¿Está el Estado del Bienestar muerto? Crítica a Yanis Varoufakis

Por Vicenç Navarro, Público

Siempre leo con gran interés los escritos de Yanis Varoufakis. Y frecuentemente cuelgo en mi blog sus entrevistas o conferencias que me llegan, tanto aquellas con las que estoy de acuerdo como aquellas con las que estoy en desacuerdo. Naturalmente que coincido con sus críticas a la Troika y al comportamiento del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona), y muy en especial en el caso griego, aunque en este último caso difiero respecto a algún componente de su crítica y de las conclusiones a las que llega en base a tal crítica, como consta en el artículo escrito hace ya casi un año en Público (“Crítica amistosa a Varoufakis y a sectores de las izquierdas sobre lo ocurrido en Grecia”, 19.10.15). Saludo también el establecimiento de un movimiento europeo que él ha fundado, y que ahora lidera, cuyo objetivo es la democratización de la gobernanza de Europa, gobernanza carente hoy de las más mínimas reglas de convivencia democrática, aunque ahí tenga yo también algunas diferencias con él. Tales diferencias alcanzan su máximo nivel cuando en una conferencia reciente, que detallaré más tarde en el artículo, ha hecho la acusación de que los Estado del Bienestar en los países capitalistas desarrollados están ya muertos, junto con los partidos socialdemócratas que los establecieron, proponiendo en su lugar que se establezca la Renta Básica Universal (RBU), de la que es uno de los máximos promotores. No hay duda de que la socialdemocracia en Europa está en declive. Pero asumir que el Estado del Bienestar está también muerto me parece un gran error. En ambas “muertes” Varoufakis atribuye tal situación a que los Estados-nación ya no pintan nada, pues han perdido toda soberanía. Y ahí está la raíz de nuestro desacuerdo.

¿Ha muerto el Estado-nación?Creo que una de las raíces de este desacuerdo es su visión de los Estados-nación, a los que considera carentes de poder y capacidad de decisión, especialmente aquellos que forman parte de la Eurozona. Así, en un interesante libro publicado en 2016, Un plan para Europa, de Icaria Editorial (escrito conjuntamente con Gerardo Pisarello –una de las mentes más claras en el movimiento progresista catalán–, con cuyas tesis estoy totalmente de acuerdo), Varoufakis, en la parte del libro en la que expone sus tesis en forma de entrevista, indica que los Estados-nación han perdido toda su soberanía, habiéndose convertido en parte del problema en lugar de la solución. Así, señala que los gobiernos hoy “transmiten a los parlamentos lo que queda decidido a nivel del Eurogrupo (o de la Cámara Europea o del Consejo Europeo) y los parlamentos solo están para que se les ordene lo que deben hacer” (p. 66).

Ni que decir tiene que la pertenencia de España al Eurogrupo establece unas limitaciones graves en cuanto a lo que el Estado español puede hacer o dejar de hacer. Pero encuentro su posición extrema (aunque comprensible por su experiencia en el caso de Grecia), pues los Estados-nación continúan jugando un papel clave. El Estado alemán, por ejemplo, juega un papel determinante y dominante entre los Estados-nación de la Eurozona. Y la relación inter-Estados juega también una labor esencial. La supeditación y docilidad del gobierno Rajoy hacia el gobierno alemán se expresa en su interdependencia con las políticas realizadas por tales Estados.

Lo que parece olvidarse con excesiva frecuencia es que los Estados continúan reproduciendo las relaciones de poder existentes en un país, incluyendo las relaciones de poder de clase social. Es importante recuperar las categorías analíticas que han desaparecido en gran parte de los estudios de lo que está ocurriendo en la Eurozona. Las clases sociales y el conflicto entre ellas, dentro de cada Estado, son esenciales para entender el comportamiento de tales Estados. Las ausencias de estas variables en los análisis de Varoufakis limitan su comprensión de la supuesta pérdida de soberanía de los Estados. Hay que concienciarse de que la burguesía española, por ejemplo, tiene más cosas en común, en cuanto a sus intereses, con la burguesía alemana, que con las clases populares españolas. De ahí que el Estado español, hoy instrumentalizado por la burguesía española, esté aplicando políticas auténticamente reaccionarias bajo el argumento de que no tiene libertad para llevar a cabo otras (como Varoufakis parece creer), cuando es obvio que sí que hay políticas alternativas. En España, por ejemplo, el presidente socialista Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, a fin de corregir el déficit del Estado, cuando podría haber conseguido muchos más revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones (2.552 millones) o manteniendo el de patrimonio (2.100 millones). Y el presidente conservador Rajoy podría haberse evitado recortar 6.000 millones de euros de la sanidad pública revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las empresas. El Estado siempre aplica políticas de clase, y el tema fundamental es de qué clase social. No es cierto, pues, que el Estado-nación no pueda hacer nada. Decir que los Estados-nación no pueden hacer nada es darle la razón a Zapatero o a Rajoy cuando dicen que no hay otras políticas públicas posibles. ¡Sí que las hay! ¡Hay alternativas a las políticas de austeridad! El gran problema de Grecia es, como subrayé en el artículo citado anteriormente, que era un Estado pequeño y fallido, que lo hizo enormemente vulnerable a las presiones del Estado alemán. Y además de ser un Estado muy débil, estaba muy solo. Pero hoy ya hay un número creciente de Estados, con mayor peso, que pueden variar estas políticas. Y parte de la solución serían las alianzas entre Estados en contra de estas políticas, que no ocurrirán a no ser que cambien las relaciones de poder dentro de cada Estado. 

