Por Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Europa está ya entrando en la tercera recesión en el corto periodo que va desde 2007 hasta ahora, periodo definido como la Gran Recesión. Y en EEUU, aunque el número y la intensidad de las recesiones han sido menores (debido a unas políticas públicas más intervencionistas que en la Unión Europea), la economía ha crecido mucho menos que en periodos anteriores. Las causas de tales recesiones se han ido acumulando desde finales de la década de los setenta en Europa y principios de los años ochenta en EEUU. Un elemento común en ambos lados del Atlántico Norte ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades de riqueza y de rentas en cada una de estas zonas como resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas entre el mundo del capital (es decir, de los propietarios y gestores de los mayores medios de producción, distribución y financiación –PG MPDF-, que ahora coloquialmente se llaman “el 1%”) y el mundo del trabajo (la gran mayoría de la población, que trabaja y que obtiene sus rentas a través de los salarios, MT). Este hecho, apenas visible en los principales medios de información, es consecuencia directa de las políticas públicas llevadas a cabo por la mayoría de los gobiernos en Norteamérica y en Europa a partir de la elección del Presidente Reagan en EEUU y de la Sra. Thatcher en el Reino Unido, iniciándose la época definida como “neoliberal”, terminando con ello el periodo 1945-1980, que fue conocido como el periodo dorado del capitalismo, donde la mayoría de gobiernos seguían políticas keynesianas.
Durante este periodo (1945-1980) había existido un Pacto Social entre el mundo del capital (PG MPDF) y el mundo del Trabajo (MT), en el cual este último aceptaba la propiedad de los medios de producción, por un lado, y los primeros aceptaban el aumento de los salarios y el establecimiento del Estado del Bienestar, por el otro. Este Pacto, que incluía un pacto en la distribución de la riqueza y de las rentas, fue roto, sin embargo, por los PG MPDF con la elección de aquellos gobernantes que en su nombre impusieron toda una serie de políticas encaminadas a debilitar al mundo del trabajo, a fin de bajar los salarios y reducir el Estado del Bienestar. Estas políticas se generalizaron bajo el argumento de que la globalización de la economía no permitía hacer otras políticas económicas y sociales. Fue así como las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional, disminuyeron considerablemente a partir de los años ochenta. Las rentas del trabajo bajaron de un 72,9% del PIB (promedio en el periodo de los años setenta) al 66,2% en el año 2012 en el conjunto de los países de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel económico al español). España fue el país donde las rentas del trabajo bajaron más, pasando del 72,4% al 59,4% durante el mismo periodo.
El descenso de la demanda y la escasa rentabilidad de la economía productiva
Este descenso salarial creó un problema grave, pues tales rentas son, en cualquier país, las mayores fuentes del consumo, y, por lo tanto, del motor económico. De ahí que el crecimiento económico en la mayoría de países fuera, como promedio, más bajo en el periodo 1980-2012 que en el anterior 1945-1980. En realidad, este descenso del crecimiento en Europa Occidental hubiera sido incluso mayor si no hubiese sido por dos hechos que ralentizaron este descenso. Uno fue la reunificación alemana, que se financió a base de un gran crecimiento de su déficit público y que estimuló de una manera muy marcada a toda la economía europea (ver el artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio 2013). Y el otro hecho fue el enorme endeudamiento de la población. Al bajar los salarios, las familias tuvieron que endeudarse para poder mantener su nivel de vida. Este endeudamiento generó un enorme crecimiento de la banca y de lo que se llama el capital financiero (CF).
Estos dos hechos –la reunificación alemana y el endeudamiento de la población- ralentizaron el descenso de la actividad económica, pero no lo pararon. La demanda de bienes y servicios fue descendiendo y con ello la actividad económica. Ello significó que la rentabilidad de la economía productiva (es decir, los beneficios de las grandes empresas que producen bienes y servicios) no era tan elevada como en la época anterior y, lo que es incluso más importante, no era tan elevada, en términos comparativos, como la rentabilidad de las inversiones especulativas. De ahí que el capital financiero (es decir, la banca) invirtiera más y más en tales actividades, creando más y más burbujas, siendo la inmobiliaria la más reciente. Esta última burbuja, por cierto, era fácil de detectar, pues los salarios estaban estancados o incluso bajaban, mientras que los precios de la vivienda subían astronómicamente. Pero los reguladores de la banca –por regla general, muy próximos a ella- no la vieron, o mejor dicho, no la quisieron ver. Y así pasó. Cuando las burbujas explotaron el sistema financiero casi colapsó, y hubiera colapsado si no hubiera sido por el rescate público, que fue el mayor caso de “beneficencia” que cualquier Estado haya proporcionado a una institución. Y lo que alcanza ya niveles escandalosos es que, a pesar de los rescates públicos a la banca privada, esta continúe especulando, sin que el crédito esté o se le espere en las áreas que más se necesitan: familias y pequeñas y medianas empresas. La banca española ha recibido unos 130.000 millones de euros (sin contar con la financiación prácticamente gratuita del Banco Central Europeo). Y, a pesar de ello, el crédito ha ido descendiendo (más de 336.000 millones de euros menos que a finales de 2007).
