"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

martes, 23 de enero de 2018

Demócratas retiran oferta para financiar muro de Trump en frontera EEUU-México

Por Richard Cowan y Susan Cornwell



Foto de archivo: Efectivos de la patrulla fronteriza recorren el sitio donde se construyeron varios prototipos del muro fronterizo planeado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en esta imagen captada desde el lado mexicano de la frontera en Tijuana, México, 26 de octubre del 2017. REUTERS/Jorge Duenes

WASHINGTON (Reuters) - Los demócratas retiraron el martes una oferta para financiar el muro fronterizo que busca el presidente Donald Trump, en la reanudación de las negociaciones por el futuro de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como ilegales cuando eran niños.

Un día después de que los legisladores votaran para poner fin a la paralización parcial del Gobierno federal, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que se retiró la oferta por lo que calificó como la incapacidad de Trump de respetar los lineamientos de un acuerdo que ambos discutieron el viernes.

“Vamos a tener que comenzar con una nueva base, y el muro ya no está sobre la mesa”, sostuvo Schumer ante periodistas.

Durante la campaña presidencial, Trump prometió que México pagaría por la construcción de un muro en la frontera entre ambos países para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales, algo que su vecino del sur rechazó.

Como resultado, Trump ha tenido que pedirle al Congreso fondos para construir el muro, que según estimaciones oficiales tendría un costo de unos 21.000 millones de dólares.

Con los demócratas y algunos republicanos señalando que hay formas más efectivas para contener la inmigración ilegal que el muro, la propuesta se ha convertido en un obstáculo en las negociaciones.

Los demócratas han estado trabajando durante meses en una legislación que evite que los cerca de 700.000 inmigrantes ilegales que llegaron al país cuando eran niños, conocidos como “Dreamers”, sean deportados luego de que expire en marzo un programa que les proporciona temporalmente un estatus legal y permiso de trabajo.

Dick Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado, fue consultado por un periodista sobre si Schumer le ofreció a Trump 25.000 millones de dólares en una gran concesión al presidente. El legislador no desmintió la cifra, pero dijo: “lo hizo en el contexto de una negociación”.

El senador republicano John Cornyn criticó la decisión de Schumer de retirar la oferta para financiar el muro. “Esto básicamente retrasa las discusiones sobre el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)”, sostuvo.


Reporte adicional de Amanda Becker, Makini Brice y Steve Holland. Editado en español por Javier Leira

Washington crea una nueva Fuerza de Tarea en Internet para subversión en Cuba

El gobierno estadounidense anunció este martes la creación de una nueva Fuerza de Tarea en Internet dedicada subvertir el orden interno en Cuba


23 de enero de 2018 14:01:18


Foto: Departamento de Estado


El gobierno estadounidense anunció este martes la creación de una nueva Fuerza de Tarea en Internet dedicada subvertir el orden interno en Cuba.

«El Departamento de Estado convoca una Fuerza de Tarea en Internet para Cuba compuesta de funcionarios gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de promover el libre flujo de información en Cuba», refiere un comunicado colgado en su página web oficial.

En el pasado, frases como «trabajar por la libertad de expresión» y «expandir el acceso a internet en Cuba» han sido utilizadas por Washington para enmascarar planes desestabilizadores con el uso de las nuevas tecnologías.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el proyecto ZunZuneo, desenmascarado en el año 2014 por la agencia AP, que pretendía crear una plataforma de mensajería entre los jóvenes cubanos similar a Twitter, pero cuyo verdadero propósito era promover acciones contra el orden interno del país.

Este nuevo experimento del Departamento de Estado, de acuerdo con el comunicado, sigue las directrices planteadas por el presidente Donald Trump en su memorando presidencial del 16 de junio del 2017.

En Miami, rodeado por miembros de la ultraderecha de origen cubano, el mandatario anunció entonces un cambio de política hacia Cuba con el fin de fortalecer el bloqueo y hacer más difícil los viajes entre ambos países.

«La Fuerza de Tarea examinará los retos y oportunidades para expandir el acceso a internet en Cuba y los medios de comunicación independientes», añade el anuncio del Departamento de Estado.

Una «fuerza de tarea» o fuerza «operativa» (task force en inglés) es una terminología que proviene de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y define una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión concreta. 

Cuba, por decisión soberana y en la medida de sus posibilidades económicas, viene aumentando el acceso de sus ciudadanos a la red de redes.

Según información aportada por la especialista Rosa Miriam Elizalde, «el 2017 será recordado como el del boom de la expansión del acceso a la red en nuestro país, con 40% de los cubanos conectados a Internet, 37% más que en 2010, y por la naturalización de la conexión a Internet en los espacios urbanos de una punta a la otra de la Isla».

