Ayer, los argentinos tomamos conocimiento de la denuncia completa del fiscal Nisman. Siempre se ha dicho que el idioma inglés, a diferencia del español, no tiene tanta diversidad de palabras para definir objetos, situaciones, adjetivos, etc. Y es cierto. Pero debo reconocer que en esta oportunidad, al ver y leer en el día de la fecha la tapa del diario porteño Buenos Aires Herald, la economía de vocabulario tiene también sus ventajas.
En efecto, el referido matutino expresa su opinión sobre la denuncia del fiscal Nisman y lo hace con precisión quirúrgica, o tal vez lingüística. Sobre un facsímil del dictamen, dos palabras inapelables: “Nothing new”. En español: “Nada nuevo”.
Por si no bastaba, agrega como subtítulo: “El reporte de Nisman fracasa en avivar las llamas de conspiración”. Fracaso y conspiración, dos palabras que si hubiera utilizado esta Presidenta sería objeto de las peores críticas. Creo que nadie podrá acusar al periódico de habla inglesa de ser un medio afín o cooptado por el gobierno.
Podría mencionar también el análisis de Horacio Verbitsky: ¨Alerta roja¨, publicado en Página 12 también en el día de la fecha, o el de Raúl Kollmann, en el mismo diario, páginas 2 y 3… pero ya se sabe, no faltarían quienes los impugnaran pese a ser ambos periodistas quienes han analizado y seguido el caso AMIA desde sus orígenes. Inclusive Horacio Verbitsky preside el CELS, que representa a familiares de víctimas del atentado, que integran el colectivo Memoria Activa.
Bueno Aires Herald, Página 12 y otros medios (no quiero ser injusta con nadie), derribaron como un castillo de naipes lo que fue presentado como “la denuncia del siglo”, que demostraría nada más ni nada menos que la complicidad de la Presidenta de la República, de su Canciller, y del Secretario General de La Cámpora, en el encubrimiento de los iraníes acusados de haber participado en el atentado a la AMIA hace 21 años.
Por mi parte, debo confesar que una rápida lectura de la denuncia publicada en el CIJ, sitio informático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hizo más que confirmar mis peores sospechas, y encontrar respuesta a muchos de los interrogantes que planteé el día 19 del corriente en la ÚNICA carta que escribí y compartí con el Pueblo argentino: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes”.
ÚNICA en mayúsculas se debe a que se publicó y habló de “una nueva carta de Cristina” (sic). NO. La carta fue una sola, difundida por distintos sistemas de la red. Basta con leer el texto, pero en la Argentina, tal como siempre lo afirmo, todos los días hay que volver a explicar lo obvio y simple.
Esta es la segunda, y con motivo, precisamente, de haber conocido finalmente el texto de la denuncia, al igual que el resto de los argentinos. Saludable signo democrático: la Presidenta denunciada se entera al mismo tiempo que el resto de los 40 millones a los que tiene la responsabilidad de representar.
Decía que la lectura de la misma no hizo más que confirmar mis peores sospechas. Tenía razón el Buenos Aires Herald: Nada nuevo. Pero también por otras razones: al informe de Nisman le “plantaron” información falsa. Casi una réplica de lo que me tocó ver en la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Los presuntos agentes de Inteligencia que Nisman identificaba como miembros de una “SIDE paralela” en conexión “directa” con la Presidenta, Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, NUNCA habían pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, bajo ningún carácter. Es más, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al Sr. Bogado por la posible comisión del delito de “tráfico de influencias”, ya que se presentaba ante funcionarios de Aduana como personal de Inteligencia. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9.
Por si fuera poco, el 7 de agosto de 2013 se recibió en la Secretaría de Inteligencia un oficio librado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 en una causa por el delito de “extorsión” en el cual se solicitaba saber si Ramón Allan Bogado prestaba servicios en dicha dependencia, y en caso afirmativo, debía concurrir al Tribunal a declarar. Todo lo precedentemente detallado fue informado al juez Lijo a requerimiento del mismo, por haber quedado radicada la denuncia de Nisman en el juzgado a su cargo.
Dichas actuaciones tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría y quien puso en conocimiento de las mismas a sus superiores fue precisamente el entonces Director General de Operaciones, Ing. Antonio Horacio Stiusso, el día 10 de noviembre de 2014. La denuncia fue presentada al día siguiente.
