Por Adolfo José Castillo Vitlloch
Allá Dios que será divino.
Yo me muero como viví.
«El necio», Silvio Rodríguez
Un rasgo distintivo e imprescindible del sistema socialista es el surgimiento de un nuevo tipo de entidad económica: la empresa estatal socialista. Esta es la forma productiva que mejor expresa la razón de ser del socialismo, o sea, transformar los instintos individualistas y egoístas de supervivencia del hombre, y potenciar sus valores como ser social; Marx consideraba que el socialismo debía armonizar los intereses de los individuos y de la sociedad.[1] En mi opinión, solucionar esa contradicción aparente constituye un reto primordial, pues de ello dependerá, en gran medida, elevar a su plena capacidad las principales fuerzas productivas de este sistema: los trabajadores de la empresa estatal.
Hasta hoy constituye una gran polémica el papel del individuo dentro de la empresa estatal socialista y la relación del Estado, como institución central de gobierno, con las empresas, y por ende, con quienes trabajan en ellas. De hecho, la tendencia general en muchos países adscritos a dicho sistema, incluida la Isla, ha sido que el gobierno mantenga un control casi total sobre el desempeño de la empresa, administre, gestione, planifique y asuma los riesgos, la responsabilidad y los beneficios resultantes con lo cual releva de esas funciones a trabajadores y directivos. Tal tendencia ha generado resultados negativos, entre ellos: pérdida del sentido de propiedad sobre los medios de producción, ausencia del papel estimulador del salario, desvalorización del trabajo, sentimiento de trabajar para un ente ajeno (el Estado) y, en general, la indiferencia del individuo ante los éxitos o dificultades de las entidades estatales.[2]
No obstante, entre los principales atributos del socialismo está utilizar los valores creados durante el proceso productivo para satisfacer al máximo posible las necesidades materiales y espirituales de todos los integrantes de la sociedad, en correspondencia con el aporte de estos a través de su trabajo, ya sea manual o intelectual.[3]Esos recursos no se colectan solo a partir de impuestos a sujetos individuales (personas u organizaciones), sino fundamentalmente de manera colectiva, a través de las contribuciones de las empresas estatales o cooperativas.
Una parte de las utilidades de la empresa estatal (incluida la plusvalía generada) debe ser propiedad de la sociedad (a través del Estado como instrumento) y el resto debe distribuirse entre los trabajadores mediante diversas vías. Así, a los gastos sociales se destinan utilidades que garantizan, de forma igualitaria, los derechos fundamentales del hombre: salud, educación, seguridad social y ciudadana —defensa, orden interior, protección ante catástrofes, etc.—, infraestructura básica en comunicaciones, trasporte.
Toda empresa socialista, al fundarse, debiera responder las siguientes preguntas básicas: ¿cuál será su aporte a la sociedad?, ¿qué beneficios ofrecerá a sus trabajadores y cuáles de las necesidades de estos serán satisfechas (a través de salario u otras vías)?, ¿cómo garantizará su crecimiento continuo, el máximo nivel de eficiencia y ganancias?
En la Resolución económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en 1997, se expresó la necesidad de implementar cambios dirigidos a mantener el papel preponderante de la propiedad estatal y asegurar altos niveles de eficiencia en las empresas. Fueron señaladas, además, deficiencias y debilidades en el sector empresarial y se planteó que, ante la limitación de recursos disponibles y la necesidad de su óptimo aprovechamiento, la eficiencia constituiría el objetivo central de la política económica:
Hacer un mejor uso de los recursos, elevar la productividad del trabajo, alcanzar mejores resultados con menos costos tendrá un efecto positivo en nuestro balance financiero, facilitando la participación en el comercio internacional y en el acceso a los mercados de capital e inversiones.[4]
En ella se adoptó, además, la decisión de instaurar un proceso de perfeccionamiento empresarial, cuyas bases fueron cuidadosamente diseñadas.[5] Con posterioridad, en 2007, se aprobaron los decretos 252 y 281 que pretendían impulsar la solución de algunos problemas detectados.[6]
A pesar de haber transcurrido más de quince años, no se han obtenido los resultados deseados. Aunque un logro de ese proceso ha sido el diseño y materialización de un grupo de organizaciones eficientes, flexibles, en transformación continua con el objetivo de alcanzar estadios superiores (se estima que cerca de 40% del total de las empresas estatales aplican el perfeccionamiento empresarial), aún persisten numerosas debilidades e ineficiencias en gran parte del sistema empresarial del país.[7]
Los modelos implementados todavía no han dado una respuesta satisfactoria a las contradicciones mencionadas con anterioridad y no han permitido establecer reglas claras acerca de qué puede o no hacer el empresariado cubano, ni creado instrumentos estables de control sobre su gestión y resultados. Durante los últimos años, las directrices y métodos utilizados han sufrido constantes modificaciones, con un enfoque cada vez más restrictivo, lo cual va en contra de la descentralización y autonomía planteada en las bases del perfeccionamiento empresarial. Por tanto, sigue abierta la pregunta de cómo tornar eficiente la empresa estatal socialista.
En la actualidad, el presidente Raúl Castro ha convocado a efectuar las rectificaciones necesarias. El alcance de estas transformaciones retoma la definición de Revolución, expresada por el Comandante en Jefe, Fidel Castro, en 2000,[8] a todos los niveles de la sociedad, desde la dirección del país hasta el simple ciudadano, e inculcarla desde la infancia. En esencia, se trata de realizar una revolución dentro de la Revolución.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC, en junio de 2011, sientan las bases ideológicas y reguladoras para proponer y afrontar complejos cambios que no admiten más aplazamientos. En la primera página de ese documento se define el sistema económico que prevalecerá sobre la base de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y deberá regir el principio de distribución socialista: «De cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo». Más adelante se expresa que «el modelo económico a alcanzar reconocerá y promoverá a la empresa estatal socialista como forma principal en la economía nacional».[9]
¿Cuáles deben ser los principales rasgos distintivos de la empresa estatal socialista?
