Ante todo quiero manifestar mi agradecimiento al equipo editorial de la
revista Espacio Laical por darme la oportunidad de participar en este panel
encargado de presentar el libro Por un consenso para la democracia. Me satisface
compartir este espacio con Mayra Espina e Hiram Hernández. Lamento que no nos
haya podido acompañar Carlos Saladrigas, quien nos hubiera dado una visión desde
una perspectiva distinta.
El libro o folleto que es objeto de comentarios en el día de hoy tiene una
importancia significativa: forma parte de un esfuerzo común – por parte de
ciudadanos cubanos con diferentes visiones y perspectivas – por presentar ideas
acerca del futuro del sistema de instituciones sociales y políticas que deben
surgir en Cuba a la luz de los cambios que se están produciendo en la
sociedad.
Este folleto me hace recordar un viejo proverbio de la sabiduría china: “Todo
largo camino comienza con un pequeño paso”.
En este sentido los ensayos incluidos en el folleto caben dentro de lo que
puede definirse como un esfuerzo por lograr una verdadera política y democracia
deliberativas en Cuba, política y democracia en que primen la voluntad de
convivencia en el respeto por las opiniones de otros. Distingo la deliberación
como método porque privilegia la necesidad de llegar a acuerdos generalmente
aceptables para todos los que convivimos en la misma sociedad y formamos parte
de la misma nación. Constituye un modelo democrático que supera los modelos
representativo (típico de las Repúblicas) y participativo (reclamado como una
conquista de las fuerzas políticas de izquierda que llegan al poder). En ese
mismo espíritu de deliberación razonada, deseo comentar algunos aspectos del
folleto.
En su excelente ensayo titulado “¿Es rentable ser libres? Cuba, el socialismo
y la democracia”, a través del cual Julio César Guanche dialoga con Roberto
Veiga, aquél elabora sobre su apotegma: “Si bien el socialismo puede existir sin
democracia, la democracia no puede existir sin el socialismo”. Y propone 9
condiciones mínimas. (Páginas 21-22) No cuestiono las condiciones mínimas, por
el contrario me parecen imprescindibles. Sin embargo, sí creo que está por
demostrar que en el socialismo se pueden cumplir. Los modelos socialistas
realmente existentes no nos permiten llegar a esa conclusión por ahora. No lo
hacen tampoco los modelos capitalistas que conozco, aunque no los conozco
todos.
En el centro del debate sobre el ejercicio efectivo de la democracia está,
entre otras cosas, el problema de la desigualdad. ¿Cómo podemos garantizar a
todos los ciudadanos que puedan participar en la toma de decisiones políticas en
pie de igualdad? Las sociedades capitalistas no lo hacen porque es difícil creer
que puede haber igualdad política donde persiste tanta desigualdad económica y
social, como ha reconocido el propio Robert Dahl, teórico por excelencia de la
poliarquía.
Por su parte, Roberto Veiga, en el ensayo “Hacia una democracia de los
consensos: Apuntes para un diálogo con Julio César Guanche” nos entrega una
reflexión sumamente interesante sobre la justicia (dar a cada uno lo suyo) que,
según él, en el pensamiento cristiano es el bien común. Sentencia: “No se trata
de darle todo a cada persona, si no de capacitarlo para que él mismo se realice
hasta donde pueda a partir de sus potencialidades propias.” (Página 25) Esto me
recuerda la bien conocida definición de Marx sobre el socialismo: “De cada cual
según su capacidad y a cada cual según su trabajo”. Una vez más cristianismo y
marxismo coinciden.
Puedo suscribir casi en su totalidad las apreciaciones de Monseñor Carlos
Manuel de Céspedes, en su texto “Cuba hoy: compatibilidad entre cambios reales y
el panorama constitucional”. En el mismo se propone una reflexión sobre la
verdadera unidad, donde rechaza, por enfermiza, una uniformidad aparente,
emasculada de opiniones diversas y diálogos políticos y la califica de “máscara”
que resulta en un enemigo de la unidad nacional. Pero lo interesante es que en
ese mismo párrafo, pleno de sentido práctico, llama a cambios que partan de la
realidad y que preserven la soberanía nacional, sin duda una de las grandes
conquistas de estos últimos 53 años.
