"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

domingo, 21 de septiembre de 2014

'No hay ningún dios. Soy ateo'

El Mundo

Stephen Hawking (Oxford, 1942) ya no puede mover ni un dedo. La devastadora enfermedad que empezó a corroer su sistema nervioso, cuando sólo tenía 21 años, ni siquiera le permite manejar el ratón que usaba antes para seleccionar palabras en su ordenador y transmitirlas a través de un sintetizador de voz. Los músculos de su rostro se han convertido en las últimas herramientas corporales que le quedan para comunicarse, activando con la mejilla derecha un sensor acoplado sobre sus gafas.

Gracias a esta impresionante tecnología diseñada especialmente para él, Hawking logra mover un cursor en una pantalla y activar así la legendaria voz robótica que habla en su nombre con acento americano. Pero pese al esfuerzo titánico que debe afrontar para compartir sus ideas, ha concedido una entrevista exclusiva para los lectores de EL MUNDO.

Cuando aparece sobre su silla de ruedas en el hotel de Tenerife donde tiene lugar nuestro encuentro, nos conquista nada más llegar, esbozando una entrañable sonrisa con esos pocos músculos de la cara que todavía le sirven para expresar pensamientos y emociones. Como los médicos ya no le permiten volar, Hawking ha viajado hasta la isla canaria en un crucero de seis días para presentar esta semana su visión del cosmos en el Festival Starmus, un congreso concebido para divulgar los hallazgos de la astronomía a toda la sociedad.

De repente, me encuentro ante uno de los cerebros más brillantes del último siglo, a punto de realizar la entrevista con la que siempre he soñado. Pero cuando llega el momento de la verdad, me quedo tan impactado que no sé muy bien ni cómo debo saludarle. Una de sus cinco enfermeras, Nikky O'Brien, se da cuenta de mis titubeos y resuelve mis dudas de inmediato, cogiendo la mano de Hawking y acercándola a la mía, para que pueda estrechársela.
Un 'gourmet' en Canarias

Tras agradecerle al científico más famoso y admirado del planeta el inmenso privilegio de habernos concedido una entrevista exclusiva, le enseño el maravilloso retrato de Ricardo Martínez que le hemos traído como regalo, y también el espectacular set que hemos preparado para hacerle fotos, ante un lienzo de constelaciones y galaxias pintado por otro de nuestros dibujantes, Ulises Culebro.

«Espero que le guste. Si le parece bien, nos gustaría en primer lugar fotografiarle con este fondo cósmico», le explico. Su respuesta afirmativa, que tarda aproximadamente medio minuto llegar, es la primera palabra que nos transmite a través de los movimientos de sus mejillas: «Yes». La enfermera O'Brien, permanentemente pendiente de cada mínimo gesto de Hawking, empieza a peinarle con ímpetu y nos confirma la aprobación del astrofísico: «Adelante, no hay problema, le ha gustado mucho todo lo que habéis montado».

Mientras Hawking posa como un profesional para la sesión de fotos,levantando los ojos para mirar a la cámara y regalándonos sus mejores sonrisas, le pregunto a Nikky O' Brien si el profesor está disfrutando de su visita a Canarias. «¡Desde luego! Incluso ya ha probado las papas con mojo picón y le encantan», me asegura. A pesar de que su movilidad es cada vez más reducida, Hawking todavía puede masticar bien la comida y es un auténtico gourmet.

Teniendo en cuenta la importancia crucial del sofisticado sistema informático que utiliza el astrofísico para comunicarse, le pregunto a la enfermera de Hawking si entre su equipo de cuidadores hay alguien con conocimientos de informática, por si surge algún problema con su ordenador o el sintetizador de voz. «Pues la verdad es que no, y el ordenador se queda colgado de vez en cuando», me confiesa O'Brien. Sin embargo, si se produce una incidencia importante, la enfermera nos explica que un informático de Cambridge siempre puede entrar en el ordenador de Hawking mediante una conexión remota y resolver cualquier problema.

Tres palabras por minuto


(Imagen: CARLOS GARCÍA POZO / Edición: NACHO MORENO)

Con el sofisticado mecanismo que activa mediante el movimiento de sus mejillas, Hawking logra escribir una media de tres palabras por minuto. Por eso, para entrevistar al astrofísico británico, es una condición imprescindible enviarle las preguntas con antelación. De lo contrario, el diálogo se extendería durante muchas horas, e incluso días. En nuestro caso, le enviamos por correo electrónico un cuestionario de 10 preguntas a finales de agosto, tres semanas antes de que nos reuniéramos con él en Tenerife el pasado jueves.

Cuando termina la sesión de fotos, que Hawking ha soportado sin una sola queja, me acerco a él y le pregunto si podemos empezar nuestro diálogo. De inmediato, empieza a mover el cursor en la pantalla de su ordenador a través del sensor acoplado a sus gafas, y veo que lo coloca sobre un documento de Word en su escritorio que ha llamado «EL MONDO». Me hace gracia la pequeña errata en el nombre de nuestro periódico, y sobre todo me emociona la idea de que el infatigable explorador del cosmos haya dedicado unas cuantas horas de su tiempo a contestar a las preguntas que le hicimos llegar por e-mail.

Le pregunto en primer lugar si sigue creyendo, como dijo en el libro que le hizo mundialmente famoso, Historia del Tiempo, que algún día lograremos una «Teoría del Todo» para comprender las leyes que gobiernan el Universo, o si hay aspectos de la realidad en las que nunca podrá penetrar la mente humana. Su respuesta refleja una inquebrantable fe en el poder de la ciencia para desentrañar los misterios del cosmos: «Creo que sí conseguiremos entender el origen y la estructura del Universo. De hecho, ahora mismo ya estamos cerca de lograr este objetivo. En mi opinión, no hay ningún aspecto de la realidad fuera del alcance de la mente humana».

Ciencia 'versus' religión
En mi segunda pregunta, le pido que me aclare su postura sobre Dios y la religión, que ha generado un intenso debate entre sus lectores. Por un lado, al final de Historia del Tiempo, escribió que si algún día lográramos esa «Teoría del Todo», conoceríamos «la mente de Dios». Pero posteriormente en su polémico libro El gran diseño, afirmó que el Universo puede crearse «de la nada, por generación espontánea», y que la idea de de Dios «no es necesaria» para explicar su origen. Le pregunto, ante esta aparente contradicción, si cambió su opinión en este terreno, y si se considera agnóstico o ateo.

Su rotunda respuesta deja muy claro que aunque muchos han llegado a calificar como «un milagro» el hecho de que Hawking siga vivo, medio siglo después de que se le diagnosticara una enfermedad cuya esperanza de vida suele ser de un par de años, el astrofísico rechaza de plano todas las creencias religiosas: «En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el Universo.Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos 'la mente de Dios' era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero éstos no son compatibles con la ciencia».

Antes de poder responder a cada pregunta, Hawking va seleccionando frases del archivo donde ha dejado preparadas sus respuestas y las vuelca en un programa llamado Speaker, queconvierte textos escritos en frases que emite su sintetizador. Elsoftware que produce la famosa voz de Hawking es de los años 80, la época de la traqueotomía a la que tuvo que someterse le dejó definitivamente sin habla. En realidad, hoy existen programas más avanzados que suenan mucho menos robóticos, pero Hawking lleva ya tantos años utilizando esta voz, que se identifica plenamente con ella y no tiene ninguna intención de cambiarla.

En una ocasión incluso le preguntaron si no preferiría instalarse un sintetizador con un acento british, que se parecería mucho más a la voz original de un nativo de Oxford como él. Pero Hawking respondió con su inconfundible sentido del humor, que sin duda le ha ayudado a soportar tantos años una enfermedad tan cruel: «con el acento americano, tengo mucho más éxito con las mujeres».
La conquista de otros planetas

Tras dialogar sobre la religión, pasamos de lo divino a lo humano y le pregunto si cree que sigue mereciendo la pena invertir millones en enviar misiones con astronautas al espacio, o si le parece un despilfarro, como opinan muchos de sus colegas científicos. El astrofísico tiene muy claro que la conquista del cosmos debe continuar, no sólo porque «la exploración espacial ha impulsado y continuará impulsando grandes avances científicos y tecnológicos», sino porque puede representar un seguro de vida para la futura supervivencia de nuestra especie: «Podría evitar la desaparición de la Humanidad gracias a la colonización de otros planetas».

Tampoco puedo desaprovechar la incomparable oportunidad de poder dialogar en España con Hawking, para preguntarle sobre los recortes que ha sufrido el campo de la investigación científica en nuestro país en los últimos años. «¿Qué mensaje le mandaría al presidente del Gobierno español si le tuviera delante, sobre la importancia de invertir en ciencia?». El astrofísico, una vez más, demuestra que no se anda con medias tintas. Éste es su recado para Mariano Rajoy y toda la clase política de nuestro país: «España necesita licenciados con formación científica para garantizar su desarrollo económico. No se puede animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas con recortes en el campo de la investigación».

El tiempo se nos acaba y la enfermera O'Brien empieza a hacerme la señal de la guillotina, pero veo en la pantalla de Hawking que aún tiene una respuesta más a una pregunta que le hice sobre cómo le gustaría que le recordaran las futuras generaciones. «Espero que se me recuerde por mi trabajo en el campo de la cosmología y los agujeros negros», me contesta antes de que empiecen a llevárselo sus enfermeras.

Me llama la atención que no dice absolutamente nada sobre el extraordinario ejemplo que ha dado con su vida, al demostrar hasta dónde puede llegar la capacidad de superación del ser humano ante la adversidad más cruel. Y mientras desaparece por los pasillos del hotel, me acuerdo de una de sus sentencias más inolvidables: «La Humanidad es tan insignificante si la comparamos con el Universo, que el hecho de ser un minusválido no tiene mucha importancia cósmica».

40 millones de ciudadanos en EEUU están endeudados con préstamos estudiantiles



El endeudamiento de los estudiantes universitarios en Estados Unidos es el más alto desde 1995. Siete millones simplemente no pueden pagar sus préstamos.

Uno de cada 3 graduados de universidad termina sus estudios con una deuda promedio de 26.000 dólares y con pocas posibilidades de conseguir empleo.

Según analistas de la cadena CNBC este es el peor mercado de trabajo en los últimos 75 años. El desempleo de personas entre 20 y 24 años es del 11.1%.

Esto ha ocasionado que uno de cada cinco americanos entre 20 y 30 años tenga que vivir con sus padres y el 60% recibe ayuda de su familia.