Los elementos esenciales para resolver la aparente contradicción en la relación Estado-empresa-individuo son:
Desarrollar en los trabajadores y directivos de las empresas estatales la percepción de que el crecimiento del bienestar material y espiritual depende directamente del desempeño eficiente y la reproducción ampliada de tales entidades (el éxito personal depende del éxito colectivo).
Ofrecer información transparente a los trabajadores sobre el impacto de lo que aportan, a través de contribuciones e impuestos empresariales, a presupuestos sociales que implican mayor bienestar de la sociedad en su conjunto (las conquistas sociales no salen de la nada).
Los trabajadores deben sentir que su contribución al bienestar social o a la reproducción ampliada de la empresa no va en detrimento de sus ingresos personales y nivel de vida (equivalencia entre las contribuciones destinadas a satisfacer las necesidades de la empresa como colectivo y del individuo).
Empleados y jefes deben tener posibilidad real de decidir en la planificación y gestión de su empresa (planificación de abajo hacia arriba).
En el Capítulo I de los mencionados Lineamientos se establece, entre otros preceptos, que la planificación socialista continuará siendo la vía principal para dirigir la economía del país. Además, se traza como objetivo central que el sistema empresarial del país esté constituido por entidades eficientes, bien organizadas, eficaces, así como la creación de nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial.[10] Las empresas, como unidad fundamental del sistema económico estatal, están subordinadas directamente a esas organizaciones y ellas a su vez a los ministerios correspondientes, pero mantienen un alto grado de independencia. Los órganos superiores han de desempeñar un papel integrador y de regulación a nivel macroeconómico, y adecuar los planes propuestos, a partir de los análisis de mercado, la factibilidad de las empresas por separado, las necesidades del país y del sistema empresarial en su conjunto (planificación en los dos sentidos). Se debe tener en cuenta el balance entre la planificación centralizada y el mercado, según las características de cada empresa. Así, en la planificación de las exportadoras se considerarán las fluctuaciones del mercado internacional y se les dará mayor libertad a la hora de establecer los planes.[11]
Los Lineamientos crean el marco propicio para enfrentar las contradicciones entre el Estado, la empresa y el individuo. La empresa socialista contribuye a ello si:
Propuesta de modelo de gestión económica para las empresas estatales socialistas
Este modelo de gestión puede y debiera ser ajustado para incluir las características específicas de diferentes sectores empresariales; no obstante, resultan válidas las siguientes generalidades:
1. Para garantizar la viabilidad económica de la empresa y la reproducción ampliada, con un aumento constante de la eficiencia (Lineamientos 7, 12, 13-16, 22 y 24):
2. Para asegurar el máximo de bienestar social de sus trabajadores y familias, aportando los gastos necesarios para cubrir su seguridad social, salud, educación, así como los demandados por otras esferas presupuestadas por los gobiernos locales y o por el Estado (Lineamientos 19 y 21):
3. Para garantizar que parte de los ingresos sea retribuida entre sus trabajadores, en forma de salarios, estímulos, beneficios y otras vías, en busca de un crecimiento constante del nivel de vida (Lineamientos 20, 22 y 23):
El salario (aquí incluyo todas las variantes de remuneración) debe constituir una de las formas de distribuir en la sociedad las ganancias de la empresa socialista y será exponente de la responsabilidad y obligación de cada trabajador en cuanto a garantizar el mantenimiento y el éxito económico de su empresa, principal vía para sostener la forma de vida y el bienestar de quienes laboran en ella.
Este concepto quedó recogido en la Introducción de los Lineamientos donde se insta a incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y los estímulos, así como a eliminar el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso, y a suprimir gratuidades indebidas y subsidios excesivos. Además, se reafirma en el Lineamiento 170, dirigido a asegurar que mediante los salarios cada cual reciba según su trabajo, que este genere productos y servicios con calidad, que se incremente la producción y la productividad, y que los ingresos salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y su familia.
Es necesario valorar de manera periódica qué se considera un salario adecuado para afrontar esas necesidades, a partir de lo cual deben ser definidos los salarios mínimo y medio, de modo transparente y mediante consenso social. Tal definición resulta importante, sobre todo, para los trabajadores del sector estatal (presupuestado y empresarial).
Es indispensable propiciar el aumento controlado del consumo interno, a partir de la capacidad adquisitiva real de los salarios, en especial los devengados en los sectores que producen bienes y servicios, y principalmente de los exportadores. Tales salarios deben tener valor y capacidad adquisitiva real, en relación definida con divisas internacionales de referencia. Así es posible equiparar el valor generado por el trabajo que sustenta el monto pagado, la capacidad de consumo de este y el estatus social correspondiente al aporte realizado. De esta manera, el salario trasmite su valor real en las transacciones entre los individuos y las empresas estatales o productores privados generadores de bienes o servicios con destino al mercado nacional interno; y se logra valorar esos servicios y producciones y asociarlos a la capacidad de captación de divisas procedentes del exterior. En el Lineamiento 171 se afirma que deberán incrementarse los salarios gradualmente, se favorecerán en un inicio las actividades con resultados más eficientes y las labores que aportan beneficios de particular impacto económico y social.
El salario debe permitir a los trabajadores estatales cubrir gastos, hoy subsidiados, de alimentación y servicios básicos como electricidad, agua potable, alcantarillado, comunicaciones, transporte público, etc. En una primera etapa, mientras se mantengan subsidios totales o parciales, se pudiera implementar un impuesto sobre el salario (además de instaurar otro sobre ingresos) de los trabajadores pertenecientes a empresas que hayan elevado sus remuneraciones según el modelo ya expuesto, de forma que los individuos con mayores ingresos aporten más para cubrir los subsidios. Aquellos obtenidos a partir del salario de los ciudadanos conformarán las ganancias y el capital para invertir en esos sectores, los cuales dejarán de integrar la actividad presupuestada. En esencia, propongo lo siguiente:
A continuación ofrezco un ejemplo de cómo podría funcionar, en la práctica, la propuesta formulada en el acápite anterior. Ante todo, fijo algunas premisas: asumo la contabilidad en una sola moneda, CUC, por su convertibilidad directa con el dólar y otras divisas, su tasa de cambio —más acorde con los fundamentos de la economía real— y un mayor equilibrio entre la cantidad de esta moneda en circulación y los ingresos y reservas internacionales en divisas del país. No obstante, la contabilidad de las empresas puede realizarse de una manera muy similar en CUC o CUP y casi tendría los mismos efectos económicos, por lo que ambas variantes son equivalentes a los efectos de la esencia y resultados del modelo que propongo. Adopto como tasa de cambio un valor intermedio entre la vigente para el sector empresarial (1:1), a mi juicio, muy sobrevalorada, y la vigente en CADECA, muy lejos de poseer un equilibrio. En algunos sectores empresariales se han establecido experimentalmente tasas de cambio de 1 CUC a 6-9 CUP; sin embargo tomo para este ejemplo una tasa intermedia: 1 CUC a 15 CUP, lo cual si bien no es real, permite evaluar mejor el efecto de estos mecanismos sobre los balances financieros de las empresas e identificar posibles descalces.
