el arriendo o usufructo de propiedades estatales, y que los precios y tarifas se fijan de acuerdo con la oferta y la demanda, aunque pueden regularse en los casos de interés social.
A diferencia del trabajo por cuenta propia, se limita la contratación de fuerza de trabajo al 10% de las jornadas-socios hasta un período de tres meses, y se establece que las personas naturales que las integran deben ser residentes permanentes en el país.
La iniciativa para constituir estas nuevas cooperativas puede inducirse por el Estado o a partir del interés de un grupo de personas naturales, proceso que transcurre a partir de una negociación entre las entidades económicas de los diferentes sectores y los socios potenciales que harán un aporte monetario como capital inicial, que ya en el 73% de los casos ha contado con créditos bancarios para ello.
A partir del primero de julio comenzaron a funcionar 124 cooperativas: 12 en la construcción a partir de trabajadores por cuenta propia, 99 en el comercio que surgen de anteriores empresas estatales, dos en el reciclaje de materias primas y 11 en el sector de transporte.
Más recientemente, se aprobaron otras 71 que se asocian con la producción y reparación de muebles, las confecciones textiles, las labores de forja y herrería, la fabricación de calzado, el reciclaje, la ornitología y el comercio y la gastronomía.
Aunque todavía ha transcurrido poco tiempo, se entiende que la gestión cooperativa es una forma social superior al trabajo privado individual y en los sectores en que se ha iniciado muestra ya signos de mayor eficiencia y productividad, a la vez que repercute en un ingreso sustancialmente mayor de sus trabajadores.
Tanto en el caso del trabajo por cuenta propia como en el de las cooperativas no agropecuarias, algunos artículos publicados en los medios han creado la expectativa de una reducción de los precios en este segmento no estatal.
Sin embargo, la prevalencia de una base de costos en CUC de las mercancías y servicios de este sector, la segmentación de mercados y los precios de monopolio que los acompañan, ponen de manifiesto la ausencia de competencia y, por tanto, la escasa probabilidad de una reducción de precios a corto o mediano plazo, lo cual resiente su gestión a los ojos de la opinión pública.
La medida que más impacto mediático ha tenido en 2013 fue, sin dudas, el anuncio de la aprobación de un cronograma para iniciar el proceso de reunificación monetaria del país. Aunque no se dispone de información que abunde en los detalles de esta decisión, se trata de la transformación más compleja contenida en los lineamientos.
Sobre la misma puede preverse que se trata de un proceso gradual, que tomará al menos tres años en completarse. Supone la devaluación del peso cubano (CUP) para todas las operaciones entre personas jurídicas y, simultáneamente, la convergencia de la tasa de cambio resultante de esa devaluación con la que rige las relaciones entre el Estado y la población a través del mecanismo de CADECA.
En el primer caso este proceso presumiblemente conllevará la aplicación de una nueva tasa de cambio entre el CUP y el CUC en el sector empresarial de manera progresiva y por sectores, tal como se ha venido experimentando en la actualidad con el sector azucarero y, en parte también, con algunas cooperativas no agropecuarias en el transporte.
La reunificación monetaria no producirá por sí misma el cambio estructural decisivo para el país si no se inserta en el crecimiento de la productividad del trabajo y de la producción de bienes y servicios, que es lo determinante.
Sin embargo, esta medida permitirá establecer un sistema estadístico y contable adecuado para evaluar los hechos de la economía nacional, y las señales que se emitan a partir del mismo permitirán avanzar mejor en el reordenamiento empresarial y en la reestructuración del sistema salarial, entre otros efectos previsibles.
En el año que concluye también se avanzó en la implementación de una nueva política tributaria, con el inicio de la aplicación de la Ley Nº 133 aprobada en 2012. De igual modo, continuó el proceso de perfeccionamiento del sistema bancario, especialmente en lo referido a la expansión del crédito a personas naturales y jurídicas.
En este último sentido, se destaca entre 2011 y el presente el otorgamiento de unos 1.600 millones de pesos en créditos a la población, fundamentalmente para la construcción de viviendas, así como 623 millones para la producción agropecuaria. Por otro lado, se aprecia la baja participación de los trabajadores por cuenta propia en la recepción de créditos bancarios y, en su lugar, el papel de las remesas y otras fuentes de ahorro interno.
A la inversión en el puerto del Mariel se sumó en septiembre último la aprobación de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) de igual nombre, que implica un relanzamiento de la inversión extranjera directa en Cuba al ofrecer ventajas adicionales en el régimen especial de la misma.
