El gobierno emprende el reordenamiento de un sector en que ha depositado tradicionalmente grandes esperanzas, pero que le ha rendido beneficios claros.
Nuevas leyes salieron a la luz en Cuba hace unos días, en otro intento por reordenar un sector que ha absorbido cuantiosos recursos, pero no ha colmado todas las esperanzas que se depositaron alguna vez en él. Con el propósito explícito de convertir a la ciencia y la tecnología en factor más efectivo de desarrollo, el gobierno adoptó un decreto ley y tres resoluciones, publicadas el pasado 29 de agosto en Gaceta Oficial Extraordinaria.
En áreas como la biotecnología y la ingeniería genética los investigadores se han anotado puntos relevantes a escala internacional, pero las autoridades muestran insatisfacción con el destino de la obra general de los numerosos centros científicos del país. “Un diagnóstico determinó que el número de estas entidades no se corresponde con los niveles de aplicación de la ciencia y su impacto en el desarrollo”, reconoció el diario Granma al presentar estas normas legales.
El Decreto Ley 323, firmado por el Presidente Raúl Castro, adopta reglas del juego para aprovechar con mayor “racionalidad” esos recursos y reconoce la necesidad de “alcanzar una gestión más integral y económicamente sostenible de la ciencia, la tecnología y la innovación”.
Ya en noviembre de 2012, el gobierno había dado un paso previo al crear el Grupo Empresarial BioCubaFarma. Mediante la fusión entonces de los centros biotecnológicos con la industria médico farmacéutica, buscaba un acercamiento más efectivo entre los eslabones de la innovación y la producción. Pero evidentemente no era suficiente. Un amplio abanico de instituciones científicas se mantenía a la espera de una reestructuración que estrechará más la conexión entre investigación y desarrollo (I+D).
Los resultados de los centros científicos cubanos “no siempre se han orientado a resolver los problemas fundamentales del país o no han sido bien considerados por los potenciales beneficiarios”, declara el principal periódico oficial de la nación caribeña. “Y, contradictoriamente, las ciencias técnicas y las agropecuarias no han sido las más favorecidas, aun cuando son las que más debieran impactar en nuestro desarrollo”.
En el país existen 232 entidades de ciencia e innovación. Además de las 20 que trabajan bajo la égida de BioCubaFarma, otras 44 las agrupa el Ministerio de Salud Pública, 33 las concentra el Ministerio de Educación Superior y 19 se dedican a la investigación bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura.
Pese al despliegue de esas instituciones en el campo agropecuario, la producción de ese sector arrastra un déficit marcado en sus rendimientos y cosechas, debido a la pobre aplicación de novedades tecnológicas y científicas. Probablemente constituye la mejor evidencia del distanciamiento entre la investigación y la innovación por un lado y la producción por otro.
Nuevas leyes salieron a la luz en Cuba hace unos días, en otro intento por reordenar un sector que ha absorbido cuantiosos recursos, pero no ha colmado todas las esperanzas que se depositaron alguna vez en él. Con el propósito explícito de convertir a la ciencia y la tecnología en factor más efectivo de desarrollo, el gobierno adoptó un decreto ley y tres resoluciones, publicadas el pasado 29 de agosto en Gaceta Oficial Extraordinaria.
En áreas como la biotecnología y la ingeniería genética los investigadores se han anotado puntos relevantes a escala internacional, pero las autoridades muestran insatisfacción con el destino de la obra general de los numerosos centros científicos del país. “Un diagnóstico determinó que el número de estas entidades no se corresponde con los niveles de aplicación de la ciencia y su impacto en el desarrollo”, reconoció el diario Granma al presentar estas normas legales.
El Decreto Ley 323, firmado por el Presidente Raúl Castro, adopta reglas del juego para aprovechar con mayor “racionalidad” esos recursos y reconoce la necesidad de “alcanzar una gestión más integral y económicamente sostenible de la ciencia, la tecnología y la innovación”.
Ya en noviembre de 2012, el gobierno había dado un paso previo al crear el Grupo Empresarial BioCubaFarma. Mediante la fusión entonces de los centros biotecnológicos con la industria médico farmacéutica, buscaba un acercamiento más efectivo entre los eslabones de la innovación y la producción. Pero evidentemente no era suficiente. Un amplio abanico de instituciones científicas se mantenía a la espera de una reestructuración que estrechará más la conexión entre investigación y desarrollo (I+D).
Los resultados de los centros científicos cubanos “no siempre se han orientado a resolver los problemas fundamentales del país o no han sido bien considerados por los potenciales beneficiarios”, declara el principal periódico oficial de la nación caribeña. “Y, contradictoriamente, las ciencias técnicas y las agropecuarias no han sido las más favorecidas, aun cuando son las que más debieran impactar en nuestro desarrollo”.
En el país existen 232 entidades de ciencia e innovación. Además de las 20 que trabajan bajo la égida de BioCubaFarma, otras 44 las agrupa el Ministerio de Salud Pública, 33 las concentra el Ministerio de Educación Superior y 19 se dedican a la investigación bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura.
Pese al despliegue de esas instituciones en el campo agropecuario, la producción de ese sector arrastra un déficit marcado en sus rendimientos y cosechas, debido a la pobre aplicación de novedades tecnológicas y científicas. Probablemente constituye la mejor evidencia del distanciamiento entre la investigación y la innovación por un lado y la producción por otro.
Tradicionalmente ha existido un distanciamiento entre las producciones agropecuarias y las numerosas instituciones dedicadas a la investigación en ese terreno.La reestructuración apunta, según el Decreto Ley 323, a “la creación, fusión, escisión, traspaso y extinción de las entidades de ciencia, tecnología e innovación”, en correspondencia con un grupo de requisitos y misiones que establece para esas instituciones.
Quizás el paso más osado, y potencialmente polémico, del reordenamiento es extender la concepción empresarial al sector científico, financiado hasta ahora en un 97,5 por ciento por el Presupuesto del Estado. “Las entidades de ciencia, tecnología e innovación que tributan sus resultados a la producción de bienes y servicios, pasan a formar parte del sistema empresarial en todos los casos que sea posible”, dispone el Decreto Ley 323.
El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), José Fidel Santana Núñez, declaró a la prensa cubana que el proceso aspira a imprimir “racionalidad y sustentabilidad económica” al sector, pero “defendiendo siempre el trabajo del científico, del investigador, del personal altamente calificado, así como todos los proyectos priorizados para el desarrollo del país”.
El gobierno admite que el reconocimiento a la actividad de la ciencia, tecnología e innovación ha sido insuficiente, tanto en el aspecto moral como en el económico.
Actualmente –informó Santana- se trabaja en la conformación de los procedimientos que posibiliten a las entidades y al personal que labora en estas actividades participar de los beneficios económicos que genere la aplicación de los resultados de sus investigaciones.
Las propuestas pueden ser tentadoras en ámbitos como el de la medicina, la biotecnología y la industria farmacéutica, que hace unos años incorporaron a las exportaciones de Cuba, por primera vez en la historia, una oferta de servicios y productos de alto valor tecnológico. Pero igualmente pondría contra las cuerdas a instituciones científicas cuya utilidad ha tropezado tradicionalmente con la falta de motivación de los productores o beneficiarios finales (2014).
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