La aplicación de estas condiciones en casos de empresas hipotéticas eje con diferentes características y niveles de productividad se simula en la Tabla 1, para la cual elaboré una plantilla de cálculo con los siguientes datos: mil trabajadores, en todos los casos, las facturaciones en el mercado nacional (CUP) y por concepto de exportaciones (CUC), y los costos de producción (COP). Además en ella se fijan las tasas y los porcentajes correspondientes:
Las empresas A y B presentan similares niveles de facturación, tanto en el mercado interno (CUP) como por concepto de exportaciones (CUC), pero la primera tiene bajos costos por peso de producción (COP) comparada con la segunda (0,3 y 0,6 respectivamente). La C exhibe niveles de facturación relativamente bajos en ambas monedas, pero sus costos de producción por peso son bajos; mientas que la D muestra niveles de facturación medios (en CUC y CUP) y costos de producción por peso similares a la empresa B (altos). La empresa E realiza facturaciones solamente en el mercado interno, con COP medios (0,5).
En todos los casos analizados las empresas obtienen saldos positivos, aunque los valores de productividad a partir del VAB oscilan desde 5 050 CUC/trabajador (empresa E) hasta más de 35 000 CUC/trabajador (empresa A). De acuerdo con el criterio seguido en el modelo, los fondos de salario y estímulos son proporcionales a los valores de productividad, se obtiene una relación de 1 a 7 entre las empresas de mayor y menor fondo de salario (A y E).
En la Tabla 1 puede observarse también que las empresas con altos costos totales y de producción (B y D) deben dedicar una buena parte de sus ingresos (más de 75%) a su reproducción y gastos asociados, (gastos totales, generales y de administración, inversiones internas, OSDE, seguros y reservas) para garantizar la viabilidad económica. En consecuencia, dedican una proporción menor de los ingresos a asegurar el máximo de bienestar social a sus trabajadores y a las familias que conforman (aporte a la seguridad social, contribución a los presupuestos de salud, educación y bienestar social, impuestos sobre uso de fuerza de trabajo y las utilidades y tributo territorial) así como a garantizarles mediante salarios y estímulos el incremento de su nivel de vida.
Teniendo en cuenta los resultados de la simulación, las empresas A y C deben tener como objetivo principal aumentar su volumen de facturación, lo que pudiera implicar el crecimiento económico de esas entidades. Las demás necesitan elevar su productividad sobre la base del ahorro y la eficiencia, también el volumen de exportaciones, con vistas a alcanzar un equilibrio entre los ingresos que dedican a mantenerse y reproducirse y los destinados al aporte a la sociedad y a garantizar el mejor nivel de vida posible a los trabajadores.
Conclusiones
El sistema socialista que se construya debe caracterizarse por un predominio de la propiedad social sobre los medios de producción. Ello, unido a una economía planificada que proteja de crecimientos disfuncionales los diferentes sectores socioeconómicos, debe conducir a una emancipación plena del hombre y la satisfacción creciente de sus necesidades materiales y espirituales, sin olvidar los principios éticos de solidaridad y justicia social.
La empresa estatal socialista ha de ser la forma fundamental de producción en el socialismo, por lo que lograr su funcionamiento eficiente constituye un objetivo vital. Para conseguirlo es indispensable alcanzar el máximo nivel de estimulación de las fuerzas productivas involucradas. Alcanzar estas metas estratégicas implica un balance en la distribución de las riquezas creadas por sus trabajadores, en cuanto a:
La fracción que la empresa destina para su mantenimiento y crecimiento a través del ciclo de reproducción ampliada.
El aporte que hace al bienestar de la sociedad en su conjunto con vistas a preservar los principios de justicia social.
La retribución a los trabajadores, para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
Proponer, experimentar y establecer en Cuba los modelos y mecanismos económicos que lleven al pleno desarrollo del sistema empresarial socialista, sustentado en el poder político de la clase trabajadora y el predominio de la propiedad social sobre los principales medios de producción, es la única vía de preservar la validez de dicho sistema y, por ende, la independencia de nuestro país. Al mismo tiempo implicaría hacer un aporte significativo a la teoría y la práctica mundial de la construcción del socialismo.
Notas
[1]. Véase Carlos Marx, El Capital, t. III y XV, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973, pp. 102-7 y 331, respectivamente.
[2]. «[E]l Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de rectificar». Ernesto Che Guevara, El Socialismo y el hombre en Cuba, Editorial Ciencias Políticas, La Habana, 1965.
[3]. Véase Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista [1848], disponible enLibrodot.com.
[4]. PCC, Resolución económica del V Congreso del PCC, Editora Política, La Habana, 1997, p. 8.
[5]. Véase Decreto Ley No. 187 del Consejo de Estado, Gaceta Oficial, n. 45, La Habana, 25 de agosto de 1998.
[6]. Véanse el Decreto Ley No. 252/07 del Consejo de Estado y el Decreto Ley No. 281/07 del Consejo de Ministros, Gaceta Oficial de la República de Cuba, n. 041, Extraordinaria, La Habana, 17 de agosto de 2007.