La externalización de responsabilidades como justificación de las políticas impopulares Pero existe otro punto de desacuerdo con Varoufakis, relacionado con el desacuerdo anterior. El ningunear al Estado-nación lleva a abandonar una lucha a nivel de dicho Estado-nación, creando un vacío que lo están aprovechando movimientos nacionalistas de ultraderecha, algunos de claro carácter fascista y/o nazi. Hoy, como el mismo Varoufakis ha acentuado, uno de los mayores peligros existentes en la Unión Europea es la eclosión de movimientos nacionalistas de ultraderecha en cada uno de sus países. Y una de las causas de que ello esté ocurriendo es precisamente la desatención que las izquierdas han dado a algunos de los temas más movilizadores entre las clases populares, que solían ser la base de su apoyo electoral. No solo los partidos conservadores y liberales, sino también los partidos socialdemócratas, por ejemplo, justifican las políticas de austeridad y las reformas reaccionarias de los mercados de trabajo bajo el argumento de que son las únicas posibles, pues otras son de imposible aplicación debido a la globalización, o a la integración europea, o a cualquier factor externo. La externalización de responsabilidades es la medida más común hoy utilizada por los gobiernos de sensibilidad liberal o socioliberal (que son la mayoría). Admiten que sus políticas son impopulares pero subrayan que son las que exigen Bruselas o Frankfurt. Y aquí en Catalunya, el gobierno de derechas catalán indica que la culpa es de Madrid. No es extraño, pues, que veamos hoy votantes del Partido Comunista votar a partidos de ultraderecha. Los cinturones rojos de las grandes ciudades en Francia que votaban al PCF han pasado a votar a Le Pen. Pero esto no solo ocurre en el país galo, pues una de las causas de esta situación es precisamente el auge del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea, es decir, el incremento del sentido identitario nacional frente al establishment político-mediático que gobierna la Eurozona, que es percibido como el responsable de la pérdida de identidad y poder de decisión conocido como soberanía nacional, cedida a dicho establishment europeo por las clases dominantes de cada país, que consiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el descenso salarial a través de aquel establishment europeo, lo que no podían conseguir a nivel estatal.

La supuesta muerte de la socialdemocracia y de su Estado del Bienestar De esta percepción del Estado-nación como carente de capacidad de decisión, Varoufakis concluye que la socialdemocracia y el Estado del Bienestar que creó están muertos y sin capacidad de reacción. Permítanme que resuma su último discurso (que incluyo en este enlace) sobre este tema. Comienza haciendo aseveraciones que, tanto en su tono como en su contenido, pueden considerarse provocadoras (lo cual parece ser de su agrado, pues le gusta hacerlo con gran frecuencia). La primera es la de afirmar que las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia occidental (o el New Deal en EEUU) son demodé, es decir, no tienen futuro, pues son políticas insostenibles. De ahí que señale que “la socialdemocracia está muerta”. La segunda provocación (que se deriva de la anterior) es su afirmación de que “el Estado del Bienestar está (también) muerto”, ya que las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar no pueden financiarse y mantenerse, pues al estar financiados con las rentas del trabajo (es decir, con las cotizaciones sociales derivadas del salario) y su financiación depender de la existencia de puestos de trabajo, ello determina que la desaparición de un número significativo de tales puestos de trabajo (como resultado de la revolución digital, incluyendo intervenciones tecnológicas, como la robótica, que está causando la destrucción masiva de gran parte de los puestos de trabajo), haga insostenible tal Estado del Bienestar. Esta destrucción de los generadores de los fondos con los cuales sostener tales transferencias y servicios públicos es la causa de que el Estado del Bienestar no tenga futuro, pues no puede financiarse. De ahí la necesidad de responder a la enorme crisis social que se ha ido desarrollando en estos años de recesión (que alcanza niveles de depresión en los países del sur de Europa como España, Grecia y Portugal) a través de la Renta Básica Universal, que es la distribución de una renta básica por parte del Estado a todos los ciudadanos y residentes de un país.

Las consecuencias de la financiarización de la economíaOtra razón que –según Varoufakis- justifica el establecimiento de la RBU es la financiarización de la economía en el capitalismo actual. Durante estos años hemos estado viendo la expansión del sector financiero a costa de la economía productiva, lo cual complica todavía más la sostenibilidad del Estado del Bienestar, pues al disminuir la economía productiva disminuye también la fuerza laboral, que es la que financia el Estado del Bienestar. Según Varoufakis, la actividad financiera está, pues, sustituyendo a la producción de bienes y al consumo, sujetos de la economía real o productiva, y con ello a los puestos de trabajo y a los trabajadores, dificultando todavía más la financiación del Estado del Bienestar, basada –como se ha señalado antes- en la gravación de las rentas del trabajo. En EEUU, esta transformación del capitalismo aparece en el traslado del centro de poder de Chicago (centro manufacturero) a Wall Street (centro financiero). Esta financiarización de la economía determina que al disminuir el trabajo disponible, también disminuye la demanda, causa del decrecimiento económico que conocemos como la Gran Recesión.

