Tras décadas de entender la inversión extranjera como un complemento a los esfuerzos nacionales, Cuba está convencida del carácter prioritario que debe tener hoy el capital foráneo en sectores clave para dinamizar el desarrollo económico y social del país.
Así se refrendará el próximo día 29, cuando los 612 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sometan a aprobación el Anteproyecto de Ley de la Inversión Extranjera, una de las medidas más esperadas por empresarios con interés en negociar con la Isla.
De ser aprobada, esta sustituye a la actual Ley 77, vigente desde 1995, y que para algunos expertos ya no se adecua a las urgencias económicas de la nación antillana y sus proyecciones futuras, enfocadas en reanimar la industria y ganar competitividad en el mercado internacional con las producciones locales.
Para ello, resulta indispensable el acceso a apoyos financieros, tecnologías de avanzada y modos de hacer y operar (know-how), en función de recapitalizar sectores afectados duramente por la crisis de los años 1990, y hacer frente a la depreciación que han sufrido con el tiempo.
De ahí, la necesidad de instaurar un marco regulatorio verdaderamente atractivo para que inversionistas de otros países participen en áreas priorizadas como la agroindustria, el turismo, la biotecnología, y la energía renovable, que -según se informó- esta ultima demanda unos tres mil millones de dólares para su desarrollo.
Sobre la normativa que por estos días se analiza en las asambleas provinciales, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró que lejos de significar un retroceso o una venta del país, las modificaciones ofrecerán mayores incentivos.
A grandes rasgos, la nueva Ley propone más flexibilidad aduanal, garantías a los inversionistas en casi todos los sectores de la economía nacional, y agilidad en cuanto a la documentación requerida para las contrataciones.
La legislación, que se anunció desde mediados de 2012, permitirá establecer una cartera de proyectos más diversa para promover las oportunidades de negocio en áreas de interés nacional.
Mediante la aprobación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) en septiembre de 2013, Cuba dejó claro su interés de atraer inversiones extranjeras, política que debe complementarse ahora con normativas acordes con la actual coyuntura económica.
A pocos días de que sea discutida por el Parlamento, muchos esperan que la nueva Ley tenga que ver con un grupo de aspectos, como la incorporación de otras formas de inversión extranjera, entre estas, las franquicias, los proyectos para la construcción, operación y posterior transferencia de la propiedad; los holdings y la ampliación de las zonas francas.
Expertos como José Luis Rodríguez, del Centro de Estudios de la Economía Mundial, subrayan además como necesario flexibilizar el régimen de contratación de fuerza de trabajo, utilizando una política salarial y fiscal más adecuada para ello.
Estudiar el tratamiento que deben tener las remesas en calidad de financiamiento externo al sector privado, y definir una política relacionada con estos flujos de capital en función de la inversión extranjera, figura igualmente entre los asuntos que suscitan mayor interés.
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