[7]. Santiago Alemán, Orlando Saroza y Jorge Pérez, «Reflexiones críticas sobre la concepción del perfeccionamiento empresarial en Cuba», Temas, n. 66, La Habana, abril-junio de 2011, pp. 134-42; Sergio Espinosa Moré, «Evaluación del desempeño de la empresa estatal socialista cubana en la nueva etapa», Nueva Empresa Revista Cubana de Gestión Empresarial, v. 7, n. 2, La Habana, 2011, pp. 3-5.
[8]. Véase Fidel Castro Ruz, «Discurso por el Día internacional de los trabajadores», Plaza de la Revolución, 1 de mayo de 2000, disponible en www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f010500e.html.
[9]. Partido Comunista de Cuba, Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución(Resolución aprobada en el VI Congreso del PCC, junio de 2011), disponible en www.congresopcc.cip.cu.
[10]. Ídem.
[11]. Véanse Julio A. Díaz Vázquez, «Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión», Temas, n. 66, La Habana, abril-junio de 2011, pp. 123-33; y Santiago Alemán, Orlando Saroza y Jorge Pérez, ob. cit.
[12]. «Ley 113 del Sistema Tributario», Gaceta Oficial de la República de Cuba, n. 53, Edición ordinaria, La Habana, 2012.
[13]. Ídem.
[14]. ONE, Anuario estadístico de Cuba 2009, 2010 y 2011, disponibles en www.one.cu.
Allá Dios que será divino.
Yo me muero como viví.
«El necio», Silvio Rodríguez
Un rasgo distintivo e imprescindible del sistema socialista es el surgimiento de un nuevo tipo de entidad económica: la empresa estatal socialista. Esta es la forma productiva que mejor expresa la razón de ser del socialismo, o sea, transformar los instintos individualistas y egoístas de supervivencia del hombre, y potenciar sus valores como ser social; Marx consideraba que el socialismo debía armonizar los intereses de los individuos y de la sociedad.[1] En mi opinión, solucionar esa contradicción aparente constituye un reto primordial, pues de ello dependerá, en gran medida, elevar a su plena capacidad las principales fuerzas productivas de este sistema: los trabajadores de la empresa estatal.
Hasta hoy constituye una gran polémica el papel del individuo dentro de la empresa estatal socialista y la relación del Estado, como institución central de gobierno, con las empresas, y por ende, con quienes trabajan en ellas. De hecho, la tendencia general en muchos países adscritos a dicho sistema, incluida la Isla, ha sido que el gobierno mantenga un control casi total sobre el desempeño de la empresa, administre, gestione, planifique y asuma los riesgos, la responsabilidad y los beneficios resultantes con lo cual releva de esas funciones a trabajadores y directivos. Tal tendencia ha generado resultados negativos, entre ellos: pérdida del sentido de propiedad sobre los medios de producción, ausencia del papel estimulador del salario, desvalorización del trabajo, sentimiento de trabajar para un ente ajeno (el Estado) y, en general, la indiferencia del individuo ante los éxitos o dificultades de las entidades estatales.[2]
No obstante, entre los principales atributos del socialismo está utilizar los valores creados durante el proceso productivo para satisfacer al máximo posible las necesidades materiales y espirituales de todos los integrantes de la sociedad, en correspondencia con el aporte de estos a través de su trabajo, ya sea manual o intelectual.[3]Esos recursos no se colectan solo a partir de impuestos a sujetos individuales (personas u organizaciones), sino fundamentalmente de manera colectiva, a través de las contribuciones de las empresas estatales o cooperativas.
Una parte de las utilidades de la empresa estatal (incluida la plusvalía generada) debe ser propiedad de la sociedad (a través del Estado como instrumento) y el resto debe distribuirse entre los trabajadores mediante diversas vías. Así, a los gastos sociales se destinan utilidades que garantizan, de forma igualitaria, los derechos fundamentales del hombre: salud, educación, seguridad social y ciudadana —defensa, orden interior, protección ante catástrofes, etc.—, infraestructura básica en comunicaciones, trasporte.
Toda empresa socialista, al fundarse, debiera responder las siguientes preguntas básicas: ¿cuál será su aporte a la sociedad?, ¿qué beneficios ofrecerá a sus trabajadores y cuáles de las necesidades de estos serán satisfechas (a través de salario u otras vías)?, ¿cómo garantizará su crecimiento continuo, el máximo nivel de eficiencia y ganancias?
En la Resolución económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en 1997, se expresó la necesidad de implementar cambios dirigidos a mantener el papel preponderante de la propiedad estatal y asegurar altos niveles de eficiencia en las empresas. Fueron señaladas, además, deficiencias y debilidades en el sector empresarial y se planteó que, ante la limitación de recursos disponibles y la necesidad de su óptimo aprovechamiento, la eficiencia constituiría el objetivo central de la política económica:
Hacer un mejor uso de los recursos, elevar la productividad del trabajo, alcanzar mejores resultados con menos costos tendrá un efecto positivo en nuestro balance financiero, facilitando la participación en el comercio internacional y en el acceso a los mercados de capital e inversiones.[4]
En ella se adoptó, además, la decisión de instaurar un proceso de perfeccionamiento empresarial, cuyas bases fueron cuidadosamente diseñadas.[5] Con posterioridad, en 2007, se aprobaron los decretos 252 y 281 que pretendían impulsar la solución de algunos problemas detectados.[6]
A pesar de haber transcurrido más de quince años, no se han obtenido los resultados deseados. Aunque un logro de ese proceso ha sido el diseño y materialización de un grupo de organizaciones eficientes, flexibles, en transformación continua con el objetivo de alcanzar estadios superiores (se estima que cerca de 40% del total de las empresas estatales aplican el perfeccionamiento empresarial), aún persisten numerosas debilidades e ineficiencias en gran parte del sistema empresarial del país.[7]
Los modelos implementados todavía no han dado una respuesta satisfactoria a las contradicciones mencionadas con anterioridad y no han permitido establecer reglas claras acerca de qué puede o no hacer el empresariado cubano, ni creado instrumentos estables de control sobre su gestión y resultados. Durante los últimos años, las directrices y métodos utilizados han sufrido constantes modificaciones, con un enfoque cada vez más restrictivo, lo cual va en contra de la descentralización y autonomía planteada en las bases del perfeccionamiento empresarial. Por tanto, sigue abierta la pregunta de cómo tornar eficiente la empresa estatal socialista.
