"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

lunes, 28 de abril de 2014

Poniendo nuevas preguntas sobre la mesa.

Suplemento Digital No.249 / Abril 2014
Poniendo nuevas preguntas sobre la mesa.
Apuntes para una Introducción a un volumen de Espacio Laical.

El presente trabajo constituye un análisis del destacado economista cubano Pedro Monreal. En el mismo el autor ofrece una mirada estratégica, clara y efectiva, acerca de la renovación económica cubana. Con este aporte el reconocido Profesor efectúa, además, la apertura de un libro que edita Espacio Laical con una compilación de los mejores trabajos publicados en sus páginas sobre la economía cubana. Este texto se titula Desafíos económicos de Cuba. Apuntes para el debate, y muy pronto podrá ser leído por nuestros lectores.

La publicación del presente volumen sobre la economía cubana se orienta, como el resto de las iniciativas editoriales de Espacio Laical y de otras instituciones del país, a difundir ideas que pudieran proporcionar claves para mejorar nuestra comprensión acerca de una transformación social arrolladora que francamente no creo que entendamos adecuadamente. Mucho de lo que sucede en Cuba parece ajustarse a una situación en la que, parafraseando a Marx, “lo sólido se desvanece en el aire” y de la cual apenas alcanzamos a aprehender sus manifestaciones más punzantes.

No se trata solamente del habitual desfasaje entre la práctica social y su teorización, ante la cual solo cabe la modestia intelectual del investigador. Pudiera ser también el resultado de que las reflexiones sobre el cambio actual en Cuba todavía no han podido llegar, por cuestiones de enfoque y método, a “la simplicidad que se encuentra al otro lado de la complejidad” postulada por Oliver Wendell Holmes. En otras palabras, que quizás no podemos ver las cosas claramente porque los instrumentos de análisis que nos empeñamos en utilizar no son los adecuados para lidiar con la complejidad del fenómeno que tratamos de descifrar.

¿Se trata de un déficit fortuito del análisis o una insuficiencia académica inducida? La verdad es que eso no me queda claro pero lo que me atrevo a afirmar es que, en cualquier caso, la incitación al debate pudiera ser una buena manera de avanzar en la solución del problema y por esa razón la compilación de textos sobre economía cubana publicada por Espacio Laical es muy oportuna. Se trata de un volumen que, quizás precisamente por haber sido “ensamblado” a partir de componentes que fueron diseñados y producidos de manera autónoma y en momentos distintos, ofrece al lector la oportunidad de constatar la extensión y abigarrada diversidad de lo que pretende ser entendido por un grupo representativo –pero lejos de estar completo- de economistas cubanos que abarca al menos tres generaciones distintas con disímiles trayectorias profesionales. Son los casos de Carmelo Mesa-Lago, Jorge Piñón, Omar Everleny Pérez, Arturo López-Levy, Pavel Vidal Alejandro y de mí mismo.

Es, por tanto, una recopilación que no solamente incluye el valor intrínseco de cada uno y de todos los textos que la integran sino que también ofrece la conveniencia de poder identificar a través de una sola lectura algunas de las áreas sobre las que debería reflexionarse con más ahínco y probablemente de una manera distinta a como se hace hoy, para poder avanzar en el análisis de las transformaciones sociales en Cuba. Asumiendo que es muy probable que este volumen sea leído por lectores avezados aunque no necesariamente expertos en economía, lo que realmente importaría preguntarnos es: ¿qué “sacaría en limpio” un lector después de haber revisado esta compilación?

Quizás lo primero que pudiera venirnos a la mente, alterando la famosa cita de Clemenceau referida a la guerra, es que la economía es demasiado importante como para dejarla en manos de los economistas. Ese fue, al menos en mi caso, el corolario de la lectura del conjunto de textos. Se trata de una afirmación muy seria que expreso con el mayor respeto por las ciencias económicas. De hecho, lejos de caricaturizar, considero que tal apreciación elogia el trabajo de los economistas porque coloca en perspectiva la intrincada naturaleza del problema que les corresponde comprender. Lo que sucede es que cuando nos referimos al cambio económico en cualquiera de sus variantes (por ejemplo: crecimiento, desarrollo, modificación de modelo, cambio de políticas económicas, o nueva estrategia, entre otros) en rigor de lo que estamos hablando es solamente de uno de los componentes de una transformación social mayor. Eso significa, ni más ni menos, tener que adentrarnos en la interpretación del cambio de sistemas sociales complejos, un proceso respecto al cual los enfoques disciplinarios poco pueden aportar por separado. No se trata, por supuesto, de un problema nuevo. Desde hace ya varias décadas existe una clara conciencia –Cuba incluida- acerca de la necesidad de enfoques transdisciplinarios y de las ventajas que el pensamiento sistémico ofrece para entender la complejidad social.