Aquí es bueno recordar declaraciones del fiscal Nisman realizadas el 14 de enero de 2015 en el programa “A dos voces” del canal de cable TN (ya saben de quiénes se trata). Allí, ante una pregunta sobre el Ing. Stiusso de Alfano: -“¿Y que hizo Stiusso?”, Nisman contesta: -“Absolutamente todo lo que yo le pedía. Con quien coincidía muchas veces y tenía muchísimas discrepancias. Stiusso en un excelente profesional, no tengo dudas, pero a veces Stiusso como todo hombre de Inteligencia venía y me decía “tengo ésta prueba, en tal hecho participó fulano” y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente, la prueba la daba un informante de la triple frontera, “pero escúcheme, para Inteligencia es bárbara ésta prueba, yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo, qué digo, ¿me lo dijo el señor Stiusso?” y se generaban discusiones. Yo solamente validaba jurídicamente a lo que le podía dar validez judicial”. Textual.
Si Stiusso era el que le daba toda la información que Nisman pedía y tenía, es más que evidente que fue el propio Stiusso el que le dijo (¿o le escribió?) que Bogado e Yrimia eran agentes de Inteligencia. ¿Es posible que se haya olvidado que él mismo lo había denunciado en noviembre del año pasado y se había iniciado causa judicial? Y si se había olvidado un hombre tan memorioso ¿no consultó con la oficina de Recursos Humanos?
Aquí cobran especial importancia las declaraciones del juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, quien se ha referido críticamente a la participación del Ing. Stiusso, manifestando que en lugar de colaborar, terminó dirigiendo la investigación. Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla. Los hechos hablan por sí solos.
Si entonces todo es falso; si los agentes no son agentes; si Interpol, en la persona de su ex jefe Ronald Noble, demolió la acusación sobre las alertas rojas afirmando que lo que decía Nisman era falso; si el comercio con Irán decrece en vez de aumentar luego del Memorándum; si los que venden granos no son ni la Presidenta, ni el Canciller, ni el Secretario General de La Cámpora, sino en forma privada y sin intervención del Estado, entre otras, las firmas: Bunge, Cargill, Nidera, Oleaginosa Moreno de la firma suiza Glencore, Aceitera General Deheza, Molinos Rio de La Plata, Vicentin, e inclusive el Sr. Jorge Aranda, directivo de Clarín, quién triangula operaciones de venta de arroz a Irán a través de la firma Molinos Libres S.A. Como se verá, empresas y empresarios que no son precisamente “amigos” del Gobierno, como gusta adjetivar Clarín a algunos que no responden a sus directivas o invitaciones.
Si además el Gobierno nunca compró petróleo a Irán; si además el supuesto agente iraní Jorge Alejandro Khalil aparece asociado comercialmente a su hermano Alberto Amado Edgardo Khalil, quién se desempeñó como Director General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura porteña, designado por el entonces Vicepresidente de la Legislatura Santiago de Estrada y el entonces Secretario Administrativo Oscar Moscariello (hoy Vicepresidente de Boca Jrs. y dirigente del PRO). Luego, por Decreto, se le otorgó Poder General Judicial para representar al Gobierno de la Ciudad, y renuncia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 8 días después del procesamiento y dictado de prisión efectiva al ex Jefe de la Policía Metropolitana Jorge “el fino” Palacios por espionaje telefónico, entre otras personas, a familiares de víctimas de la causa AMIA.
Resulta extraño que quien profesa con tanto fervor la fe islámica, lo cual merece mi mayor respeto, y es un incondicional defensor de la República Islámica de Irán, algo completamente legal en Argentina, se asocie con dirigentes de un partido manifiestamente anti-iraní. Porque si bien los parientes no se eligen, los socios comerciales sí.
Asimismo, llama la atención que el fiscal Nisman, o quienes lo asesoraban en la investigación, se hayan interesado únicamente en escuchar telefónicamente a Khalil cuando hablaba con determinadas personas. En cualquier parte del mundo una investigación antiterrorista seria, lo primero que hace es determinar vínculos comerciales, de financiamiento, etc.
Es más, si algún juez o jueza profundiza la investigación sobre este ciudadano, además de escuchar su teléfono, tal vez se encuentre con información que nada tiene que ver con la religión, con Irán y con todas las cosas que parecen ser. Porque en la Argentina, como en todos lados, no todo lo que parece es, y viceversa.
