Por Arthur González
El senador republicano Marco Rubio, miembro de la mafia terrorista anticubana radicada en Miami, se declaró opuesto a los beneficios que otorga la Ley de Ajuste Cubano, los que consideró como “abusos en el sistema de beneficios a los refugiados cubanos”, de acuerdo a sus declaraciones el pasado 05.01.2017 a la prensa miamense.
¿Dónde estaba todos estos años el Senador que solo ahora se ha venido a dar cuenta de la farsa, desde que en 1966 la mencionada Ley fuera aprobada?
Desde sus inicios dicha Ley, que otorga beneficios extraordinarios solo a los cubanos, se diseñó con la malsana intensión de tergiversar la realidad de la Revolución cubana, como parte de la guerra psicológica creada por especialistas de la CIA para fomentar matrices de opinión en su contra, lo mismo que siguen haciendo con las campañas mediáticas sobre supuestas detenciones arbitrarias y la “represión” a los llamados “disidentes”.
El primer paso en esa dirección se llevó a cabo en enero de 1959 cuando le dieron refugio a los asesinos y ladrones del régimen de Fulgencio Batista, que huyeron de la justicia cubana con bolsas repletas de millones de dólares y les permitieron quedarse a residir en territorio de Estados Unidos, a pesar de las reclamaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Precisamente para ayudarlos, el Presidente Dwight Eisenhower inauguró en diciembre de 1960 el Centro de emergencia de Refugiados cubanos en Miami, dando inicio a la categoría de “refugiados” para aquellos que arribaban a los Estados Unidos, sin fundamento legal para eso.
De acuerdo con documentos desclasificados, la CIA utilizó a los llamados “exiliados” para actividades subversivas, estableciendo bases de entrenamiento militar para la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos en abril de 1961.
Posteriormente, en 1961, el presidente John F. Kennedy, aprobó el Programa de Refugiados Cubanos (Cuban Refugee Program), destinado a facilitar la integración de los “exiliados”, con el supuesto objetivo de “ayudar a toda persona que huía del régimen y situarla en las mejores condiciones para adaptarse y disponer de un mejor nivel de vida”, además de comprometerlas con el Gobierno yanqui en sus acciones agresivas contra la Revolución.
A partir de esos beneficios ratificados y ampliados por el presidente Lyndon Johnson, el 2 de noviembre de 1966, con la firma de la Ley Pública 89-732, conocida como “Cuban Adjustment Act”, o “Ley de Ajuste Cubano”, cientos los prófugos de la justica revolucionaria lograron ajustar su estatus migratorio en Estados Unidos, a sabiendas de sus autoridades que tenían decenas de crímenes y delitos comunes en su aval como esbirros de la tiranía batistiana, o por acciones terroristas cometidas al servicio de la CIA.
Ahora medio siglo después, el senador Rubio se viene a percatar que ninguno de los cubanos que arriban a Estados Unidos, procedentes de Cuba o de cualquier país del mundo, no es un perseguido político y solo buscan favorecerse económicamente de una política fabricada para intentar lesionar la imagen y credibilidad de la Revolución, algo que nunca lograron y menos en estos momentos con la entrada a la Isla de 4 millones de visitantes anuales que pueden comprobar tales falsedades.
Como un boomerang, el engendro de Ley se les ha venido encima en momentos en que la crisis económica golpea severamente a Estados Unidos y en especial al estado de Florida, verdadero motivo por el cual Marco Rubio pretende revocar parcialmente lo estipulado en el marco legal, pero al presentar su proyecto a discusión del Congreso no le quedará más remedio que reconocer los vicios de derecho que contiene la Ley de marras.
Poco a poco se van desmoronando las políticas criminales que diseñó la Casa Blanca durante casi 60, para demonizar a la Revolución y que esas al final también dañan al pueblo norteamericano, que se ve obligado a pagar fuertes contribuciones para mantener líneas de acción, que solo tienen como resultado pérdidas económicas y políticas.
Lo mismo pasará en los próximos años con las campañas de apoyo a la contrarrevolución interna, calificada de “disidencia”, la cual le cuesta al contribuyente estadounidense no menos de 20 millones anuales, que bien pudieran ser empleados en programas de salud, educación y seguridad social, en vez de alimentar a los que en Cuba han podido vivir sin trabajar, gracias al papel teatral de “opositores” que les diseña Estados Unidos.
Esperemos por la reacción de otros integrantes de la mafia anticubana como Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, que han vivido y viven gracias a sus falsas acusaciones contra Cuba, pues reconocer que los cubanos “no huyen del comunismo” echa por tierra todo el diseño de su política anticubana y con ello peligran los millones de dólares que les permite disfrutar de una vida gracias a las artificiales acusaciones que realizan a diario contra la Revolución.
Preciso fue José Martí cuando afirmó:“De la podredumbre misma sale la luz”.
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