Con estas estadísticas, los jóvenes se ven obligados a obtener dinero como sea para pagar sus deudas estudiantiles

Algunos, los más desesperados hasta venden partes de sus cuerpos. Caminando por los pasillos de la Universidad de Cornell se puede ver el diario de la universidad con avisos de la agencia californiana, Miracle Baby Donor, (Donantes Bebé Milagro, en español) pidiendo donantes de óvulos. En general las clínicas ofrecen entre 6.000 y 8.000 dólares a esos donantes

Pero algunos sitios como Elitedonors.com ofrecen 80.000 dólares. Aunque exigen algunos requisitos llamativos: las donantes tiene que ser graduadas con excelentes notas (entre los diez mejores de la clase) y tener cuatro años de universidad, entre otros criterios.

Para aquellos que no se animen a vender sus óvulos, pueden ofrecer su sangre; por dos horas y media de sesión pueden obtener 60 dólares por semana.

Pero no todos hacen sacrificios para poder pagar sus deudas, sino que por el contrario obtienen suculentas ganancias gracias a estos estudiantes.

Según una investigación del Centro para el Progreso Estadounidense, en el ciclo 2011-2012, los centros de educación superior de este país recaudaron 154.000 millones de dólares por matriculas, mientras los estudiantes y sus familias financiaron esos gastos con préstamos por 106.000 millones de dólares de los programas públicos de ayuda estudiantil, de acuerdo al reporte publicado por la revista Ciencia on line.
Crisis

Estos problemas se agudizaron con la crisis económica del 2008.En junio de 2010 y por primera vez en la historia de Estados Unidos, la deuda total de préstamos estudiantiles era más voluminosa que el total de la deuda pendiente de pago por tarjeta de crédito y alcanzó la cifra de mil millones de dólares. Los economistas estiman que el costo de la matrícula y las cuotas se ha duplicado desde el año 2000, superando la tasa de inflación en vivienda, energía y salud.

Como los ingresos de los hogares también se han visto estancados en los últimos 20 años los estudiantes y sus familias se han visto obligadas a recurrir a préstamos para cubrir los costos de la educación. Según el Departamento de Educación el 45% de los graduados de 1992-1993 tomaron préstamos privados o federales, hoy al menos dos tercios de los graduados entran en el mundo laboral con deuda educativa.

Esto no es nuevo, han pasado 35 años desde que el gobierno federal empezó a intervenir en el negocio de los préstamos a estudiantes para financiar su educación superior universitaria. Las leyes sobre bancarrota que tienen a los estudiantes y sus familias con una deuda que supera los mil millones de dólares.

Estas regulaciones comenzaron en 1978 cuando se aprobó la Banckruptcy Reform Act (Acta de reforma de bancarrota, en español) que prohibía a los estudiantes deudores declararse en bancarrota durante cinco años inmediatamente después que hayan terminado su carrera. En 1990 esta cláusula aumentó a siete años.

En 1998 el presidente Bill Clinton firmó una ley que prohíbe a los estudiantes eliminar la deuda universitaria cuando se declaran en bancarrota.

En el año 2005 el senado elimina cinco protecciones para los estudiantes deudores, entre ellas el derecho a refinanciar la deuda. Con estas nuevas leyes los acreedores pueden quitar a los que deben un porcentaje del sueldo, o el seguro social, el suplemento para discapacitados, o hasta la casa.

Aunque el presidente Obama ha introducido algunos cambios, ha bajado el tipo de interés, e instalado un plan para que se pague acorde a lo que se deba, esto es limitado a un cierto tiempo, después vuelven a subir los pagos mensuales. Ninguna de las protecciones que existían antes de la reforma de 2005 se ha vuelto a aplicar.

La senadora Demócrata Elisabeth Warren presentó un proyecto que permitiría a los estudiantes refinanciar sus deudas a tasas más bajas, financiado con la llamada “regla Buffet’’ (del millonario Warren Buffet, que propuso que se le aumenten los impuestos a los ricos), pero el Partido Republicano impidió que el proyecto de ley pase.

Mientras tanto, millones de jóvenes en este país seguirán vendiendo partes de su cuerpo, o simplemente renunciarán a estudiar por la imposibilidad de pagar sus deudas e hipotecar su futuro.

Anahi Rubin

Cuba suscribe 61 tratados de protección a inversión extranjera.


Cuba ha firmado 61 tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera, bajo el amparo de la nueva ley en la materia, destacaron medios locales.

Esas rúbricas tienen el propósito de garantizar la seguridad de ambas partes en los contratos económicos y disponer de mecanismos de solución de controversias por medio de arbitrajes internacionales..

Al informar sobre el tema en el Congreso Internacional "Abogacía 2014", que concluye este viernes en La Habana, el presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, Raúl Lozano, expresó la importancia de que la inversión extranjera se haga de modo "socialmente responsable".

Esto es necesario para que, "además de generar ventajas como los empleos e intercambios de tecnologías, se protejan los recursos naturales y se empleen energías renovables", resaltó Lozano.

La nueva Ley cubana de Inversión Extranjera que entró en vigor en junio último ofrece beneficios tributarios y garantías de que los capitales no serán expropiados, con la finalidad de atraer capitales frescos para potenciar la economía de la isla.

"Abogacía 2014" reú­ne a más de 600 profesionales de 20 países en sesiones dedicadas a la contratación y litigios económicos y mercantiles, la protección de derechos civiles y familiares, el derecho y los litigios penales, entre otros temas.

Fuente: XinhuaNet

Cuba: demanda sociedad civil a Gobierno de EE.UU. por violación en el c...



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La empresa estatal vuelta a examinar

Por Camila Piñeiro Harnecker

En momentos en que en Cuba se está redefiniendo el modelo económico y no se renuncia a la empresa estatal en las actividades fundamentales, la propuesta de Luis Marcelo Yera sobre cómo materializar la propiedad social en grandes empresas cobra gran relevancia. Su obra Repensando la economía socialista: El quinto tipo de propiedad,[1] merece ser estudiada con detenimiento, pues —complementada con otros trabajos que contribuyan a responder algunas preguntas que el autor no se propuso abordar, y que requieren un análisis más allá de la esfera empresarial— constituye una importante contribución a dos de las tareas pendientes más significativas en el actual proceso de cambios: la conceptualización del modelo económico cubano y, en particular, el rediseño de la empresa estatal.

Es en sí un gran aporte el hecho de elucidar una forma de organización de la empresa estatal cubana que permita combinar simultáneamente altos grados de autonomía y control social para lograr una gestión efectiva, después de haber intentado tantas variantes sin incrementos sostenidos de la productividad que satisfagan las necesidades materiales de nuestro pueblo. Yera defiende que no es necesario privatizar para desestatizar y superar los problemas de estas empresas: un nuevo tipo de propiedad, en la forma de corporaciones ramales de conglomerados de cooperativas, es la salida socialista y factible. Sería un quinto tipo de propiedad, además de otros cuatro que han existido en las experiencias históricas de «socialismo»: la privada individual (autoempleo), la privada capitalista (empresas donde se contrata trabajo asalariado permanente), la privada cooperativa (cooperativas tradicionales de autonomía total que operan de forma aislada) y la estatal (empresas administradas por funcionarios estatales).

Su propuesta tiene el mérito adicional de que parte de un análisis serio y objetivo de la teoría marxista así como de la empresarial moderna. Utiliza el rico instrumental metodológico legado por Carlos Marx (la dialéctica materialista y el materialismo histórico), para prever de forma científica —y no solo a partir de frases de pensadores marxistas— el tipo de empresa que debería prevalecer en los países que se propongan construir el socialismo, lo que él llama la «manifestación empresarial de la propiedad social». Y es que instituir un tipo de organización empresarial implica establecer determinadas relaciones de propiedad (es decir, de control) sobre los medios de producción, así como otras de tipo social entre las personas que intervienen en el proceso productivo; y estas relaciones tienen un impacto que va más allá de los espacios directamente relacionados con la producción.

Según el autor, los interesados en construir una sociedad más justa, socialista, cuentan ya con las herramientas teóricas y experiencias concretas que permiten definir con suficiente precisión cómo organizar la empresa socialista: aquella que es efectiva (eficaz y eficiente) en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de sus trabajadores, consumidores y sociedad en general. Releer los clásicos marxistas a la luz de las nuevas tendencias entre las grandes empresas internacionales, nos ahorraría las improvisaciones, los ejercicios de prueba y error, o, al menos, algunos tropiezos. Implícitamente nos alerta que el actual proceso de cambios en nuestro país no tendrá los resultados esperados, si sus hacedores no tienen clara la teoría sobre la propiedad social, y, por tanto, las relaciones sociales que deberán predominar.

La conceptualización del quinto tipo de propiedad viene de aplicar la metodología dialéctica materialista marxista en la forma de la llamada «ley de la negación de la negación», que deviene una síntesis superior de ambos elementos. Así, la propiedad social sería la negación de la privada capitalista que ya había negado la privada individual precapitalista existente en la forma de trabajadores individuales artesanos y campesinos.

Expandir la propiedad social no es volver a la etapa precapitalista de productores aislados, pero sí retomar los vínculos directos de los productores con los medios de producción. Se trata de restaurar los lazos rotos en las formas empresariales capitalistas, donde los productores pierden la «propiedad» o control de los medios de producción y pasan a ser herramientas de estos mediante la relación de trabajo asalariado. Al institucionalizar en las empresas el control de los procesos productivos por sus trabajadores —la gestión democrática— se elimina la fuente de la enajenación y todas sus negativas consecuencias psicológicas y sociales, al mismo tiempo que se aprovechan fuentes de motivación hacia el trabajo no disponibles de otra manera.

De ahí que el quinto tipo de propiedad sea una «propiedad individual socialista» donde cada trabajador se siente personalmente dueño de la empresa pero de forma colectiva y se disfrutan al máximo los beneficios de la cooperación. Tales ventajas no es posible aprovecharlas totalmente en las formas capitalistas, pues su carácter privado inevitablemente resulta en relaciones de subordinación (a lo interno) y de competencia (a lo interno y externo). Yera apunta, además, que por ser social no es de nadie: los derechos y responsabilidades de cada cual deben estar bien definidos y establecidos claramente en instrumentos legales. En concreto, la visión del autor es un sistema empresarial único que, con objetivos generales socialmente aprobados, estaría representado por un conglomerado autofinanciado conformado por sociedades o empresas cooperativas unidas ramalmente, en vez de por ministerios como en el socialismo burocrático, por corporaciones de actividades homogéneas, donde las funciones operativas de las entidades de base estén descentralizadas con respecto a las funciones estratégicas de los centros correspondientes. (p. 97).

Es decir, Yera sugiere que en cada rama económica exista una corporación de ese tipo. No queda claro cuántas corporaciones considera recomendables, pero parece sugerir que lo ideal sería el menor número posible.

