Hace casi cinco años, las autoridades en Cuba detuvieron a Alan Gross, un subcontratista del gobierno estadounidense que estaba trabajando en un sigiloso proyecto para expandir el acceso a Internet en la isla. Aunque un creciente número de líderes en Washington y La Habana parecen estar ansiosos por comenzar a normalizar la relación entre los países, el caso de Gross se ha convertido en el principal obstáculo para lograr un avance diplomático.
Solo hay una manera viable de retirar a Gross de una ecuación suficientemente compleja. La administración Obama debe canjearlo por tres espías cubanos que llevan más de 16 años tras las rejas en Estados Unidos.
En la Casa Blanca, la posibilidad de un intercambio de presos con La Habana genera ansiedad, debido a las críticas que surgieron en mayo, cuando Estados Unidos negoció la liberación de un soldado secuestrado en Afganistán a cambio de cinco líderes del movimiento Talibán. El gobierno estadounidense, sensatamente, suele rehusarse a negociar con terroristas o gobiernos que detienen a sus ciudadanos en busca de dinero o concesiones políticas. En circunstancias excepcionales, vale la pena hacerlo. El caso de Gross es una de ellas.
Gross viajó a La Habana cinco veces en 2009, bajo la dirección de Development Alternatives Inc., que tenía un contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Fingiendo ser turista, transportó furtivamente equipos de comunicación como parte de una iniciativa para proveerles a más cubanos acceso al Internet. El Gobierno cubano, que lleva años protestando los proyectos encubiertos para promover reformas democráticas en la isla, condenó a Gross en 2011 a 15 años de prisión por actos que atentan contra la integridad del Estado.
Durante los primeros meses de su detención, funcionarios en la isla sugirieron que estarían dispuestos a liberar a Gross si Washington suspendía los proyectos cuyo fin es destituir al actual Gobierno cubano. Esas negociaciones no prosperaron, y la postura de la isla se ha endurecido. Funcionarios norteamericanos han concluido que para lograr la libertad de Gross, es necesario repatriar a tres espías cubanos que fueron condenados en un juzgado federal en Miami, en 2001.
Para efectuar un canje, el Presidente Obama tendría que suspender el resto de la condena de los reos. Esa acción sería justificable si se tiene en consideración el largo periodo que han estado presos, las críticas válidas que han surgido respecto a la integridad del proceso judicial que enfrentaron, y los posibles beneficios que un canje podría representar para lograr un acercamiento bilateral.
El espía que más le importa al Gobierno cubano, Gerardo Hernández, fue condenado a cadena perpetua. Hernández, el líder de la Red Avispa, una agrupación que infiltró grupos de exiliados cubanoamericanos en el sur de Florida durante la década de años noventa, fue hallado culpable de conspiración para cometer asesinato. La fiscalía acusó a Hernández de conspirar con autoridades en La Habana para derribar aviones operados por un grupo de exiliados que solían repartir folletos sobre la isla, incitando a una revolución contra el gobierno. A sus cuatro asociados se les declaró culpables de delitos no violentos. Dos han regresado a Cuba, y los otros dos van a ser liberados relativamente pronto.
Un panel de tres jueces del Juzgado de Apelación del Distrito 11 revocó los fallos en agosto de 2005, habiendo determinado que un conjunto de factores impidieron que los acusados tuvieran un proceso justo. Los jueces establecieron que, en vista de la enorme hostilidad contra el gobierno cubano en Miami, y de cobertura periodística vilipendiando a los espías, el jurado no podía ser imparcial. Al revisar el caso posteriormente, todos los jueces de la corte de apelación dieron revés a ese fallo y restituyeron los veredictos. Sin embargo, jueces de esa corte señalaron otras deficiencias en el proceso judicial, que llevaron a una reducción en la condena de tres de los presos. La jueza Phyllis Kravitch escribió una opinión disidente, argumentando que la acusación de conspiración para cometer asesinato imputada contra Hernández no tenía fundamentos. Los fiscales, según la jueza, no establecieron que Hernández, quien le proveyó a La Habana información sobre los vuelos, había acordado con autoridades en la isla que los aviones serían derribados sobre espacio aéreo internacional. Si los aviones hubieran sido derribados sobre espacio aéreo cubano, el acto no habría constituido un delito bajo la ley de Estados Unidos.