Sin embargo, llama la atención la insistencia con la que los economistas cubanos –salvo contadas excepciones- nos empeñamos en arrimar la brasa a nuestra sardina en lo tocante al análisis de las transformaciones sociales actuales en Cuba.

Creo que este es un problema real y se refleja, entre otras cosas, en la propia terminología que utilizamos, a veces por convicción y otras simplemente por conveniencia de comunicación. ¿Es adecuado asumir que el cambio social en Cuba consiste esencialmente en una “actualización del modelo económico”? ¿Expresa tal término (que no es un concepto científico) la complejidad social del cambio que ya viene ocurriendo en el país y de lo que pudiera estar por llegar? ¿Reflejan debidamente los análisis sobre la “actualización” la multiplicidad y la no linealidad de las relaciones entre las diversas dimensiones del cambio? ¿Es apropiado utilizar términos como “población en riesgo” o “trabajadores excedentes” cuando ya existen categorías precisas en las ciencias sociales que expresan mejor el contenido de los fenómenos en discusión? De hecho, hay una importante pregunta adicional cuyas posibles respuestas tendrían una relevancia que rebasa lo académico: ¿resulta admisible la proposición de que puede planificarse un cambio que no se entiende bien que cosa es?

De entrada, deben quedar claras dos cuestiones: primero, que no se trata de que para conducir el cambio social necesariamente deba entenderse previamente su complejidad. Eso no es lo que estoy diciendo. En realidad, la mayoría de los cambios sociales han sido y continúan siendo conducidos (que no es lo mismo que planificados) en ausencia de un entendimiento ex ante. La política es, para decirlo rápido, un oficio aprendido a través de la práctica en la que también influyen “intangibles” como la intuición y el carisma y que no requiere necesariamente de una concepción científica previa. La observación crítica que he hecho se refiere a otro asunto: a la pretensión, ocasionalmente proyectada, de que estamos en presencia en Cuba de un cambio social cuya complejidad ya ha sido científicamente comprendida en lo esencial, o cuando menos vislumbrada, y que por tanto el cambio puede planificarse más o menos convenientemente en ciertas direcciones y determinadas secuencias. Sin embargo, eso es algo respecto a lo cual no parece existir evidencia verificable.

Segundo, que no es suficiente tratar de entender el cambio social solamente, o fundamentalmente, desde una perspectiva científica porque la transformación de la sociedad es siempre –en alto grado- un proceso asentado en premisas normativas basadas en valores y consideraciones éticas. Estas no solamente adornan el discurso sino que definen, en compleja interacción con los intereses, el liderazgo del cambio así como los objetivos, prioridades y modalidades del mismo. Por ejemplo, ¿cómo debe definirse el sujeto social de “la actualización”, como individuo/ciudadano o como individuo/consumidor?; ¿Debe pensarse en la pobreza –que hoy en Cuba es visible y extendida- como una cuestión relacionada con la ayuda al pobre o con el empoderamiento político del pobre? ¿Debe la protección del medio ambiente –dimensión indispensable del desarrollo, especialmente en una pequeña Isla- centrarse en preocupaciones humanas o debe asentarse en una ética no-antropocéntrica?