La forma de organización empresarial que propone toma lo más avanzado y útil de las grandes corporaciones capitalistas: la descentralización de las decisiones. Las de tipo operativo, en las que el autor incluye aquellas relacionadas con las ventas, servicios, personal y relaciones públicas, deberían estar descentralizadas y más cercanas a los trabajadores. Mientras las que implican decisiones estratégicas como las finanzas, la investigación y desarrollo, y la planificación a largo plazo, dependerían de los representantes superiores de la corporación; aunque «en estrecha y democrática vinculación con la base productiva».

El quinto tipo de propiedad toma también de una forma empresarial que ha existido en modos de producción anteriores e incluso en el capitalismo y las experiencias socialistas: la cooperativa, que sería en esta nueva propuesta la «célula básica». No se trata solo de descentralizar la gestión, sino de democratizarla y establecer relaciones socialistas de producción. De las cooperativas se toma su modelo de gestión democrática, que permite institucionalizar una amplia participación de los trabajadores mediante estructuras directivas horizontales y procedimientos de rendición de cuentas y toma de decisiones participativos. Estas organizaciones no serían privadas porque estarían socializadas al formar parte de corporaciones también socializadas, como veremos más adelante. Ello no implica que el quinto tipo de propiedad sea una «propiedad de grupos» —criticada por el Che al analizar la autogestión yugoslava—, sino un «cooperativismo armónico», socialista.

La socialización de las corporaciones se logra, en parte, mediante «contratos de arriendo diferenciado» que establecen las bases legales para lograr simultáneamente dos objetivos que parecen contrapuestos: la necesaria autonomía de gestión y el control social imprescindible para asegurar que esa gestión responda a los intereses de la sociedad (la dueña). El contrato de arriendo entre una corporación y una institución que represente los intereses sociales (el ministerio correspondiente en el intertanto) sería un «instrumento jurídico liberado de burocracia» que permitiría velar por la equidad, entre otros objetivos económicos y sociales. Aunque, como apreciaremos, el establecimiento de estos contratos no es suficiente para socializar las empresas. El autor considera inviable «cualquier tipo de intromisión burocrática extraempresarial sobre las decisiones estratégicas y operativas» de las empresas. Comparte el criterio de varios teóricos —demostrado por la práctica de corporaciones modernas y de otras formas de arrendamiento— en cuanto a que la propiedad legal de los medios de producción no es necesaria para una «apropiación efectiva», para controlar la gestión empresarial.

Con el quinto tipo de propiedad, según Yera, se superan —además de los fórceps burocráticos externos— las dos deficiencias internas mayores de la organización de la empresa estatal convencional que limitan la motivación de sus trabajadores: la incapacidad de tomar decisiones sobre la gestión y el hecho de que sus ingresos no se nutran de las utilidades. Estas deficiencias resultan en la ausencia de un sentimiento de dueño, en que no se logre superar la enajenación y, por ende, en la apatía del trabajador. Sin embargo, el autor pone más énfasis en la descentralización de las decisiones empresariales que en la participación de los trabajadores en ellas, cuando lo primero es, sin dudas, una condición necesaria para lo segundo, pero no equivalente. La participación es mencionada directamente en relación con las decisiones sobre ingresos y condiciones laborales, y la elección de sus directivos. Quizás no enfatiza lo suficiente en la gestión democrática por los trabajadores, ni en los efectos positivos que esto tiene sobre su subjetividad (el desarrollo del sentimiento de dueño y de la imprescindible conciencia socialista) porque lo considera obvio para los conocedores del modelo cooperativo de gestión.

Lo anterior puede intuirse del hecho de que Yera subraye que el mecanismo accionario (la posesión por los trabajadores de acciones de sus empresas) no es la vía más efectiva ni deseable para lograr la propiedad social. Advierte que los accionistas no necesariamente se sienten dueños de sus empresas, así como ilustra la dispersión o inexistencia de la propiedad (del sentido real de dueño) que ocurre en las grandes empresas, donde los accionistas no se preocupan por controlar su gestión y se limitan a obtener los dividendos correspondientes a su participación accionaria.

Habría sido importante mencionar que las limitaciones y peligros de utilizar las acciones para crear el sentimiento de propiedad e incentivar a los trabajadores están presentes en las grandes empresas con un elevado número de acciones o cuando estas pueden ser intercambiadas con una alta frecuencia. En las experiencias llevadas a cabo en países socialistas se evidenció que la posesión de acciones por los trabajadores no implicó un mayor compromiso de ellos con el desempeño de la entidad, y que esa fórmula tiende eventualmente a la privatización, pues muchos trabajadores se ven tentados a vender sus acciones y estas terminan concentrándose en pocas manos. Podría también hacerse referencia a estudios que han demostrado que para motivar a los trabajadores se tienen mejores resultados cuando la propiedad legal es colectiva que cuando ella se divide entre ellos mediante la distribución de acciones. De ahí que lo más importante no sea contar con una parte de las utilidades o los retornos que corresponden a las acciones poseídas, sino tener y ejercer el derecho —por ser un trabajador, un ser humano— de participar realmente en la toma de decisiones en un proceso de gestión democrática, donde una de las decisiones es qué hacer con las utilidades obtenidas.

¿Cómo socializar el quinto tipo de propiedad más allá de sus propios trabajadores?, ¿cómo estas empresas autónomas y de gestión democrática estarían bajo control social? En este sentido, Yera propone los «objetivos generales socialmente aprobados» que deberían guiar estas corporaciones socialistas: tener en cuenta la demanda perspectiva, maximizar la variedad y calidad, garantizar la compatibilidad producción-ecología, entre otros aspectos (pp. 97-8). Sin embargo, no explicita cómo ellos serían decididos, qué significa «socialmente aprobados».

Menciona que el control social de las empresas del quinto tipo de propiedad —además del interno, que recaería en los propios trabajadores, motivados por el impacto directo de su labor sobre sus ingresos y vidas— sería ejercido por diversas instituciones que representan intereses sociales. El Partido Comunista de Cuba (PCC) velaría por que ellas respondan a «estrategias de desarrollo». A su vez, el parlamento o Asamblea Nacional desempeñaría un importante papel pues las corporaciones le rendirían cuentas sobre su desempeño y podría asegurar que los planes empresariales cumplan con los «objetivos generales productivos». Por su parte, los ministerios globales controlarían, según corresponda, sus finanzas, asuntos laborales, judiciales, y lo relacionado con la seguridad social y asistencia social. Por último, la prensa y las asociaciones de consumidores velarían por que las corporaciones respondan a intereses sociales.

Pero no queda claro si estos representantes de intereses sociales participarían junto con los directivos de las corporaciones en la definición de estrategias, objetivos y planes. Se ignora también la función de los órganos locales de gobierno no solo en el control o supervisión del funcionamiento de las empresas en su territorio, sino también en la guía o dirección de estas de manera que contribuyan más efectivamente a satisfacer las necesidades de sus comunidades. Por tanto, quedan por elucidar las instituciones y procedimientos mediante los cuales se logra que las corporaciones estén «verdaderamente socializadas». Estos procesos de identificación y priorización de intereses u «objetivos sociales» trascienden la esfera empresarial y requieren de una institucionalidad o sistema de gobierno que permita construirlos democráticamente; asunto que el autor no se propone abordar en su obra.

No obstante, esta es una importante tarea pendiente; sin su resolución queda inconcluso el diseño de un sistema de dirección y gestión empresarial, componente esencial de todo modelo económico. Además, las relaciones establecidas en el seno de las corporaciones o empresas en realidad tienen alcance social pues impactan sobre la vida de los ciudadanos. La propuesta de organización empresarial de Yera debe ser complementada con una conceptualización y un diseño organizativo de ese «Estado socialista» –no el que conocemos, sino uno «coordinador y facilitador» que vele por que los «intereses empresariales no estén por encima de los sociales». Ello permitiría definir más claramente las relaciones entre las empresas socialistas y la sociedad, representada esta última a través de un sistema de gobierno. Lo anterior es fundamental para definir cómo la sociedad ejercería su condición de dueña de la propiedad social, y, por tanto, cómo podría dirigir la actividad empresarial de acuerdo con sus intereses.

De hecho, entre las capacidades que Yera atribuye a las corporaciones está identificar la demanda mediante estudios de mercado; definir «precios competitivos socialmente justos, basados en los costos de producción, la calidad, la abundancia relativa de lo producido, el mercado mundial y la necesidad de lograr la rentabilidad debida»; así como «aplicar una eficiente política inversionista». Sin embargo, en mi opinión, cuando las actividades de las corporaciones están relacionadas con necesidades básicas —incluso cuando las personas no tengan capacidad de pago— o intereses estratégicos, tales decisiones tienen un impacto social tan considerable que no parece recomendable confiárselas exclusivamente a la dirección de las corporaciones. Tampoco a las señales del mercado, pues aunque ellas reflejan con gran acierto la demanda efectiva de bienes y servicios privados (consumo individual), no básicos y bajo ciertas condiciones raramente materializables (competencia perfecta, conocimiento completo, etc.), son inservibles para identificar la demanda de bienes y servicios con cierto componente público (consumo de naturaleza colectiva o social).

Para tomar de manera más armónica esas decisiones es necesaria una coordinación o planificación democrática entre las corporaciones y los representantes de intereses sociales generales sin introducir rigideces ni paternalismos o voluntarismos que ignoren los requerimientos de toda gestión empresarial que pretenda alcanzar niveles óptimos de eficiencia. Es preciso, y justo, que los intereses sociales afectados por las actividades de las corporaciones sean tenidos en cuenta por ellas.

Esta postura del autor refleja debatibles conceptualizaciones de mercado y planificación, imposibles de abordar en esta reseña. Las relaciones de intercambio horizontales, descentralizadas, que se pueden establecer entre actores económicos no tienen que ser «de mercado», es decir, atomistas y guiadas por intereses individuales estrechos. La planificación no debe limitarse a lo interno de la empresa; resulta imprescindible como un proceso de coordinación de la actividad económica de manera que esté guiada o controlada por el bien común o interés social. Es decir, hay que socializar las relaciones horizontales de manera que actores autónomos asimilen las necesidades y aspiraciones sociales en sus intercambios; y la planificación democrática —no solo un marco regulatorio— es fundamental en ese empeño.

La propuesta de Yera está un poco permeada por el criterio absolutista de que las organizaciones empresariales de gran tamaño son siempre más eficientes que las pequeñas y medianas. Sin dudas, estas últimas tienen en el mundo tasas de fracaso mucho más altas que las de mayor tamaño. Debemos ser cuidadosos en su promoción si la intención es que realmente sean fuente de empleo estable y no precario. Pero, lo que causa el éxito relativo de las grandes empresas no es necesariamente una mayor eficiencia, sino, además, que cuentan con mayores recursos —materiales y los que emanan de la cooperación— para afrontar las dificultades en mejores condiciones.