El regreso de Hernández a la isla es una prioridad primordial para el Presidente de Cuba, Raúl Castro. Los líderes cubanos han celebrado a los presos como héroes y han protestado que el proceso legal fue injurioso. Entidades independientes, incluido un panel de Naciones Unidas que evalúa detenciones arbitrarias, y Amnistía Internacional, han sido críticas del proceso judicial. La percepción del caso en Cuba, donde los espías son vistos como víctimas, desafortunadamente ha incentivado a que el gobierno de la isla trate a Gross como una pieza canjeable.
A través de los años, funcionarios estadounidenses han dicho que no están dispuestos a intercambiar a los espías por Gross, dado que alegan que los casos no son equivalentes.
Sin embargo, un canje podría abrir el camino para reanudar lazos diplomáticos, lo cual permitiría que Estados Unidos tuviera mayores oportunidades de fomentar cambios positivos en la isla mediante la expansión de comercio, turismo y mayor contacto entre cubanos y norteamericanos. De lo contrario, se perpetuará la enemistad que ha reinado durante más de 50 años, continuando así un ciclo de desconfianza y actos de sabotaje por ambos lados.
Más allá de los méritos estratégicos de un canje, la administración tiene un deber de hacer más por lograr la liberación de Gross. Su arresto se llevó a cabo como consecuencia de una estrategia irresponsable, mediante la cual la agencia de ayuda internacional estadounidense ha enviado a contratistas privados para llevar a cabo misiones secretas en un estado policial que está rotundamente opuesto a la agenda pro-democrática de Washington.
Gross ha bajado más de 45 kilos de peso durante su detención. Está perdiendo la vista en el ojo derecho. Tiene dolencias en las caderas. En junio, su madre falleció. En mayo, luego de cumplir 65 años, Gross dijo que este año será el último que pasa en cautiverio, amenazando estar dispuesto a quitarse la vida si no recobra la libertad. Sus seres queridos han tomado sus palabras literalmente, considerándolas como una advertencia de un hombre desesperado.
Si Gross muere estando en custodia, la posibilidad de establecer una relación más saludable con Cuba desaparecerá por varios años. Obama tiene que reconocer que esto es enteramente evitable, pero hay que actuar pronto.
Solo hay una manera viable de retirar a Gross de una ecuación suficientemente compleja. La administración Obama debe canjearlo por tres espías cubanos que llevan más de 16 años tras las rejas en Estados Unidos.
En la Casa Blanca, la posibilidad de un intercambio de presos con La Habana genera ansiedad, debido a las críticas que surgieron en mayo, cuando Estados Unidos negoció la liberación de un soldado secuestrado en Afganistán a cambio de cinco líderes del movimiento Talibán. El gobierno estadounidense, sensatamente, suele rehusarse a negociar con terroristas o gobiernos que detienen a sus ciudadanos en busca de dinero o concesiones políticas. En circunstancias excepcionales, vale la pena hacerlo. El caso de Gross es una de ellas.
Gross viajó a La Habana cinco veces en 2009, bajo la dirección de Development Alternatives Inc., que tenía un contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Fingiendo ser turista, transportó furtivamente equipos de comunicación como parte de una iniciativa para proveerles a más cubanos acceso al Internet. El Gobierno cubano, que lleva años protestando los proyectos encubiertos para promover reformas democráticas en la isla, condenó a Gross en 2011 a 15 años de prisión por actos que atentan contra la integridad del Estado.
Durante los primeros meses de su detención, funcionarios en la isla sugirieron que estarían dispuestos a liberar a Gross si Washington suspendía los proyectos cuyo fin es destituir al actual Gobierno cubano. Esas negociaciones no prosperaron, y la postura de la isla se ha endurecido. Funcionarios norteamericanos han concluido que para lograr la libertad de Gross, es necesario repatriar a tres espías cubanos que fueron condenados en un juzgado federal en Miami, en 2001.
Para efectuar un canje, el Presidente Obama tendría que suspender el resto de la condena de los reos. Esa acción sería justificable si se tiene en consideración el largo periodo que han estado presos, las críticas válidas que han surgido respecto a la integridad del proceso judicial que enfrentaron, y los posibles beneficios que un canje podría representar para lograr un acercamiento bilateral.
