La seguridad alimentaria en la Cuba actual (II)

Por Jose Luis Rodriguez

Los avances logrados en la producción agropecuaria durante los 30 primeros años de la Revolución se reflejaron en un crecimiento medio anual del 2,6%, aunque el mismo resultó inferior al 4,4% alcanzado por el PIB en esa misma etapa.

La crisis del Período especial golpeó muy duramente al sector, provocando una caída de 51,4% en el valor agregado bruto (VAB) entre 1989 y 1994, impacto que superó con creces la caída del PIB en esa etapa y que fue del 34,8% hasta 1993.

La situación afrontada hace ya dos décadas no es un mero referente histórico, ya que hasta 2013 el crecimiento del VAB fue de solo 22,8%, por lo que aún no se ha recuperado el nivel previo a ese momento; de ahí que el peso de la producción agropecuaria en el PIB haya descendido de 9% en 1989 a solo 3,6% el pasado año.

La carencia de recursos llevó a que las inversiones anuales promedio entre 2000 y 2012 solo alcanzaran el 28,8% de lo logrado en los años 80, y a que entre 1990 y mediados de los 2000 el uso de fertilizantes se redujera en 88,5%, los combustibles en 47,9% y los piensos en 59,8%, y que el área bajo riego disminuyera en 29,2%.

Esta situación condujo a que la cantidad de tierra cultivable ociosa -incluyendo los pastos- pasara del 35 al 51% del total a mediados de esta última etapa, en lo que incidió no solamente la falta de recursos materiales, sino también la creciente emigración de la población rural hacia las zonas urbanas.

Tal vez en ninguna otra esfera de la economía cubana se hayan mostrado con mayor crudeza las dificultades que ha enfrentado el país para lograr alimentar a la población durante los últimos 25 años, y los enormes esfuerzos que se han requerido para ello.

Habría que apuntar que la reducida asignación de recursos para la producción agropecuaria a partir de 1990 no se debió a una disminución de su prioridad. Realmente el país se vio obligado a concentrarse en la obtención de las divisas indispensables para asegurar su sobrevivencia a corto plazo, y ello solo resultaba posible donde se dispuso de financiamiento externo (producción de níquel) o en aquellos sectores de rápida recuperación (turismo).

La alternativa de colocar los escasos recursos disponibles para fomentar una producción nacional de alimentos requería un volumen tal de financiamiento y un tiempo que no podía competir con la compra de los productos importados para asegurar la supervivencia de la población a corto plazo.

No obstante, ante la falta de recursos y buscando vías para incrementar la producción agropecuaria, se produjo una transformación profunda en el sistema de gestión del sector agropecuario.

La decisión más importante en este sentido se adoptaría en 1993, al crearse las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, en las que pasaron a trabajar -en la modalidad de usufructo gratuito- los obreros agrícolas de una parte considerable de las tierras en manos de las granjas estatales, cuya producción se encontraba prácticamente paralizada por falta de recursos. De tal modo, el sector cooperativo en el campo cubano pasó a gestionar el 52% de la tierra, mientras que las tierras explotadas directamente por empresas estatales se reducían al 33%.

Sin embargo, la vinculación entre los organismos estatales y el sector de las UBPC no asumió las transformaciones necesarias, y los resultados productivos no fueron los esperados. De tal modo, los costos de producción se elevaron notablemente, pero los precios de acopio no lo hicieron durante un número de años, lo que repercutió en una elevada irrentabilidad, reforzándose el criterio de que resultaba más barato importar a corto plazo comparado con la alternativa de emprender una producción doméstica.

Con el objetivo de resolver los problemas que afectaban la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país, entre 1994 y el 2008 se adoptó un conjunto de medidas dirigidas a atenuar sus negativos efectos.

Entre ellas cabe destacar la creación en 1994 de los mercados agropecuarios de oferta y demanda, en los que los productores pueden vender sus excedentes productivos a precios de mercado, lo que incentivó un grupo de nuevas ofertas, pero a precios que aún hoy permanecen elevados en relación con los ingresos de la mayoría de los trabajadores. Para atenuar el impacto en los precios se crearon mercados controlados por el Estado con precios más bajos, aunque sin subsidios, pues salieron prácticamente todos los productos agrícolas del sistema de racionamiento.

También se generalizó la agricultura urbana y suburbana, la cual dio un significativo impulso a la producción de hortalizas, y se ensayó la entrega de unas 100 mil hectáreas de tierra en usufructo para la producción de café, tabaco y madera fundamentalmente, medida que no alcanzó a generalizarse como política.

Igualmente, se elevaron gradualmente los precios de acopio de productos agrícolas y pecuarios, para tratar de compensar el incremento del costo de los insumos y en especial de los combustibles.

La aplicación de todas estas decisiones mostró -sin embargo- que a pesar de su racionalidad puntual, se requería de un entorno macroeconómico diferente para poder avanzar.

La necesidad de una reorientación de la actividad económica del país condujo a la revisión de la política agraria. En ese sentido, de las 313 directrices contenidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en 2011, un total de 37 se dedicaron a la política agroindustrial.