La solución a esta gran crisis social y económica es –de nuevo, según Varoufakis- gravar a las rentas superiores (derivadas en gran parte de la gran expansión del sector financiero), distribuyendo los ingresos públicos obtenidos a partir de esta medida a todos los ciudadanos y residentes, asignando a cada persona la misma cantidad, una renta básica que permita a la persona vivir con dignidad. La aplicación de esta medida tendría –según él- varias consecuencias. Una sería la de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Otra, la de incentivar la demanda (pues las clases populares consumen más que ahorran, ya que tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas, mientras que las clases más pudientes ahorran más que consumen). Y una tercera consecuencia, de gran importancia también, sería el empoderamiento de la población trabajadora, pues la RBU la haría más resistente frente a las demandas de los empleadores, ya que sus necesidades mínimas estarían ya cubiertas. Hasta aquí el resumen de su argumentación a favor de la RBU.

¿Cuáles son los problemas de esta argumentación?Antes de comenzar la crítica debo subrayar que hay elementos de este análisis, como la creciente financiarización de la economía, con los que estoy totalmente de acuerdo. Pero con otros no. Y uno de ellos consiste en sus observaciones sobre lo que él considera los límites y la imposibilidad de desarrollar políticas socialdemócratas, así como políticas de expansión del Estado del Bienestar, a los dos lados del Atlántico Norte. Esta tesis está basada, en parte, en la pérdida de soberanía de los Estados, y, en parte, en su criterio (erróneo a mi manera de ver) para definir socialdemocracia y Estado del Bienestar. Me explicaré, comenzando con la discusión de los supuestos límites de la socialdemocracia. Pero para ello es necesario señalar que el gran fracaso de los partidos socialdemócratas (que, recordemos, estaban enraizados en el mundo del trabajo en su objetivo de establecer el socialismo) no se debe a la socialdemocracia en sí, sino más bien lo contrario, es decir, a su abandono. Es una realidad bien documentada que a partir de Blair & Co. (aunque algunos podrían indicar que se había iniciado ya con Mitterrand) hubo un claro abandono del proyecto socialdemócrata. El socialismo era y continúa siendo el proyecto de establecer una sociedad cuyo objetivo es distribuir los recursos según la necesidad de los ciudadanos, financiados según la habilidad y capacidad de cada ciudadano, siendo necesidad, habilidad y capacidad definidas democráticamente. Este objetivo continúa siendo vigente y aplicable. Casi el 78% de la ciudadanía de los países de la UE está de acuerdo con el principio de que “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad y capacidad”. Y estamos viendo a los dos lados del Atlántico Norte la aparición de movimientos político-sociales, como el movimiento liderado por el candidato Sanders en EEUU, y los movimientos contestatarios en Europa, como Unidos Podemos, que están adquiriendo gran importancia, y que están comprometidos claramente con este principio socialista, a alcanzar a través de la vía democrática, proponiendo políticas públicas que solían identificarse con la socialdemocracia antes de que esta dejara de serlo.

El Estado del Bienestar que describe Varoufakis es el cristianodemócrata, no el socialistaVaroufakis parece desconocer que hay varios tipos de Estados del Bienestar. Y el que describe no es el Estado del Bienestar enraizado en la tradición socialdemócrata. Bismarck fue el fundador del Estado del Bienestar que Varoufakis describe y define erróneamente como “el Estado del Bienestar”. En este Estado del Bienestar, el de Bismarck, la financiación corre a cargo de las cotizaciones sociales basadas en el mercado del trabajo. Es este Estado del Bienestar cuya sostenibilidad depende de la situación del mercado de trabajo. Y el deterioro de este mercado de trabajo crea un problema de sostenibilidad grave, como estamos viendo hoy en España.