“Esa máscara sí es el enemigo de la genuina unidad nacional. Mientras Cuba
sea una realidad viva y no un fósil, se hablará acerca de eventuales cambios de
un tipo u otro, hasta una medida u otra, etc. Y estos diálogos políticos, para
que sean tales y no sólo
farandulada, deben ser algo más que ejercicios
mentales y de oratoria más o menos acertada. Deben apuntar a la realidad y a las
posibilidades de ser llevados a efecto. A estas alturas de nuestra historia,
estoy suponiendo, en la base de todo diálogo político, la afirmación de la
soberanía nacional. Ya sabemos demasiado bien que con la soberanía nacional no
se pueden permitir coqueteos.” (Página 40)
La sabia admonición de Carlos Manuel en este sentido me lleva a reflexionar
con él que no podemos olvidarnos de las nefastas consecuencias que ha tenido
para nuestra nación no proteger en cada momento su soberanía ante un adversario
que, a todas luces, no ceja de pretender socavarla.
Llamo la atención sobre lo planteado por Julio Fernández Estrada en el
“Dossier sobre los desafíos constitucionales de la República de Cuba”, incluido
en las páginas 49-71 del libro. El joven jurista y profesor universitario de
derecho, señala con inquietud la revelación contenida en un estudio de 1987
efectuado por la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) sobre el
desconocimiento de la constitución y de su importancia por la ciudadanía. El
estudio se titula
Sobre los factores que más afectan al desarrollo de una
cultura de respeto a la Ley y partió de una encuesta a 1450 personas de
diferentes espacios sociales. De este total de encuestados 1046 no mencionaron a
la constitución al responder la pregunta ¿Cuál considera usted la ley más
importante para el ciudadano? Fernández Estrada señala como preocupación
adicional que el 44.5 por ciento de los que respondieron de esa forma eran
dirigentes por aquellos años. (Página 53)
Esto me lleva a dos reflexiones: Una, ¿cómo podemos construir una democracia
viable si los ciudadanos no se interesan por los temas centrales que le afectan
o desestiman el valor fundamental de la ley primera de la República? ¿Cómo hemos
llegado a ese punto y qué tenemos que hacer para modificarlo? Otra, ¿por qué no
podemos tener más información sobre las encuestas? ¿Por qué ese tema sigue
siendo tabú? Cuba probablemente sea uno de los pocos países del mundo en los
cuales, haciéndose encuestas, no son de dominio público. Y eso que el propio
Presidente ha dicho que los secretos deben reducirse al mínimo imprescindible. Y
que en países aliados estratégicos de Cuba, como Venezuela, donde se ha
acometido un proceso de “construcción del socialismo” similar al nuestro, las
encuestas de opinión pública son reiteradas y notorias. ¿Cómo rectificar
colectivamente si no sabemos qué hay que rectificar?
Fernández Estrada también critica el carácter rígido de la constitución de
1976 (Página 66) y creo que eso es algo que habría que considerar en cualquier
esfuerzo de ingeniería constitucional futuro. Las constituciones deben tener una
perdurabilidad razonable y deben estar abiertas a las modificaciones que el
tiempo y las circunstancias permitan sin caer en el fenómeno de modificarlas
frecuentemente. Ambos asuntos están relacionados dialécticamente.
En el libro hay varios llamados, en primer lugar de Dimitri Prieto Samsonov,
en el propio Dossier (Página 67) acerca de la necesidad de construir la reforma
del sistema político desde abajo. Aquí me remito a algo que escribí hace más de
tres años en la revista
Temas: “De lo que se trata es de que, por razones
evidentes, Fidel Castro ha dirigido a Cuba de una forma irrepetible.”
[1] En un futuro, nadie podrá
gobernar a Cuba como antes y sólo podremos gobernarla entre todos, como nos ha
sugerido del Presidente Raúl Castro cuando afirmó que Fidel es insustituible por
una persona, tiene que ser sustituido por todos.
Me llamó mucho la atención el trabajo de Mario Castillo, “Fuerzas por la
unión, no unión por la fuerza”, por su consideración sobre la importancia de la
democracia en el Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí, dado que
habitualmente se justifica la existencia de un solo partido en Cuba por el hecho
de que el Maestro haya fundado uno sólo. Hay que preguntarse: ¿es que cabe en
alguna cabeza que alguien funde más de un partido para conseguir un mismo
objetivo, salvo que se disuelva o desaparezca el fundado primero?
Después de estudiar y reflexionar detenidamente sobre los Estatutos Secretos
creados por Martí, Castillo afirma con toda razón:
“Vemos que el diseño político del PRC obraba en sentido inverso a lo ocurrido
un cuarto de siglo después durante la Revolución rusa: Mientras en Rusia un
partido de aparato terminó por imponer su hegemonía a los Consejos (sóviets), el
PRC era un partido que promovía sus consensos operativos desde la actividad
autónoma de los propios Consejos Revolucionarios”. (Página 72)
El texto “Sobre la democracia y los partidos políticos: contribución a un
debate impostergable”, de Armando Chaguaceda (Páginas 82-86), me recordó que ya
en 1911 el sociólogo alemán, Robert Michels, había publicado lo que después
sería considerado como un texto clásico de la teoría política:
Political
Parties: A Sociological Study of the Oligarchic Tendencies of Modern
Democracy.