Aunque para algunas producciones las escalas mayores aún resultan más eficientes, el desarrollo de la tecnología ha propiciado que, para un número considerable de producciones, las pequeñas y medianas escalas satisfagan una demanda cada vez más heterogénea, de manera más eficiente, eficaz y flexible, y suelan reaccionar más ágilmente ante variaciones en las preferencias de los consumidores. Por ello, y por la importancia cultural que tienen las empresas para una localidad, no creo que debamos apostar solo a grandes empresas que agrupen cooperativas.

Proponer un único tipo de corporación resulta también un poco rígido. Si el objetivo de concentrar la producción es facilitar el control social —además de alcanzar niveles óptimos de eficiencia y productividad—, existen otras maneras de hacerlo, no solo mediante la integración de todas las empresas a la corporación correspondiente a su actividad productiva. En dependencia del tipo de bien o servicio que produzca la entidad así como de la institucionalidad social que le rodee, ellas podrían coordinar sus estrategias y planes de producción con representantes de los grupos sociales sobre los que inciden. En cualquier caso, las empresas no solo deberían responder a órganos del Estado central, sino también a los gobiernos de las comunidades donde están ubicadas.

Parece recomendable también que haya espacio para diversos tipos de empresas pequeñas y medianas que surjan por iniciativas de personas, familias, grupos o gobiernos territoriales para satisfacer necesidades locales. Estas podrían establecer mecanismos de cooperación más flexibles y focalizados (solo para algunas funciones u operaciones) sin la necesidad de integrarse a una corporación, tales como cooperativas de segundo grado, asociaciones o alianzas. Además, en lugar de internalizar los intereses sociales, como plantea el autor, a través de las corporaciones ramales a las que pertenezcan, las empresas podrían hacerlo directamente con los gobiernos locales mediante asociaciones territoriales donde participen también otras en el territorio.

Por otro lado, en aquellas actividades relacionadas con necesidades básicas o estratégicas, no es aconsejable darle a la corporación tanta autonomía como propone Yera, sobre todo en lo relativo a niveles de producción, precios e inversiones, porque solo mediante los contratos de arriendo no se logra asegurar que respondan a intereses sociales. Además, hay que evitar la creación de grandes estructuras empresariales de partida sin que la base productiva esté consolidada. Las experiencias exitosas de articulación empresarial, tanto en corporaciones capitalistas como en cooperativas de grado segundo y superiores, demuestran que ello debe suceder en la medida que las empresas bases se fortalezcan y perciban las ventajas de la cooperación.

El libro de Luis Marcelo Yera, una compilación de trabajos suyos actualizados, comienza y termina con el abordaje crítico de una ley que pensadores marxistas deducen de lo planteado por Marx: la llamada «ley del cambio gradual de las formaciones económico-sociales». Más allá de las distintas interpretaciones que se pueden hacer de lo expuesto por Marx sobre las condiciones necesarias para poder iniciar un proceso de construcción socialista («alto desarrollo relativo de las fuerzas productivas» o, en países de «bajo desarrollo», la existencia de un modelo ya probado en alguna nación desarrollada y la unión de los trabajadores del campo con los de la industria), el mensaje de Yera es que esta ley no plantea que el socialismo solo puede ser construido en países de alto desarrollo relativo. Aunque queda por precisar: ¿qué tipo de desarrollo?, ¿relativo a qué?, ¿buscamos —sin ignorar la necesidad ineludible de insertarnos en el mercado mundial— competir en eficiencia o en efectividad en la satisfacción de necesidades materiales y espirituales?

Lo importante es que la construcción del socialismo en cualquier caso debe ser un proceso gradual donde las nuevas formas organizativas que reflejan las relaciones sociales socialistas superen, no por decreto sino por su demostrada superioridad, las del pasado, basadas en relaciones de subordinación y explotación. Así, el autor llama no a postergar la construcción del socialismo en nuestro país, sino a edificarlo científica y conscientemente.

Nota

[1] Luis Marcelo Yera, Repensando la economía socialista: El quinto tipo de propiedad, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010.

La participación política de los migrantes

Por Landy Machado Cajide

La intensidad de los procesos migratorios globales, en las últimas décadas, no solo vino acompañada por la incorporación, a gran escala, de países y regiones que nunca antes habían sido partícipes de los flujos migratorios internacionales; sino que, además, hizo visible formas novedosas de expresión política de los sujetos migrantes.[1] El mismo individuo adquiere, dentro de este fenómeno, dos dimensiones en su comportamiento político al tener la capacidad de participar concretamente tanto en los procesos electorales del país receptor como en los de su país de origen. De esta manera, la participación política de los migrantes —fenómeno que en algunos casos solamente se producía en los países de destino—, su involucramiento en el proceso de toma de decisiones dentro de sus países de origen, ha sido posible a partir del voto en la distancia, hecho que vino acompañado por el reconocimiento legal de la doble ciudadanía.

Lo anterior hay que situarlo en la evolución de las migraciones humanas desde mediados del siglo xix hasta la contemporaneidad, y que está condicionada por los cambios acontecidos en los contextos específicos nacionales y las coyunturas internacionales. La precisión se ha de hacer, entonces, en el concepto tradicional de migración, que considera el proceso como una especie de viaje sin retorno, por las características que asumieron los flujos migratorios globales de mediados del siglo xix y las primeras décadas del xx, donde millones de europeos se diseminaron por toda la geografía planetaria, hacia destinos que devinieron fundamentales, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Brasil etc. En esta época se introdujo la noción, no del todo errada, de que las personas abandonaban gradualmente los contactos con sus países de origen y se convertían en partes permanentes y exclusivas del país de asentamiento. A la vez, surgió la idea, por mucho tiempo dominante, de que el lugar donde los sujetos migrantes se instalaban era lo que definía su experiencia y futuro posible.

De esta manera, la condición de extranjeros se volvió el eje para investigar sus alcances, metas y limitaciones en ese nuevo escenario, lo que originó la emergencia de los estudios asimilacionistas y las bases para el nacionalismo metodológico.[2] Sobre todo se hicieron con mayor énfasis después de finalizada la Segunda guerra mundial, por las características que asumieron las migraciones internacionales a partir de 1945. En un contexto de afluencia masiva de inmigrantes en una orientación Sur-Norte, su integración y asimilación fueron —entre otras— las mayores preocupaciones para las naciones receptoras. Los estudios sobre el tema, producidos casi exclusivamente por los académicos de los países de destino, se enfocaron, entonces, en discutir los desafíos que representaba la imposición de las políticas de asimilación —generadas en las agendas de los gobiernos receptores— para las comunidades de extranjeros de diferente origen.

Esta perspectiva imperó hasta la década de los 80 del siglo pasado, cuando las circunstancias internacionales introdujeron nuevas dinámicas, así como un incremento de los flujos migratorios contemporáneos que abarcan todas las regiones geográficas. Las personas pueden desplazarse a un país vecino, o viajar hasta el otro extremo del planeta: pueden ser trabajadores, profesionales, inmigrantes o refugiados.[3] Los avances tecnológicos y en las comunicaciones no solo facilitaron los desplazamientos sino que, además, permitieron que los grupos migratorios pudieran mantener contactos regulares y cotidianos con sus lugares de origen, lo que propició experiencias inéditas comprendidas bajo la noción de comunidades transnacionales, al mismo tiempo que posibilitaron al futuro actor del proceso un acceso, sin precedentes, a la información sobre otros países.[4]

Tal situación visibiliza nuevas formas de expresión política de los sujetos migrantes en un ambiente móvil, dinámico y cambiante, como se considera actualmente a la migración contemporánea. Ya no solo su participación política es un suceso exclusivo de las sociedades receptoras, sino que también pueden involucrarse activamente dentro del proceso de toma de decisiones de su país de origen. La aparición de este fenómeno es mucho más reciente, y la noción de lo transnacional ha dado nueva vida a la forma de analizar esta experiencia. Si bien las relaciones con sus lugares de origen se producen fundamentalmente en lo económico, lo cultural y lo social, también se originan en el ámbito político por la existencia de la doble ciudadanía, extendida a nivel global, y la amplitud de los derechos políticos de los emigrados, lo cual tiene su expresión más concreta en el sufragio.[5]

Este artículo persigue exponer, de modo sucinto, las formas de expresión política de los migrantes en su doble dimensión participativa, tanto en los países donde residen como en sus naciones de origen.
Voto en el país receptor

El tema de la participación política de los inmigrantes dentro de las dinámicas electorales del país receptor es resultado de dos elementos complementarios que no necesariamente coinciden. Por un lado, el interés de las clases dominantes del país anfitrión de incorporar o no a los extranjeros en la vida política nacional. A la participación se llega después de haber cumplido los requisitos establecidos por la legislación migratoria del país receptor para los procesos de naturalización y otorgamiento de ciudadanía, que pueden ser difíciles y temporalmente dilatados. En ocasiones, suelen ser rápidos de acuerdo con las coyunturas específicas nacionales; por ejemplo, cuando se trata de inclinar la balanza en un resultado electoral, como ocurrió con los irlandeses en los Estados Unidos a mediados del siglo xix. Por otro lado, se encuentra el interés que pueda tener el extranjero de incorporarse como ciudadano a su nuevo país de residencia, que responde a la subjetividad que implica optar por una nacionalidad distinta de la propia.

Si partimos de la idea clásica generalizada de que los derechos políticos y participativos en procesos electorales dentro de un Estado son exclusivos de sus nacionales, destaca la acepción de extranjeros en el sentido de dónde quedan, cómo se incorporan y si cuentan para la democracia en los países de residencia. Y en los casos donde les sea permitida su participación política, cuáles son los impactos electorales que las comunidades inmigrantes tienen en los sistemas políticos de los países donde se integran, tanto por su capacidad de movilización como apoyo a candidatos en coyunturas específicas.