En síntesis, la acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Y ahí está una de las claves. El fiscal Nisman no sabía que los agentes de Inteligencia que él denunciaba como tales, no lo eran. Mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Stiusso. Tampoco investigó, fuera de las escuchas que le suministraba Stiusso, al ciudadano Jorge Alejandro Khalil.
A esta altura, los interrogantes que me planteaba el 19, se van convirtiendo en certezas, igual que cuando se avanzaba en la investigación de la causa AMIA.
La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller y al Secretario General de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.
El estrépito de la denuncia, sumado al marco internacional por lo sucedido en Francia, que aún sin pruebas ni sustento, plagada de información “plantada”, quedaba sepultada por la muerte del fiscal. Eso sí, bajo la forma de aparente suicidio. Recurso que ya ha sido utilizado en muchos casos tristemente célebres. Quiero recordar uno en especial para retomarlo más adelante, el de Lourdes Di Natale quién se “suicidara” tirándose por un balcón.
Al fiscal Nisman no lo hacen volver sólo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Cuando la periodista Sandra Russo analiza el caso en Página 12 bajo el título “El truco de la confusión” y afirma que “quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usarán muerto”, se equivoca. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible.
Porque surgen nuevos interrogantes a medida que se hacen públicas muchas cosas. ¿Por qué habría de suicidarse alguien que escribe un mensaje en su chat como el que escribe el fiscal Nisman cuando explica a un grupo cerrado de amigos su regreso intempestivo al país? En un tono casi épico, reflejando que venía a cumplir una tarea “para la que se había preparado pero no se la imaginaba tan pronto”.
¿Por qué se iba a suicidar alguien que en su chat explica que la tenía pensada hace tiempo pero que la había tenido que adelantar? ¿Tal vez lo hicieron venir por lo ocurrido en Francia? ¿O estaba pensada para la campaña presidencial? ¿O tal vez se adelantó por los cambios efectuados en la Secretaría de Inteligencia?
¿Por qué se iba a suicidar alguien que el sábado a las 18:27 le envió una foto a Wolff, miembro de la DAIA, de una imagen de su escritorio donde se ven papeles y resaltadores, y le aseguraba que se estaba preparando para la reunión del día lunes en Diputados? El propio Wolff expresa textualmente: “Le escribí para consultarle sobre quién debía levantar el secreto de sumario sobre los miembros de los servicios de Inteligencia. El me respondió que quien lo tenía que hacer era el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y me envió una foto del escritorio en el que estaba trabajando”.
¿Por qué se iba a suicidar si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos “la denuncia del siglo” proporcionándole datos falsos.
Pero además, si hubiera tenido sospechas de falsedad de información o de falta de sustento en el supuesto de que se lo habían escrito “otros” ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un “téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba”?
¿Por qué se iba a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba, él y su familia, de una excelente calidad de vida? Pero además, ¿por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el fiscal tiene registradas dos armas a su nombre en el RENAR? Una pistola semiautomática marca Bersa calibre 22 plg largo rifle (similar a la que fue hallada junto a su cuerpo) y un revólver acción doble marca Rossi calibre 38.
Resulta imposible no observar que en cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y esa misma persona resulta ser la última que estuvo con él en vida, le entregó el arma en el mismo lugar del hecho, su casa, y es un íntimo colaborador suyo especialista en informática que trabaja también en la causa AMIA desde el año 2007, resulta cuanto menos raro. Muy raro. Por eso es más que conveniente que se le otorgue mucha protección al Sr. Diego Ángel Lagomarsino.
Como también resulta muy conveniente que se ordenen sumarios e investigaciones lo más rápidamente posible sobre la propia custodia del fiscal Nisman. Esto es: los 10 policías federales. ¿Si informaron inmediatamente de descubierto el hecho al 911 o a sus superiores? ¿Cómo se permitió el ingreso al lugar donde estaba el cuerpo del fiscal Nisman a un médico privado de una obra social antes de dar cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses?