Según datos oficiales, en 2017 la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) activó 600 000 nuevas líneas móviles, para un total de 4,5 millones de dispositivos en manos de la población.

A diario se produjeron 250 000 conexiones a través de más de 500 puntos de acceso públicos en todo el territorio y Cuba fue el país de mayor crecimiento en dos categorías de conectividad digital, de acuerdo con el reporte Digital in 2017 Global Overview: presencia en redes sociales —con más de 2,7 millones de nuevos usuarios y 365% de incremento respecto al año precedente— y uso de móviles para acceder a las redes sociales —2,6 millones de nuevos usuarios y un aumento de 385%.

La democracia brasileña al borde del abismo

Mark Weisbrot
New York Times en Español, 23 de enero, 2018

The New York Times, 23 de enero, 2018


El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos son susceptibles a reveses abruptos. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar.

Esta semana, esa democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país— competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a prisión.

No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el pánel de apelación alabó la sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente.

El juez del tribunal, Sérgio Moro, ha demostrado su propia parcialidad en varias ocasiones. Tuvo que disculparse ante el Supremo Tribunal Federal en 2016 por divulgar conversaciones grabadas entre Lula da Silva y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su abogado y su esposa e hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía se presentó en la casa de Lula da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aun cuando el expresidente siempre había dicho que se reportaría voluntariamente para ser interrogado.

La evidencia en contra de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense.

Se le acusa de haber aceptado un soborno de la constructora OAS, a la que se procesó como parte del esquema de corrupción en Brasil investigado a través de la operación Lava Jato. Ese escándalo de miles de millones de dólares implicó a compañías que pagaron altos sobornos a funcionarios de la petrolera estatal, Petrobras, para obtener contratos a precios exorbitantes.

El soborno que, según los alegatos, recibió Lula da Silva es un apartamento propiedad de OAS. Sin embargo, no hay documentos que comprueben que el expresidente o su esposa hayan recibido un título de propiedad, que hayan rentado o incluso hayan estado en el apartamento ni de que hayan intentado aceptar ese regalo.

La evidencia en contra de Lula da Silva se basa en el testimonio del expresidente de OAS ahora convicto, José Aldemário Pinheiro Filho, a quien se le redujo la sentencia en prisión a cambio de entregar evidencia. De acuerdo con un reportaje del importante periódico brasileño Folha de S. Paulo, a Pinheiro no se le permitió llegar a un acuerdo de culpabilidad cuando en un principio contó la misma historia que Lula da Silva sobre el apartamento. También pasó cerca de seis meses detenido sin que comenzara su juicio. (Esta evidencia se analiza en el documento de 238 páginas de la sentencia).

Sin embargo, esta escasa evidencia fue suficiente para el juez Moro. En lo que los estadounidenses podrían considerar un juicio amañado, sentenció a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel.

El Estado de derecho en Brasil ya había recibido un golpe devastador en 2016, cuando la sucesora de Lula da Silva, Dilma Rousseff (quien resultó electa en 2010 y luego reelecta en 2014), fue destituida de su cargo. Casi todo el mundo (y quizá casi todos los brasileños) cree que se le destituyó por corrupción pero, de hecho, se le acusó de una maniobra contable que hizo que el déficit presupuestario federal pareciera temporalmente menor de lo que se vería sin haberlo maquillado. Era algo que otros presidentes y gobernadores habían hecho sin consecuencias. Además, el propio procurador federal del gobierno concluyó que no se trataba de un delito.

Aunque había funcionarios de partidos de todo el espectro político involucrados en la corrupción, incluyendo el Partido de los Trabajadores, en el proceso de destitución no hubo cargos de corrupción contra Rousseff.

Lula da Silva sigue a la cabeza de la contienda para las elecciones de octubre, debido a su éxito y el de su partido en revertir un largo declive económico. De 1980 a 2003, la economía brasileña apenas creció, cerca del 0,2 por ciento anual per cápita. Lula asumió el cargo en 2003 y Rousseff en 2011. Para 2014, la pobreza había disminuido un 55 por ciento y la pobreza extrema un 65 por ciento. El salario mínimo real se incrementó un 76 por ciento, los sueldos en general subieron un 35 por ciento, el desempleo llegó a niveles bajos récord y la infame desigualdad en Brasil por fin había cedido.

Pero en 2014 comenzó una profunda recesión y la derecha brasileña pudo aprovechar la desaceleración económica para escenificar lo que muchos brasileños consideran un golpe de Estado parlamentario.

