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lunes, 1 de febrero de 2016

Reforma constitucional en Cuba: por qué, cómo y con quién

Eileen Sosin Martínez • 1 de febrero, 2016




LA HABANA. El 24 de febrero de 2013, el presidente Raúl Castro anunció que se introducirían cambios en la Constitución de la República, en correspondencia con la aplicación de los lineamientos. Se divulgó entonces que habría edades máximas para ejercer cargos políticos, los cuales quedarían delimitados, como máximo, a dos mandatos, de cinco años cada uno.

Tres años después, cuando la Carta Magna llega a cuatro décadas de promulgada, no se conoce mucho más. Por el rumor –cuasi-institución de la vida pública cubana- nos llega que “hay una comisión que está trabajando en eso”, sin que sepamos quiénes son sus miembros, y exactamente en qué trabajan.

“Me imagino que aparezca algo más claro en el Congreso del Partido, si se sigue la lógica de lo que se hizo en la reforma de 1992”, anota Julio Antonio Fernández Estrada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Administración Pública.

El proceso, cuya legitimidad dependerá de su carácter democrático y transparente, debería tener en cuenta tanto las condiciones de partida –el país que tenemos, la Constitución que tenemos-, así como un proyecto de nación verdaderamente consensuado.

¿Cómo podemos caracterizar la Constitución cubana; por ejemplo, en cuanto a limitaciones y fortalezas?

Creo que la fortaleza más grande de la Constitución es la forma del Estado cubano como Poder Popular; el principio de la democracia socialista, la participación directa del pueblo, la rendición de cuentas, la revocación de mandato, el uso de la crítica y la autocrítica… Estamos hablando del diseño, todos los problemas que tiene eso en su aplicación, son otro tema que trasciende el constitucionalismo en sí.

También la cláusula de reforma es bastante rígida, eso es una garantía para nosotros, si queremos que la Constitución se conserve. El Artículo 3 donde se declara la soberanía popular y el ejercicio directo de la soberanía, constituye una fortaleza. Es una debilidad que no se diga cuáles son las formas directas de ese ejercicio, hay que encontrarlas aisladas en el texto.

Nuestro orden estatal, la institucionalidad, son muy soviéticos, con algunos elementos cubanos. Una gran debilidad de la Constitución es que nuestra cláusula de Derechos, el capítulo 7, es muy limitado a la manera de entender los derechos por el Campo Socialista.

Respecto a los derechos civiles y políticos, se utiliza la fórmula de unir dos y tres derechos en un mismo Artículo. El área de más debilidad está en el régimen de garantía a los derechos, que es bastante escaso. Una flaqueza técnica de nuestra Constitución es que no habla de derechos humanos, no está la denominación.

A nosotros nos faltan los recursos más conocidos del constitucionalismo social: no tenemos el Amparo, este que se usó en la constitución mexicana y que ha tenido una gran repercusión para Latinoamérica; no tenemos el Hábeas Corpus en la Constitución, eso es un problema; menos todavía tenemos Hábeas Data, que protege los datos personales.

Nos falta un control constitucional independiente, no tenemos Defensoría del Pueblo. Algunos de los problemas mayores van más allá del diseño: leyes que jamás se han promulgado, facultades que jamás se han cumplido. La iniciativa legislativa independiente de los diputados tampoco se cumple. Tenemos un mecanismo casi ad hoc de creaciones normativas, que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución.

Otra de las limitaciones de la Constitución es que ya tiene 40 años, pero nuestros últimos 40 años han sido muy cambiantes.

Esa rigidez de la Constitución, ¿hasta qué punto es buena o es mala? ¿Puede convertirse en un obstáculo?

Es un obstáculo para la modificación, pero normalmente una constitución semi-rígida o rígida no debe ser un problema. O sea, si la Constitución es lo que la gente quiere (en el caso de Cuba, el 97 por ciento de la población con edad electoral dijo que la quería), proteger a la Constitución no es una dificultad.

Claro, fue la población aquella, de 1976. Ahora habría que hacer un pacto nuevo, porque cada generación merece un nuevo derecho. La garantía más fuerte está en que, cuando se modifiquen las facultades de los órganos superiores del Estado, y los derechos y deberes y garantías, se debe consultar con el pueblo. Por lo tanto resulta una cláusula democrática.

En el año 92 no se consultó al pueblo porque no se tocó, técnicamente, ninguno de esos capítulos. Me parece que ahí se hizo una interpretación muy restrictiva de la cláusula, creo que la modificación del carácter irreversible de la propiedad estatal socialista modificaba los derechos más importantes que teníamos.

El hecho de que sea una aprobación parlamentaria o plebiscitaria depende de cuáles cambios se van a hacer…

Julio Antonio Fernández Estrada.