El lector se preguntará por qué continúan las políticas públicas de recortes y de reformas laborales orientadas a reducir los salarios que se están imponiendo (y digo imponiendo porque no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes en España). Y la respuesta a esta pregunta no es económica, sino política. Es decir, la continuación de tales políticas se debe al enorme poder que tienen los establishments financieros y económicos del país, y los establishments políticos y mediáticos a los que influencian, poder que se ha conseguido a costa del debilitamiento del mundo del trabajo, que constituye la mayoría de la población. Es lo que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU llama “el conflicto del 1% en contra de la mayoría de la población”. Las rentas de los PG MPDF han aumentado enormemente a costa del descenso de las del MT.
Ahora bien, la situación ha llegado a una inestabilidad económica y política tal que comienza a verse –incluso por parte de organismos muy próximos a los PG MPDF, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Central Europeo- que algo tiene que hacerse, como por ejemplo, estimular la economía mediante inversiones y aumentar la disponibilidad de crédito. Pero la manera como lo están haciendo tampoco lo resolverá, pues el eje de la solución es, precisamente, revertir las rentas aumentando las del MT a costa de las de los PG MPDF, al revés de lo que está ocurriendo.
¿Qué debería hacerse?
Desde el punto de vista económico, la solución es muy fácil de ver: aumentar la demanda a base de aumentar los salarios (que en España son de los más bajos de la UE-15); aumentar el gasto público en la infraestructura del país, y muy en especial en la infraestructura social (España es el país con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15); y aumentar el crédito (hoy España es uno de los países donde es más difícil encontrar crédito), esto último a base de expandir el sector de la banca pública (siendo el español uno de los sectores bancarios públicos más reducidos de la UE-15). Hoy España tiene un Estado pobre (el porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público –incluyendo los servicios públicos del Estado del Bienestar, como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, entre otros-, es uno de los más bajos de la UE-15), con escaso desarrollo social, poco redistributivo y con menor desarrollo del sector financiero público. No puede salirse de la crisis sin revertir estos hechos.
Estas son las líneas generales de las propuestas hechas por el Profesor Juan Torres y yo en el documento Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española, el cual, preparado a petición de Podemos, ha creado mucho revuelo (Podemos lo ha distribuido bajo el título Un proyecto económico para la gente, y ha creado una gran hostilidad). Es predecible que, cuando se hacen propuestas en este sentido, los medios y los portavoces de los partidos liberales y socioliberales que representan a los PG MPDF (las grandes empresas del IBEX-35) se alboroten y acusen a los que las proponen que van a destruir el país, identificando sus intereses particulares con los intereses generales, una identificación que es más que cuestionable.
Hoy España es uno de los países más desiguales de la UE-15. Y esta situación no es solo consecuencia, sino que es sobre todo la causa, de sus crisis económicas y financieras, como he señalado en este texto. El 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población. Las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% más pobre de la población y la de tan solo 3 individuos duplica la del 20% más pobre de la población española. Y según el Profesor Castroviejo, al inicio de la crisis 1.400 personas controlaban recursos que equivalen al 80,5% de PIB, una situación que ahora posiblemente haya empeorado. Mientras, el total de la remuneración que perciben las personas asalariadas es hoy de 16.951 millones de euros menos que lo percibido a finales del 2007; la renta disponible de los hogares españoles es ahora 14.949 millones de euros más baja que la de finales del 2007; la deuda familiar se duplicó de 1997 a 2007; y la tasa de pobreza infantil en España es ya del 36,3% (la más alta de la OCDE después de México y EEUU).
Y, como si ello no fuera poco, varias instituciones internacionales como el FMI y la OCDE alertan que España está en situación de riesgo de sufrir de 15 a 20 años de desempleo masivo, de deuda impagable, y de recortes del gasto público y de salarios que nos llevarán a una extraordinaria precariedad. Estos son los resultados de las políticas públicas neoliberales, que continúan todavía hoy hegemonizando el pensamiento económico dominante promovido por las grandes compañías del IBEX-35, que son el centro de los PG MPDF españoles, y que se han beneficiado más de la crisis. Esta es la realidad ocultada en los mayores medios de información y persuasión existentes en España.