En un contexto internacional de alta movilidad migratoria, en los países de alta recepción como Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, las comunidades de inmigrantes representan entre 3% y 18% de la población.[6] En algunos de ellos, los extranjeros son excluidos o limitados del derecho al voto. Muchos estudiosos consideran que este asunto se resuelve sin mayores complicaciones a través del proceso de naturalización y, con ella, la obtención automática de derechos políticos básicos, como votar.[7]

Los distintos dilemas a los cuales se enfrentan los inmigrantes en los países receptores para alcanzar la ciudadanía formal es un tema que divide actualmente a las sociedades entre quienes pueden acceder a derechos políticos elementales y quienes no. Ello resulta más visible en Europa, donde el acceso a la ciudadanía para los inmigrantes se ha convertido en un asunto politizado, traducido en el discurso y en la formulación e implementación de políticas migratorias restrictivas —más aún después del 11 de Septiembre—, en los Estados Unidos y en la Unión Europea. El hecho de que las comunidades de inmigrantes son cuerpos no asimilados, con notables diferencias culturales (lengua, costumbres, religión, estructuras y relaciones familiares) y que han absorbido una parte significativa de las funciones sociales y económicas menos atractivas, ha generado, al conjugarse con la crisis del modelo de bienestar a partir de la década de los 70, una creciente percepción del inmigrante como amenaza. El principio ius sanguini[8] reflejado en sus respectivas legislaciones —tradición muy arraigada en la historia europea y que se ha potenciado por factores políticos y económicos—, asume, ante este contexto, otro aspecto y función al devenir instrumento para preservar reales o supuestas identidades nacionales y cerrar a los inmigrantes el acceso a los beneficios de la protección estatal a los ciudadanos.

Lo descrito refleja la situación marginal a la que se encuentran sometidos los inmigrantes dentro de los países de destino, que crea una especie de círculo vicioso en el que los derechos políticos se reservan a los ciudadanos (nativos o naturalizados), y se excluye a otros por un sinnúmero de razones personales y, sobre todo, legales, por lo que no pueden influir, ni siquiera por la vía electoral, en revertir su marginalidad.

En algunos países europeos, este tema se ha asumido con mucha seriedad, porque se considera que mantener a grupos numerosos de personas en condiciones de exclusión política contraviene principios básicos de la democracia contemporánea y, por tanto, la vuelve vulnerable. No obstante, el proceso de incorporación de los inmigrantes a la vida política ha sido complejo por la visión que se tiene de los extranjeros y de su potencial, no solo en términos de su creciente índice de natalidad, sino también por otros aspectos culturales, diferentes al sistema político de los países donde se incorporan.

Los antecedentes de su incorporación a la vida política se remontan a los años 70, cuando esta tomó forma en varios países de Europa, los Estados Unidos y Canadá, al permitir su participación en elecciones municipales (Alemania) y generales (Bélgica), así como la existencia de delegados extranjeros (Francia). Las primeras aperturas evidentes del voto a los extranjeros en el viejo continente se realizaron a favor de nacionales de otros Estados con los que había existido unidad en el pasado, o compartían características de la nacionalidad, por ejemplo los países del Consejo Nórdico (Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia), y con los integrantes de la Commonwealth.

En 1992 tuvieron lugar dos acontecimientos decisivos: la aprobación por el Consejo de Europa, en Estrasburgo, del Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local y la extensión del derecho de sufragio a todos los residentes que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. El reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros quedó estructurado en tres partes de modo que cada Estado puede ratificar la Convención aceptando alguna de ellas. Los Estados signatarios fueron escasos y poco relevantes desde el punto de vista de la inmigración (Albania, Chipre y República Checa); otros comprometieron su firma solo para la participación distinta del voto (Italia), y únicamente Estados, como los nórdicos, que ya reconocían el derecho de voto, lo ratificaron en su totalidad. En Portugal y España, el reconocimiento se establece con la condición de reciprocidad, es decir, solo para los originarios de países con los cuales se ha firmado un compromiso mutuo de concesión del derecho de sufragio.

Dentro de los Estados Unidos, en Nueva York los extranjeros pudieron votar a partir de 1973 para elegir representantes en los consejos escolares (en otros estados este derecho es exclusivo para los ciudadanos). En 1991, el estado de Maryland aprobó, mediante referendo, el voto de los inmigrantes y, desde entonces, este derecho se ejerce en cinco condados.[9] En julio de 2004, en Washington DC, el Consejo de la ciudad introdujo una iniciativa para permitir a los no ciudadanos votar en las elecciones locales. Pero lo más representativo ha sido la incorporación de la minoría latina dentro del sistema político norteamericano por el alcance que ha obtenido en las últimas décadas.[10]

El voto latino ha dejado de ser la imagen del gigante dormido redescubierto en cada ciclo electoral por el resultado anunciado de una comunidad que, hasta los años 80, podía analizarse por su fuerte simpatía hacia el Partido Demócrata. Actualmente, muestra un perfil más complejo debido a la diversificación del propio flujo migratorio, que ya no se compone de manera casi exclusiva por mexicanos —aunque siguen siendo mayoría (63%)—; ahora incorpora, en mayor proporción, inmigrantes de todo el continente.

Desde las elecciones presidenciales de los 80 hasta la más reciente, en 2012, su crecimiento y participación dentro del electorado general ha sido exponencial, al mismo tiempo que sus votos son cada vez más decisivos, tanto para los candidatos demócratas como republicanos, para ganar las elecciones presidenciales, federales o para el Congreso. Su impacto se hizo más visible en las elecciones de 2006 para ambas cámaras, cuando 70% del electorado latino votó a favor de los demócratas y, con mayor profundidad, en las presidenciales de 2008 y 2012, cuando también fue mayoritario su apoyo al demócrata Barack Obama.[11]

En este caso específico pudiera decirse, entonces, que la participación política de los inmigrantes latinos se produce porque el sistema político del país receptor contribuye a fortalecer o inhibir prácticas participativas, a partir de las experiencias del migrante dentro de él. Este pasa por un proceso de asimilación de la cultura política del país receptor, lo cual no quiere decir que no reproduzca las de su lugar de origen. Esto quizás pueda explicar por qué algunas comunidades son más reacias a participar, mientras que otras son mucho más proclives a hacerlo, sea por petición y satisfacción de demandas, o en representación de su comunidad; y otros son más cerrados en cuanto a reproducir la realidad cotidiana de sus orígenes dentro de un entorno étnico-comunitario.[12]

Pero el proceso de incorporación de los inmigrantes en las sociedades de destino puede venir acompañado de una movilidad social ascendente. El ejemplo más representativo continúa siendo la comunidad latina en los Estados Unidos. Así, en el gobierno de Obama encontramos hispanos, como también en la Cámara de Representantes, en el Senado y en el Tribunal Supremo de Justicia. Los casos más relevantes —identificados no solo por los integrantes de sus comunidades étnicas, sino también por la latina en general, como sus potenciales figuras para asumir el liderazgo de la minoría— son la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, de raíces boricuas; el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, cubanoamericano; el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, de origen mexicano, y el representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, puertorriqueño.

Ello demuestra que la ampliación de los derechos políticos de los extranjeros parte del reconocimiento, por un lado, de la condición de miembro de la comunidad política del país y, por otro, del principio democrático de que todos los miembros comunitarios deberían poder participar en las decisiones que los afectan. Esto no quiere decir que la inclusión de los inmigrantes o sus descendientes en los asuntos políticos de la nación receptora signifique un regreso a la dinámica de fomentar su naturalización para ampliar la base de votantes —como sucedía con los irlandeses en los Estados Unidos, en el siglo xix, y que benefició mayormente a los demócratas. Quizá sea este uno de los temores de los republicanos, dentro del Congreso, frente a la aprobación de la actual reforma migratoria a favor de once millones de indocumentados —en su mayoría latinos— por sus potenciales implicaciones en la dinámica de la política interna. El punto más crítico del debate es si se les debería otorgar o no la ciudadanía, lo cual favorecería indudablemente al Partido Demócrata por las conocidas preferencias partidistas de los hispanos. No obstante, considero que la demanda por otorgar derechos políticos a los extranjeros es una cuestión distinta ya que contraviene principios básicos de la democracia contemporánea —lo cual no excluye que, en su proceso de inclusión en el país de destino, intervengan otros elementos subyacentes, tanto de carácter político como económico.

Cuando hablamos de derechos políticos, participación política y de ejercicio del voto de los inmigrantes, nos referimos exclusivamente a los que se han naturalizado, aquellos que han optado por la ciudadanía de un país ajeno, o sea, que excluye a quienes mantienen, por diversas causas, gustos y decisiones, su condición de extranjeros. Desde una perspectiva pragmática, la naturalización y la obtención de la ciudadanía del país receptor (quienes se encuentren en condiciones de cumplir los requisitos) suponen alcanzar numerosas ventajas. Pero más allá de esta visión, resulta un tema sensible y una decisión complicada para los que emigran, por el dilema emocional que implica optar por una nacionalidad distinta de la propia. Mientras que la nación esté asociada a la patria, cuestiones tan profundas como la lealtad, la pertenencia y la identidad hacen dudar a las personas a la hora plantearse la naturalización. Ello explica, en gran parte, la baja proporción de inmigrantes que optan por la naturalización. Lo dicho es más evidente en ciertos grupos. Al respecto, Leticia Calderón refiere que, en los Estados Unidos, el conglomerado de inmigrantes mexicanos presenta, por períodos, los índices históricos más bajos de naturalización, mientras que el de los rusos es el más proclive a realizar ese trámite.[13] Existe un sinnúmero de razones, incluso geográficas, que explican las disímiles posturas frente a esta opción jurídica. Al mismo tiempo, independientemente de que muchos inmigrantes no se involucren en el proceso de naturalización, han ido en aumento las demandas para participar en las dinámicas de las naciones receptoras. Este proceso participativo se amplía, además, por la posibilidad legal de involucrarse en las elecciones de sus países de origen, dada la extensión, por parte de estos, de la doble ciudadanía a sus nacionales residentes en el exterior.
Voto en la distancia

Como la participación electoral, en sus respectivos países de origen, de las comunidades emigradas es un fenómeno reciente, los estudios al respecto presentan aún ciertas limitaciones. Steven Vertobec sugiere que todavía la teoría política contemporánea es incapaz de proporcionar una buena respuesta a la pregunta de si los emigrantes son capaces de participar en las elecciones, financiar campañas y otras actividades del gobierno democrático en su país.[14]

El hecho es que, a partir de la intensidad de los movimientos contemporáneos de población, también ocurre una expansión vertiginosa de nuevas leyes de nacionalidad, principalmente por los gobiernos de las naciones de origen de los migrantes, lo que se ha convertido en política nacional por el creciente flujo de remesas y su importancia para las economías domésticas, locales, y el PIB en general. La mayoría de los países emisores, como los latinoamericanos, reconoce como ciudadanos a los nacidos en su territorio (ius soli).[15] Pero que esos Estados hayan empezado a asumir lo que doctrinalmente se conoce como sistema mixto —combinación de los principios ius soli e ius sanguini—, coincide en el tiempo con que sus saldos migratorios empezaron a ser negativos. Esto sostiene la idea de que la doble nacionalidad constituye, por diversos factores, una política que pudiera explicar la promoción de leyes que parten del principio de la «no pérdida de la nacionalidad de origen», para facilitar el proceso de integración de sus emigrantes a un nuevo país sin perder la condición de nacionales del propio.