Pero en los países escandinavos del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, donde el mundo del trabajo históricamente ha sido fuerte, la financiación de la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar no viene de las cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo, sino de los fondos generales del Estado, y por lo tanto de la voluntad popular. Dependiendo del grado de influencia que los distintos actores de la sociedad (entre los cuales los más determinantes son el mundo del capital y el mundo del trabajo) tienen sobre el Estado, encontramos Estados del Bienestar bien desarrollados, y otros poco financiados. En general, a mayor influencia del mundo del capital, menores son los ingresos al Estado, y, como consecuencia, el Estado del Bienestar está menos desarrollado, tal como ocurre en el sur de Europa. Es fácil de entender que el nivel de gravamen de las rentas del capital es una variable política, es decir, que depende de las relaciones de poder en cada país. En todos los países del sur de Europa, sus Estados del Bienestar están subfinanciados, asignando el Estado a los temas sociales muchos menos recursos públicos de los que debería y podría gastar. En realidad, todos ellos tienen los recursos para financiar mejor sus Estados del Bienestar. Tienen el dinero, pero el Estado no tiene la voluntad de recogerlo. Y ahí está uno de los desacuerdos entre Varoufakis y yo. Varoufakis asume que los Estados-nación no tienen alternativas a las políticas neoliberales que se les imponen, y yo creo que sí que las tienen. Que graven más o menos depende de las relaciones de poder de cada país. Asumir, como hace Varoufakis, que los Estados-nación no tienen poder de decisión, habiendo perdido toda soberanía, es, como he dicho antes, dar la razón a los gobiernos que imponen políticas de austeridad altamente impopulares, cuando las justifican diciendo que no tienen otras alternativas.

¿Qué soluciones hay?Cualquier solución a la crisis actual pasa por un aumento de los ingresos al Estado, lo que requiere un cambio en los actores que configuran las políticas públicas de tales Estados. No creo que haya mucho desacuerdo en este punto. El desacuerdo, pues, es probable que radique no tanto en los ingresos, sino en los gastos. Y es ahí donde Varoufakis desatiende el Estado del Bienestar demasiado rápidamente. Según él, el dinero debe ir a cada ciudadano o residente, siéndole transferida la misma cantidad de dinero a cada persona, sea ciudadano o residente. Pero, ¿por qué la misma cantidad? Si el objetivo de la RBU es reducir la pobreza, es fácil mostrar que los países que han sido más exitosos en reducir la pobreza han sido aquellos países escandinavos que han seguido precisamente las políticas de tradición socialdemócrata, mediante transferencias y servicios públicos, lo cual implica también garantizar unos ingresos a cada ciudadano que le permitan una vida digna mediante la transferencia de fondos y servicios públicos que representan una cantidad superior a la que recibiría mediante la RBU.

Un tanto igual ocurre en cuanto a la reducción de las desigualdades. Los países que han sido más exitosos, y que han conseguido alcanzar los niveles de desigualdades más bajos en la UE y en Norteamérica, han sido aquellos que han utilizado las medidas redistributivas y han utilizado las políticas laborales y sociales para alcanzar tal fin. Si se quiere reducir la pobreza y las desigualdades, no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero al pobre que a todos los demás. Se le debería dar más. Por otra parte, el coste de la RBU sería considerable: muy probablemente unos porcentajes del PIB de varios puntos. Añádase a esta consideración el hecho de que el déficit social de los países del sur de Europa es enorme. ¿Sería la RBU además o en lugar de la corrección de este enorme déficit social? Pedir como prioritaria la implementación de la RBU hoy en estos países es dejar de cubrir el enorme déficit social que tienen. Podría argumentarse que la RBU podría tener sentido una vez los elementos básicos del Estado del Bienestar estuvieran satisfechos. Pero en el sur de Europa distan mucho de serlo. ¿No cree Varoufakis que en estos países es mucho más urgente resolver este enorme déficit social que implementar la RBU? Esperaría que pudiéramos estar de acuerdo en ello.

Lo que los medios no dicen sobre las causas del Brexit

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 25 de junio de 2016.

Este artículo hace una crítica de la cobertura por parte de los mayores medios de información de la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, atribuyendo esta salida al racismo de la clase trabajadora de aquel país. El artículo cuestiona esta interpretación, mostrando que la mayoría de las clases trabajadoras de los países miembros de la Unión Europea rechazan la Unión Europea actual por las políticas neoliberales que se están imponiendo por el establishment político que gobierna tal Unión.

No hay pleno conocimiento y conciencia en las estructuras de poder político y mediático (que en terminología anglosajona se llama el establishment político-mediático) que gobiernan las instituciones de la Unión Europea, así como las que gobiernan en la mayoría de países que constituyen tal Unión, de lo que ha estado ocurriendo en la UE y las consecuencias que las políticas propuestas e impuestas por tales establishments han estado teniendo en las clases populares de los países miembros. Durante estos años, después del establecimiento de la Unión, se ha ido germinando un descontento entre estas clases populares (es decir, entre las clases trabajadoras y las clases medias de renta media y baja) que aparece constantemente y que amenaza la viabilidad de la UE.

El rechazo de las clases populares a la UE

Indicadores de tal descontento han aparecido ya en muchas ocasiones. Una de las primeras fue el resultado del referéndum que se realizó en varios países de la UE que, por mandato constitucional, tenían que hacer para poder aprobar la Constitución europea. En todos los países donde se realizó el referéndum, la clase trabajadora votó en contra. Los datos son claros y contundentes. En Francia, votaron en contra el 79% de trabajadores manuales, el 67% de los trabajadores en servicios y el 98% de los trabajadores sindicalizados; en Holanda, el 68% de los trabajadores; y en Luxemburgo, el 69%. Incluso en los países en los que no hubo referéndum, las encuestas señalaban que, por ejemplo en Alemania, el 68% de los trabajadores manuales y el 57% de los trabajadores en servicios hubieran votado en contra. Unos porcentajes parecidos se dieron también en Suecia, donde el 74% de los trabajadores manuales y el 54% de los trabajadores en servicios también hubieran votado en contra. Y lo mismo ocurrió en Dinamarca, donde el 72% de los trabajadores manuales hubieran también votado en contra.