Aunque el Decreto Ley 313 no supone un cambio esencial de la Ley 77 de la Inversión Extranjera, sí ofrece palpables ventajas tributarias como la exención del pago del impuesto sobre la fuerza de trabajo; del impuesto sobre utilidades (en este caso, por diez años) y del impuesto sobre las ventas por un año.
Al propio tiempo, las tasas impositivas resultan ventajosas e incluyen un gravamen sobre utilidades que se fijó en 12% y en 1% el de las ventas, y se contribuirá a la seguridad social con el 14% de la nómina.
El gobierno cubano ha decidido promover prioritariamente en esta ZED producciones asociadas a la biotecnología, la farmacéutica, la energía renovable, la industria agroalimentaria, la de envases y embalajes, el turismo y el sector inmobiliario, las telecomunicaciones e informática y las producciones agropecuarias.
Los primeros pasos se han dirigido a captar potenciales inversionistas de China, Vietnam, Rusia y Brasil. (Continuará)
* El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (La Habana).
Durante el año que termina, el gobierno cubano puso en práctica un grupo importante de las transformaciones económicas y sociales previstas en los lineamientos aprobados en abril de 2011. Para ello continuó creando las condiciones organizativas y jurídicas con vistas a aplicar de modo experimental cada medida antes de su generalización.
Se trata de una decisión correcta, pero supone un plazo y una secuencia en la aplicación del procedimiento que se desconoce públicamente, lo que ha contribuido a que se produzcan reclamos desde buena parte de la población a fin de que se acelere la implementación de lo previsto.
En el sector agropecuario, la entrega de tierras ociosas avanzó hasta completar 1.588.000 hectáreas en octubre de 2013, aunque todavía no se aprecia un impacto significativo en el incremento de la producción. Igualmente, desde noviembre se prueba en varias provincias un mecanismo de comercialización directa por parte de los agricultores, en un esfuerzo por abaratar los precios al reducir los márgenes de la intermediación en el comercio.
También prosiguieron las ventas directas de los agricultores a las instalaciones turísticas, ahora con una tasa de cambio implícita de 10 pesos (CUP) por cada CUC vendido, aunque, según los productores, en el crecimiento de estas ventas continúa incidiendo negativamente el costo de la transportación.
Este año creció, además, el número de trabajadores por cuenta propia, que llegaron a 440.603 al cierre de octubre.
En septiembre se dictó un nuevo “Reglamento para el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia” y se precisó el contenido de algunas actividades previamente aprobadas, como la elaboración de confecciones, que había derivado en buena medida hacia la comercialización de ropa importada, lo que alteraba el contenido inicialmente previsto para la misma. Se aprobaron diez nuevas ocupaciones y a finales de año se amplió puntualmente el número de las autorizadas.
Entre las medidas de política económica de 2013 resultó muy significativa la implementación de las cooperativas no agropecuarias a partir del mes de julio.
En noviembre de 2012 se dieron los primeros pasos para la experimentación con estas cooperativas al aprobarse el Decreto Ley # 305, que fijó los principios de su funcionamiento sobre la base de la voluntariedad para su integración, la cooperación y ayuda mutua, la decisión colectiva e igualdad de derechos de los socios, la autonomía y sustentabilidad económica, la disciplina cooperativista y la responsabilidad social, la contribución al desarrollo planificado de la economía y el bienestar de socios y familiares.
Por otro lado, se plantearon aspectos como la prohibición de fusionarse, extinguirse, escindirse o modificarse sin la aprobación del organismo estatal que aprobó su constitución.
En este ámbito, se estableció un límite de diez años prorrogables para el arriendo o usufructo de propiedades estatales, y que los precios y tarifas se fijan de acuerdo con la oferta y la demanda, aunque pueden regularse en los casos de interés social.
A diferencia del trabajo por cuenta propia, se limita la contratación de fuerza de trabajo al 10% de las jornadas-socios hasta un período de tres meses, y se establece que las personas naturales que las integran deben ser residentes permanentes en el país.
La iniciativa para constituir estas nuevas cooperativas puede inducirse por el Estado o a partir del interés de un grupo de personas naturales, proceso que transcurre a partir de una negociación entre las entidades económicas de los diferentes sectores y los socios potenciales que harán un aporte monetario como capital inicial, que ya en el 73% de los casos ha contado con créditos bancarios para ello.
A partir del primero de julio comenzaron a funcionar 124 cooperativas: 12 en la construcción a partir de trabajadores por cuenta propia, 99 en el comercio que surgen de anteriores empresas estatales, dos en el reciclaje de materias primas y 11 en el sector de transporte.