Como se ha expresado, en Europa el ius sanguini constituye una tradición muy arraigada y, además, resulta lógico aplicarlo, por las bajas tasas de crecimiento poblacional. Sigue siendo un caso ilustrativo España, que, por motivos históricos, culturales y migratorios, ha suscrito tratados de doble nacionalidad con casi todos los países latinoamericanos; inclusive con el impulso, en la pasada década, de la Ley de Memoria Histórica y su Disposición Adicional VII, se ha propiciado que miles de descendientes de españoles —que emigraron a América Latina por factores políticos o económicos en la época de los éxodos masivos— obtengan la ciudadanía española; a ello Jorge Martínez Pizarro se ha referido como «una especie de retorno diferido generacionalmente».[16]

Todo esto posibilita que los migrantes puedan mantener vínculos con sus orígenes, no desde una perspectiva nostálgica o folclórica, sino en contacto cotidiano, pues la tecnología permite ahora que las estancias en sus comunidades de nacimiento sean más frecuentes o por períodos más prolongados: vacaciones, fiestas locales, negocios y turismo étnico. Asimismo, favorece que la información fluya prácticamente en tiempo real, lo que ayuda a mantener un contacto más cercano y sistemático.

Igualmente, ese proceso ha coadyuvado a que las comunidades se transnacionalicen, creando un sentido de membresía que no requiere que los sujetos estén físicamente en el lugar al que pertenecen. De este modo, se originan nuevas formas de relación, no solo simbólicas, sino también cada vez más específicas, a partir de la aparición de nuevos modos de expresión y vínculo político con el país de origen, que rompen con las antiguas formas de participación dentro del sistema político que ahora trascienden los límites geográficos en los cuales reposa el concepto clásico de Estado-nación —principalmente porque hay una ruptura con la imagen geográfica tradicional que delimita el ejercicio político, y se pasa a una perspectiva más extensa de inclusión política.[17]

Cuando una comunidad se pregunta qué peso deben tener en las decisiones políticas los ciudadanos que se encuentran fuera del país, en el fondo introducen muchos más cuestionamientos que los relacionados exclusivamente con sus derechos políticos. Ponen en duda la idea de «nación» cuando se plantea modificar o no los principios que definen quiénes pueden ser considerados miembros y quiénes se mantendrán al margen. La expresión más concreta de ello está en los procesos electorales donde se define quién puede votar y quién no. Las razones por las cuales se introduce este mecanismo difieren en función del contexto histórico y político, pero hoy es un hecho que un total de 115 Estados y territorios cuentan con disposiciones expresas que permiten el voto desde el extranjero, con experiencia en su aplicación, y donde los requisitos exigidos varían significativamente de un contexto a otro. Según lo previsto por la legislación de sus respectivos países, los emigrantes pueden ejercer su derecho al sufragio en elecciones legislativas, presidenciales o en ambos casos. Algunos Estados extienden la posibilidad de que sus migrantes tengan representación incluso dentro de sus estructuras legislativas, como Francia, Ecuador, Colombia y Cabo Verde.[18]

Sin embargo, este fenómeno ha tenido obstáculos en su aplicación por la oposición —debido a razones jurídicas, de soberanía, o de seguridad— de algunos países a que otros Estados realicen procesos electorales en su territorio. En la actualidad, el concepto de soberanía se está reformando sobre una base que no tiene que ver con el territorio, sino con fundamentos morales relativos a los derechos y obligaciones de un grupo poblacional, que puede transcender fronteras geográficas determinadas. Tal concepción sugiere que el voto en el extranjero no es una violación a la soberanía de los países anfitriones, sino un medio de extender el derecho de participación a todos sus ciudadanos donde quiera que residan.[19]

Una crítica que continuamente recibe el tema de la participación política de los emigrantes en los procesos electorales del país de origen, es que los índices de registros no son representativos de la comunidad residente en el exterior. Las razones pueden ser políticas, sociales, administrativas y financieras, o particulares de la votación en el extranjero, como los requisitos o facilidades para el registro, la ubicación de los centros de sufragio, el alcance de las campañas de información, o el hecho de que, en la mayoría de los casos, los votantes representan una porción significativamente pequeña del total. Esto último no quiere decir que no puedan tener un impacto considerable en el resultado de una elección, como ocurrió en la primera experiencia de voto en el extranjero en las elecciones legislativas italianas de 2006: una cantidad relativamente pequeña de residentes en el exterior decidió el ganador. Por otro lado, no deja de ser un referente útil porque permite apreciar los comportamientos políticos de los emigrantes en relación con sus países de origen y evaluar las tendencias de participación/abstención, y las preferencias partidistas.

En el contexto latinoamericano, la participación política de los emigrantes venezolanos y ecuatorianos en los últimos comicios presidenciales fue alta en ambos casos, pero se apreciaron diferencias en cuanto a sus preferencias políticas. Los venezolanos residentes en el exterior, desde que pudieron votar por primera vez, en 2000, hasta la fecha, han favorecido mayoritariamente a los candidatos opositores. Lo contrario sucede con los ecuatorianos, que apoyaron a Rafael Correa en su reelección de 2012, no así en 2006 y 2008. Esto refleja cómo en dos países con procesos democráticos parecidos sus comunidades migratorias tienen comportamientos diferentes, relacionados con su dinámica y composición socioclasista. El incremento sostenido de la migración venezolana, a partir de 1998, coincide con la victoria de Hugo Chávez en las urnas ese año; mientras que el contexto de salida para miles de emigrantes ecuatorianos, sobre todo de sectores empobrecidos, es la dura crisis económica, política y social. La mayor parte de los flujos venezolanos está compuesta por sectores opositores al chavismo, desplazados del poder político, por lo tanto, sus tendencias electorales son contrarias al proceso bolivariano. El discurso de Correa, por su parte, así como sus políticas de inclusión respecto a la emigración, han calado profundamente entre los ecuatorianos residentes en el exterior, lo cual concuerda con el comportamiento político interno.[20]

Un ejemplo más reciente lo tenemos en El Salvador cuyo número de electores en el exterior no es significativo —aunque conforman una de las mayores comunidades latinas de los Estados Unidos. Su voto en los comicios de 2014 favoreció al candidato del Frente Farabundo Martí (FMLN), básicamente porque la diáspora salvadoreña se encuentra formada por el exilio histórico, en su mayoría miembros de la guerrilla, desplazados como resultado del cruento conflicto civil de los años 80 del pasado siglo, y que constituyen hoy un bastión considerable de este partido político en el exterior.

Los mexicanos residentes en el extranjero son menos propensos a participar en los comicios nacionales desde que se les permitiera en 2006, a pesar de que fue un reclamo histórico desde la década precedente. Ello guarda estrecha relación con la fragilidad del sistema político mexicano, afectado en los últimos años por casos de corrupción. Sus tendencias se apreciaron una vez más en la elección de 2012; aunque se implementaron campañas publicitarias millonarias para incentivar el voto, el resultado no fue, en lo absoluto, el deseado.

Todos los ejemplos mencionados contradicen viejos prejuicios que suponen que la mayoría de los emigrantes se oponen al sistema político del país de origen. Ello solo se produce cuando se trata de exilio político, pero no siempre ocurre cuando el flujo migratorio se debe a razones principalmente económicas. Por ejemplo, las diásporas haitianas, guatemaltecas y, en su momento, las salvadoreñas, cuentan con personas que han salido de sus respectivos territorios por motivaciones políticas, y son menos proclives a emprender alianzas con el Estado.

En este sentido, puede ser ilustrativa la emigración cubana: después de 1959 y hasta los años 80 era, en su mayoría, hostil al proceso revolucionario. Actualmente, tal tendencia se ha revertido, si bien se mantiene en grupos minoritarios dentro del enclave de Miami. Aunque los emigrados no participan en la vida política de la Isla, el proceso de diversificación del flujo migratorio y las motivaciones económicas, han posibilitado un cambio positivo en la relación del Estado con la emigración. Varios encuentros «La nación y la emigración», la creación de asociaciones de residentes en el exterior, y su apoyo solidario y moral al proceso revolucionario cubano en temas claves como el bloqueo y el caso de los cinco héroes cubanos, son ejemplos de ello.

Otra percepción negativa con respecto a la participación política electoral de los emigrantes es su alto porcentaje abstencionista, incluso en casos en los que el voto es obligatorio en el país de nacimiento. Los países mencionados, entre otros, indican que esta imagen es circunstancial, ya que una cosa es que el ejercicio electoral transnacional esté reglamentado (la parte que corresponde a los Estados), y otra, el interés que el proceso electoral suscita tanto en el país como entre los ciudadanos en el exterior (coyuntura política). Por ejemplo, las elecciones brasileñas de 2002 —en las cuales triunfó el candidato del Partido del Trabajo (PT), Luíz Inácio Lula da Silva— despertaron un interés inusitado en su propio país y entre algunos sectores de la diáspora brasileña, que rompieron sus propias marcas de participación electoral desde el exterior. Los dominicanos emigrantes, por su parte, reclamaron su participación en la vida política de su país desde los años 90. En los Estados Unidos, los partidos políticos dominicanos cuentan con miles de afiliados en los principales enclaves de la emigración, y de hecho fueron relevantes para que Leonel Fernández —integrante de esa diáspora— se convirtiera en presidente.[21]

Sobran los ejemplos relacionados con el tema; lo innegable es que la activa participación a través del voto en la distancia puede influir en los procesos de toma de decisiones de los países de origen.
Conclusiones

El fenómeno de la participación política de los emigrantes, tanto en los procesos electorales de sus países de nacimiento como en los de residencia, constituye una continuación de los reclamos clásicos iniciados en el siglo xix. En la actualidad, en un considerable número de naciones, la decisión de los asuntos políticos de un Estado no solo es un derecho exclusivo de los nacionales, sino que también es válido para los extranjeros naturalizados, así como para sus ciudadanos residentes en el exterior. Por lo tanto, lo expuesto resulta una muestra de las novedosas formas de expresión política que han asumido los emigrantes a partir de las dinámicas contemporáneas de las migraciones internacionales y por las coyunturas específicas en sus contextos de origen y asentamiento.