El rechazo a la UE por parte de la clase trabajadora ha ido aumentando

Otro dato que muestra tal rechazo fue el surgimiento de partidos que explícitamente rechazaron la Unión Europea, partidos cuya base electoral fue precisamente la clase obrera y otros segmentos de las clases populares que antes, históricamente, habían votado a partidos de izquierdas, siendo el caso más conocido (pero no el único) el del partido liderado por Le Pen y que, según las encuestas, podría ganar las próximas elecciones en Francia. En realidad, la identificación de los partidos de izquierda tradicionales con la Unión Europea (y con las políticas neoliberales promovidas por el establishment de tal Unión) ha sido una de las mayores causas del enorme bajón electoral de estos partidos en la UE (y, muy en particular, entre las bases electorales que les habían sido más fieles, es decir, entre las clases trabajadoras). Para que baste un ejemplo, en Francia, si la mitad de los votos (predominantemente de la clase trabajadora) que habían apoyado al partido de Le Pen hubieran sido para la candidata socialista Ségolène Royal, ésta hubiera sido elegida Presidenta de Francia. En paralelo con la pérdida de apoyo electoral, los partidos socialdemócratas en la UE perdieron también gran número de sus militantes. El caso más dramático fue el del Partido socialdemócrata alemán que, junto con la pérdida de apoyo electoral, perdió casi la mitad de sus militantes, de 400.000 en 1997 a 280.000 miembros en 2008.

La evidencia es pues abrumadora que la identificación de tales partidos de izquierda (la mayoría de los cuales han sido partidos gobernantes socialdemócratas que han jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas públicas promovidas por la UE) con la Unión ha sido una de las principales causas de su enorme deterioro electoral y de la pérdida de su militancia.

El rechazo a la UE ha ido aumentando más y más entre las clases populares, a la vez que ha ido aumentado el apoyo entre las clases más pudientes

Por desgracia, las encuestas creíbles y fiables sobre la UE (que son la minoría, pues la gran mayoría están realizadas o financiadas por organismos de la UE o financiadas por instituciones próximas) no recogen los datos de la opinión popular sobre la UE según la clase social. Sí que los recogen por país, y lo que aparece claramente en estas encuestas es que la popularidad de la UE está bajando en picado. Según la encuesta de la Pew Research Center, las personas que tienen una visión favorable de la UE ha bajado en la gran mayoría de los 10 mayores países de la UE (excepto en Polonia). Este descenso, desde 2004 a 2016, ha sido menor en Alemania (de un 58% a un 50%) pero mayor en Francia (de un 78% a un 38%), en España (de un 80% a un 47%). Grecia es el país que tiene un porcentaje menor de opiniones favorables a la UE (un 27%).

Ahora bien, aunque raramente se recoge información por clase social, sí que se ha recogido el distinto grado de popularidad que la UE tiene según el nivel de renta familiar. Y, allí, los datos muestran que hay un gradiente, de manera que a mayor renda familiar, mayor es el apoyo a la UE. Es razonable, pues, suponer que la parte de la población que tiene una visión más desfavorable de la UE es la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares.

Y lo que también aparece claro en varias encuestas es que una de las mayores causas de tal rechazo es la percepción que las clases populares tienen del impacto negativo que tiene, sobre su bienestar, la aplicación de las políticas propuestas por el establishment político-mediático de la UE. Esta percepción es mucho más negativa entre las clases populares (clase trabajadora y clases medias, de renda media y baja) que no entre las clases más pudientes. En realidad, el rechazo, siempre especialmente agudo entre las clases populares, es claramente mayoritario entre la gran mayoría de la población. Ahí vemos que, según la encuesta Pew, el 92% de la población en Grecia desaprueba la manera como la UE ha gestionado la crisis existente en Europa; tal porcentaje es de 68% en Italia, el 66% en Francia y el 65% en España, países donde precisamente el descenso del porcentaje de población con la opinión favorable de la UE ha sido mayor.

Este rechazo a la UE existe también entre la clase trabajadora del Reino Unido

Es en este contexto descrito en la sección anterior, que debe entenderse el rechazo de las clases populares del Reino Unido, rechazo que ha ido claramente acentuándose en los barrios obreros de aquel país, y muy en especial en Inglaterra y el País de Gales. El voto de rechazo a la permanencia en la UE procede en su mayoría de las clases populares. Y ha sido un voto no solo anti-UE pero también (y sobre todo) un voto anti-establishment británico y, muy en particular, anti-establishment inglés, siendo este último el centro del establishment británico, pues concentra los mayores centros financieros y económicos del país. El establishment británico y el establishment de la UE habían movilizado todo tipo de presiones (por tierra, mar y aire) a fin de que el referéndum fuera favorable a la pertenencia. De esta manera, es un claro signo de afirmación y poder que las clases populares se opusieran y ganaran al establishment. Por otra parte, los datos mostraban que lo que ha ocurrido, iba a ocurrir. La popularidad de la UE en el Reino Unido pasó de ser un 54% (ya uno de los más bajos de la UE) en 2004 a un 44% en 2016 (según Pew). En realidad, el Reino Unido es el país donde el porcentaje de población opuesta a dar mayor poder a la UE es mayor (65%) después de Grecia (68%) Y, según otras encuestas, el sector menos entusiasta con la UE eran las clases populares, que gradualmente han ido transfiriendo su apoyo electoral del Partido Laborista al partido UKIP (el partido anti EU).