En la actualidad, el presidente Raúl Castro ha convocado a efectuar las rectificaciones necesarias. El alcance de estas transformaciones retoma la definición de Revolución, expresada por el Comandante en Jefe, Fidel Castro, en 2000,[8] a todos los niveles de la sociedad, desde la dirección del país hasta el simple ciudadano, e inculcarla desde la infancia. En esencia, se trata de realizar una revolución dentro de la Revolución.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC, en junio de 2011, sientan las bases ideológicas y reguladoras para proponer y afrontar complejos cambios que no admiten más aplazamientos. En la primera página de ese documento se define el sistema económico que prevalecerá sobre la base de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y deberá regir el principio de distribución socialista: «De cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo». Más adelante se expresa que «el modelo económico a alcanzar reconocerá y promoverá a la empresa estatal socialista como forma principal en la economía nacional».[9]
¿Cuáles deben ser los principales rasgos distintivos de la empresa estatal socialista?
Los elementos esenciales para resolver la aparente contradicción en la relación Estado-empresa-individuo son:
Desarrollar en los trabajadores y directivos de las empresas estatales la percepción de que el crecimiento del bienestar material y espiritual depende directamente del desempeño eficiente y la reproducción ampliada de tales entidades (el éxito personal depende del éxito colectivo).
Ofrecer información transparente a los trabajadores sobre el impacto de lo que aportan, a través de contribuciones e impuestos empresariales, a presupuestos sociales que implican mayor bienestar de la sociedad en su conjunto (las conquistas sociales no salen de la nada).
Los trabajadores deben sentir que su contribución al bienestar social o a la reproducción ampliada de la empresa no va en detrimento de sus ingresos personales y nivel de vida (equivalencia entre las contribuciones destinadas a satisfacer las necesidades de la empresa como colectivo y del individuo).
Empleados y jefes deben tener posibilidad real de decidir en la planificación y gestión de su empresa (planificación de abajo hacia arriba).
En el Capítulo I de los mencionados Lineamientos se establece, entre otros preceptos, que la planificación socialista continuará siendo la vía principal para dirigir la economía del país. Además, se traza como objetivo central que el sistema empresarial del país esté constituido por entidades eficientes, bien organizadas, eficaces, así como la creación de nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial.[10] Las empresas, como unidad fundamental del sistema económico estatal, están subordinadas directamente a esas organizaciones y ellas a su vez a los ministerios correspondientes, pero mantienen un alto grado de independencia. Los órganos superiores han de desempeñar un papel integrador y de regulación a nivel macroeconómico, y adecuar los planes propuestos, a partir de los análisis de mercado, la factibilidad de las empresas por separado, las necesidades del país y del sistema empresarial en su conjunto (planificación en los dos sentidos). Se debe tener en cuenta el balance entre la planificación centralizada y el mercado, según las características de cada empresa. Así, en la planificación de las exportadoras se considerarán las fluctuaciones del mercado internacional y se les dará mayor libertad a la hora de establecer los planes.[11]
Los Lineamientos crean el marco propicio para enfrentar las contradicciones entre el Estado, la empresa y el individuo. La empresa socialista contribuye a ello si:
- Garantiza su viabilidad económica y reproducción ampliada, con un aumento constante de la eficiencia.
- Asegura el máximo de bienestar social a sus trabajadores y a sus familias, al aportar los recursos necesarios para cubrir su seguridad social, salud, educación, así como los demandados por los gobiernos locales o por el Estado.
- Retribuye parte de los ingresos entre sus trabajadores, mediante salarios, estímulos, beneficios y otras vías, en busca de un crecimiento constante de su nivel de vida.
Propuesta de modelo de gestión económica para las empresas estatales socialistas
Este modelo de gestión puede y debiera ser ajustado para incluir las características específicas de diferentes sectores empresariales; no obstante, resultan válidas las siguientes generalidades:
1. Para garantizar la viabilidad económica de la empresa y la reproducción ampliada, con un aumento constante de la eficiencia (Lineamientos 7, 12, 13-16, 22 y 24):
- Deducir de los ingresos totales anuales los gastos corrientes de reproducción ampliada planificados de acuerdo con su tasa de crecimiento e índice de costo por peso previsto. Además, si la empresa lo requiere (por ejemplo, las de alta tecnología), se incluirá el financiamiento de actividades de investigación, desarrollo, innovación, mantenimiento y reposición de equipos, que sean relevantes para mantener la línea de productos o mejorar la eficiencia de la empresa.
- Asimismo, de los ingresos obtenidos se destinarán las partidas necesarias para crear un fondo propio de inversiones,que asegure la reposición del equipamiento, la asimilación de nuevas tecnologías y la ampliación de las capacidades productivas —imprescindible para cumplir con el Lineamiento 83, el cual orienta que las empresas vinculadas a la exportación deben garantizar que todos los bienes y servicios destinados a los mercados internacionales respondan a los más altos estándares de calidad. Estos gastos incluyen los generados por la depreciación y amortización, la conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo, así como otros activos necesarios para obtener utilidades; y pueden ser deducidos del impuesto sobre utilidades, según la Ley 113 del Sistema Tributario.[12]
- Además se deberán deducir de los ingresos totales los gastos generales y de administración. De acuerdo con lo estipulado en la mencionada Ley 113, dichos gastos comprenden los de distribución y ventas, los de operación, los financieros, los de creación de provisiones obligatorias, los de viajes —cuando sean directamente atribuibles a la actividad de la entidad—, los de publicidad y propaganda vinculadas a su objeto social o empresarial; también el pago por el arrendamiento de bienes, el importe de las provisiones técnicas y del fondo de maniobra, los gastos de representación presupuestados, entre otros.