Notas
[1]. El concepto de participación política del que partimos es el elaborado por el Dr. Carlos Cabrera: «Es el conjunto de acciones individuales o colectivas que permiten a los ciudadanos “tomar parte”, involucrarse o contribuir directa o indirectamente en la producción y desarrollo de lo político, intervenir en los procesos de formación y toma de decisiones políticas objetivando con ello su posición política ante determinados objetos, procesos y fenómenos políticos que intervienen en la reproducción de su vida cotidiana. Tales acciones pueden plasmarse tanto desde cauces institucionales convencionales (actividades que tienen que ver con el apoyo a instituciones y canales legales establecidos de participación (como son elecciones, campañas electorales y apoyo a los partidos políticos), como también desde cauces no institucionales, no convencionales (actividades que se realizan fuera de las vías institucionales, como pueden ser las huelgas, las sentadas, las recogidas de firmas, las manifestaciones, los movimientos sociales o las asociaciones de ciudadanos)». Esta definición es fundamental en el desarrollo de este estudio. A ella le añadimos que las actividades que realizan los migrantes en el proceso de toma de decisiones dentro del Estado receptor o en su país de origen —votos, candidaturas, contribución a campañas— o de otra índole política, que le son permitidas en uno y otro sitio, también componen el amplio concepto de participación política. Véase Carlos Cabrera, «El estado del arte del fenómeno de la participación política» (inédito).

[2]. Antonio Aja, «Temas en torno a un debate sobre las migraciones internacionales», Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, La Habana, 2004, disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/cuba/cemi/temas.pdf (consultado el 26 de febrero de 2014).

[3]. Ídem.

[4]. José Itzigohn, «Immigration and the Boundaries of Citizenship: The Institutions of Inmigrant´s Political Transnationalism»,International Migration Review, n. 4, Nueva York, 2000, pp. 1115-39; Alejandro Portes, «Globalization from Below. The Rise of Transnational Communities», Working Papers Series, Princeton University, Princeton, 1997, pp. 18-34.

[5]. Leticia Calderón, «El estudio de la dimensión política dentro del proceso migratorio», Sociológica, n. 60, México, DF, 2006, pp. 43-5.

[6]. Dilip Ratha et al., «Datos sobre migración y remesas 2011», Unidad de Migración y Remesas del Banco Mundial, disponible enwww.worldbank.org/migration (consultado el 11 de febrero de 2014).

[7]. Leticia Calderón, ob. cit, pp. 48-50.

[8]. Según el principio ius sanguini o derecho de sangre, la nacionalidad de una persona se hereda de sus ascendientes (padres), aunque el parentesco sea adoptivo y sin importar donde haya nacido.

[9]. «Votar en el extranjero», disponible en ACE. Red de Conocimientos Electorales, http://aceproject.org/ace-es/topics/va/onePage(consultado el 27 de febrero de 2014).

[10]. Sharon R. Ennis et al., «The Hispanic Population: 2010», en 2010 Census Briefs, U.S. Census Bureau, disponible enwww.census.gov/population/www/cen2010/glance/index.html (consultado el 11 de febrero de 2014).

[11]. Por la importancia que ha adquirido el voto latino dentro de los Estados Unidos algunos gobiernos de países de alta expulsión migratoria (Colombia y México) han tratado de incentivar entre sus comunidades a ciertos grupos para que funcionen a manera delobby étnico y sirvan de puente entre dichos gobiernos y la clase política estadounidense. Este plan no ha logrado los fines propuestos debido a que la posibilidad de un activismo político «monitoreado» por gobiernos específicos se contrapone a la diversidad de intereses que cada comunidad representa, que hace difícil creer que esta estrategia pueda aglutinar a la mayoría, y menos aún en representación de una postura gubernamental que, a su vez, refleja la diversidad política de cada país y que difícilmente coincide con la que los propios inmigrantes tienen.

[12]. Leticia Calderón, ob. cit, pp. 53-5.

[13]. La naturalización no es un proceso libre de un debate interno profundo, sino que pasa por el cumplimiento de los requisitos y por las coyunturas políticas en los países de destino. Leticia Calderón, ob. cit, p. 55.

[14]. Steven Vertobec, «Desafíos transnacionales al nuevo multiculturalismo», Migración y Desarrollo, n. 1, México, DF, 2003, p. 21.

[15]. Según el principio de ius soli o derecho del suelo, las personas que nacen en un Estado adquirirán la nacionalidad de ese Estado, que puede ser distinta a la de sus padres de origen.

[16]. Jorge Martínez Pizarro, «El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género», Serie Población y Desarrollo, n. 44, Santiago de Chile, 2003, pp. 1-95.

[17]. Ibídem, pp.13-8.

[18]. «Votar en el extranjero», ob. cit.

[19]. José Itzigohn, ob. cit., pp. 1133-3.

[20]. Landy Machado Cajide, «El voto migrante y las elecciones presidenciales en Venezuela y Ecuador. Visión comparada y aproximación al fenómeno desde la perspectiva transnacional», Ponencia presentada al X Evento de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de La Habana, 20-22 de marzo de 2013 (inédita).

[21]. Todos los casos citados son parte de una investigación en curso sobre el comportamiento político de las comunidades migratorias latinoamericanas en procesos electorales en sus países de origen.
 
Fuente Temas 78

Jóvenes investigadores analizan la pobreza en Cuba

El volumen se titula "Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores".

La Habana, 21 sep.- Una compilación de la profesora María del Carmen Zabala sobre la pobreza en Cuba aporta investigaciones realizadas por jóvenes científicos sobre este tema tabú en el país.

"Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores", presentado este mes, fue editado conjuntamente por el no gubernamental Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Los ensayos reunidos abarcan un amplio abanico temático con referencias a las políticas públicas, la participación local en el combate de la escasez, relación entre pobreza y medio ambiente, expresión territorial y familiar de la pobreza, implicaciones en la salud física y mental y la expresión cultural de la pobreza, entre otros.

Las y los investigadores coinciden en que este problema tiene un carácter complejo, multifactorial y multidimensional.

Revelan que, en el caso cubano, la pobreza se ha caracterizado por la invisibilidad de políticas para contrarrestarla y la poca divulgación de información sobre su persistencia y tendencia al incremento, feminización y racialización en la nación caribeña.

El colectivo de autores subraya que la profunda crisis de más de 20 años vivida en el país reconfiguró la estructura social desde el punto de vista demográfico, clasista, ocupacional, generacional, racial y, con ello, profundizó las desigualdades sociales.

Así retrocedieron los avances logrados en ese sentido por las reformas políticas, económicas y sociales para la igualdad social implementadas por el gobierno socialista, en el poder tras la revolución que triunfó en 1959.

Se estima que en la actualidad 25 por ciento de los 11,2 millones de habitantes están sumidos en la pobreza, indica en el prólogo el investigador Juan Valdés Paz.

Explica que este fenómeno se concentra fundamentalmente en zonas suburbanas y rurales.

Este tipo de pobreza califica como "con protección y garantías" o con "amparo", debido a las subvenciones estatales vigentes en algunos servicios de seguridad social y en el hecho de que los servicios de salud y educación son gratuitos en Cuba.

No obstante, una parte significativa de la población permanece bajo el umbral de la subsistencia.

Ancianos solos, mujeres, personas con nivel educacional primario y medio, enfermos crónicos e incapacitados, desocupados, trabajadoras del hogar, empleados del sector estatal tradicional y personas negras y mestizas, son los grupos más propensos a vivir en la miseria, señala Valdés Paz.

Aunque las políticas públicas cubanas han estado acompañadas de un discurso ideológico sobre la igualdad social y metas igualitaristas, la realidad siempre ha evidenciado un patrón persistente de desigualdad, subraya.

Para la investigadora Mayra Espina, autora del epílogo, una de las limitaciones para ahondar en la complejidad de la pobreza en Cuba está en la escasa información sobre estos temas y las resistencias dentro de algunas estructuras estatales a reconocer su persistencia.

Critica asimismo "la insuficiente profundización en estrategias económicas y de inserción en el mercado internacional como posibilidad de reducción de la pobreza, ausencia de una perspectiva social-holística de la pobreza en relación con el desarrollo, y la falta de una valoración crítica sobre la posibilidades de participación de la población afectada en la construcción de una agenda de cambio social".

Por su parte, Zabala destaca entre los valores de la compilación que las y los autores realizaron su "formación académica y social (...) en el contexto de la crisis de los noventa y las reformas económicas".

Sus posturas críticas y creativas sobre la realidad les permiten trascender las visiones economicistas y estáticas prevalecientes sobre el fenómeno y proponer enfoques desde la cultura, participación, gestión gubernamental de políticas públicas y comunicación social, argumenta.

De forma general, los ensayos hablan de la necesidad de sumar actores de la sociedad civil a las entidades del Estado para el diseño de políticas públicas más efectivas contra la pobreza.

También resaltan la urgencia de empoderar los sujetos, grupos y comunidades afectadas. (2014)

Por qué lo que nos sucede, no importa tanto como nuestra reacción ante ello

Por Stephen Covey

La siguiente reflexión está basada en un principio conocido como "90/10". Stephen Covey, conferencista y escritor estadounidense, lo cuenta de la siguiente manera. El 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa, y el 90% de la vida está relacionado con la forma en cómo reaccionamos a esto. Nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede.


No podemos evitar que el coche se averíe, que el avión llegue tarde, lo que tirará por la borda todo nuestro plan. Un automovilista puede obstaculizarnos en el tráfico. No tenemos control de este 10%. Nos viene dado. El otro 90% es diferente. Nosotros determinamos ese otro 90%. ¿Cómo? Con nuestra reacción.

Usemos un ejemplo:

Estás desayunando con tu familia. Tu hija sin querer derrama una taza de café y salpica tu camisa de trabajo.

Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción.

Supongamos que tú maldices, regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima. Ella rompe a llorar. Después de regañarla, te vuelves a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado cerca del borde de la mesa. Y sigue una batalla verbal. Tú vociferando vas a cambiarte la camisa.

Cuando acabas, encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando terminándose el desayuno, para estar lista para la escuela. Tu hija pierde el bus.Tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo. Te apresuras a buscar el coche y llevas a tu hija a la escuela. Debido a que ya vas con retraso, conduces a 65 km por hora, cuando la velocidad máxima permitida es de solamente 50 km. Después de 15 minutos de retraso y ganarte una abultada multa de tránsito, llegas a la escuela. Tu hija corre a su clase sin decirte adiós.

Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta de que se te olvidó el maletín. Tu día empezó mal. Y parece que se pondrá cada vez peor. Estás loco por llegar a tu casa.

Cuando llegas a tu casa, encuentras un claro distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija.
¿Por qué?.Pues debido a cómo reaccionaste por la mañana. ¿Por qué tuviste un mal día?

A) ¿El café lo causó?

B) ¿Tu hija lo causó?

C) ¿El policía lo causó?

D) ¿Tú lo causaste?