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Europa está ya entrando en la tercera recesión en el corto periodo que va desde 2007 hasta ahora, periodo definido como la Gran Recesión. Y en EEUU, aunque el número y la intensidad de las recesiones han sido menores (debido a unas políticas públicas más intervencionistas que en la Unión Europea), la economía ha crecido mucho menos que en periodos anteriores. Las causas de tales recesiones se han ido acumulando desde finales de la década de los setenta en Europa y principios de los años ochenta en EEUU. Un elemento común en ambos lados del Atlántico Norte ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades de riqueza y de rentas en cada una de estas zonas como resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas entre el mundo del capital (es decir, de los propietarios y gestores de los mayores medios de producción, distribución y financiación –PG MPDF-, que ahora coloquialmente se llaman “el 1%”) y el mundo del trabajo (la gran mayoría de la población, que trabaja y que obtiene sus rentas a través de los salarios, MT). Este hecho, apenas visible en los principales medios de información, es consecuencia directa de las políticas públicas llevadas a cabo por la mayoría de los gobiernos en Norteamérica y en Europa a partir de la elección del Presidente Reagan en EEUU y de la Sra. Thatcher en el Reino Unido, iniciándose la época definida como “neoliberal”, terminando con ello el periodo 1945-1980, que fue conocido como el periodo dorado del capitalismo, donde la mayoría de gobiernos seguían políticas keynesianas.
Durante este periodo (1945-1980) había existido un Pacto Social entre el mundo del capital (PG MPDF) y el mundo del Trabajo (MT), en el cual este último aceptaba la propiedad de los medios de producción, por un lado, y los primeros aceptaban el aumento de los salarios y el establecimiento del Estado del Bienestar, por el otro. Este Pacto, que incluía un pacto en la distribución de la riqueza y de las rentas, fue roto, sin embargo, por los PG MPDF con la elección de aquellos gobernantes que en su nombre impusieron toda una serie de políticas encaminadas a debilitar al mundo del trabajo, a fin de bajar los salarios y reducir el Estado del Bienestar. Estas políticas se generalizaron bajo el argumento de que la globalización de la economía no permitía hacer otras políticas económicas y sociales. Fue así como las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional, disminuyeron considerablemente a partir de los años ochenta. Las rentas del trabajo bajaron de un 72,9% del PIB (promedio en el periodo de los años setenta) al 66,2% en el año 2012 en el conjunto de los países de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel económico al español). España fue el país donde las rentas del trabajo bajaron más, pasando del 72,4% al 59,4% durante el mismo periodo.
El descenso de la demanda y la escasa rentabilidad de la economía productiva
Este descenso salarial creó un problema grave, pues tales rentas son, en cualquier país, las mayores fuentes del consumo, y, por lo tanto, del motor económico. De ahí que el crecimiento económico en la mayoría de países fuera, como promedio, más bajo en el periodo 1980-2012 que en el anterior 1945-1980. En realidad, este descenso del crecimiento en Europa Occidental hubiera sido incluso mayor si no hubiese sido por dos hechos que ralentizaron este descenso. Uno fue la reunificación alemana, que se financió a base de un gran crecimiento de su déficit público y que estimuló de una manera muy marcada a toda la economía europea (ver el artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio 2013). Y el otro hecho fue el enorme endeudamiento de la población. Al bajar los salarios, las familias tuvieron que endeudarse para poder mantener su nivel de vida. Este endeudamiento generó un enorme crecimiento de la banca y de lo que se llama el capital financiero (CF).
Estos dos hechos –la reunificación alemana y el endeudamiento de la población- ralentizaron el descenso de la actividad económica, pero no lo pararon. La demanda de bienes y servicios fue descendiendo y con ello la actividad económica. Ello significó que la rentabilidad de la economía productiva (es decir, los beneficios de las grandes empresas que producen bienes y servicios) no era tan elevada como en la época anterior y, lo que es incluso más importante, no era tan elevada, en términos comparativos, como la rentabilidad de las inversiones especulativas. De ahí que el capital financiero (es decir, la banca) invirtiera más y más en tales actividades, creando más y más burbujas, siendo la inmobiliaria la más reciente. Esta última burbuja, por cierto, era fácil de detectar, pues los salarios estaban estancados o incluso bajaban, mientras que los precios de la vivienda subían astronómicamente. Pero los reguladores de la banca –por regla general, muy próximos a ella- no la vieron, o mejor dicho, no la quisieron ver. Y así pasó. Cuando las burbujas explotaron el sistema financiero casi colapsó, y hubiera colapsado si no hubiera sido por el rescate público, que fue el mayor caso de “beneficencia” que cualquier Estado haya proporcionado a una institución. Y lo que alcanza ya niveles escandalosos es que, a pesar de los rescates públicos a la banca privada, esta continúe especulando, sin que el crédito esté o se le espere en las áreas que más se necesitan: familias y pequeñas y medianas empresas. La banca española ha recibido unos 130.000 millones de euros (sin contar con la financiación prácticamente gratuita del Banco Central Europeo). Y, a pesar de ello, el crédito ha ido descendiendo (más de 336.000 millones de euros menos que a finales de 2007).