- A partir de las utilidades obtenidas se creará un fondo de desarrollo. Aunque lo usual es asumir la actividad de investigación y desarrollo como una inversión a riesgo a partir de fondos propios (a mediano o largo plazo), se debería especificar en un acápite independiente al resto de las inversiones, dado sus especificidades. Con estos recursos se podrán financiar acciones de I+D+i propias de la empresa o proyectos de interés empresarial que ejecutar por instituciones externas. Ello responde al Lineamiento 19 —expresa que las empresas, tras deducir los impuestos, y cumplidos los compromisos con el Estado, podrán crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores— y al 24, según el cual los centros de investigación relacionados con la producción y los servicios deberán formar parte de las empresas o de las organizaciones superiores de dirección empresarial, en todos los casos en que resulte posible, de forma que se pueda vincular efectivamente su labor de investigación a las producciones respectivas. En las empresas donde la actividad de investigación y desarrollo incide de modo determinante en la generación de valores (por ejemplo, las de alta tecnología), las erogaciones por I+D+i con un carácter más básico y exploratorio y, por ende, de mayor riesgo, se pueden considerar como parte de los gastos de operación a partir de los ingresos totales.
- De las utilidades se deducirá una partida a fin de establecer fondos para reservas y seguros, así como para crear y operar la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), en el caso que corresponda. Así se cumplirá con el Lineamiento 22.
2. Para asegurar el máximo de bienestar social de sus trabajadores y familias, aportando los gastos necesarios para cubrir su seguridad social, salud, educación, así como los demandados por otras esferas presupuestadas por los gobiernos locales y o por el Estado (Lineamientos 19 y 21):
- Deducir de los ingresos totales de la empresa los tributos asociados al empleo, los cuales se conformarán de las siguientes partidas:
- Contribución a la seguridad social: similar a lo regulado para los trabajadores por cuenta propia. Esta contribución puede ser establecida a partir de un monto fijo del fondo de salario básico utilizado por la empresa, según se establezca en la Ley del Sistema Tributario.
- Impuesto por la utilización de fuerza de trabajo: De acuerdo con lo estipulado en la Ley 113, se calculará a partir de un porcentaje del fondo de salario utilizado, deducible del impuesto por utilidades, y no se incluirán en el cálculo las cantidades que devenguen los trabajadores como estimulación, a partir de las ganancias obtenidas después de pagar el impuesto sobre estas.
- Contribución a gastos sociales de primera necesidad, como salud, educación, asistencia y bienestar social. Este fondo se establecerá a partir de una tasa con una cuota fija por trabajador y aportará a los presupuestos estatales para la salud y educación (incluidas actividades vinculadas con la cultura y el deporte). Una forma simplificada de establecer el monto de tal contribución puede ser a partir de calcular la relación entre el presupuesto estimado para estas actividades correspondiente al aporte por el sector estatal y la cantidad de trabajadores del sistema empresarial del Estado.
- De las utilidades obtenidas se deducirá un impuesto estatal con tasas de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Tributario. Esos fondos serán asumidos centralmente por el Estado y se destinarán a obras y actividades que contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto, como: defensa y seguridad nacional, grandes obras de infraestructura, reservas centrales para contingencias, inversiones en viviendas, la esfera presupuestada de la ciencia, la tecnología y el medioambiente, subsidios a algunos sectores especiales de la población, proyectos de alcance social y planes de los trabajadores sociales, funcionamiento del aparato central del gobierno, medios nacionales de comunicación y otros servicios estatales.
- Al mismo tiempo, de las utilidades obtenidas se pagará una contribución territorial, según la Ley del Sistema Tributario, con tasas fijas anuales, lo cual da respuesta al Lineamiento 21 que contempla que las empresas y cooperativas entregarán a los Consejos de la Administración Municipal donde operan, un tributo para el desarrollo de infraestructura territorial: viales, alumbrado público, inversiones locales, etc.
3. Para garantizar que parte de los ingresos sea retribuida entre sus trabajadores, en forma de salarios, estímulos, beneficios y otras vías, en busca de un crecimiento constante del nivel de vida (Lineamientos 20, 22 y 23):
El salario (aquí incluyo todas las variantes de remuneración) debe constituir una de las formas de distribuir en la sociedad las ganancias de la empresa socialista y será exponente de la responsabilidad y obligación de cada trabajador en cuanto a garantizar el mantenimiento y el éxito económico de su empresa, principal vía para sostener la forma de vida y el bienestar de quienes laboran en ella.
Este concepto quedó recogido en la Introducción de los Lineamientos donde se insta a incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y los estímulos, así como a eliminar el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso, y a suprimir gratuidades indebidas y subsidios excesivos. Además, se reafirma en el Lineamiento 170, dirigido a asegurar que mediante los salarios cada cual reciba según su trabajo, que este genere productos y servicios con calidad, que se incremente la producción y la productividad, y que los ingresos salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y su familia.
Es necesario valorar de manera periódica qué se considera un salario adecuado para afrontar esas necesidades, a partir de lo cual deben ser definidos los salarios mínimo y medio, de modo transparente y mediante consenso social. Tal definición resulta importante, sobre todo, para los trabajadores del sector estatal (presupuestado y empresarial).
Es indispensable propiciar el aumento controlado del consumo interno, a partir de la capacidad adquisitiva real de los salarios, en especial los devengados en los sectores que producen bienes y servicios, y principalmente de los exportadores. Tales salarios deben tener valor y capacidad adquisitiva real, en relación definida con divisas internacionales de referencia. Así es posible equiparar el valor generado por el trabajo que sustenta el monto pagado, la capacidad de consumo de este y el estatus social correspondiente al aporte realizado. De esta manera, el salario trasmite su valor real en las transacciones entre los individuos y las empresas estatales o productores privados generadores de bienes o servicios con destino al mercado nacional interno; y se logra valorar esos servicios y producciones y asociarlos a la capacidad de captación de divisas procedentes del exterior. En el Lineamiento 171 se afirma que deberán incrementarse los salarios gradualmente, se favorecerán en un inicio las actividades con resultados más eficientes y las labores que aportan beneficios de particular impacto económico y social.