De entre esos aspectos se destaca la entrega de tierras improductivas en usufructo, proceso que se anticipó en 2008 mediante la aprobación del Decreto Ley No. 259, que posteriormente fue modificado por el No. 300 de 2012, con el objetivo de poner en explotación bajo un régimen de usufructo gratuito un volumen de tierras improductivas que llegó en una primera aproximación al 18,6% del área agrícola.

Desde entonces se ha reportado la entrega de alrededor de 1,5 millones de hectáreas en parcelas que pueden llegar hasta 65 hectáreas, y que han beneficiado a unas 140 mil familias en el país.

El impacto inmediato de la medida, que se ha acompañado de una favorable política de crédito y fiscal, ha sido propiciar el asentamiento de nuevos productores en las zonas rurales con el objetivo de impulsar prioritariamente la producción de alimentos, aunque todavía no se observan incrementos significativos asociados a esta medida, tomando en cuenta la necesidad de un mayor volumen de inversiones y de los aseguramientos que se requieren para ello.

Los resultados de las políticas aplicadas a partir de 1993-1994 se han reflejado en cierta recuperación y crecimiento de un grupo de productos, si comparamos cifras de 2013 con las existentes en 1989.

Así, creció nueve veces la producción de maíz; 9,2 la de frijoles; casi cuatro veces la de hortalizas; 25,4% el arroz y 5,3% los huevos. De otra parte, descendieron 79,8% los cítricos, muy afectados por plagas, 62,1% la papa, y 38,1% la leche de vaca, entre los rubros de mayor importancia, todos ellos afectados por falta de insumos básicos de importación.

También se logra un crecimiento en los rendimientos de producciones más concentradas y beneficiadas con mejoras tecnológicas importantes. De este modo, crece tres veces el de la cosecha de maíz, 2,2 veces en los frijoles, 34,6% en la papa y 10,3% en los huevos. Por otro lado, cae 35,8% el de la producción de leche de vaca y 3,4% el arroz.

El impacto final de todas las medidas adoptadas en el consumo de alimentos indica –según los últimos datos disponibles- que el consumo calórico diario por persona alcanzó 3,256 kilocalorías y 86,6 gramos de proteínas, lo que representa un crecimiento de 14,4 y 13,2%, respectivamente, en comparación con 1989.

Sin embargo, el componente autosostenible de esa alimentación no varió favorablemente, ya que en términos de calorías descendió del 54% de componentes importados en 1986 al 50% en 2007, mientras que en las proteínas se incrementó del 61 al 82%, lo que se explica por el descenso de la producción nacional de proteína animal, especialmente de leche y sus derivados.

La importación de alimentos se ha incrementado 2,4 veces entre los años 2000 y 2012, con una fuerte incidencia del auge de los precios en el mercado internacional, ya que no hay aumentos significativos de volumen.

Esta tendencia se mantiene en el actual año, con crecimientos muy notables en los precios de los frijoles, chícharos, soya, pollo y leche en polvo, lo que apunta a una factura mayor a la de 2013 en nuestras compras externas de alimentos.

El acceso de la población a los alimentos a precios subsidiados mediante entrega a través del sistema de racionamiento, consumo social y autoconsumo se ha mantenido, aunque muestra una tendencia al descenso en la cobertura del 77,3% del insumo calórico en 1989 al 60% en 2010, mientras que en relación con el consumo mínimo se pasó del 99,2 al 88,1%. No obstante, en ambos casos se ha mantenido la garantía de los requerimientos nutricionales básicos para los menores de siete años por estas vías.

También las tensiones que persisten de desequilibrios generados durante el Período especial muestran una proporción creciente del gasto en alimentos en los hogares, que pasó del 49% del total a finales de los años 80, a un estimado de entre 59 y74% en 2011, según datos de Anicia García y Betsy Anaya (1).

Las cifras actuales reflejan una política dirigida a focalizar más la asistencia social en la población más vulnerable, reduciendo el subsidio generalizado a productos típicos del racionamiento y el consumo social indiferenciados, lo que –hasta tanto no se incrementen los salarios en el sector estatal- genera fricciones que deberán ser atendidas puntualmente.

En general, las potencialidades de incremento de las producciones agropecuarias como base para garantizar la alimentación de la población muestran un conjunto de factores positivos entre los que cabe destacar el nivel alcanzado por las investigaciones científicas en ese campo, el grado de calificación de la fuerza de trabajo, la positiva experiencia acumulada por el sector cooperativo y los campesinos, las medidas que se han adoptado para liberalizar el sector y la apertura prioritaria del mismo a la inversión extranjera.

No obstante, el desarrollo agropecuario deberá enfrentar un conjunto de importantes limitaciones, tales como la baja calidad de los suelos, con el 67% considerados pobres o muy pobres; el fuerte impacto de factores climáticos negativos, cuya incidencia ha aumentado en los últimos 15 años; la baja población rural y los bajos niveles de productividad prevalecientes, muy inferiores al promedio nacional.

En síntesis, cabe esperar una evolución favorable de este sector tomando en cuenta los cambios en curso en el entorno macroeconómico y las medidas específicas que se vienen adoptando en el país, lo cual se espera estabilice su crecimiento por encima del 5% anual en los próximos años.

*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).

1 “Gastos básicos de una familia cubana urbana en 2011. Situación de las familias Estado-dependientes”, CEEC, 2013.

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