El lector se preguntará por qué continúan las políticas públicas de recortes y de reformas laborales orientadas a reducir los salarios que se están imponiendo (y digo imponiendo porque no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes en España). Y la respuesta a esta pregunta no es económica, sino política. Es decir, la continuación de tales políticas se debe al enorme poder que tienen los establishments financieros y económicos del país, y los establishments políticos y mediáticos a los que influencian, poder que se ha conseguido a costa del debilitamiento del mundo del trabajo, que constituye la mayoría de la población. Es lo que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU llama “el conflicto del 1% en contra de la mayoría de la población”. Las rentas de los PG MPDF han aumentado enormemente a costa del descenso de las del MT.
Ahora bien, la situación ha llegado a una inestabilidad económica y política tal que comienza a verse –incluso por parte de organismos muy próximos a los PG MPDF, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Central Europeo- que algo tiene que hacerse, como por ejemplo, estimular la economía mediante inversiones y aumentar la disponibilidad de crédito. Pero la manera como lo están haciendo tampoco lo resolverá, pues el eje de la solución es, precisamente, revertir las rentas aumentando las del MT a costa de las de los PG MPDF, al revés de lo que está ocurriendo.
¿Qué debería hacerse?
Desde el punto de vista económico, la solución es muy fácil de ver: aumentar la demanda a base de aumentar los salarios (que en España son de los más bajos de la UE-15); aumentar el gasto público en la infraestructura del país, y muy en especial en la infraestructura social (España es el país con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15); y aumentar el crédito (hoy España es uno de los países donde es más difícil encontrar crédito), esto último a base de expandir el sector de la banca pública (siendo el español uno de los sectores bancarios públicos más reducidos de la UE-15). Hoy España tiene un Estado pobre (el porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público –incluyendo los servicios públicos del Estado del Bienestar, como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, entre otros-, es uno de los más bajos de la UE-15), con escaso desarrollo social, poco redistributivo y con menor desarrollo del sector financiero público. No puede salirse de la crisis sin revertir estos hechos.
Estas son las líneas generales de las propuestas hechas por el Profesor Juan Torres y yo en el documento Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española, el cual, preparado a petición de Podemos, ha creado mucho revuelo (Podemos lo ha distribuido bajo el título Un proyecto económico para la gente, y ha creado una gran hostilidad). Es predecible que, cuando se hacen propuestas en este sentido, los medios y los portavoces de los partidos liberales y socioliberales que representan a los PG MPDF (las grandes empresas del IBEX-35) se alboroten y acusen a los que las proponen que van a destruir el país, identificando sus intereses particulares con los intereses generales, una identificación que es más que cuestionable.
Hoy España es uno de los países más desiguales de la UE-15. Y esta situación no es solo consecuencia, sino que es sobre todo la causa, de sus crisis económicas y financieras, como he señalado en este texto. El 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población. Las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% más pobre de la población y la de tan solo 3 individuos duplica la del 20% más pobre de la población española. Y según el Profesor Castroviejo, al inicio de la crisis 1.400 personas controlaban recursos que equivalen al 80,5% de PIB, una situación que ahora posiblemente haya empeorado. Mientras, el total de la remuneración que perciben las personas asalariadas es hoy de 16.951 millones de euros menos que lo percibido a finales del 2007; la renta disponible de los hogares españoles es ahora 14.949 millones de euros más baja que la de finales del 2007; la deuda familiar se duplicó de 1997 a 2007; y la tasa de pobreza infantil en España es ya del 36,3% (la más alta de la OCDE después de México y EEUU).
Y, como si ello no fuera poco, varias instituciones internacionales como el FMI y la OCDE alertan que España está en situación de riesgo de sufrir de 15 a 20 años de desempleo masivo, de deuda impagable, y de recortes del gasto público y de salarios que nos llevarán a una extraordinaria precariedad. Estos son los resultados de las políticas públicas neoliberales, que continúan todavía hoy hegemonizando el pensamiento económico dominante promovido por las grandes compañías del IBEX-35, que son el centro de los PG MPDF españoles, y que se han beneficiado más de la crisis. Esta es la realidad ocultada en los mayores medios de información y persuasión existentes en España.
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