Si se prohíbe a Lula da Silva participar en las elecciones presidenciales de 2018, el resultado podría tener muy poca legitimidad, igual que en las elecciones de Honduras celebradas en noviembre, consideradas por un amplio sector de la opinión pública como un robo. Una encuesta del año pasado encontró que el 42,7 por ciento de los brasileños creen que los medios noticiosos y el sistema judicial persiguen a Lula da Silva. Unas elecciones poco creíbles podrían ser políticamente desestabilizadoras.

Quizás aún más importante es que Brasil se habrá reconstituido como una forma mucho más limitada de democracia electoral, una en la que un poder judicial politizado puede evitar que un líder político popular se postule a la presidencia. Eso sería una calamidad para los brasileños, América Latina y el mundo.


Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

Pentágono revela estrategia para enfrentamiento militar con Rusia y China

22 enero 2018

El secretario de Defensa de la administración Trump, ex general de la Infantería de Marina James Mattis, presentó el viernes una nueva Estrategia de Defensa Nacional que señala las preparaciones abiertas del imperialismo estadounidense para un enfrentamiento militar directo con Rusia y China con armas nucleares.

Hablando en la Universidad Johns Hopkins en Maryland, Mattis dejó en claro que la estrategia, el primer documento de este tipo que emitirá el Pentágono en aproximadamente una década, representó un cambio histórico de la justificación ostensible del militarismo global estadounidense durante casi dos décadas: la llamada guerra contra el terrorismo.

“La gran competencia de poder ―no el terrorismo― ahora es el foco principal de la seguridad nacional de los EUA”, dijo Mattis en su discurso, que acompañó el lanzamiento de un documento desclasificado de 11 páginas que describe la Estrategia de Defensa Nacional en términos generales. Se envió una versión clasificada más larga al Congreso de los EUA, que incluye las propuestas detalladas del Pentágono para un aumento masivo del gasto militar.

Gran parte del lenguaje del documento se hizo eco de los términos utilizados en el documento de estrategia de seguridad nacional presentado el mes pasado en un discurso fascista pronunciado por el presidente Donald Trump. Mattis insistió en que Estados Unidos se enfrenta a “una creciente amenaza de poderes revisionistas tan diferentes como China y Rusia, naciones que buscan crear un mundo consistente con sus modelos autoritarios”.

La estrategia de defensa continúa acusando a China de buscar “la hegemonía regional del Indo-Pacífico en el corto plazo y el desplazamiento de los Estados Unidos para alcanzar la preeminencia global en el futuro”.

Rusia, acusa, intenta lograr “la autoridad de veto sobre naciones en su periferia en términos de sus decisiones gubernamentales, económicas y diplomáticas, destruir la Organización del Tratado del Atlántico Norte y cambiar las estructuras económicas y de seguridad de Europa y Medio Oriente a su favor”.

“China es un competidor estratégico que utiliza la economía depredadora para intimidar a sus vecinos mientras militariza características en el Mar del Sur de China”, afirma. “Rusia ha violado las fronteras de las naciones cercanas y persigue el poder de veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de sus vecinos”.

En lo que parecía ser una amenaza dirigida contra Rusia y China, Mattis advirtió: “Si nos desafían, será el día más largo y el peor”.

Tanto Moscú como Beijing emitieron declaraciones condenando la estrategia de defensa de Estados Unidos. Un portavoz chino denunció el documento como un retroceso a una “mentalidad de Guerra Fría”. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en una conferencia de prensa de las Naciones Unidas: “Es lamentable que en vez de tener un diálogo normal, en lugar de utilizar la base de hecho, Estados Unidos se esfuerce por demostrar su liderazgo a través de estrategias y conceptos de confrontación”. Un portavoz del gobierno en Moscú calificó el documento como “imperialista”.

Al igual que la Estrategia de Seguridad Nacional lanzada el mes pasado, la estrategia de defensa también señala a Corea del Norte e Irán como “regímenes deshonestos”, acusándolos de regiones desestabilizadoras a través de su “búsqueda de armas nucleares o patrocinio del terrorismo”. Acusa a Teherán de “competir con sus vecinos, afirmando un arco de influencia e inestabilidad mientras compiten por la hegemonía regional”.

El documento exige la preparación para la guerra a través de lo que describe como “tres regiones clave”: el Indo-Pacífico, Europa y el Medio Oriente. El documento también hace breves referencias a América Latina y África, afirmando la necesidad del imperialismo estadounidense de luchar por la hegemonía en ambos continentes. Deja en claro que estos continentes son escenarios de la lucha por la “gran potencia” global que constituye el núcleo de la estrategia, afirmando que un objetivo clave en África es “limitar la influencia maligna de las potencias no africanas”.