Las reflexiones actuales de los científicos sociales, incluidos los economistas, también deberían hacer mayor énfasis acerca de la propia razón de la investigación social en Cuba: ¿se concibe fundamentalmente esta como una crítica social sustantiva, incluyendo la exploración de problemas sistémicos, o debe orientarse fundamentalmente a producir propuestas de política, usualmente encaminadas a sugerir soluciones a problemas concretos? De nuevo nos encontramos aquí ante un tema tradicional. En principio, pudiera considerarse que las respuestas no tienen que ser excluyentes. Pudieran complementarse, pero ello no ocurriría de cualquier manera. En cualquier caso, existen hoy importantes aspectos relativos al cambio social en Cuba en los que un énfasis excesivo en las tareas utilitarias de las ciencias económicas pudiera estar diluyendo su contribución en cuanto a crítica social imprescindible. El tema de la pobreza es probablemente uno de los que necesita ser sometido a una indagación crítica más aguda que la que se hace hoy. ¿Es la pobreza en Cuba una aberración social circunstancial o una falla sistémica?

Obviamente habría aquí una dimensión institucional que requiere ser entendida y posiblemente rectificada pues las instituciones políticas tienen un poderoso impacto en la definición de la agenda académica. Se trata de un asunto complicado respecto al cual solamente llamo aquí la atención pero que pudiera ser parte de una reflexión más profunda acerca de algunos temas aparentemente transformados en “sentido común” o en vías de llegar a serlo, sobre los que se supone que las ciencias sociales deberían estar haciendo una reflexión crítica muy activa, aunque ese no parece ser el caso.
Reclamar la importancia de lo económico parece apoyarse hoy en una aseveración frecuentemente escuchada en Cuba acerca de que primero se necesita producir para distribuir después, lo anterior es muy discutible pues ¿no influyen acaso determinadas nociones sobre la distribución en las decisiones sobre la producción (qué se produce, cómo se produce y para quien se produce)? La utilización de términos como “sociedad socialista próspera y sostenible” exige de entrada discusiones sobre el socialismo contemporáneo, sobre la “prosperidad” (o pudiera ser también sobre el bienestar humano) y sobre la “sostenibilidad”, incluida no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la sostenibilidad económica y la social.

Ciertamente, parte de lo que se publica actualmente sobre la economía cubana es el resultado de investigaciones, algo que es evidente en el estudio de casos (empresas, cooperativas, comunidades, etc.) y de temas específicos como algunos de los abordados en las contribuciones que conforman este volumen. Sin embargo, la proyección integral del modelo social (no solamente económico) con el cual intenta reemplazarse el actual estado de cosas en Cuba no parece ser, la mayoría de las veces, el resultado de una secuencia estándar de investigación social: recolección de datos, análisis de datos, interpretación de datos y recomendaciones. Al menos ese es el caso de una parte considerable de lo que ha sido publicado y por tanto de lo que pudiera ser relevante para el debate público. Es decir, que en vez de reflejar investigación social “pura y dura” basada en el análisis de la evidencia, en muchos casos la prefiguración sistémica del modelo de sociedad al que desea llegarse parece ubicarse más en el plano de la opinión y del ensayo social que en el del resultado de la investigación social. No es que emitir opiniones este mal o sea algo inferior a la investigación. De hecho es muy positivo tener y poder expresar opiniones. Lo que me interesa anotar es que las opiniones y los resultados de investigación son cosas distintas, aunque pudiesen estar relacionadas.

Pero no solamente se requiere del pensamiento sistémico y de la investigación social a la hora de interpretar la transformación social y de elaborar propuestas relativas al cambio. También es necesario que los economistas aborden de frente la dimensión política, yo diría eminentemente política, de la transformación social en curso, en parte resultante de una “actualización” que está siendo profundamente impactada por las dinámicas de un evento político inédito en las cinco últimas décadas en el país -un ejercicio masivo de transferencia generacional del poder político- que inevitablemente se asocia al intento de construcción de una nueva gobernanza en Cuba. Cualquier transformación social de mediana intensidad y alcance involucra, por lo general, modificaciones relativas –a veces absolutas- de poder político. Cuando la transformación social es significativa, puede ocurrir un cambio sustancial en la correlación del poder entre clases sociales (como ocurrió en Cuba a inicios de los sesenta del pasado siglo) pero en ocasiones las modificaciones del poder político pueden ser de otro tipo, menos visibles y más difíciles de clasificar, y este es un tema que entra de lleno en lo que se supone que deben ser las preocupaciones de los economistas.