El salario debe permitir a los trabajadores estatales cubrir gastos, hoy subsidiados, de alimentación y servicios básicos como electricidad, agua potable, alcantarillado, comunicaciones, transporte público, etc. En una primera etapa, mientras se mantengan subsidios totales o parciales, se pudiera implementar un impuesto sobre el salario (además de instaurar otro sobre ingresos) de los trabajadores pertenecientes a empresas que hayan elevado sus remuneraciones según el modelo ya expuesto, de forma que los individuos con mayores ingresos aporten más para cubrir los subsidios. Aquellos obtenidos a partir del salario de los ciudadanos conformarán las ganancias y el capital para invertir en esos sectores, los cuales dejarán de integrar la actividad presupuestada. En esencia, propongo lo siguiente:
- A partir de los ingresos totales de la empresa, se conformará un fondo de salario básico, que se considerará parte de los gastos en fuerza de trabajo y será un porcentaje predeterminado del valor agregado bruto. Esto da respuesta al Lineamiento 20, que plantea que los ingresos de los trabajadores y sus jefes en las empresas estatales y las formas de gestión no estatal estarán vinculados a los resultados obtenidos.
- Con las utilidades de la empresa se creará un fondo de estímulos salariales que complementará el de salario básico, en consonancia con lo recogido en los Lineamientos 19 y 20. Dicho estimulo vincula el ingreso de los trabajadores con el mantenimiento o aumento de los niveles de eficiencia, que se expresa en el bajo índice relativo de costo por peso y el aprovechamiento de posibles márgenes para el incremento de utilidades. Tales incrementos serían considerados parte del estimulo salarial.
- Parte de las utilidades por sobrecumplimiento del plan de ingresos y ahorros (reducción del costo por peso), servirán para crear un fondo de inversiones y desarrollo, y para estimular a los trabajadores y favorecer sus condiciones laborales y de vida.
- La aplicación de los sistemas de pagos para distribuir estos fondos debe efectuarse según las regulaciones internas de cada entidad, previamente consultadas y aprobadas por la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) u organismo central, con vistas a impulsar aquellos aspectos que los directivos de la empresa consideren prioritarios, previo acuerdo con los trabajadores. Ello está en plena concordancia con el Lineamiento 23. Siempre que las condiciones sean propicias, la retribución salarial deberá ajustarse a las especificidades de las empresas y diseñarse a partir de establecer perfiles de puesto de trabajo.
- La creación de los fondos mencionados implicará la instauración de esquemas financieros «cerrados», a nivel de sectores y de cada empresa, que garanticen el acceso oportuno a la divisa necesaria. Tales centros podrán operar sus cuentas corrientes de forma directa, con flexibilidad y autonomía, y realizar ajustes internos entre las partidas del presupuesto anual de ingresos en divisas, dentro del marco total aprobado. Así se cumpliría lo estipulado en el Lineamiento 14: las finanzas internas de las empresas no pueden ser intervenidas por instancias ajenas; lo cual solo podrá ser realizado mediante los procedimientos legalmente establecidos; y con el Lineamiento 16: las empresas deciden y administran su capital de trabajo e inversiones hasta el límite previsto en el plan.
A continuación ofrezco un ejemplo de cómo podría funcionar, en la práctica, la propuesta formulada en el acápite anterior. Ante todo, fijo algunas premisas: asumo la contabilidad en una sola moneda, CUC, por su convertibilidad directa con el dólar y otras divisas, su tasa de cambio —más acorde con los fundamentos de la economía real— y un mayor equilibrio entre la cantidad de esta moneda en circulación y los ingresos y reservas internacionales en divisas del país. No obstante, la contabilidad de las empresas puede realizarse de una manera muy similar en CUC o CUP y casi tendría los mismos efectos económicos, por lo que ambas variantes son equivalentes a los efectos de la esencia y resultados del modelo que propongo. Adopto como tasa de cambio un valor intermedio entre la vigente para el sector empresarial (1:1), a mi juicio, muy sobrevalorada, y la vigente en CADECA, muy lejos de poseer un equilibrio. En algunos sectores empresariales se han establecido experimentalmente tasas de cambio de 1 CUC a 6-9 CUP; sin embargo tomo para este ejemplo una tasa intermedia: 1 CUC a 15 CUP, lo cual si bien no es real, permite evaluar mejor el efecto de estos mecanismos sobre los balances financieros de las empresas e identificar posibles descalces.
La aplicación de estas condiciones en casos de empresas hipotéticas eje con diferentes características y niveles de productividad se simula en la Tabla 1, para la cual elaboré una plantilla de cálculo con los siguientes datos: mil trabajadores, en todos los casos, las facturaciones en el mercado nacional (CUP) y por concepto de exportaciones (CUC), y los costos de producción (COP). Además en ella se fijan las tasas y los porcentajes correspondientes:
- Valor agregado bruto (VAB): 10% de los gastos corrientes de producción, como valor generado por concepto de producto obtenido pero no realizado aún.
- Para gastos corrientes de producción se consideró una tasa de crecimiento anual de 3%.
- Gastos generales y de administración: 15% de los gastos corrientes totales.
- Salario básico: 20% del VAB.
- Contribución a la seguridad social: 10% del fondo de salario básico.
- Impuesto por utilización de fuerza de trabajo: 10% del fondo de salario (aunque este debe reducirse en los primeros cinco años hasta 5%, según la Ley 113).[13]
- Tasa de gastos sociales primarios (salud, educación y bienestar social): 2 000 CUC al año por trabajador; si se estima que algo más de dos millones de personas laboran en el sector estatal no presupuestado, el aporte por este concepto ascendería a más de cuatro mil millones de CUC. Si descontamos de este presupuesto 2 500 millones de CUC para los gastos de estas actividades en divisas convertibles, restarían unos 1 500 millones de CUC que, según la tasa de cambio utilizada en este trabajo, significaría 22 500 millones de CUP, cifra superior a los niveles de gastos reportados por estos conceptos en 2009, 2010 y 2011,[14] a lo que habría que adicionar aún lo recaudado por concepto de impuestos a los trabajadores del sector no estatal.
- Tributo territorial: 5% de los ingresos totales.
- Impuesto sobre utilidades: 35% (valor máximo según la Ley 113). Para simplificar el cálculo se consideraría incluir el impuesto sobre las ventas, en caso que proceda.
- Fondos para estímulos de los trabajadores: 15% de las utilidades referidas en el punto anterior.
- Fondos de desarrollo, innovación e inversiones internas: 15% de las utilidades, en cada caso.