Lo que emerge claramente del documento del Pentágono es una visión del imperialismo estadounidense asediado por todos lados y en peligro mortal de perder el dominio global. Refleja el pensamiento de la camarilla de generales jubilados y en servicio activo que dominan la política exterior de la administración Trump de que los últimos 16 años de guerras interminables en Medio Oriente y Asia Central no han logrado fomentar los intereses estratégicos de EUA, creando una serie de debacles, mientras aplastaba al ejército de los EUA.

“Hoy, estamos saliendo de un período de atrofia estratégica, conscientes de que nuestra ventaja militar competitiva se ha ido erosionando”, afirma el documento. “Nos enfrentamos a un desorden mundial cada vez mayor, caracterizado por el declive en el orden internacional basado en reglas de larga data, creando un entorno de seguridad más complejo y volátil que cualquier otro que hayamos experimentado en la memoria reciente. La competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación en la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El objetivo del Pentágono, de acuerdo con la estrategia de defensa, es garantizar que los EUA sigan siendo “la potencia militar preeminente en el mundo” capaz de “garantizar que el equilibrio de poder siga a nuestro favor”, “avanzar un orden internacional que sea más propicio para nuestra seguridad y prosperidad” y “preservar el acceso a los mercados”.

El empuje del documento es una demanda de una gran acumulación de la máquina de guerra estadounidense, que ya gasta más que los siguientes ocho países combinados, incluyendo casi el triple del gasto militar de China y aproximadamente ocho veces la cantidad gastada por Rusia.

Un fracaso en la implementación del enorme gasto militar que el Pentágono está demandando ―la Casa Blanca de Trump ha pedido un aumento de $54 mil millones en el presupuesto militar, mientras que los líderes del Congreso han sugerido un aumento aún mayor― dará como resultado “una disminución de la influencia global de los EUA que erosionará la cohesión entre aliados y socios, y reducirá el acceso a los mercados que contribuirá a una disminución de nuestra prosperidad y nivel de vida”, advierte el resumen desclasificado de la estrategia de defensa.

A pesar de haber desviado miles de millones de dólares de la economía de los EUA para pagar los últimos 16 años de guerra, Mattis y la estrategia de defensa presentan al ejército estadounidense como una institución que ha sido privada de recursos, incapaz de cumplir con la “preparación, adquisición y requisitos de modernización”.

El objetivo primordial en términos de modernización es la construcción de la “tríada nuclear” de los EUA: la serie de misiles balísticos intercontinentales de Washington, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos, capaces de destruir la vida en el planeta muchas veces.

El documento dice que el Pentágono buscará actualizar todos los aspectos de su aparato de guerra nuclear, “incluyendo comando, control y comunicaciones nucleares, y la infraestructura de apoyo”. Agregó que “la modernización de la fuerza nuclear incluye el desarrollo de opciones para contrarrestar a los competidores, estrategias coercitivas, basadas en el uso amenazador de ataques nucleares o estratégicos no nucleares”. En otras palabras, el ejército de los EUA está preparado para lanzar una guerra nuclear en respuesta a un ataque convencional o cibernético.

Es revelador que el documento del Pentágono use las palabras “letal” y “letalidad” 15 veces para describir los objetivos de Mattis y sus colegas generales con respecto a su propuesta de concentración militar. Claramente, lo que se está preparando es un nivel de asesinatos en masa mucho más allá de los baños de sangre llevados a cabo en Iraq, Afganistán, Libia, Siria, Yemen y otros lugares.

En el discurso de Mattis había un fuerte elemento de resentimiento hacia el gobierno civil y su control constitucional sobre el ejército. Describió que las tropas estadounidenses se ven obligadas a “tener estoicamente una actitud de ‘éxito a cualquier costo’, ya que trabajaron incansablemente para cumplir la misión con recursos inadecuados y desalineados simplemente porque el Congreso no pudo mantener un orden regular”.

Mattis advirtió que los planes de guerra descritos en el documento requerirán “una inversión sostenida por parte del pueblo estadounidense”, y señaló que las “generaciones pasadas” se vieron obligadas a hacer “sacrificios más duros”.

Estos nuevos “sacrificios” tomarán la forma de recortes salvajes a los servicios sociales esenciales, incluida la destrucción de la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, con la transferencia de recursos al ejército, la industria armamentística y la oligarquía financiera.

La Estrategia de Defensa Nacional lanzada el viernes constituye una grave advertencia para los trabajadores de los EUA y de todo el mundo. Impulsada por la crisis de su sistema, la clase dominante capitalista de Estados Unidos y su ejército se preparan para una guerra mundial librada con armas nucleares.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de enero de 2018)
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