El propio proceso de desarrollo, muy frecuentemente definido de una manera reduccionista en términos económicos, también es asumido por una parte de las ciencias sociales como un proceso de empoderamiento político. Para ser más precisos, se trataría del desarrollo concebido como un proceso asentado en la redistribución del poder político de modo tal que permita incrementar la capacidad de los grupos sociales “desfavorecidos” (por ejemplo los pobres y los discriminados por cualquier motivo) para decidir sus propias opciones y poder actuar efectivamente para transformar la realidad social de acuerdo a sus intereses.

Esa es una perspectiva del desarrollo económico que desplaza la atención desde la modelación económica, que a fin de cuentas es una abstracción, hacia el plano concreto en el cual se define el bienestar de la gente: la política. Las cosas deben ser asumidas tal y como son: el desarrollo es siempre una cuestión eminentemente política. Correspondería, por tanto, que ello ocupase un lugar central en las reflexiones que hacen hoy los economistas sobre las transformaciones sociales en Cuba. En ese sentido, habría que incorporar al menos cuatro dimensiones relevantes al debate sobre “la actualización”: a) el basamento moral sobre el cual debe erigirse la política nacional; b) una visión de la política económica, de la política social y del desarrollo basada en un enfoque de derechos humanos; c) la ciudadanía social como vía de empoderamiento político; y d) el empoderamiento legal imprescindible para asegurar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Cualquier posible objeción respecto a que esos asuntos no son temas propios de los economistas debiera ser contrastada con el hecho de que el desarrollo de las ciencias económicas precisamente ha girado en buena medida alrededor de esos temas. De Smith y Marx a Stiglitz y Sen, pasando por Marshall, Keynes, Friedman, Prebisch, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Arthur Lewis y Norman Girvan, la moral y la política han sido preocupaciones centrales de los economistas.

El principal asunto del debate público en Cuba, especialmente en lo relativo a “la actualización”, debería ser la base moral de la estrategia y de las políticas del cambio social. Esa base moral debería ser la solidaridad social: la noción de que ciudadanos libres y con derechos se preocupan mutuamente por los problemas de los demás y actuando, desde la responsabilidad individual y social, resuelven efectivamente esos problemas mediante diferentes mecanismos, incluyendo la utilización de los medios del Estado. Se trataría de una moral asentada en el compromiso de ayudar y de proteger a los demás y de actuar positivamente para materializar tal compromiso. Es una cuestión importante porque no existe ninguna garantía automática de que sea esta la noción que finalmente prevalezca como fundamento moral de la sociedad cubana. Se requiere de una movilización política popular que defienda, en disputa con visiones alternativas, la solidaridad social como premisa moral de la transformación social en Cuba. Esta sería una plataforma moral compartida por personas de diferentes credos y sectores de la sociedad. Resulta esencial que se hable de las políticas económicas comunicando claramente los valores sociales que están detrás de esas políticas.

¿Pudieran los economistas contribuir a esa alineación deseable entre las políticas económicas y una moral del cambio social basada en la solidaridad humana? Ciertamente, y quizás un buen lugar para comenzar –aunque no suficiente por sí mismo- sería la influencia que pudieran tener los economistas en modificar algunos aspectos de la narrativa sobre “la actualización”. Por una parte, hay ciertos términos que están siendo utilizados –por académicos y funcionarios- que se aproximan más a una noción moral exclusivamente basada en la responsabilidad individual (generalmente asociada al pensamiento conservador) que a una moral asentada en la solidaridad social. Ese pudiera ser el caso, por ejemplo, del énfasis (que considero desproporcionado) en relación con la crítica que se le hace al llamado “igualitarismo”, sin que tal crítica sea claramente comprensible. ¿Es realmente el “igualitarismo” –como quiera que se le defina- un problema más importante que la creciente desigualdad social del país? ¿De qué manera una denuncia al llamado “igualitarismo” puede ser compatible con la solidaridad social? Por otra parte, están las metáforas que se utilizan actualmente en Cuba. Las metáforas son importantes porque influyen significativamente en la vida de los individuos y en la sociedad a partir del papel que desempeñan en la explicación de fenómenos sociales complejos, como pudiera ser el caso de “la actualización”. El discurso importa porque el lenguaje, repetido una y otra vez, es un factor en la formación del conocimiento y en el posicionamiento político que de ello pudiera derivarse. Las metáforas son parte de los mecanismos inconscientes que permiten estructurar las políticas. En ese sentido, las metáforas del “estado papá” y del “pichón”, que han sido utilizadas en el contexto de “la actualización”, también parecerían tener más afinidad con las grandes metáforas del pensamiento conservador contemporáneo (la visión de la nación como una familia centrada en un padre estricto con hijos que son educados para ser independientes) que con una visión moral estructurada alrededor de la solidaridad social. Valdría la pena tomar nota de este asunto.