Más recientemente, se aprobaron otras 71 que se asocian con la producción y reparación de muebles, las confecciones textiles, las labores de forja y herrería, la fabricación de calzado, el reciclaje, la ornitología y el comercio y la gastronomía.
Aunque todavía ha transcurrido poco tiempo, se entiende que la gestión cooperativa es una forma social superior al trabajo privado individual y en los sectores en que se ha iniciado muestra ya signos de mayor eficiencia y productividad, a la vez que repercute en un ingreso sustancialmente mayor de sus trabajadores.
Tanto en el caso del trabajo por cuenta propia como en el de las cooperativas no agropecuarias, algunos artículos publicados en los medios han creado la expectativa de una reducción de los precios en este segmento no estatal.
Sin embargo, la prevalencia de una base de costos en CUC de las mercancías y servicios de este sector, la segmentación de mercados y los precios de monopolio que los acompañan, ponen de manifiesto la ausencia de competencia y, por tanto, la escasa probabilidad de una reducción de precios a corto o mediano plazo, lo cual resiente su gestión a los ojos de la opinión pública.
La medida que más impacto mediático ha tenido en 2013 fue, sin dudas, el anuncio de la aprobación de un cronograma para iniciar el proceso de reunificación monetaria del país. Aunque no se dispone de información que abunde en los detalles de esta decisión, se trata de la transformación más compleja contenida en los lineamientos.
Sobre la misma puede preverse que se trata de un proceso gradual, que tomará al menos tres años en completarse. Supone la devaluación del peso cubano (CUP) para todas las operaciones entre personas jurídicas y, simultáneamente, la convergencia de la tasa de cambio resultante de esa devaluación con la que rige las relaciones entre el Estado y la población a través del mecanismo de CADECA.
En el primer caso este proceso presumiblemente conllevará la aplicación de una nueva tasa de cambio entre el CUP y el CUC en el sector empresarial de manera progresiva y por sectores, tal como se ha venido experimentando en la actualidad con el sector azucarero y, en parte también, con algunas cooperativas no agropecuarias en el transporte.
La reunificación monetaria no producirá por sí misma el cambio estructural decisivo para el país si no se inserta en el crecimiento de la productividad del trabajo y de la producción de bienes y servicios, que es lo determinante.
Sin embargo, esta medida permitirá establecer un sistema estadístico y contable adecuado para evaluar los hechos de la economía nacional, y las señales que se emitan a partir del mismo permitirán avanzar mejor en el reordenamiento empresarial y en la reestructuración del sistema salarial, entre otros efectos previsibles.
En el año que concluye también se avanzó en la implementación de una nueva política tributaria, con el inicio de la aplicación de la Ley Nº 133 aprobada en 2012. De igual modo, continuó el proceso de perfeccionamiento del sistema bancario, especialmente en lo referido a la expansión del crédito a personas naturales y jurídicas.
En este último sentido, se destaca entre 2011 y el presente el otorgamiento de unos 1.600 millones de pesos en créditos a la población, fundamentalmente para la construcción de viviendas, así como 623 millones para la producción agropecuaria. Por otro lado, se aprecia la baja participación de los trabajadores por cuenta propia en la recepción de créditos bancarios y, en su lugar, el papel de las remesas y otras fuentes de ahorro interno.
A la inversión en el puerto del Mariel se sumó en septiembre último la aprobación de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) de igual nombre, que implica un relanzamiento de la inversión extranjera directa en Cuba al ofrecer ventajas adicionales en el régimen especial de la misma.
Aunque el Decreto Ley 313 no supone un cambio esencial de la Ley 77 de la Inversión Extranjera, sí ofrece palpables ventajas tributarias como la exención del pago del impuesto sobre la fuerza de trabajo; del impuesto sobre utilidades (en este caso, por diez años) y del impuesto sobre las ventas por un año.
Al propio tiempo, las tasas impositivas resultan ventajosas e incluyen un gravamen sobre utilidades que se fijó en 12% y en 1% el de las ventas, y se contribuirá a la seguridad social con el 14% de la nómina.
El gobierno cubano ha decidido promover prioritariamente en esta ZED producciones asociadas a la biotecnología, la farmacéutica, la energía renovable, la industria agroalimentaria, la de envases y embalajes, el turismo y el sector inmobiliario, las telecomunicaciones e informática y las producciones agropecuarias.
Los primeros pasos se han dirigido a captar potenciales inversionistas de China, Vietnam, Rusia y Brasil. (Continuará)
* El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (La Habana).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar