Por Antonio Aja
El restablecimiento próximo de las relaciones entre ambos países nos hacen rescatar este artículo especializado, publicado en 1999.
El presente Enfoques tiene como objetivo analizar algunos de los elementos que distinguen la histórica relación entre el principal receptor de inmigrantes en el mundo y una pequeña isla, que dada su cercanía geográfica y la particularidad de sus procesos políticos y sociales, ha mantenido en los últimos 40 años esta peculiar relación migratoria con su cercano vecino.
De esta forma se analiza desde una perspectiva histórica el contexto inmigratorio de Estados Unidos, así como la ubicación de Cuba y sus emigrantes en tal escenario.
LA INMIGRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
Resulta imposible penetrar en la historia de los Estados Unidos sin apreciar en toda su magnitud e importancia el rol jugado por la inmigración en esa nación, ya que con excepción de los indios nativos, la mayoría de sus habitantes descienden de personas que fueron o son inmigrantes. Por sólo citar un ejemplo, en un período relativamente cercano como es el de 1825 a 1920, más de 35 millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, principalmente de Europa, Asia y México entre otras regiones y países del mundo. (1)
El proceso inmigratorio en Estados Unidos suele ser definido en 4 grandes oleadas (2): la primera fue la de los europeos, procedentes de Europa Occidental, que arribaron para formar las colonias a principios del siglo XVII y hasta la mitad del siglo XIX, la segunda fue la de los europeos del este y sur, que vinieron desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, la tercera la integraron los negros americanos, los mexicanos, y puertorriqueños que se movieron del sur al norte precipitados por los cambios socio económicos al calor de las dos guerras mundiales, y la cuarta es la de los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que se está dando desde 1965 hasta la fecha.
La diferencia entre cada una de estas oleadas reside tanto en la composición de los migrantes, como por las características de la sociedad norteamericana en cada período histórico mencionado. Se produce además, el fenómeno de la inmigración africana durante casi dos siglos, el cual no fue un proceso voluntario, sino un traslado forzoso de seres humanos de un continente a otro.
En particular el siglo XIX fue testigo de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos y de los estados de la Unión, así como de los empleadores privados por saturar a Europa con campañas promocionales para llevar inmigrantes a Norteamérica. Se ensalzaban los beneficios de la inmigración y se modelaban las políticas migratorias para atraer inmigrantes.
De esta forma, hasta 1875 no hubo restricciones federales de ningún tipo para atraer inmigrantes al país, y las leyes de cada estado se hacían sólo para regular el proceso de recepción, ayudar a los indigentes, y en algunos casos atender a la seguridad de los barcos.
En 1864 se aprueba la primera ley federal de inmigración, el Acta para Estimular la Inmigración, la cual establecía el primer buró de inmigración de los Estados Unidos, cuya función primaria era aumentar la inmigración para que las industrias tuvieran la suficiente fuerza de trabajo que se requería para producir según las necesidades de la guerra civil.
El final del siglo XIX y el inicio del XX fueron escenarios de la promulgación de un número de medidas selectivas, entre ellas la exclusión de los inmigrantes chinos, y de todo aquel que pudiera convertirse en carga pública, los delincuentes, enfermos y los políticamente indeseables.
Sin embargo, en la práctica estas medidas excluyentes sólo afectaron al 1 por ciento de los inmigrantes, en gran medida porque no eran lo suficientemente drásticas, y siempre se aplicaban tomando en consideración no afectar a la industria estadounidense, que crecía impetuosamente con la revolución industrial.
Desde entonces por su impacto y significación en el contexto inmigratorio norteamericano, el caso de la inmigración mexicana ocupa un lugar particular.
Su presencia cobra importancia antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los empleadores norteamericanos y el gobierno comenzaron a reconsiderar los costos y beneficios de la inmigración que llegaba de Europa.
Al inicio, el grueso de los inmigrantes mexicanos lo hacían de manera legal. Cuando se produce la restricción de cuotas entre 1921 y 1924 se reduce el arribo de inmigrantes europeos, siendo los mexicanos exceptuados de la cuota establecida. De esta forma eran vistos como un sustituto valioso de la inmigración europea e incluso preferible por la cercanía geográfica, ya que ésta daba la posibilidad de regular la entrada de inmigrantes según las necesidades de mano de obra en el país, así como el retorno al país de origen.