Interrogantes estos y otros que deberán ser investigados por la jueza y la fiscal de la causa. Sí, ya sé. Llegaron a mí la publicaciones en Twitter y Facebook de la jueza interviniente. Manifestaciones no solamente de neto corte opositor hacia el gobierno nacional, sino que diría hasta ofensivas hacia la figura presidencial que revisten mayor gravedad proviniendo de una funcionaria pública de otro Poder. Dicho sea de paso, también tuvo expresiones hacia su propia institución, cuanto menos, poco felices.
Pero lo que más me inquieta es que es la misma jueza que trató la causa del “suicidio” de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, quien lo denunció por pago de coimas y fue una figura clave en la venta ilegal de armas. La causa se cerró y Lourdes sigue “suicidada”.
No fue casual que en la única nota que publiqué el 19 de enero, antes de conocer la denuncia de Nisman, en el segundo párrafo, y refiriéndome concretamente a la muerte del Fiscal Nisman, escribí con signo de interrogación “¿suicidio?”.
Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Había que traerlo urgente al país para aprovechar el estrépito internacional provocado por los actos terroristas ocurridos en Francia. Nisman mismo lo expresa en su chat cuando dice que no lo imaginaba tan pronto refiriéndose a lo que venía a hacer en su retorno imprevisto. Lo que nunca pudo imaginar es que el tiempo no solamente había comenzado a correr para la “denuncia del siglo”, sino también para su propia vida.
En varios medios de comunicación se recordaron, en estos días, casos de “suicidios” que nunca se esclarecieron: el Brigadier Etchegoyen que investigaba en la Aduana un caso de narcotráfico, mientras la aeronáutica era conducida por su camarada José Antonió Juliá (padre de los dos condenados en España por narcotráfico); el Capitán de Navío Horacio Pedro Estrada que estaba imputado en la causa por venta ilegal de armas; Marcelo Cataneo, acusado de pagar coimas en el caso de Banco Nación-IBM; el caso de la propia Lourdes Di Natale que mencioné en párrafos anteriores.
Sin embargo, el caso del fiscal Nisman es diferente. Todos los casos mencionados remiten a cuestiones de corrupción y dinero. El caso AMIA es otra cosa. Es el mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y cobró la vida de 85 argentinos. Las víctimas y sus familiares esperan justicia hace 21 años y es precisamente desde allí, desde el Poder Judicial, único encargado de investigar, acusar, juzgar y condenar a los responsables de tanta tragedia, desde donde se puede cumplir esa demanda permanente de Verdad y Justicia.
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina
En efecto, el referido matutino expresa su opinión sobre la denuncia del fiscal Nisman y lo hace con precisión quirúrgica, o tal vez lingüística. Sobre un facsímil del dictamen, dos palabras inapelables: “Nothing new”. En español: “Nada nuevo”.
Por si no bastaba, agrega como subtítulo: “El reporte de Nisman fracasa en avivar las llamas de conspiración”. Fracaso y conspiración, dos palabras que si hubiera utilizado esta Presidenta sería objeto de las peores críticas. Creo que nadie podrá acusar al periódico de habla inglesa de ser un medio afín o cooptado por el gobierno.
Podría mencionar también el análisis de Horacio Verbitsky: ¨Alerta roja¨, publicado en Página 12 también en el día de la fecha, o el de Raúl Kollmann, en el mismo diario, páginas 2 y 3… pero ya se sabe, no faltarían quienes los impugnaran pese a ser ambos periodistas quienes han analizado y seguido el caso AMIA desde sus orígenes. Inclusive Horacio Verbitsky preside el CELS, que representa a familiares de víctimas del atentado, que integran el colectivo Memoria Activa.
Bueno Aires Herald, Página 12 y otros medios (no quiero ser injusta con nadie), derribaron como un castillo de naipes lo que fue presentado como “la denuncia del siglo”, que demostraría nada más ni nada menos que la complicidad de la Presidenta de la República, de su Canciller, y del Secretario General de La Cámpora, en el encubrimiento de los iraníes acusados de haber participado en el atentado a la AMIA hace 21 años.
Por mi parte, debo confesar que una rápida lectura de la denuncia publicada en el CIJ, sitio informático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hizo más que confirmar mis peores sospechas, y encontrar respuesta a muchos de los interrogantes que planteé el día 19 del corriente en la ÚNICA carta que escribí y compartí con el Pueblo argentino: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes”.