Los economistas también pudieran hacer una contribución importante en lo relativo a la función crucial que deben desempeñar los derechos económicos y sociales, sobre todo teniendo en cuenta el papel que se le concede en el discurso oficial a los mecanismos de protección social, codificados usualmente como “logros de la Revolución” y que parecen ser apoyados por una parte mayoritaria de la población. Tal contribución pudiera consistir, entre algunos aspectos, en articular convincentemente en el contexto del debate sobre la “actualización” la noción de que el bienestar de las personas y de la sociedad es un derecho humano que se materializa en una serie de prestaciones sociales, libertades y riqueza espiritual. Estas no son el resultado de la filantropía de “los que tienen” (fuera y dentro del país), tampoco son dádivas que ofrece pródigamente el Estado, ni deben ser vistas como una variable de ajuste (para reducir gasto público) a la hora de enfrentar desequilibrios presupuestarios. Cuando el bienestar social es enfocado desde una perspectiva de derechos humanos cualquier retroceso debe ser considerado como inaceptable. ni deben ser una variable de ajuste frente a la carencia de recursos. Cada acción de política económica debe ser “puesta frente al espejo” de los derechos humanos. Dos preguntas deberían ser siempre respondidas al diseñar las políticas económicas: ¿están siendo incorporados los derechos humanos en las políticas?; y ¿se encuentran reflejadas las normas legales en materia de derechos humanos en las metas de política y en la sustancia de los indicadores utilizados para medir el progreso de las mismas?

La ciudadanía social, entendida como resultado del proceso histórico que estableció mecanismos niveladores (p.ej. la seguridad social, los sistemas de salud pública o el acceso universal a la educación) que permitieron contrarrestar la llamada “exclusión primaria” generada por procesos de desempoderamiento extremos en los mercados básicos, como el mercado de capital y el mercado laboral, también debería ser objeto de debate en Cuba. En un contexto en el que se le han creado espacios al capital y al mercado, el análisis de la ciudadanía social es pertinente. ¿En qué medida pudiera resultar “la actualización” en una redefinición del sujeto y de los derechos de la ciudadanía social? ¿Pudiera pensarse en un desplazamiento del sujeto social concebido como “trabajador con derecho”, que implica un estatuto no mercantil de su trabajo, a un sujeto social concebido como “consumidor”, favorecido con un derecho a un consumo mínimo? En ese sentido, la discusión actual, por ejemplo, sobre la “libreta de abastecimiento” no debería ser vista desde la perspectiva estrecha de un programa para la gestión de riesgo social sino desde la óptica más amplia de ciudadanía social.

El aspecto legal relativo a la materialización de los derechos en el contexto de la “actualización” es importante. No basta con que los derechos estén reconocidos por la Constitución y por las leyes, y defendidos en los discursos. Es esencial que la materialización de los derechos económicos y sociales sean justiciables y exigibles, es decir, que exista una legislación específica que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho dado y que contemple la existencia de remedios legales en caso de no cumplimiento y de violaciones. La preservación, e inclusive el mejoramiento de los “logros de la Revolución” necesitan de “candados legales” que sean sagazmente diseñados.

Vale anotar que la reflexión sobre el tema es mucho más amplia pues también incluye la discusión acerca de todos los derechos humanos, no solamente los económicos y sociales. El hecho de que los derechos humanos sean un “concepto discutible” (desde una perspectiva teórica) y de que sean objeto de divergencias políticas e ideológicas, a veces muy intensas, no significa que deban ser asumidos de forma fragmentada, según resulte conveniente. Asumir una visión integral de los derechos humanos, probablemente de manera paulatina, debería ser parte de las transformaciones sociales en Cuba. Será un proceso decidido en el terreno de la política pero respecto al cual las ciencias sociales pudieran hacer aportes. Una moral basada en la solidaridad social también debe incorporar la responsabilidad individual y los derechos civiles y políticos de las personas. Quizás sea este un proceso que demore algún tiempo en cuajar en el debate nacional pero me parece adecuado señalar que no debería ser considerado como algo racional para un científico social mirar hacia otro lado o esconder la cabeza en la arena cuando se plantee una discusión integral sobre los derechos humanos, algo que es relevante para el caso de los economistas por el simple hecho de que el desarrollo económico y social esencialmente consiste en la materialización de derechos humanos.