El espía que más le importa al Gobierno cubano, Gerardo Hernández, fue condenado a cadena perpetua. Hernández, el líder de la Red Avispa, una agrupación que infiltró grupos de exiliados cubanoamericanos en el sur de Florida durante la década de años noventa, fue hallado culpable de conspiración para cometer asesinato. La fiscalía acusó a Hernández de conspirar con autoridades en La Habana para derribar aviones operados por un grupo de exiliados que solían repartir folletos sobre la isla, incitando a una revolución contra el gobierno. A sus cuatro asociados se les declaró culpables de delitos no violentos. Dos han regresado a Cuba, y los otros dos van a ser liberados relativamente pronto.
Un panel de tres jueces del Juzgado de Apelación del Distrito 11 revocó los fallos en agosto de 2005, habiendo determinado que un conjunto de factores impidieron que los acusados tuvieran un proceso justo. Los jueces establecieron que, en vista de la enorme hostilidad contra el gobierno cubano en Miami, y de cobertura periodística vilipendiando a los espías, el jurado no podía ser imparcial. Al revisar el caso posteriormente, todos los jueces de la corte de apelación dieron revés a ese fallo y restituyeron los veredictos. Sin embargo, jueces de esa corte señalaron otras deficiencias en el proceso judicial, que llevaron a una reducción en la condena de tres de los presos. La jueza Phyllis Kravitch escribió una opinión disidente, argumentando que la acusación de conspiración para cometer asesinato imputada contra Hernández no tenía fundamentos. Los fiscales, según la jueza, no establecieron que Hernández, quien le proveyó a La Habana información sobre los vuelos, había acordado con autoridades en la isla que los aviones serían derribados sobre espacio aéreo internacional. Si los aviones hubieran sido derribados sobre espacio aéreo cubano, el acto no habría constituido un delito bajo la ley de Estados Unidos.
El regreso de Hernández a la isla es una prioridad primordial para el Presidente de Cuba, Raúl Castro. Los líderes cubanos han celebrado a los presos como héroes y han protestado que el proceso legal fue injurioso. Entidades independientes, incluido un panel de Naciones Unidas que evalúa detenciones arbitrarias, y Amnistía Internacional, han sido críticas del proceso judicial. La percepción del caso en Cuba, donde los espías son vistos como víctimas, desafortunadamente ha incentivado a que el gobierno de la isla trate a Gross como una pieza canjeable.
A través de los años, funcionarios estadounidenses han dicho que no están dispuestos a intercambiar a los espías por Gross, dado que alegan que los casos no son equivalentes.
Sin embargo, un canje podría abrir el camino para reanudar lazos diplomáticos, lo cual permitiría que Estados Unidos tuviera mayores oportunidades de fomentar cambios positivos en la isla mediante la expansión de comercio, turismo y mayor contacto entre cubanos y norteamericanos. De lo contrario, se perpetuará la enemistad que ha reinado durante más de 50 años, continuando así un ciclo de desconfianza y actos de sabotaje por ambos lados.
Más allá de los méritos estratégicos de un canje, la administración tiene un deber de hacer más por lograr la liberación de Gross. Su arresto se llevó a cabo como consecuencia de una estrategia irresponsable, mediante la cual la agencia de ayuda internacional estadounidense ha enviado a contratistas privados para llevar a cabo misiones secretas en un estado policial que está rotundamente opuesto a la agenda pro-democrática de Washington.
Gross ha bajado más de 45 kilos de peso durante su detención. Está perdiendo la vista en el ojo derecho. Tiene dolencias en las caderas. En junio, su madre falleció. En mayo, luego de cumplir 65 años, Gross dijo que este año será el último que pasa en cautiverio, amenazando estar dispuesto a quitarse la vida si no recobra la libertad. Sus seres queridos han tomado sus palabras literalmente, considerándolas como una advertencia de un hombre desesperado.
Si Gross muere estando en custodia, la posibilidad de establecer una relación más saludable con Cuba desaparecerá por varios años. Obama tiene que reconocer que esto es enteramente evitable, pero hay que actuar pronto.
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