ÚNICA en mayúsculas se debe a que se publicó y habló de “una nueva carta de Cristina” (sic). NO. La carta fue una sola, difundida por distintos sistemas de la red. Basta con leer el texto, pero en la Argentina, tal como siempre lo afirmo, todos los días hay que volver a explicar lo obvio y simple.
Esta es la segunda, y con motivo, precisamente, de haber conocido finalmente el texto de la denuncia, al igual que el resto de los argentinos. Saludable signo democrático: la Presidenta denunciada se entera al mismo tiempo que el resto de los 40 millones a los que tiene la responsabilidad de representar.
Decía que la lectura de la misma no hizo más que confirmar mis peores sospechas. Tenía razón el Buenos Aires Herald: Nada nuevo. Pero también por otras razones: al informe de Nisman le “plantaron” información falsa. Casi una réplica de lo que me tocó ver en la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Los presuntos agentes de Inteligencia que Nisman identificaba como miembros de una “SIDE paralela” en conexión “directa” con la Presidenta, Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, NUNCA habían pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, bajo ningún carácter. Es más, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al Sr. Bogado por la posible comisión del delito de “tráfico de influencias”, ya que se presentaba ante funcionarios de Aduana como personal de Inteligencia. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9.
Por si fuera poco, el 7 de agosto de 2013 se recibió en la Secretaría de Inteligencia un oficio librado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 en una causa por el delito de “extorsión” en el cual se solicitaba saber si Ramón Allan Bogado prestaba servicios en dicha dependencia, y en caso afirmativo, debía concurrir al Tribunal a declarar. Todo lo precedentemente detallado fue informado al juez Lijo a requerimiento del mismo, por haber quedado radicada la denuncia de Nisman en el juzgado a su cargo.
Dichas actuaciones tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría y quien puso en conocimiento de las mismas a sus superiores fue precisamente el entonces Director General de Operaciones, Ing. Antonio Horacio Stiusso, el día 10 de noviembre de 2014. La denuncia fue presentada al día siguiente.
Aquí es bueno recordar declaraciones del fiscal Nisman realizadas el 14 de enero de 2015 en el programa “A dos voces” del canal de cable TN (ya saben de quiénes se trata). Allí, ante una pregunta sobre el Ing. Stiusso de Alfano: -“¿Y que hizo Stiusso?”, Nisman contesta: -“Absolutamente todo lo que yo le pedía. Con quien coincidía muchas veces y tenía muchísimas discrepancias. Stiusso en un excelente profesional, no tengo dudas, pero a veces Stiusso como todo hombre de Inteligencia venía y me decía “tengo ésta prueba, en tal hecho participó fulano” y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente, la prueba la daba un informante de la triple frontera, “pero escúcheme, para Inteligencia es bárbara ésta prueba, yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo, qué digo, ¿me lo dijo el señor Stiusso?” y se generaban discusiones. Yo solamente validaba jurídicamente a lo que le podía dar validez judicial”. Textual.
Si Stiusso era el que le daba toda la información que Nisman pedía y tenía, es más que evidente que fue el propio Stiusso el que le dijo (¿o le escribió?) que Bogado e Yrimia eran agentes de Inteligencia. ¿Es posible que se haya olvidado que él mismo lo había denunciado en noviembre del año pasado y se había iniciado causa judicial? Y si se había olvidado un hombre tan memorioso ¿no consultó con la oficina de Recursos Humanos?
Aquí cobran especial importancia las declaraciones del juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, quien se ha referido críticamente a la participación del Ing. Stiusso, manifestando que en lugar de colaborar, terminó dirigiendo la investigación. Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla. Los hechos hablan por sí solos.
Si entonces todo es falso; si los agentes no son agentes; si Interpol, en la persona de su ex jefe Ronald Noble, demolió la acusación sobre las alertas rojas afirmando que lo que decía Nisman era falso; si el comercio con Irán decrece en vez de aumentar luego del Memorándum; si los que venden granos no son ni la Presidenta, ni el Canciller, ni el Secretario General de La Cámpora, sino en forma privada y sin intervención del Estado, entre otras, las firmas: Bunge, Cargill, Nidera, Oleaginosa Moreno de la firma suiza Glencore, Aceitera General Deheza, Molinos Rio de La Plata, Vicentin, e inclusive el Sr. Jorge Aranda, directivo de Clarín, quién triangula operaciones de venta de arroz a Irán a través de la firma Molinos Libres S.A. Como se verá, empresas y empresarios que no son precisamente “amigos” del Gobierno, como gusta adjetivar Clarín a algunos que no responden a sus directivas o invitaciones.
