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El lobby anticubano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no solo abortó una enmienda que permitiría a los estadounidenses viajar libremente a Cuba, sino que logró imponer nuevas sanciones en el proyecto de ley del presupuesto de servicios financieros y gastos generales del gobierno para el 2017.
Este proyecto de ley financia una variedad de servicios y agencias gubernamentales, pero oculto en letra pequeña aparece una serie de prohibiciones, algunas de las cuales que tienen que ver con los viajes a Cuba.
En el texto aparece que la Cámara, en vez de aflojar las sanciones contra el país caribeño, le gustaría agregar unas cuantas adicionales, entre ellas:
• La prohibición de viajar a Cuba para ciertos intercambios educativos en los llamados intercambios people-to-people;
• La prohibición de la importación de bienes confiscados por el Gobierno cubano;
• La prohibición de transacciones financieras que involucren a militares cubanos;
• La prohibición de los fondos para aprobar la concesión de licencias de marca, nombre comercial o denominación comercial que haya sido confiscada por el Gobierno cubano sin expreso consentimiento de Estados Unidos.
Las propuestas permanecieron en el texto que se llevó a votación el jueves por la noche, mientras fueron retiradas dos enmiendas que se pronunciaban a favor de eliminar las restricciones a las exportaciones agrícolas y los viajes a Cuba.
El pulseo político se inclinó ahora a favor del lobby anticubano en la Cámara, que comandan Mario Díaz-Balart -miembro del Comité de Asignaciones-, Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo, profesionales del odio hacia la Isla. Díaz-Balart aseguró, según el Nuevo Herald de Miami, que “hay apoyo bipartidista en la Cámara para fortalecer las sanciones contra el régimen y que rechazan la política de apaciguamiento a la dictadura”, como lo demuestra la aprobación de la legislación que “contiene múltiples claúsulas para fortalecer las sanciones”.
Sin embargo, el periódico del Congreso, The Hill, auguró que el Presidente Barack Obama vetará este proyecto de ley, no a causa de los viajes a Cuba, sino porque varias piezas de este texto ponen en jaque importantes iniciativas del gobierno. Por otro lado, entra en conflicto con la versión del Senado, que ha aprobado recientemente un proyecto de ley similar que se pronuncia por mantiene los gastos al nivel de los que se previeron para el 2016.
El mes pasado, como parte de un debate sobre su propio proyecto de ley de servicios financieros, el Comité de Asignaciones del Senado aprobó una enmienda presentada por los senadores demócratas Patrick Leahy y Jerry Moran, que propone poner fin a las restricciones sobre los viajes a Cuba. La medida fue aprobada en una votación oral sin oposición.
Los senadores Parick Leahy (Demócrata por Vermont) y Jeff Flake (Republicano por Arizona) también presentaron el año pasado el proyecto de ley Libertad para viajar a Cuba para levantar todas las restricciones a los viajes de los estadounidenses y cuenta ya con el apoyo de 51 senadores, pero todavía no ha sido votado en el pleno.
Cuba es el único país del mundo al que los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo. Sólo un número limitado de estadounidenses, bajo determinadas licencias, está autorizado a viajar a la isla.
Con todos estos antecedentes en la balanza, fuentes en Washington especulan que la negociación va a continuar entre la Cámara Alta y la Baja, antes de que llegue a la mesa del Presidente una propuesta final de la ley del presupuesto de servicios financieros y gastos generales del gobierno para el 2017. Sin embargo, los futuros viajeros a Cuba van a tener que esperar todavía que su gobierno les respete el derecho a visitar con total libertad la Isla vecina.
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