Exactamente, es lo que dice la cláusula de reforma. Desde el año 2002 se incluyen contenidos que no se pueden modificar en ningún caso, como el carácter socialista del Estado, el sistema político cubano… Todo eso está en una cuerda floja, porque si se hace una nueva Constitución no tiene ningún sentido lo que dice la anterior. Es algo bastante artificial, porque todo lo que se ha hecho a partir del 2002 han sido modificaciones del sistema político también, directa o indirectamente.

Por ejemplo, la creación de la Contraloría General de la República. Es un órgano superior del Estado, que no está en la Constitución, que modifica el sistema político, y que viola el Artículo 3, tercer párrafo, cuando dice que el sistema político es irreversible. O sea, el Estado es el que ha violado eso, no la población.

El Artículo 137 dice que la Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional, excepto en lo concerniente al sistema político, económico y social. Sin embargo, los cambios establecidos hasta ahora, más las reformas anunciadas, son ya en sí mismos transformaciones que contradicen esta cláusula…

Exacto.

Usted ha comentado que un gran proyecto es el cumplimiento de la Constitución. ¿Qué potencialidades sin utilizar tiene la Carta Magna? ¿Sería contradictorio modificar una Constitución que no ha sido llevada hasta sus últimas consecuencias?

Siempre digo: qué sentido tiene que la próxima Constitución sí se vaya a cumplir, si llevamos 40 años con una que está cumplida al 50 por ciento. La Constitución nuestra tiene el gran problema de no ser una norma de aplicación directa, porque no existe justicia constitucional, no hay un proceso propio de la Constitución.

Los tribunales de justicia en Cuba no utilizan argumentos constitucionales en sus sentencias. Siempre pensamos: por qué la gente no conoce la Constitución. No la conoce porque no le hace falta. Ni los juristas, porque si usted tiene que resolver un problema, va a la Ley Penal, la Ley de Vivienda, la Ley de Procedimiento. Todo lo que dice la Constitución tienes que buscarlo en una ley especial, y si no existe esa ley, te quedaste sin nada.

El diseño constitucional nuestro, donde la Asamblea Nacional es el órgano superior del Estado, no está llevado a la práctica. No puede ser órgano superior reunido una semana al año. En los últimos 40 años el Estado cubano ha sido dirigido por el Consejo de Estado. Este es quien crea los Decretos-Leyes, que triplican a las Leyes. Eso no estaba pensado en el diseño.

La participación de los trabajadores, la soberanía popular verdadera, el régimen de igualdad que aparece en el Capítulo 6; están sin cumplir. Que los cubanos y las cubanas utilicen sin restricciones el transporte marítimo, que se residencien en cualquier barrio o ciudad, está sin cumplir.

La doble ciudadanía (que hoy poseen miles de cubanos), las cooperativas no agropecuarias y las pequeñas empresas privadas –por solo mencionar tres ejemplos- son incompatibles con el texto constitucional ¿Qué tensiones o consecuencias supone esto?

Hay cosas que son muy nuevas, como las cooperativas, y otras que son históricas ya, como el tema de la doble ciudadanía. Creo que eso ha tenido un impacto de inseguridad jurídica, de ilegitimidad del Derecho, de desconocimiento de la norma, de inutilidad y desvalorización del orden jurídico, de irrespeto por el Estado y la Administración…

¿Cuáles mecanismos de control constitucional existen en Cuba? ¿Es necesario un Tribunal Constitucional que proteja la Carta Magna?

Nuestra Constitución tiene un control constitucional interesante, que lo realiza la Asamblea Nacional: es órgano legislativo, constituyente, y puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto o normativa, incluidas sus propias leyes. Sin embargo, nunca lo ha hecho, existiendo muchas que van contra la Constitución.

También hay mecanismos de control constitucional hacia abajo: el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, las asambleas provinciales, la Fiscalía, todos a su nivel pueden hacer eso. Lo que sucede es que el control decisivo lo tiene la Asamblea Nacional.

¿Por qué no se ha declarado jamás la inconstitucionalidad de ninguna de esas normativas? Porque se ha creado un vicio, donde se ha confundido políticamente el funcionamiento con la desunión. Es la fórmula de la unanimidad en la Asamblea: se vició eso de forma tal, que si se dividía la Asamblea, significaba desunión a nivel nacional. No, la Asamblea es un órgano que tiene un funcionamiento, una necesidad, y se espera de ella un trabajo, que no ha podido hacer, porque se ha viciado con estas cosas.

En su opinión, ¿la reforma anunciada debería ser total o parcial?

Si se va a hacer, creo que debería ser total, si va a ser totalmente democrática. Quisiera que hubiese una Asamblea Constituyente, formada por elección, que represente territorios, tal vez replique personas que ya hoy tienen responsabilidades, pero que el órgano sea nuevo.