Si además el Gobierno nunca compró petróleo a Irán; si además el supuesto agente iraní Jorge Alejandro Khalil aparece asociado comercialmente a su hermano Alberto Amado Edgardo Khalil, quién se desempeñó como Director General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura porteña, designado por el entonces Vicepresidente de la Legislatura Santiago de Estrada y el entonces Secretario Administrativo Oscar Moscariello (hoy Vicepresidente de Boca Jrs. y dirigente del PRO). Luego, por Decreto, se le otorgó Poder General Judicial para representar al Gobierno de la Ciudad, y renuncia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 8 días después del procesamiento y dictado de prisión efectiva al ex Jefe de la Policía Metropolitana Jorge “el fino” Palacios por espionaje telefónico, entre otras personas, a familiares de víctimas de la causa AMIA.
Resulta extraño que quien profesa con tanto fervor la fe islámica, lo cual merece mi mayor respeto, y es un incondicional defensor de la República Islámica de Irán, algo completamente legal en Argentina, se asocie con dirigentes de un partido manifiestamente anti-iraní. Porque si bien los parientes no se eligen, los socios comerciales sí.
Asimismo, llama la atención que el fiscal Nisman, o quienes lo asesoraban en la investigación, se hayan interesado únicamente en escuchar telefónicamente a Khalil cuando hablaba con determinadas personas. En cualquier parte del mundo una investigación antiterrorista seria, lo primero que hace es determinar vínculos comerciales, de financiamiento, etc.
Es más, si algún juez o jueza profundiza la investigación sobre este ciudadano, además de escuchar su teléfono, tal vez se encuentre con información que nada tiene que ver con la religión, con Irán y con todas las cosas que parecen ser. Porque en la Argentina, como en todos lados, no todo lo que parece es, y viceversa.
En síntesis, la acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Y ahí está una de las claves. El fiscal Nisman no sabía que los agentes de Inteligencia que él denunciaba como tales, no lo eran. Mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Stiusso. Tampoco investigó, fuera de las escuchas que le suministraba Stiusso, al ciudadano Jorge Alejandro Khalil.
A esta altura, los interrogantes que me planteaba el 19, se van convirtiendo en certezas, igual que cuando se avanzaba en la investigación de la causa AMIA.
La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta, a su Canciller y al Secretario General de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.
El estrépito de la denuncia, sumado al marco internacional por lo sucedido en Francia, que aún sin pruebas ni sustento, plagada de información “plantada”, quedaba sepultada por la muerte del fiscal. Eso sí, bajo la forma de aparente suicidio. Recurso que ya ha sido utilizado en muchos casos tristemente célebres. Quiero recordar uno en especial para retomarlo más adelante, el de Lourdes Di Natale quién se “suicidara” tirándose por un balcón.
Al fiscal Nisman no lo hacen volver sólo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Cuando la periodista Sandra Russo analiza el caso en Página 12 bajo el título “El truco de la confusión” y afirma que “quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usarán muerto”, se equivoca. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible.
Porque surgen nuevos interrogantes a medida que se hacen públicas muchas cosas. ¿Por qué habría de suicidarse alguien que escribe un mensaje en su chat como el que escribe el fiscal Nisman cuando explica a un grupo cerrado de amigos su regreso intempestivo al país? En un tono casi épico, reflejando que venía a cumplir una tarea “para la que se había preparado pero no se la imaginaba tan pronto”.
¿Por qué se iba a suicidar alguien que en su chat explica que la tenía pensada hace tiempo pero que la había tenido que adelantar? ¿Tal vez lo hicieron venir por lo ocurrido en Francia? ¿O estaba pensada para la campaña presidencial? ¿O tal vez se adelantó por los cambios efectuados en la Secretaría de Inteligencia?