[2] En aquella
obra se demostraba una tendencia comprobada tanto en el capitalismo como en el
socialismo democrático, a saber, que las propensiones oligárquicas, o sea el
control de una sociedad o de una organización por los que “están arriba”, es una
parte intrínseca de toda gran institución burocrática. Aunque Chaguaceda no
llega tan lejos como Michels, sí se cuestiona la viabilidad de que los partidos
políticos sean la única vía para garantizar la representación democrática de los
intereses de los ciudadanos. Así dice:
“Pero los partidos, como vehículos de y para la democracia son insuficientes.
Las asimetrías de tipo social (en perjuicio de los pobres, los desempleados, las
mujeres, los inmigrantes, las identidades sexuales discriminadas, etc.) se
trasladan permanentemente a lo político – aun estos desfavorecidos logren
‘representarse’ a través de algún partido – por lo que resultan necesarias la
acción de los movimientos sociales y la existencia de instancias de rendición de
cuentas y control ciudadano.”
Quisiera terminar con varias reflexiones propositivas provocadas por la
lectura de estos textos. Ante todo, es evidente que los cambios que se están
dando en Cuba, que yo califico de reforma, no se pueden limitar al ámbito de lo
económico. De hecho, ya priorizar el desarrollo de las fuerzas productivas es
una decisión de carácter político que contrasta con anteriores períodos en la
historia de la política económica de la Revolución. Pero, además, no se conciben
algunas reformas económicas propuestas en los Lineamientos sin las necesarias
transformaciones políticas como lo es el tema de la descentralización, por
ejemplo.
Segundo, de las grandes metas nacionales que varias generaciones de cubanos
hemos defendido, dos (la soberanía nacional y la justicia social) se han logrado
sustancialmente no sin ciertas falencias, pero dos están en el terreno de lo
pendiente por distintas razones. Esas dos son: primero, construir una economía
capaz de ser todo lo autónoma que sea posible y todo lo eficiente que nos
permita sostener las conquistas de justicia social y de independencia nacional
que ya hemos logrado; y segundo, construir un conjunto de instituciones
políticas y sociales que garanticen la participación ciudadana y la deliberación
racional a fin de alcanzar un consenso en el cual los ciudadanos nos sintamos
realmente partícipes del proceso de toma de decisiones. Esto último se ha dado
en algunos casos, pero en la mayoría no.
Ninguna de las dos metas es fácil de alcanzar. Se vienen dando pasos para
transformar la economía nacional en la dirección expuesta no sin una dura
resistencia. Urge transformar la mentalidad y a esto contribuye el libro
Por
un consenso para la democracia.
La construcción de instituciones que hagan duraderas las transformaciones
económicas en curso es imprescindible. Me recuerda a Jean Monnet, el arquitecto
de la primera comunidad europea quien dijo: “nada es posible sin los hombres,
nada es permanente sin las instituciones”.
No puede haber ni desarrollo económico satisfactorio ni libertad sin
instituciones adecuadas, fuertes pero no avasalladoras. Las instituciones tienen
que ser ante todo legítimas y las fuentes de la legitimidad hay que buscarlas en
la historia, en la política, en la legalidad y en la responsabilidad. Y en un
permanente diálogo nacional. Las legitimidades adquiridas en determinadas
momentos históricos pueden ser erosionadas si no se renuevan constantemente. El
gobierno tiene que ser del país, argüía Martí, alertando que debe enrizarse en
el pueblo, como propone Carlos Manuel.
Estos pasos de “actualización del modelo económico” tendrán que estar
acompañados en el plano político por medidas sustentadas en:
La igualdad política de todos los ciudadanos.
La solidaridad ciudadana entre todos los integrantes de nuestra sociedad.
La Democracia plasmada en la deliberación, la tolerancia y el respeto por las
opiniones disidentes.
Una verdadera mentalidad de servicio y de rendición de cuentas
(accountability) entre los servidores públicos y los dirigentes políticos o
cuadros.
Sólo así construiremos una República con todos y para bien de todos.
Notas
[1] En Carlos Alzugaray,
“Cuba cincuenta años después: continuidad y cambio político”,
Temas, Nº
60, octubre-diciembre 2009, página 37
[2] Transcribo su título
en inglés pues es la versión que conozco.
Publicado por cortesía de Espacio Laical