La cita fue realizada gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido.
La Habana, 6 feb.- Especialistas financieros de Cuba y Reino Unido intercambiaron experiencias en un taller para conciliar estrategias de prevención y enfrentamiento contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
En la cita desarrollada del 3 al 5 de febrero en esta capital, se compartieron las mejores prácticas internacionales sobre formas de prevenir, detectar, investigar y procesar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el apoyo a grupos extremistas.
Como parte del programa se ahondó en unas 40 recomendaciones en materia de criminalización y tipificación de esos delitos, así como en las medidas preventivas para el sistema financiero y la cooperación internacional propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI (FATF, por sus siglas en inglés).
Unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba y otras instituciones afines participaron en la iniciativa, apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación europea.
El encuentro significó la segunda etapa de un proyecto conjunto de la embajada británica en La Habana, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba (BCC), precisó una nota divulgada por la sede diplomática en La Habana del país europeo.
El programa fue impartido por el experto de GovRisk, doctor Alejandro Montesdeoca, quien trabajó hasta noviembre de 2012 como secretario general del Gafisud, filial latinoamericana del GAFI.
El doctor Armando Torres, director de Investigación de Operaciones Financieras del BCC, respaldó la colaboración con GovRisk y con la embajada británica para abordar las necesidades comunes al respecto.
Tim Cole, embajador de Reino Unido, aseguró que Londres apoya el programa de asistencia técnica, ya que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y requieren reforzar los regímenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.
Cuba emitió una norma sobre el tema en 1999, que fue actualizada en 2013 luego de que integrara el Gasifud (organización regional contra esos crímenes). Entonces las autoridades locales se comprometieron a implementar un plan de acción, que incluyó el diseño de una estrategia nacional para el perfeccionamiento del sistema estatal en esta lucha.
Como resultado se constituyó la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (Unidad de Inteligencia Financiera), entre otras acciones.
A fines de octubre de 2014, el GAFI excluyó a Cuba de sus mecanismos de monitoreo “en reconocimiento a la labor” de La Habana.
El informe del Grupo de Evaluación de la Cooperación Internacional del organismo intergubernamental expresó su satisfacción por los "avances significativos" en el sistema cubano para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para el país caribeño, integrar la lista negra del GAFI implicaba la posibilidad de recibir sanciones financieras de organismos y países.
Asimismo, las instituciones financieras globales están obligadas a considerar de alto riesgo a las naciones señaladas y, eventualmente, pueden prohibir transacciones con sus personas físicas y jurídicas.
Algunas de las medidas del grupo internacional podrían respaldar la lucha contra la corrupción en Cuba dado que exigen transparencia en las transacciones, tanto de las personas como en la identificación de los beneficiarios finales detrás de las empresas.
El GAFI fue establecido en 1989 por el Grupo de los Siete para promover políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Además de Cuba, las naciones que han conseguido salir de la supervisión de la entidad por haber establecido un marco legal y regulador son Argentina, Etiopía, Tayikistán y Turquía. (2015)
La Habana, 6 feb.- Especialistas financieros de Cuba y Reino Unido intercambiaron experiencias en un taller para conciliar estrategias de prevención y enfrentamiento contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
En la cita desarrollada del 3 al 5 de febrero en esta capital, se compartieron las mejores prácticas internacionales sobre formas de prevenir, detectar, investigar y procesar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el apoyo a grupos extremistas.
Como parte del programa se ahondó en unas 40 recomendaciones en materia de criminalización y tipificación de esos delitos, así como en las medidas preventivas para el sistema financiero y la cooperación internacional propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI (FATF, por sus siglas en inglés).
Unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba y otras instituciones afines participaron en la iniciativa, apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación europea.
El encuentro significó la segunda etapa de un proyecto conjunto de la embajada británica en La Habana, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba (BCC), precisó una nota divulgada por la sede diplomática en La Habana del país europeo.
El programa fue impartido por el experto de GovRisk, doctor Alejandro Montesdeoca, quien trabajó hasta noviembre de 2012 como secretario general del Gafisud, filial latinoamericana del GAFI.
El doctor Armando Torres, director de Investigación de Operaciones Financieras del BCC, respaldó la colaboración con GovRisk y con la embajada británica para abordar las necesidades comunes al respecto.
Tim Cole, embajador de Reino Unido, aseguró que Londres apoya el programa de asistencia técnica, ya que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y requieren reforzar los regímenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.
Cuba emitió una norma sobre el tema en 1999, que fue actualizada en 2013 luego de que integrara el Gasifud (organización regional contra esos crímenes). Entonces las autoridades locales se comprometieron a implementar un plan de acción, que incluyó el diseño de una estrategia nacional para el perfeccionamiento del sistema estatal en esta lucha.
Como resultado se constituyó la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (Unidad de Inteligencia Financiera), entre otras acciones.
A fines de octubre de 2014, el GAFI excluyó a Cuba de sus mecanismos de monitoreo “en reconocimiento a la labor” de La Habana.
El informe del Grupo de Evaluación de la Cooperación Internacional del organismo intergubernamental expresó su satisfacción por los "avances significativos" en el sistema cubano para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para el país caribeño, integrar la lista negra del GAFI implicaba la posibilidad de recibir sanciones financieras de organismos y países.
Asimismo, las instituciones financieras globales están obligadas a considerar de alto riesgo a las naciones señaladas y, eventualmente, pueden prohibir transacciones con sus personas físicas y jurídicas.
Algunas de las medidas del grupo internacional podrían respaldar la lucha contra la corrupción en Cuba dado que exigen transparencia en las transacciones, tanto de las personas como en la identificación de los beneficiarios finales detrás de las empresas.
El GAFI fue establecido en 1989 por el Grupo de los Siete para promover políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Además de Cuba, las naciones que han conseguido salir de la supervisión de la entidad por haber establecido un marco legal y regulador son Argentina, Etiopía, Tayikistán y Turquía. (2015)
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