La banca ha desahuciado a más de medio millón de familias trabajadoras en España desde 2008, según denunció Amnistía Internacional en su informe Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España. Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria”, explicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa en Madrid. Es decir, más de medio millón de familias trabajadoras fueron desalojadas de su hogar por parte de las entidades financieras, con el beneplácito del Gobierno español.
“Es necesario proteger el derecho a la vivienda estableciendo también un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen”, aseguró Beltrán.“Hemos entregado estas propuestas a los organismos oficiales y solicitado entrevistas y reuniones. Hasta el momento se lo hemos hecho llegar, entre otros, a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y a los Ministerios de Economía y Fomento”, señaló el director de Amnistía Internacional España. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta oficial, aunque esperan recibirla.
“Esperamos que los nuevos ayuntamientos puedan empezar a cumplir sus dos responsabilidades. Garantizar la mediación y que exista alojamiento para las personas que sufran un desalojo”, afirmó Beltrán, asegurando que las candidaturas ciudadanas que gobiernan en ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Cádiz ya han dado “algún paso”, aunque los cambios más importantes dependen de las administraciones centrales.
Amnistía considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son “insuficientes” y no han protegido la vivienda “como un derecho humano”. “Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida e invisible para las autoridades como esta”, denunció Beltrán. Con esta situación en España, el Gobierno está “incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda”, denunció el director de la organización. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, alertó Beltrán.
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Ver informe de Amnistía Internacional
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