Cuba camina hacia su reconstitución. El proceso vivido en los últimos años al interior de la sociedad cubana, movido por la necesidad de que se hiciera una revisión integral de las estructuras económicas, políticas y sociales en la Isla, así lo confirma.
Si bien se mantiene el consenso de que el cambio es necesario en todos los ámbitos y niveles de la sociedad cubana, las preguntas de ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? abren un campo de diferencias importantes. Este hecho implica que las valoraciones sobre el proceso de reformas en curso sean variadas, como variadas las posiciones frente a los mismos.
Visto así, sería necesario, más que describir el contexto con sus vicisitudes y satisfacciones, compartir como pregunta central ¿por qué tipo de sociedad estamos apostando? y ¿cómo puede concretarse esta en nuestra vida cotidiana?
Las comprensiones y las acciones afines sobre esa sociedad por la que se apuesta son diversas. Existen al menos tres tendencias cuyos rasgos conviven y se disputan en Cuba hoy: 1) una sociedad tendiente a hacer más “eficiente” el socialismo estatista centralizado, en el que desde las estructuras centrales se diseñan y deciden las políticas a todos los niveles sociales, cuya modificación esencial es una mayor liberalización económica; 2) una sociedad tendiente a una redefinición socialista basada en el autogobierno y la autogestión territorial/comunitaria, donde las cubanas y los cubanos diseñemos, decidamos y controlemos, de manera cooperativa y solidaria, las políticas comunitarias, territoriales y nacionales; 3) un modelo social que tiende a la asimilación creciente y acrítica de relaciones sociales de producción capitalistas donde el consumismo, el individualismo y la mercantilización de nuestras relaciones sociales ganan terreno; donde se acrecientan las inequidades sociales, al tiempo que el pueblo se mantiene en la periferia de las decisiones políticas fundamentales.
Para medir el alcance dramático de este contexto parto de lo que ha sido la Revolución cubana, es decir, su historia, contenidos, tensiones y desafíos como hecho revolucionario y liberador.
1959 condensó en triunfo las luchas revolucionarias de la nación cubana, las que han contenido esencialmente la independencia nacional y la justicia social. Tales contenidos ganan especificidades en diversas épocas, destacándose la república de todos y para el bien de todos, la dignidad nacional en la dignidad popular, el antimperialismo, el internacionalismo y el anticapitalismo.
El triunfo de 1959 implicó la radicalidad política como práctica transformadora. Esta impactó las estructuras del capital al desmercantilizar los derechos humanos: educación y artes, salud, empleo, vivienda. Encausó además la distribución igualitaria de las riquezas, una de cuyas bases fue la solución del problema agrario. En su impulso radical, 1959 condicionó la politización de la sociedad, y más en concreto, la inclusión del sujeto popular diverso en la gestión política.
Aquella pretensión cubana surcó el conflicto geopolítico entre dos polos que marcó la época de su surgimiento: Estados Unidos, encabezaba la opción capitalista y la URSS encabezaba la opción por el socialismo. Al mismo tiempo este conflicto condicionó el curso del proyecto revolucionario cubano. De un lado, la política estadounidense de aislamiento, hostigamiento y desconexión de las relaciones comerciales que dominaban la economía y la política en Cuba. Del otro, la Unión Soviética abrió una nueva relación estratégica, encaminó el comercio cubano hacia nuevos actores, al tiempo que brindó respaldo militar para la defensa del naciente gobierno revolucionario.
Organizar la justicia social al tiempo que garantizar la independencia nacional fue un desafío dramático para Cuba en aquellas circunstancias. El proyecto revolucionario nacional enfrentó complejas tensiones, en las cuales asumió el derrotero socialista como condición de posibilidad para su realización.
La relación estratégica con la URSS consolidó, extendió y estructuró en Cuba una comprensión del socialismo que, al tiempo que garantizó niveles sin precedentes de igualdad social, dignidad personal y derechos humanos desde la inclusión social, así como la protección militar para la defensa de la independencia nacional, entrañó un orden político que contuvo la capacidad política creadora de la clase trabajadora en particular y de la ciudadanía en general.
Este modelo socialista implicó la consagración del Estado como proveedor fundamental para el desarrollo material y político de la nación. La estatalización de la propiedad fue un rasgo determinante de esa consagración. En el centro de aquel diseño se sitúa el partido único, instrumento de la vanguardia revolucionaria que asumió el gobierno del proyecto socialista. La vanguardia, a través del partido y el Estado, concentró a todos los niveles el diseño, decisión y control de las políticas públicas. En este escenario se consolidó un sector burocrático derivado de la comprensión de vanguardia, erigida como mediadora entre los sectores populares y el proyecto de la revolución.
Este modelo tendió a la administración de la Revolución por decreto, a la monopolización de la verdad y a la limitada posibilidad de crítica social y articulación de disensos sobre las políticas. Como resultado, se gobernó en nombre del pueblo y de los trabajadores/as, no desde ellos, lo que pone límites a la política en tanto acto social cotidiano. Los trabajadores/as se constituyeron en objeto de los beneficios sociales, pero no en sujetos para la conformación y control de estos.
La herencia ideológica soviética, base estructurante del diseño sociopolítico asumido por el proyecto revolucionario en Cuba, desatendió la especificidad y complejidad de los conflictos y acumulados históricos de la nación cubana. Reforzó la comprensión economicista del socialismo y el determinismo histórico que le es consustancial. El socialismo se asumió como meta de llegada y no como tránsito a una sociedad que desmontara todas las formas de dominación social de un grupo o clase sobre otros.
La compresión socialista que encarnó el proyecto de independencia y justicia social de la nación después de 1959 está en crisis. Frente a esta, asumir el proyecto cubano en sus condiciones de posibilidad implica dialogar con otras comprensiones del socialismo, presentes también en la tradición revolucionaria cubana. Implica insistir, con otras formas de organización social para la política, en la equidad, en la inclusión social, en la vida digna, en los derechos humanos fuera del ciclo mercantil, en las prácticas internacionalistas desde estos sentidos que ha validado durante décadas el aporte de Cuba a las luchas por la justicia.
Esto conlleva a concretar la independencia nacional y la justicia social también desde procesos más abarcadores de socialización del poder, la propiedad, el saber. Una comprensión que estructure el poder para el proyecto, al tiempo que potencie enfoques de las ciencias sociales que respondan a sus contenidos y potencie un cuerpo intelectual que le sea orgánico.
Tal redefinición pasa por la politización del ámbito público en general y del ámbito laboral en particular. Es decir, asumir la democracia de la vida cotidiana como camino y no reducida a meta. Pensar y ordenar la economía desde la justicia distributiva como mandato de los productores/as directos. Comprensión que enriquece las prácticas acumuladas de inclusión social como totalidad desde la articulación de las partes que la compone.
Repensar el proyecto implica mirar otros faros de liberación que iluminan a Cuba desde lugares diversos y desde los mismos contenidos. Es decir, resignificar el contenido internacional de la independencia y la justicia es condición de posibilidad para su realización en la nación cubana.
Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Miembro del Equipo de Educación Popular del Centro Memorial Luther Martin King Jr. de Marianao, La Habana.Fuente:
www.sinpermiso.info
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