Entre 1915 y 1920 la inmigración mexicana pasó de 11 mil por año a 51 mil. En los años 40s, por la demanda de la producción de guerra, los obreros mexicanos fueron contratados a través del Programa Bracero, con el propósito de garantizar la fuerza de trabajo para la agricultura en el sur del país.(3)
Este Programa no sólo institucionalizó la naturaleza flexible y temporal del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, sino además porque políticas formales e informales durante este período contribuyeron a aumentar la inmigración ilegal que se mantiene hasta el presente.
En 1952 bajo presiones de México, el Congreso de Estados Unidos aprobó un acta que hacía ilegal cualquier acto de encubrir, transportar o esconder a inmigrantes ilegales. Sin embargo, una enmienda excluía a los empleadores como posibles encubridores. De esta forma, la enmienda fue vista por los oficiales del INS como una carta abierta para emplear a trabajadores indocumentados.
En este contexto político y legal la inmigración ilegal creció. Entre 1942 y 1952, cuando un total de 818.545 braceros fueron importados desde México, el INS capturó a más de 2 millones de indocumentados, la gran mayoría eran mexicanos. (4)
Para 1953 los ilegales mexicanos estaban desplazando a los trabajadores norteamericanos, creando una situación de alarma social, que se conjuga con las implicaciones de la guerra fría. En consecuencia, el fenómeno de los inmigrantes ilegales es considerado un problema de seguridad nacional.
Como resultado se instrumenta la Operación Mojado, donde cientos de miles de mexicanos fueron deportados.
El Programa Bracero concluye en 1964 y para entonces una relación simbiótica entre trabajadores mexicanos y empleadores se había establecido después de más de 50 años de existencia. Casi 5 millones de trabajadores mexicanos habían sido traídos a los Estados Unidos y aproximadamente 5 millones de ilegales procedentes de México fueron capturados en igual período.
La inmigración ilegal ha continuado después de todo este proceso, sumándose incluso migrantes procedentes de otras regiones del planeta. En 1960 el número de arrestos de ilegales fue de 71.000, llegó a 345.000 en 1969 y diez años después superaba la cifra del millón de personas. (5)
Durante el año fiscal 1996 - 1997 fueron expulsados 111.000 inmigrantes ilegales, mientras que en los primeros nueve meses de 1999, el total de deportaciones fue de 133.522, cifra récord según el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).(6)
Al mismo tiempo que la política inmigratoria de Estados Unidos protegía a los empleadores y les garantizaba la fuerza de trabajo que requerían, se fueron haciendo extensos cambios en el sistema de inmigración legal.
El Congreso pasó el Acta de Inmigración y Nacionalidad en 1952, conocida como INA y también como McCarran Walter. (7)
Esta acta asignaba o distribuía para diferentes países una cuota anual de inmigrantes, basándose en la proporción de personas de cada país que vivían en los Estados Unidos desde 1920. De esta forma se perpetuaba el sistema de cuotas por origen nacional. En adición se ponía un techo de 150.000 inmigrantes para el hemisferio oriental, y ninguna restricción para el occidental.
Se establecía además el sistema de preferencias para trabajadores inmigrantes y familiares cercanos de ciudadanos americanos y residentes, estructura básica que se mantiene hasta nuestros días.
Este sistema daba prioridad a la reunificación familiar, otorgando primera preferencia a los familiares de ciudadanos norteamericanos y residentes legales, a la vez que mantenía las puertas abiertas para trabajadores semicalificados y poco calificados para ciertas ocupaciones.
En 1965, con Lyndon Johnson en la presidencia y un Congreso liberal que enfatizaba la ampliación de los derechos civiles, el acta McCarran Walter fue sustancialmente variada con enmiendas en diversos aspectos. Se reduce el tratamiento diferencial a los países del hemisferio occidental y oriental y se elimina el sistema de cuotas por origen nacional. Las enmiendas pusieron el límite anual para el hemisferio oriental en 170.000 visas con más de 20.000 por cada país y un límite de 120.000 para los países del hemisferio occidental sin cuotas por países. Dentro de estos límites tendrían prioridad las personas que fueran familia cercana de ciudadanos americanos o sujetos con habilidades especiales. (8)
Entre los años 70s y 80s se hicieron relativamente pocos ajustes a este esquema, concentrándose la atención en frenar el creciente flujo de inmigrantes ilegales.