La supuesta excepcionalidad de España

Es un dicho común en los mayores medios de comunicación que España es uno de los países más pro-EU, lo cual es cierto, pero solo en parte (lo mismo era cierto con Grecia). Es lógico que Europa, percibida durante muchos años como el continente punto de referencia para las fuerzas democráticas, por su condición democrática y su sensibilidad social, se convirtiera en el “modelo” a seguir por países como España, Portugal y Grecia, que sufrieron durante muchos años dictaduras de la ultraderecha, seriamente represivas y con escasísima conciencia social. Para los que luchamos contra la dictadura, Europa Occidental era un sueño a alcanzar.

Pero, debido al control o excesiva influencia del pensamiento neoliberal en el establishment político mediático de la UE (muy próximo al capital financiero y al capital exportador alemán, que ha estado configurando las políticas públicas neoliberales que los establishment político-mediáticos de cada país de la UE han hecho suyas), este sueño se ha convertido en una pesadilla para las clases populares, particularmente dañadas por tales políticas neoliberales. Las reformas laborales que han dañado el estándar de vida de estas clases y los recortes de gasto público, con el debilitamiento de la protección social y del estado del bienestar, así como la desregulación en la movilidad del capital y del trabajo, han sido un ataque frontal a la democracia y al bienestar de las clases trabajadoras, realidad muy bien documentada (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015). La pérdida de soberanía nacional que conlleva la UE ha significado la pérdida de soberanía popular, causa del deterioro de su bienestar. La evidencia de que ello es así es contundente, clara y convincente. Es más que obvio que esta Europa no es la Europa de los pueblos, sino la Europa de las empresas financieras y de los grandes conglomerados económicos.

¡No es chauvinismo lo que causa el rechazo a la UE!

Ante esta situación, el establishment político-mediático europeo quiere presentar este rechazo como consecuencia de un retraso cultural de las clases populares, todavía estancadas en un nacionalismo retrógrado, que incluye un chauvinismo anti-inmigrante que merece ser denunciado. John Carlin, en el El País, 24.06.16, define este rechazo (Brexit) como resultado “de la mezquindad, ignorancia, carácter retrógrado, xenofobia y tribal” de los que votaron en contra de la permanencia. Y así se está interpretando, por parte de la mayoría de los medios de comunicación europeos, el voto de rechazo a la UE por parte de las clases populares británicas. Este mensaje intenta ocultar las causas reales de tal rechazo, causas que he descrito en este artículo. Olvidan que, si bien todos los xenófobos votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE, no todos los que así votaron eran xenófobos.

En esta manipulación están participando poderes de la socialdemocracia europea que no han entendido todavía lo que está ocurriendo entre lo que solían ser sus bases. No quieren entender que el rechazo que está ocurriendo es hacia esta Europa que la socialdemocracia ha contribuido a crear, una Europa que carece de vocación democrática y sensibilidad social. El maridaje de los aparatos dirigentes de las socialdemocracias con los intereses financieros y económicos dominantes en la UE (y en cada país miembro) ha sido la causa de su gran declive, que todavía no entienden porque no quieren entenderlo. Lo que pasa en Francia, dónde hay un gobierno socialdemócrata que está intentando destruir a los sindicatos (como la señora Thatcher hizo en el Reino Unido), o en España, dónde el PSOE fue el que inició las políticas de austeridad, son indicadores de esta falta de comprensión de lo que está ocurriendo en la UE, y que es el fracaso de las izquierdas para atender a las necesidades de las clases populares. De ahí la transferencia de lealtades que están ocurriendo, en lo que refiere a los partidos.

Es lógico y predecible que las políticas neoliberales y los partidos que las aplican sean rechazados por las clases populares, pues son éstas las que sufren más cada una de estas políticas, incluyendo la desregulación de la movilidad de capitales y del trabajo. Regiones enteras en el Reino Unido han sido devastadas, siendo sus industrias trasladadas al este de Europa, creando un gran desempleo en las regiones. Y la desregulación del mundo del trabajo, acompañada de la dilución, cuando no destrucción, de la protección social, ha creado una gran inestabilidad y falta de seguridad laboral. En realidad, fueron las políticas del gobierno Blair y del gobierno Brown (1997-2010) las que sentaron las bases para este rechazo generalizado hacia la UE. Tales gobiernos de la Tercera Vía facilitaron la llegada de inmigrantes a los que los empresarios contrataron con salarios más bajos. Y así se inició el desapego con la Unión Europea (ver “Don’t blame Corbyn if Brexit wins”, Denis McShane).