La manera en que se organizaría la participación popular en la definición, aplicación y control de la política económica, así como el perfeccionamiento de mecanismos existentes o la creación de nuevas formas de rendición de cuentas y de control popular (no solamente estatal) también son áreas de trabajo de los economistas. Los aspectos mencionados son componentes cruciales para el tipo de empoderamiento del cual debe resultar el desarrollo, por ejemplo, el poder que tendrían los previsibles beneficiarios de las políticas sociales en cuanto a participar en las decisiones (no solo en las consultas) sobre la asignación de recursos y en las modalidades de operación de prestaciones sociales claves como son la salud, la educación y la vivienda. Pudiera ser una manera, moralmente razonada, de movilizar políticamente en favor de la justicia social el sector de la población que Mayra Espina nos ha señalado que popularmente se identifica como quienes están “en el fondo del caldero”.

La distribución de recursos no es neutral para la materialización de los derechos económicos y sociales. Algunas variantes de distribución, tanto para el consumo como para la inversión, pueden tener un impacto más positivo que otras sobre la realización de los derechos, especialmente en condiciones de relativa penuria de recursos. Por ejemplo, el caso de las decisiones sobre la construcción y el mantenimiento de viviendas parece ser un área en la que los criterios de los posibles beneficiarios difícilmente pasen por consideraciones “técnicas” relativas a la eficiencia del proceso constructivo. Alcanzar una cuadratura de círculo en esta área pudiera ser muy complicado pero la variante de confiar la solución de los problemas habitacionales de Cuba al mercado (“por medios propios”) pudiera parecerle una propuesta exótica, e inaceptable, a muchos de quienes hoy no tienen un techo seguro. La complejidad relativa a cómo empoderar a la población no debería ser una justificación para suplantar la participación popular con burocracia y tecnocracia. ¿Pudieran las ciencias sociales, en particular las económicas, informar adecuadamente tal proceso? Seguramente pudieran hacerlo.

Es igualmente un tema pertinente para el debate económico en Cuba discutir frontalmente uno de los principales mitos que inexplicablemente parece haber encontrado un lugar bajo el sol en el debate sobre “la actualización”: la noción de que una combinación de empleo estatal, inversión de capital transnacional, pequeña producción mercantil predominantemente en su modalidad de subsistencia, actividad capitalista nacional, un puñado de cooperativas y una masa de desempleados que no parece tener posibilidades de inserción en la economía formal, puede ser una fase para avanzar hacia la prosperidad con justicia social. Quizás tenga que ver con eso a lo que Rafael Hernández ha llamado muy acertadamente “simplismo privado”.

Me percato de que he colocado en esta introducción muchas más interrogantes que respuestas y que no me he referido en detalle a los textos del volumen, pero es que más que un comentario sobre la compilación he considerado que resultaba oportuno insistir en la conveniencia de colocar los temas del debate económico contemporáneo en Cuba, reflejados en el volumen, en el contexto más amplio de la trasformación social en la que ha entrado el país. Es por tanto, también una invitación a que el lector explore otros resultados editoriales de Espacio Laical que han abordado diversas aristas del cambio social. Se dispone de una masa crítica de catálogos temáticos que facilitaría intentar hacer la conexión entre diferentes disciplinas para avanzar hacia un análisis integral del complejo sistema social actualmente en proceso de transformación en Cuba. Estimular a los lectores a sumarse activamente al debate público, desde los diferentes lugares que ocupan en la sociedad, ha sido el propósito principal de esta breve introducción.

La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org y adquirida en el Centro Cultural Padre Félix Varela,Tacón s/n entre Mercaderes y Chacón. La Habana Vieja , La Habana. CP 10100.

CRÉDITOS:

Equipo de redacción: P. Yosvany Carvajal, Roberto Veiga y Lenier González.
Diseño: Ballate

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