"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí

martes, 1 de diciembre de 2015

Crisis migratoria cubana en Costa Rica: Dimensiones y Responsabilidades.



"... es irracional describir como una sociedad cerrada un país que recibe millones de turistas, se abre a la inversión extranjera y desde la reforma migratoria de 2013 permite a la mayoría de sus ciudadanos viajar y regresar sin permiso de salida alguno".

Infolatam
Texas, 30 noviembre 2015
Por ARTURO LÓPEZ LEVY

Esta crisis tiene una dimensión permanente (si se toma como tal la institucionalización de una relación hostil entre Cuba y EE.UU por más de cincuenta años) y otra temporal (La actual crisis en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, ante la negativa de este último país a permitir el paso al alto número de emigrantes cubanos con destino a EE.UU procedente de Ecuador).

La responsabilidad del gobierno norteamericano en esta crisis tiene una dimensión permanente y otra temporal. La permanente es que a pesar del llamado del presidente Obama al congreso de EE.UU a terminar una política ilegal, inmoral y contraproducente, EE.UU sigue aplicando contra Cuba una política de embargo/bloqueo que agrava las asfixias creadas por el fracaso del modelo de economía de comando y potencia las restricciones a libertades civiles del sistema unipartidista bajo la egida del partido comunista.

Como parte de esa institucionalización de la hostilidad, existe desde 1966 la ley de ajuste cubano. Esa ley ha normalizado el status migratorio para muchos cubanos que según la narrativa oficial estadounidense escapan de intolerables violaciones de sus derechos humanos ameritando un tratamiento especial en el conjunto de emigrantes a nivel global. Un componente agregado a esa hostilidad ha sido el programa especial para la emigración de personal de salud creado por la administración Bush para supuestamente ayudar la liberación de médicos y enfermeras, trabajando en terceros países en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud.

Para cualquier observador imparcial, esas premisas son manipuladas exageraciones partidistas aun en los casos en que apuntan desviaciones de los estándares internacionales de derechos humanos y prácticas de contratación. EE.UU sin embargo, ha convertido esas exageraciones en el centro de su diagnostico sobre Cuba antes y después del 17 de Diciembre de 2014. En consecuencia hay una política hacia Cuba en la que el presidente Obama ha avanzado mucho en el desmontaje de la imagen de la isla como amenaza a la seguridad de EE.UU (La Casa Blanca sacó a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo) pero el análisis sobre la situación política interna cubana sigue presentando la misma a la luz de la propaganda política de la guerra fría. Por ejemplo, es irracional describir como una sociedad cerrada un país que recibe millones de turistas, se abre a la inversión extranjera y desde la reforma migratoria de 2013 permite a la mayoría de sus ciudadanos viajar y regresar sin permiso de salida alguno.

Además de esos factores estructurales, la administración Obama tiene su cuota de responsabilidad en esta crisis en Centroamérica no porque la gestó pero si por negligencia en ejercer su autoridad sobre varias instituciones que responden a la política exterior estadounidense. Es evidente que desde hace unos meses hay una campaña en los medios de Miami, la mayoría privados pero también en Radio y TV Martí que responden al gobierno federal, alentando una estampida del corte de la que estamos viendo. La idea ha sido alimentar una estampida migratoria desde la percepción de un cambio súbito en la aplicación de la ley de ajuste cubano y una puerta que se cierra de golpe para la emigración cubana en EE.UU. Ese no es el caso. La eliminación de ese estatuto no es hoy la prioridad ni de la administración ni de ninguno de los liderazgos en el Congreso, incluyendo el nuevo presidente de la Cámara Paul Ryan.


Por razones de política interna, la administración Obama ha tolerado la continuación en Radio/TV Marti de la misma línea política confrontacional del exilio cubano, que procura el colaps del orden político cubano por todos los medios a su alcance. Esa línea está en contradicción con la postura de la Casa Blanca de promover “una emigración legal, segura y ordenada” pero sigue usando una radio y televisión a disposición de la rama ejecutiva para sabotear la nueva política hacia Cuba, e incluso promover candidatos republicanos como Marco Rubio y Jeb Bush al interior de los EE.UU.