Y que hagan la Constitución. Que no sea una comisión desconocida, que sean las personas esas, que tengan un tiempo, que todo el pueblo sepa dónde están, lo que están haciendo… como se hizo la Constitución del 40. Esa Asamblea Constituyente trabaja, presenta resultados, y después se lleva a referendo popular.

Ahora se está haciendo como en el 76: con una comisión, después se discute con la población, y luego ver cuál efecto tienen las opiniones de la gente. Ya con el Código de Trabajo no hubo un regreso a decirnos qué se tomó en cuenta y qué no.

Había que descubrirlo cuando se leía la ley hecha, lo cual rompe un momento del tránsito democrático: yo te digo qué hacer, pero después tú tienes que venir a decirme qué tomaste en cuenta; para decirte, de nuevo, si estoy de acuerdo o no con la idea que te llevaste, porque tal vez no entendiste nada.

Si no, se perdería una oportunidad de hacer una gran constituyente que cambiara mucho el panorama político, porque la gente se implicaría otra vez, esperaría algo de nuevo, se convocarían a otras fuerzas… No puede haber socialismo si los trabajadores no se implican.

La participación ciudadana en Cuba sufre un desgaste de años ¿Cuán preparados o interesados están los cubanos ante un proceso como este?


Estatua de la República en el Capitolio Nacional.

Si el proceso vuelve a reproducir las fórmulas de participación que se han llevado hasta ahora, va a pasar eso, que a la gente no le importe. Pero si de verdad es un proceso democrático, la gente sí participa.

Tengo la experiencia de un experimento de presupuesto participativo en el Consejo Popular Catedral, de La Habana Vieja, donde las personas participaban con tremenda disciplina. Había una ONG cubana, con una internacional, y un fondo de 100 mil CUC, y se empezó a convocar a asambleas para discutir qué hacer con ese dinero.

Pongo el ejemplo no solo por la convocatoria, sino por la seriedad de las propuestas, el monitoreo popular y espontáneo de la gente. Por lo tanto, es mentira que el pueblo cubano no quiere, no sabe, no puede… No, no, eran ideas inteligentísimas, con una formalidad que a mí me dice que sí se puede. Creo que somos uno de los pueblos más preparados del mundo para la participación, contrario a lo que se maneja normalmente.

¿Qué aprendizaje debería tomar el país de los cambios constitucionales recientes en América Latina?

El primer aprendizaje creo que es la organización de las asambleas constituyentes, que fue una revolución por sí misma en esos países. Y después, el apego de estos procesos al derecho constitucional más desarrollado.

Creo que Cuba también merece un proceso como este, en que se note toda la riqueza cultural de este pueblo, todo lo que la Revolución misma ha hecho, y lo que la juventud de hoy tiene como imaginación, para saber realmente qué se plantea para el futuro.

Sí tenemos que aprender mucho de esos procesos, y plasmar en esa Constitución nuestra realidad, nuestra verdad, nuestra cultura… Creo que debe ser un gran momento de discusión y de creación, para corto y largo plazo, donde la Constitución se lance hacia el futuro, no solamente a resolver los problemas de ahora.

Algunos juristas opinan que los cambios legislativos de los últimos cinco años han tenido un carácter instrumental, para justificar o refrendar decisiones políticas ¿Usted coincide con ese criterio? ¿Qué posibilidades hay de que ocurra algo similar con la Constitución?

La posibilidad está ahí. Hay una visión bastante hegemónica del Derecho, no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo. Sí ha pasado esto en los últimos cinco años, y creo que tenemos que movilizarnos lo más posible para discutir esa propuesta de hacer lo mismo ahora.

No estoy de acuerdo con que nos planteen ahora una Constitución, y lo que hagamos sea ponernos bravos de nuevo. No estamos discutiendo la Constitución que me están proponiendo, estamos discutiendo el momento histórico. El momento histórico está en que nosotros participemos desde el inicio en ese proceso.

¿La reforma por venir qué puede rescatar de la tradición constitucionalista cubana, específicamente de la Constitución de 1940?

Primero, la convocatoria, el júbilo, cómo la gente seguía discusiones por la radio, hacían apuestas de cuáles oradores eran mejores, cuando terminaban las sesiones salían a ver bajar a los constituyentes… Se hizo popular de verdad.

Lo otro son algunos contenidos importantes, el tribunal de garantías constitucionales, por ejemplo. Habría que estudiar de nuevo la regulación de la Constitución del 40 sobre el carácter social de la propiedad privada. Eso puede ser una solución para el futuro nuestro.

No debemos olvidarnos de los grandes aportes que tiene nuestra Constitución actual. Tenemos que parecernos a lo que hemos logrado y que la propia Constitución no le hace justicia; pero sobre todo hacer que el Poder Popular se convierta en una realidad. Me parece que es una deuda que no se ha cumplido.

Foto de portada: Detalle de una de las puertas del Capitolio / Fernando Medina Fernández.

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