Conozca los puntos más polémicos de la ‘Ley Mordaza’ que quiere aplicar el Gobierno español

La semana pasada, el Congreso español aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, debido a que criminaliza y penaliza la protesta social, lo que supone un nuevo intento del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las luchas que la clase trabajadora está llevando a cabo contra las políticas capitalistas impuestas por el Ejecutivo.

A continuación explicamos cuáles son los puntos más polémicos de esta nueva ley.

Convocar manifestaciones por las redes sociales

Entre las novedades que incluye esta nueva ley se encuentra la posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga una publicación o declaración de convocatoria de la misma, como por ejemplo un simple “tuit”.

“Lo que se busca es perseguir a quien lance el pásalo o una convocatoria de manifestación de cualquier tipo. Esta ley atenta contra la libertad de expresión y reunión ejercida utilizando herramientas informáticas”, advierte Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet.
Publicar imágenes de policías

Otra de las conductas que será sancionable es la de publicar en las redes sociales imágenes de un agente de policía. Todo apunta a que este apartado se trata de una respuesta a las iniciativas nacidas en las redes sociales en los últimos años, donde los ciudadanos identificaban a los agentes protagonistas de agresiones desproporcionadas en el marco de distintas protestas sociales.

De la vía penal a la administrativa

Una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es que los supuestos de hecho que regulaba el Código Penal (en concreto, en los juicios de faltas), pasarán a la vía administrativa. Las diferencias entre uno y otro caso son sustanciales.

Antes, cuando un ciudadano cometía un delito de esta índole era un juez de lo Penal el que se encargaba de juzgarlo determinando de esta forma su culpabilidad o inocencia. Ahora, gracias a este nuevo texto, es el agente de Policía el que interpreta en primera instancia si alguien está incumpliendo la ley, pudiendo imponer una multa si así lo cree oportuno. En estos casos (y solo después de haber sido sancionado), el ciudadano tendrá que recurrir por la engorrosa vía contencioso-administrativa para demostrar su inocencia.

No hay que olvidar además que en la vía penal el denunciado no tenía que gastarse el dinero en tasas. En la contencioso-administrativa sí. Lo que hará que en muchos casos la gente no recurra y se quede con la multa.

Multas

Otras de las consecuencias de que sea la vía administrativa la encargada de estas faltas está en la cuantía de las multas. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros, las graves con multa de 601 a 30.000 euros y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

LibreRed/El Confidencial