Por JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ* 
La revaluación de la política económica que comenzó a gestarse en Cuba a partir de 2007 determinó la necesidad de movilizar todos los factores de producción con vistas a eliminar los obstáculos estructurales y funcionales de la economía, a fin de alcanzar tasas de crecimiento económico que permitieran un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.
En esencia, para conseguir una gestión económica eficiente y un crecimiento superior fueron reconsideradas las serias restricciones que supone el bajo nivel de desarrollo del país y las limitaciones funcionales que impuso la generalización de la propiedad social sobre los medios de producción, básicamente bajo la forma de propiedad estatal.
En las circunstancias actuales, una revisión a fondo del sector privado no agropecuario llevó a ubicarlo como parte de una transformación integral de la política económica dirigida a los actores económicos que deben movilizarse para lograr los objetivos previstos.
De manera similar a lo implementado en los años ´90, el actual relanzamiento del trabajo por cuenta propia busca ampliar las opciones de empleo ante la necesidad de eliminar el subempleo en el sector estatal y reducir el empleo informal.
Pero, a diferencia de entonces, se desarrolla un enfoque que valora esas ocupaciones no como un complemento temporal ante las insuficiencias de la propiedad estatal.
Ahora se trata de descargar al Estado de la gestión económica ineficiente en actividades no fundamentales para la dinámica económica del país, pero que resultaban relativamente intensivas en fuerza de trabajo, al tiempo que se abre un espacio para desplazar el subempleo estatal hacia actividades socialmente útiles, pero de baja intensidad de capital y con posibilidades de un gradual incremento de la productividad.
Por otro lado, no se trata de un proceso de privatización de la propiedad estatal, tomando en cuenta que el Estado no ha vendido medios de producción fundamentales, sino que ha ofrecido en arriendo determinadas instalaciones y vendido sólo algunos medios, al tiempo que no se apunta a estimular la concentración de la propiedad más allá de unos límites máximos, cuyo control se establecería mediante mecanismos financiero-crediticios y fiscales, fundamentalmente.
En términos de la política de empleo, lo más que se admite es la contratación de fuerza de trabajo para conformar pequeñas empresas -que pudieran clasificarse como PYMES-, lo que ciertamente implica un nivel de apropiación del excedente económico de los empleados por parte del dueño de las mismas, pero limitado a un nivel que evite su expansión mediante fuertes cargas impositivas.
Si bien se ha abierto en un rango mayor que supera las 200 categorías en estos momentos, la autorización específica de determinadas profesiones u ocupaciones como trabajo por cuenta propia no incluye el ejercicio del mismo para otras propias de graduados universitarios.
Esta forma de restringir el empleo privado no agropecuario no parece muy efectiva en el primer caso, y varios especialistas sugieren que sería más práctico establecer lo que no se permite en lugar de aprobar en detalle lo que puede hacerse.
La restricción al ejercicio privado de profesiones propias del nivel superior busca proteger el acervo de capital humano de las empresas estatales. No obstante, esta decisión no juega con la eliminación del subempleo en las empresas públicas, cuyo personal excedente tendrá en buena medida esa calificación superior.
Al mismo tiempo, de no producirse a corto plazo un incremento salarial para los profesionales que hoy laboran en el sector estatal, la presión por emigrar hacia ocupaciones mejor retribuidas en el sector no estatal será cada vez mayor, lo que desaprovecharía los niveles de calificación adquiridos.
En general, la actual política en relación con el sector privado no agropecuario se caracteriza por un enfoque que propicia su expansión. Al mismo tiempo, se mantienen un grupo de restricciones que incluyen aspectos lógicos para reducir los efectos nocivos del mercado en la sociedad cubana actual.
Pero también están presentes otros elementos funcionales como las aprobaciones detalladas y puntuales de lo que puede hacerse, la ausencia de un mercado mayorista de suministros, una carga fiscal que -para determinadas profesiones- puede resultar muy restrictiva, así como la tendencia aún presente a tratar de controlar administrativamente este sector en detrimento de mecanismos económicos no discrecionales más efectivos.
El impacto de estas decisiones es otra arista del tema que debe examinarse también. (Continuará)
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana).
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