En España, frente al descrédito del partido socialdemócrata (PSOE) debido, entre otras razones a su participación en la construcción de esta Europa, han aparecido una serie de fuerzas políticas, tanto en la periferia como en el centro (Unidos Podemos y confluencias), que están canalizando este desencanto popular acentuando, con razón, que esta no es tampoco nuestra Europa, y que se requieren cambios profundos para recuperar la Europa democrática y social a la que aspiramos y que debe construirse. Así de claro.

El olvido de las otras víctimas del terrorismo

Por Vicenç Navarro

En España, cuando los grandes medios hablan de las víctimas del terrorismo, se asume inmediatamente que son las víctimas del terrorismo de ETA, olvidándose (deliberada y maliciosamente) de que el mayor número de víctimas del terrorismo en España fue causado por el terrorismo del Estado, consecuencia del triunfo del golpe fascista del 1936 que estableció una de las dictaduras más sangrientas que se hayan conocido en la historia del siglo XX en Europa. Según uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia, en EEUU, por cada asesinato político que cometió el régimen liderado por Mussolini, el régimen liderado por Franco cometió 10.000. Incluso dirigentes de la Gestapo nazi, en visita a España, se sorprendieron del nivel de terror impuesto por aquel régimen sobre la población. Este terror y sus consecuencias son deliberadamente ocultados y silenciados por el Estado español, cuya transición de la dictadura a la democracia se realizó bajo el gran dominio de los herederos de los que realizaron aquel golpe, que controlaban el Estado y la gran mayoría de sus medios de información y persuasión. Aquella transición no se basó en una ruptura con aquel Estado, sino en una reforma, dejando grandes sectores de aquel Estado –como el Ejército y la judicatura- en manos de sectores pertenecientes al Estado anterior. Ello explica no solo el silencio, sino la represión de cualquier intento de recuperar la historia ocultada por los conservadores que han controlado los aparatos del Estado, el cual nunca consideró como su responsabilidad ayudar a las familias de las víctimas de tal terrorismo a encontrarlas, y todavía menos a homenajearlas. Invito al lector a imaginar, aunque fuera solo un momento, que las víctimas del terrorismo de ETA estuvieran desaparecidas y completamente olvidadas. Y que las máximas autoridades del Estado ni siquiera hubieran reconocido la existencia de tales víctimas durante mucho tiempo, y cuando hubieran tenido que admitir que sí que las había, no prestaran ninguna ayuda a los familiares para encontrarlas. Y que para mayor desfachatez y desvergüenza, hubiera monumentos y calles con el nombre de aquellos que asesinaron a tales víctimas. Pues bien, esto ha estado ocurriendo durante el período llamado democrático en España. Saquen el nombre de ETA y pongan régimen fascista, y verán lo que ha estado ocurriendo en este país, donde los derechos humanos han brillado por su ausencia, para amplios sectores de la población, incluyendo las víctimas de aquel terrorismo del Estado dictatorial fascista.

Ignorando el clamor internacional

Esta situación, única entre los países que fueron gobernados por regímenes fascistas o fascistoides en Europa, ha sido constantemente denunciada por las Naciones Unidas. En fechas tan recientes como 2013 y 2014, el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de tal Institución internacional, el Sr. Pablo de Greiff, ha acusado al Estado español de la sistemática violación de los derechos humanos de tales víctimas, así como del ocultamiento de lo ocurrido durante la dictadura en España (el país, después de Camboya, con el mayor porcentaje de personas asesinadas por razones políticas durante el régimen dictatorial, cuyos cuerpos han desaparecido), ignorado por el Estado democrático.