El gobierno cubano por décadas ha denunciado tanto la ley como el programa para médicos como ofensas a la soberanía cubana. En la práctica sin embargo, la aplicación de la ley de ajuste ha servido como válvula de escape para descontentos cubanos que se deben no solo a la política de acoso estadounidense sino fundamentalmente al manejo ineficiente y el deterioro en la legitimidad del modelo comunista de economía de comando y unipartidismo como proyecto estratégico en el que muchos no confían como forma de solución a sus necesidades más precarias.

Si no hubiese ley de ajuste, el flujo de cubanos emigrando hacia EE.UU sería menor pero no se detendría. Sus razones no son solo de atracción en el destino sino también de empuje en el origen. La diferencia es quizás que se crearía un segmento de inmigración cubana a EE.UU indocumentada o paralizada de viajar a la isla por los requerimientos del status de refugiado político. ¿Es ese escenario mejor que el actual, en ausencia de otros cambios complementarios como la eliminación del embargo, y la adopción por Cuba de un modelo económico y político más abierto? Mi opinión es que no. En tanto no se lidie con las razones de empuje para la emigración cubana, la derogación de la ley de ajuste no hará más que agravar los problemas, ilegalizando el status de los cubanos que arriben a EE.UU.

En ningún conflicto que ha durado cincuenta años es posible dividir a los contendientes en ángeles de un lado y demonios del otro. El principal ejercicio de los líderes sin embargo no es distribuir culpas sino encontrar soluciones que mejoren la situación de aquellos bajo su égida.

La crisis de los emigrantes cubanos varados en Costa Rica no se debe desperdiciar para que las partes atiendan a las raíces del problema. Cuba como país que necesita reformas estructurales más amplias que las efectuadas hasta ahora, en las que la meta del desarrollo económico y las oportunidades para sus jóvenes prevalezcan sobre cualquier interés de control político, privilegios de elite (Existe la percepción de que las reformas actuales han beneficiado de forma desproporcionada al estamento militar y sus afiliados), y visiones ideológicas. La responsabilidad de Cuba con sus hijos varados en Costa Rica no se agota con el argumento de que salieron legalmente del país. Si incluso fueran irresponsables seducidos la política estadounidense, son sus irresponsables, los de Cuba, no los de Costa Rica, ni de Nicaragua, ni de EE.UU.

Del lado estadounidense se impone el desmontaje total de una política de embargo/bloqueo, ilegal, inmoral y contraproducente, ajena a los intereses de Cuba, EE.UU y toda la región. En el corto plazo, la administración Obama debería admitir como medida excepcional a los varados en Costa Rica y Panamá, sin oponerse a que los países centroamericanos les concedan un corredor humanitario desde Costa Rica hasta Miami. También debería desmontar el programa que incentiva la deserción de médicos de misiones de salud global, distanciándose de la retorica incendiaria que trivializa temas como la esclavitud o la semi-esclavitud. Para criticar prácticas monopólicas leoninas de contratación, lo lógico son denuncias objetivas, no analogías históricas sin análisis, que solo expresan holgazanería intelectual.

El fin de ese programa debe destrabar los obstáculos para un tratado de cooperación estratégica integral en temas de salud, educación para la salud y asistencia médica en casos de desastres humanitarios entre la Habana y Washington. Ese acuerdo no debe ser una acción meramente ejecutiva, dada la sensibilidad no política del tema, el presidente lo podría someter al senado como tratado. De tal forma, los adversarios de una mejor relación entre Cuba y EE.UU se verían forzados a pagar la vergüenza de oponerse a cooperaciones de carácter humanitario como la que detuvo el Ébola en África occidental o permanecer en silencio, dejando pasar el acuerdo y causando desasosiego en sus bases recalcitrantes del exilio cubano.

También la Casa Blanca y el departamento de Estado podrían imponer orden de prioridades y racionalidad en los programas de la USAID, Radio y TV Martí desde donde en este asunto de la migración y otros se exhibe con impunidad una segunda política exterior por cuenta propia, al margen o a veces, en abierta contradicción del nuevo rumbo de distensión trazado por el presidente y el Secretario de Estado.

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