¿Por qué se iba a suicidar alguien que el sábado a las 18:27 le envió una foto a Wolff, miembro de la DAIA, de una imagen de su escritorio donde se ven papeles y resaltadores, y le aseguraba que se estaba preparando para la reunión del día lunes en Diputados? El propio Wolff expresa textualmente: “Le escribí para consultarle sobre quién debía levantar el secreto de sumario sobre los miembros de los servicios de Inteligencia. El me respondió que quien lo tenía que hacer era el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y me envió una foto del escritorio en el que estaba trabajando”.
¿Por qué se iba a suicidar si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos “la denuncia del siglo” proporcionándole datos falsos.
Pero además, si hubiera tenido sospechas de falsedad de información o de falta de sustento en el supuesto de que se lo habían escrito “otros” ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un “téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba”?
¿Por qué se iba a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba, él y su familia, de una excelente calidad de vida? Pero además, ¿por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el fiscal tiene registradas dos armas a su nombre en el RENAR? Una pistola semiautomática marca Bersa calibre 22 plg largo rifle (similar a la que fue hallada junto a su cuerpo) y un revólver acción doble marca Rossi calibre 38.
Resulta imposible no observar que en cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y esa misma persona resulta ser la última que estuvo con él en vida, le entregó el arma en el mismo lugar del hecho, su casa, y es un íntimo colaborador suyo especialista en informática que trabaja también en la causa AMIA desde el año 2007, resulta cuanto menos raro. Muy raro. Por eso es más que conveniente que se le otorgue mucha protección al Sr. Diego Ángel Lagomarsino.
Como también resulta muy conveniente que se ordenen sumarios e investigaciones lo más rápidamente posible sobre la propia custodia del fiscal Nisman. Esto es: los 10 policías federales. ¿Si informaron inmediatamente de descubierto el hecho al 911 o a sus superiores? ¿Cómo se permitió el ingreso al lugar donde estaba el cuerpo del fiscal Nisman a un médico privado de una obra social antes de dar cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses?
Interrogantes estos y otros que deberán ser investigados por la jueza y la fiscal de la causa. Sí, ya sé. Llegaron a mí la publicaciones en Twitter y Facebook de la jueza interviniente. Manifestaciones no solamente de neto corte opositor hacia el gobierno nacional, sino que diría hasta ofensivas hacia la figura presidencial que revisten mayor gravedad proviniendo de una funcionaria pública de otro Poder. Dicho sea de paso, también tuvo expresiones hacia su propia institución, cuanto menos, poco felices.
Pero lo que más me inquieta es que es la misma jueza que trató la causa del “suicidio” de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, quien lo denunció por pago de coimas y fue una figura clave en la venta ilegal de armas. La causa se cerró y Lourdes sigue “suicidada”.
No fue casual que en la única nota que publiqué el 19 de enero, antes de conocer la denuncia de Nisman, en el segundo párrafo, y refiriéndome concretamente a la muerte del Fiscal Nisman, escribí con signo de interrogación “¿suicidio?”.
Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Había que traerlo urgente al país para aprovechar el estrépito internacional provocado por los actos terroristas ocurridos en Francia. Nisman mismo lo expresa en su chat cuando dice que no lo imaginaba tan pronto refiriéndose a lo que venía a hacer en su retorno imprevisto. Lo que nunca pudo imaginar es que el tiempo no solamente había comenzado a correr para la “denuncia del siglo”, sino también para su propia vida.
En varios medios de comunicación se recordaron, en estos días, casos de “suicidios” que nunca se esclarecieron: el Brigadier Etchegoyen que investigaba en la Aduana un caso de narcotráfico, mientras la aeronáutica era conducida por su camarada José Antonió Juliá (padre de los dos condenados en España por narcotráfico); el Capitán de Navío Horacio Pedro Estrada que estaba imputado en la causa por venta ilegal de armas; Marcelo Cataneo, acusado de pagar coimas en el caso de Banco Nación-IBM; el caso de la propia Lourdes Di Natale que mencioné en párrafos anteriores.
Sin embargo, el caso del fiscal Nisman es diferente. Todos los casos mencionados remiten a cuestiones de corrupción y dinero. El caso AMIA es otra cosa. Es el mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y cobró la vida de 85 argentinos. Las víctimas y sus familiares esperan justicia hace 21 años y es precisamente desde allí, desde el Poder Judicial, único encargado de investigar, acusar, juzgar y condenar a los responsables de tanta tragedia, desde donde se puede cumplir esa demanda permanente de Verdad y Justicia.
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina
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