- El resto se asigna a seguros, reservas y aportes a la OSDE.
Las empresas A y B presentan similares niveles de facturación, tanto en el mercado interno (CUP) como por concepto de exportaciones (CUC), pero la primera tiene bajos costos por peso de producción (COP) comparada con la segunda (0,3 y 0,6 respectivamente). La C exhibe niveles de facturación relativamente bajos en ambas monedas, pero sus costos de producción por peso son bajos; mientas que la D muestra niveles de facturación medios (en CUC y CUP) y costos de producción por peso similares a la empresa B (altos). La empresa E realiza facturaciones solamente en el mercado interno, con COP medios (0,5).
En todos los casos analizados las empresas obtienen saldos positivos, aunque los valores de productividad a partir del VAB oscilan desde 5 050 CUC/trabajador (empresa E) hasta más de 35 000 CUC/trabajador (empresa A). De acuerdo con el criterio seguido en el modelo, los fondos de salario y estímulos son proporcionales a los valores de productividad, se obtiene una relación de 1 a 7 entre las empresas de mayor y menor fondo de salario (A y E).
En la Tabla 1 puede observarse también que las empresas con altos costos totales y de producción (B y D) deben dedicar una buena parte de sus ingresos (más de 75%) a su reproducción y gastos asociados, (gastos totales, generales y de administración, inversiones internas, OSDE, seguros y reservas) para garantizar la viabilidad económica. En consecuencia, dedican una proporción menor de los ingresos a asegurar el máximo de bienestar social a sus trabajadores y a las familias que conforman (aporte a la seguridad social, contribución a los presupuestos de salud, educación y bienestar social, impuestos sobre uso de fuerza de trabajo y las utilidades y tributo territorial) así como a garantizarles mediante salarios y estímulos el incremento de su nivel de vida.
Teniendo en cuenta los resultados de la simulación, las empresas A y C deben tener como objetivo principal aumentar su volumen de facturación, lo que pudiera implicar el crecimiento económico de esas entidades. Las demás necesitan elevar su productividad sobre la base del ahorro y la eficiencia, también el volumen de exportaciones, con vistas a alcanzar un equilibrio entre los ingresos que dedican a mantenerse y reproducirse y los destinados al aporte a la sociedad y a garantizar el mejor nivel de vida posible a los trabajadores.
Conclusiones
El sistema socialista que se construya debe caracterizarse por un predominio de la propiedad social sobre los medios de producción. Ello, unido a una economía planificada que proteja de crecimientos disfuncionales los diferentes sectores socioeconómicos, debe conducir a una emancipación plena del hombre y la satisfacción creciente de sus necesidades materiales y espirituales, sin olvidar los principios éticos de solidaridad y justicia social.
La empresa estatal socialista ha de ser la forma fundamental de producción en el socialismo, por lo que lograr su funcionamiento eficiente constituye un objetivo vital. Para conseguirlo es indispensable alcanzar el máximo nivel de estimulación de las fuerzas productivas involucradas. Alcanzar estas metas estratégicas implica un balance en la distribución de las riquezas creadas por sus trabajadores, en cuanto a:
La fracción que la empresa destina para su mantenimiento y crecimiento a través del ciclo de reproducción ampliada.
El aporte que hace al bienestar de la sociedad en su conjunto con vistas a preservar los principios de justicia social.
La retribución a los trabajadores, para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
Proponer, experimentar y establecer en Cuba los modelos y mecanismos económicos que lleven al pleno desarrollo del sistema empresarial socialista, sustentado en el poder político de la clase trabajadora y el predominio de la propiedad social sobre los principales medios de producción, es la única vía de preservar la validez de dicho sistema y, por ende, la independencia de nuestro país. Al mismo tiempo implicaría hacer un aporte significativo a la teoría y la práctica mundial de la construcción del socialismo.
Notas
[1]. Véase Carlos Marx, El Capital, t. III y XV, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973, pp. 102-7 y 331, respectivamente.
[2]. «[E]l Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de rectificar». Ernesto Che Guevara, El Socialismo y el hombre en Cuba, Editorial Ciencias Políticas, La Habana, 1965.
[3]. Véase Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista [1848], disponible enLibrodot.com.
[4]. PCC, Resolución económica del V Congreso del PCC, Editora Política, La Habana, 1997, p. 8.
[5]. Véase Decreto Ley No. 187 del Consejo de Estado, Gaceta Oficial, n. 45, La Habana, 25 de agosto de 1998.
[6]. Véanse el Decreto Ley No. 252/07 del Consejo de Estado y el Decreto Ley No. 281/07 del Consejo de Ministros, Gaceta Oficial de la República de Cuba, n. 041, Extraordinaria, La Habana, 17 de agosto de 2007.
[7]. Santiago Alemán, Orlando Saroza y Jorge Pérez, «Reflexiones críticas sobre la concepción del perfeccionamiento empresarial en Cuba», Temas, n. 66, La Habana, abril-junio de 2011, pp. 134-42; Sergio Espinosa Moré, «Evaluación del desempeño de la empresa estatal socialista cubana en la nueva etapa», Nueva Empresa Revista Cubana de Gestión Empresarial, v. 7, n. 2, La Habana, 2011, pp. 3-5.
[8]. Véase Fidel Castro Ruz, «Discurso por el Día internacional de los trabajadores», Plaza de la Revolución, 1 de mayo de 2000, disponible en www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f010500e.html.
[9]. Partido Comunista de Cuba, Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución(Resolución aprobada en el VI Congreso del PCC, junio de 2011), disponible en www.congresopcc.cip.cu.
[10]. Ídem.
[11]. Véanse Julio A. Díaz Vázquez, «Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión», Temas, n. 66, La Habana, abril-junio de 2011, pp. 123-33; y Santiago Alemán, Orlando Saroza y Jorge Pérez, ob. cit.
[12]. «Ley 113 del Sistema Tributario», Gaceta Oficial de la República de Cuba, n. 53, Edición ordinaria, La Habana, 2012.
[13]. Ídem.
[14]. ONE, Anuario estadístico de Cuba 2009, 2010 y 2011, disponibles en www.one.cu.
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