El Estado español no tiene autoridad moral hoy en el mundo para presentarse como defensor de los derechos humanos, al ser uno de los mayores violadores de tales derechos, habiendo expresado una insensibilidad que refleja su nivel de crueldad y mezquindad hacia los familiares de los asesinados republicanos desaparecidos, que todavía hoy no tienen ayuda para encontrarlos, enterrarlos y homenajearlos. Y, complementando esta insensibilidad, existe una enorme tolerancia hacia los perpetradores de aquel terror, incluso, por cierto, por parte de sectores de las izquierdas. Personajes que fueron los máximos defensores del terror fascista en las distintas dimensiones de la sociedad española, no solo defendiendo los asesinatos del régimen, sino que incluso exigieron que se extendieran tales asesinatos, hoy todavía tienen calles que llevan su nombre, al ser artistas conocidos, como es el caso del Sr. Salvador Dalí (ver mi artículo “Dalí, arte y política”, Público, 13.02.16). Este personaje, que promovió la imagen de sí mismo como un individuo excéntrico, jugó un papel importante en la defensa del régimen fascista, y de su terror en círculos artísticos internacionales en los que tenía cabida por su habilidad pictórica. Con el típico oportunismo y egocentrismo que caracterizó gran parte de su vida profesional, defendió activamente la utilización del terror por parte de la dictadura cuya crueldad horrorizó a grandes sectores de la comunidad artística internacional, defensa que hizo hasta el último día de la vida del dictador. Su máxima expresión en tal defensa del terror fue a raíz del asesinato político que ocurrió el 27 de septiembre de 1975, de cinco prisioneros políticos en las cárceles del régimen. La protesta internacional fue masiva, con la denuncia de muchos colectivos, incluido el de artistas famosos, que Dalí intentó rebatir, escribiendo que, frente a esta protesta, “dos millones de españoles salieron a la calle aplaudiendo al mayor héroe existente en España, el general Franco, mostrando que todo el pueblo español está con él… Es una persona maravillosa. Y su acto garantiza que la monarquía que le suceda sea un éxito. En realidad, se necesitan tres veces más ejecuciones de las que han ocurrido”. Tales declaraciones a la Agencia France Press, crearon un enorme rechazo a tal personaje, generándose un gran desprecio a su figura, pasando de ser un genio a un ser humano despreciable. No así en España y en Catalunya, donde las fuerzas conservadoras, herederas del franquismo, continúan ejerciendo un gran dominio de la vida política y cultural del país. Y Ayuntamientos, incluidos de izquierdas, justifican el homenaje que se hace a tal figura, disociando su arte de su persona, que, en sí, es un subterfugio para justificar la tolerancia hacia los asesinos de las víctimas del terrorismo. En EEUU, Ezra Pound, uno de los escritores estadounidenses que apoyó al fascismo italiano y a la dictadura de Mussolini, fue borrado de cualquier expresión de reconocimiento de las letras en aquel país. En España, en cambio, el país está lleno de artistas y escritores que aplaudieron y celebraron el terror, y continúan siendo incluso homenajeados por ayuntamientos de izquierdas, al permitir que sus nombres identifiquen las calles de sus ciudades. La escasa cultura democrática en España se traduce también en la existencia de estos hechos.

¿Qué hubiera pasado en el futuro? ¿Qué es lo que proponía el famoso pacto PSOE-C’s sobre las víctimas del terrorismo fascista?

He escrito críticamente sobre el pacto PSOE-C’s desde el punto de vista económico, mostrando que el imprimátur neoliberal de Ciudadanos domina el pacto entre los dos partidos políticos, que se pidió a Podemos que apoyara. Pero hay otras dimensiones igualmente preocupantes. Y una de ellas es el dominio que Ciudadanos tuvo en el redactado de otro elemento clave, el de recuperar la memoria histórica y restablecer con ello los derechos humanos de sus víctimas. Ciudadanos fue muy reacio a condenar la dictadura fascista. En realidad, en un debate televisivo en la televisión pública catalana, TV3, en el que participé y en el que estaba también el que hoy es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, el Sr. Juan Carlos Girauta (que fue durante muchos años el tertuliano representante de la derecha española), tal personaje llegó casi a justificar el golpe fascista militar, debido a lo que él definió como los desmanes de los rojos y separatistas.

En el texto de tal pacto se indica que se recuperarán los fondos que habían sido sustraídos de los presupuestos del Estado para ayudar a encontrar a los desaparecidos, lo cual es un paso adelante sobre lo que hizo el PP, que anuló tales fondos. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que reclama la comunidad internacional y las Naciones Unidas, es escandalosamente insuficiente. Como bien dice una de las personas que incansablemente continúa clamando justicia para las víctimas del terrorismo fascista, el Sr. Emilio Silva, mucho más merecedor del Premio Nobel de la Paz que muchos de los recientes premiados (el Presidente Obama incluido), estas medidas se quedan muy, pero que muy cortas, pues ni siquiera entienden que el problema va mucho más allá del hecho de querer asumir una responsabilidad económica, pues de lo que se trata es de eliminar las injusticias y violaciones de los derechos humanos de tales víctimas, tal como exigen las Naciones Unidas.

La responsabilidad mayor del Estado español por la falta de reconocimiento de las víctimas del terrorismo fascista

El Estado español, comenzando por el Monarca, debe una explicación a tales víctimas y a sus familiares, por el olvido en el que las ha tenido durante estos años del periodo democrático. Es más que decepcionante el comportamiento del PSOE en este capítulo de los derechos humanos de tales víctimas. En Andalucía, el pacto PSOE-C’s que ocurrió en aquella comunidad autonómica, diluyó el limitado compromiso con la recuperación de la memoria histórica que tenía el PSOE andaluz al pactar con Ciudadanos que con la recuperación de la memoria histórica previamente existente, pasaría de ser responsabilidad de la Consejería de Justicia a serlo de la de Cultura.

Las nuevas izquierdas que están surgiendo a lo largo del territorio español deberían tomarse este temas de las víctimas del fascismo como un tema de gran importancia, pues el urgente proyecto democrático con el cual están comprometidas exige la recuperación de los derechos humanos de tanta gente que los perdió en su lucha para hacer posible que todos los pueblos y naciones de España hoy los tengan. No se podrán alcanzar tales derechos sin recuperar a los que se perdieron. Así de claro.