La respuesta es la “D”. Porque tú no tenías control sobre lo que pasó con el café.

La forma en cómo reaccionaste durante esos 5 segundos fue lo que causó tu mal día.

Volvamos atrás:

Tu hija sin querer derrama la taza de café y mancha tu camisa.
Respiras hondo, le explicas que debe tener más cuidado la próxima vez y vas a cambiarte de camisa mientras ella termina de desayunar.
Tomas el maletín y ves como tu hija se despide con una sonrisa diciendote adiós mientras se sube al autobús.

Se nota una gran diferencia, ¿no?

Miles de personas sufren de estrés por cosas que no valen la pena, sufrimientos, problemas y dolores de cabeza.

Es muy importante que entendamos y apliquemos el Principio 90 -10.
Una Vida Lucida

Neoliberales en América Latina (I): Ortodoxos y convencionales

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

En América Latina el neoliberalismo comenzó antes y ha enfrentado mayores resistencias. Es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un modelo de acumulación basado en agresiones a los trabajadores, en un marco de mayor internacionalización del capital.

Hubo una etapa inicial del ajuste y otra fase posterior de privatizaciones durante las dictaduras y las transiciones posteriores. La aplicación del esquema neoclásico acentuó los desequilibrios financieros, cambiarios y productivos tradicionales y repitió los socorros estatales a los capitalistas a costa del erario público.

A diferencia de otras regiones el neoliberalismo latinoamericano quedó afectado por el impacto de las sublevaciones populares. Mantiene el programa derechista, pero redujo su triunfalismo, atenuó sus ambiciones y acepta cierta intervención estatal. Puede ser visto como etapa del capitalismo, estrategia de libre-comercio, política económica o gobierno derechista. Para definir si se encuentra a la ofensiva o en repliegue hay que distinguir esas cuatro acepciones.

El librecambismo postula una imaginaria inserción natural en el mercado mundial y reproduce el subdesarrollo que genera la exportación primaria. Las brechas internacionales de productividad desmienten las fantasías de convergencia entre economías avanzadas y periféricas.

El neoliberalismo hereda viejas teorías de inferioridad de los nativos, atraso cultural hispanoamericano y supremacía de Occidente. Retoma los mitos positivistas de la modernización basados en la copia del capitalismo avanzado. Despotrica contra la injerencia estatal, ocultando los beneficios que obtienen los capitalistas y no explica la continuidad de esa intervención al cabo de tantos gobiernos pro-mercado. Es absurda su presentación de la informalidad laboral como una resurrección de la competencia empresaria.

Como creencia, programa o cosmovisión el neoliberalismo es la principal ideología actual de las clases dominantes. No ha sido internalizada por los oprimidos.

¿Cuáles son las peculiaridades del neoliberalismo en América Latina? ¿Alcanzó mayor penetración que en los países centrales? ¿Registra un declive superior al resto del mundo?

Es sabido que esta modalidad reaccionaria fue introducida en la región con cierta antelación. Las dictaduras del Cono Sur anticiparon en los años 70 la oleada derechista, que posteriormente se afianzó en el grueso del planeta. Pero Latinoamérica ha sido también el epicentro de grandes resistencias populares, que propinaron significativas derrotas a ese aluvión conservador. Una revisión de la trayectoria e ideología del neoliberalismo permite explicar muchas especificidades de la región.

Caracterizaciones generales

Las primeras discusiones internacionales sobre el neoliberalismo destacaron las raíces teóricas de esta corriente en el pensamiento económico neoclásico. También explicaron su aparición por el agotamiento del crecimiento keynesiano de pos-guerra y resaltaron sus objetivos políticos regresivos. El neoliberalismo fue definido en los años 80, como una ofensiva del capital sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia. (1)

En la década siguiente se constató la hegemonía ideológica mundial alcanzada por esta vertiente. A pesar de los magros resultados económicos logrados durante ese decenio, la derecha se reforzó aprovechando el debilitamiento de los sindicatos y el desasosiego creado por la fractura social. El neoliberalismo expandió su influencia e implementó una drástica reconversión de la economía.

La expectativa en un rápido declive de esta corriente fue disipada por la implosión de la URSS y la crisis del horizonte socialista. Las tendencias conservadoras obtuvieron un impulso adicional con la anexión de Alemania Oriental, el amoldamiento de la Unión Europea a la globalización y la demolición del estado de bienestar. (2)

La crisis económica iniciada en el 2008 abrió grandes interrogantes sobre la continuidad del modelo privatista. Esta convulsión superó las conmociones financieras precedentes e ilustró la magnitud de los desequilibrios creados por el neoliberalismo. Pero la preeminencia de este ciclo se mantuvo. (3)

Su persistencia se ha verificado en todos los acontecimientos de la coyuntura 2008-2014. La etapa que comenzó con el thatcherismo transformó el funcionamiento del capitalismo mediante privatizaciones, aperturas comerciales y flexibilizaciones laborales. Este esquema intensificó la competencia global por aumentos de la productividad desgajados del salario, que amplifican todas las tensiones de la producción, el consumo y las finanzas.

En los últimos años este modelo profundizó los atropellos contra los trabajadores en contextos recesivos que potencian el temor a la miseria. La desigualdad social alcanzó niveles sin precedentes, la pobreza se expandió en las economías centrales y la precarización laboral se masificó en todo el planeta.

El neoliberalismo converge con la internacionalización de la economía. La fragmentación mundial de los procesos de fabricación, el desplazamiento de la industria hacia al Oriente consolidan la primacía de las empresas transnacionales. Las grandes firmas utilizan las normas del libre-comercio y los bajos aranceles para desenvolver intercambios entre sus filiales. Estos movimientos apuntalan, además, la globalización financiera y el vertiginoso flujo de capitales entre los distintos países.

Las transformaciones neoliberales han generando un modelo que opera con parámetros muy distintos al keynesiano de posguerra. Ese esquema desencadena crisis muy específicas, que ya no irrumpen como arrastres de viejos desequilibrios de los años 70. Al cabo de tres décadas de reorganización capitalista se han creado nuevas contradicciones en múltiples esferas.

El neoliberalismo contrajo los ingresos populares, afectó la capacidad de consumo, incrementó la sobreproducción de mercancías y agravó varias modalidades de sobre-acumulación de capital. Acentuó, además, un deterioro del medio ambiente que amenaza desatar inéditos desastres ecológicos.

En el plano geopolítico este curso ha precipitado un rediseño de fronteras que contrasta con el congelado mapa de la guerra fría. Ya transitó por fases diferenciadas de bipolaridad, unipolaridad y multipolaridad en las relaciones que mantienen las grandes potencias. Pero todos los conflictos entre las clases dominantes se procesan en un nuevo marco de negocios globalizados.

El neoliberalismo perdura por el retroceso que impuso a los trabajadores. Se sostiene en el cansancio político que genera la alternancia de conservadores y socialdemócratas en la administración del mismo modelo. Todo indica que la reversión de esta etapa exigirá grandes victorias populares impuestas desde abajo. (4)

En este escenario: ¿cuáles son las peculiaridades de América Latina?

Justificaciones y períodos
A mitad de los años 70 el neoliberalismo latinoamericano anticipó todas las tendencias de los países desarrollados. Ese paradigma se forjó en Chile bajo Pinochet, con el asesoramiento económico ortodoxo de Hayek y Milton Friedman. Allí se experimentó la doctrina que posteriormente aplicaron otras dictaduras de la región.

Estos ensayos no se extinguieron con el fin de los gobiernos militares. El neoliberalismo fue convalidado por los regímenes constitucionales que sucedieron a las tiranías del Cono Sur. Esta continuidad afianzó las transformaciones estructurales introducidas por el modelo derechista.

La prioridad del neoliberalismo en la región fue desterrar la influencia alcanzada por la izquierda y el nacionalismo radical al calor de la revolución cubana. También arremetió contra la heterodoxia keynesiana de varios pensadores de la CEPAL.

Su cruzada contra las reformas sociales, la redistribución del ingreso y la defensa del patrimonio nacional signó todo el período de transición post-dictatorial. Con algunos cambios de formato fueron convalidadas las principales mutaciones regresivas impuestas por los militares.

En el plano económico el neoliberalismo latinoamericano atravesó por dos etapas diferenciadas. En los 80 prevalecieron las “reformas de primera generación” con prioridades de ajuste anti-inflacionario. En el decenio siguiente predominó el “Consenso de Washington” con transformaciones complementarias de apertura comercial, privatizaciones y flexibilización laboral.

En el primer período se introdujeron políticas de shock para recortar el gasto público social y elevar las tasas de interés. Estas medidas fueron justificadas con criterios neoclásicos de equilibrio, que realzaban la primacía del mercado en la asignación de los recursos. (5)

Estos postulados walrasianos fueron esgrimidos para exaltar el reinado de la oferta y la demanda y cuestionar la injerencia estatal. Todos los debates fueron encapsulados en conceptos neoliberales. Abundaron los estudios para mensurar el aporte de cada “factor” (tecnología, recursos naturales, capital humano) al crecimiento. Las evaluaciones de los procesos productivos fueron despojadas de sus fundamentos sociales y la enseñanza de economía quedó reducida a una indagación de relaciones funcionales entre variables inexplicadas. (6)

La ideología neoliberal incentivó esa fascinación con la formalización y el tratamiento de la economía como un sistema mecánico, sujeto a los ajustes aconsejados por los técnicos neoclásicos. Toda la tradición latinoamericana de estudios históricos-sociales quedó sepultada por el aluvión de especialistas llegados desde Washington y Chicago. El análisis de las contradicciones, desequilibrios o límites de la economía latinoamericana fue reemplazado por espejismos tecnocráticos.

En este clima se gestó la segunda fase neoliberal. Se afirmó que el saneamiento del escenario macroeconómico regional ya permitía abrir las compuertas de la eficiencia, desmantelando empresas estatales y eliminando protecciones arancelarias.

A partir de ese momento cobró más relevancia la vertiente austríaca de la teoría neoclásica. Las supersticiones en la mano invisible fueron complementadas con propuestas de darwinismo social competitivo. Se incentivó el remate de las propiedades del estado y la apertura masiva a las importaciones. Con el pretexto de restaurar patrones de riesgo, esfuerzo y productividad se propició la reducción de los ingresos populares y el aumento de la desigualdad.

El establishment transformó estos principios en un libreto de toda la sociedad. El mismo relato fue expuesto por los gobernantes, transmitido en las escuelas, enaltecido en las universidad y popularizado por los medios de comunicación. La organización ultra-liberal Mont Pelerin Society y sus Centros de Estudios de la Libertad (CDEL) introdujeron muchas ideas para esta contrarreforma.

Crisis y fracasos
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