No obstante, se realizaron dos modificaciones de importancia: en 1978 fueron eliminados los límites establecidos para cada hemisferio y se puso un límite común para todo el mundo de 290.000 visas al año, con un tope de hasta 20.000 por cada país. La otra modificación se refiere al Acta de Refugiados de 1980, la cual saca a los refugiados del sistema de preferencias, quedando en el presidente de Estados Unidos, previa consulta con el Congreso, la potestad de establecer límites anuales en el número de refugiados a admitir.
Un elemento consustancial al tema inmigratorio en los Estados Unidos, es la reacción antiinmigrante.
Desde la inmigración de los irlandeses en 1800, la apreciación de la contribución de los inmigrantes a la economía se ha visto acompañada casi siempre de un nativismo antiinmigrante y reacciones públicas a favor de las restricciones. Teniendo como base una combinación de racismo, miedo al aumento de los impuestos, proteccionismo político y cultural, estas reacciones antiinmigrantes se han visto florecer en épocas de crisis o cuando se percibe la inmigración como un peligro para la seguridad nacional.
Las dos últimas décadas han sido objeto de una renovada alarma pública.
Como en el pasado, una minoría culpa a los recién llegados de todos los problemas sociales que afectan a la sociedad estadounidense. Y como en el pasado, esto se debe en gran medida a que los inmigrantes suministran fuerza de trabajo barata, que los hace un blanco fácil para la preocupación de los contribuyentes y los trabajadores nacionales. El carácter predominantemente ilegal de estos inmigrantes acelera la reacción en su contra.
En torno a ello existen diferentes investigaciones que prueban tanto los perjuicios que implican los inmigrantes, como los beneficios que aportan a la sociedad.
A principios de 1993 un grupo de políticos de California en alianza con algunos grupos de ciudadanos situaron más de 20 proyectos de ley antiinmigrante en la agenda del Estado. Las propuestas incluían privar a los hijos de los indocumentados de la asistencia a las escuelas, el estricto control de las fronteras y otras medidas restrictivas. La mayoría de estos proyectos de ley han sido últimamente derrotados, no obstante, su número e intensidad aumenta demostrando un creciente nativismo por lo menos entre una minoría que tiene voz en la comunidad.
Bajo un contexto de presiones políticas y económicas en 1986 el Congreso de Estados Unidos decreta la Immigration Reform and Control Act, conocida como IRCA. Esta Acta comprende 3 elementos fundamentales: primero, permitir a los indocumentados que están en Estados Unidos con estatus ilegal desde el 1 de enero de 1982, solicitar la residencia legal, segundo, sancionar a los empleadores que sabiéndolo, empleen a un indocumentado y tercero, establece un programa especial para trabajadores agrícolas que permite a ciertos indocumentados que trabajan en el sector agrícola solicitar la legalización su situación.
La consecuencia más significativa del IRCA fue la legalización de millones de indocumentados que por años habían vivido y trabajado a la sombra. Casi 3 millones de inmigrantes calificaron para uno o dos de los programas de legalización del IRCA. (9)
Irónicamente, las sanciones a los empleadores que era el punto central de discusión del IRCA, tuvo poco impacto. Resultaba ser una medida simbólica que era frenada tanto por cuestiones de tipo económico, como por asuntos de tipo humanitario, derechos civiles y poca sistematicidad en su aplicación.
Aunque el IRCA no solucionaba definitivamente el problema de la inmigración ilegal, a partir de su aprobación la atención giró hacia la reforma de las políticas de la inmigración legal, en tanto estas políticas no reflejaban los cambios en la economía norteamericana y en especial las necesidades de fuerza de trabajo. El Congreso pasaría el Acta de Inmigración de 1990, centrando el análisis en cómo proporcionar trabajadores a la economía y mantenerla competitiva a escala mundial, sin poner en peligro los intereses de los trabajadores americanos.
Esta nueva reforma hizo de la reunificación familiar la prioridad central. No introdujo cambios respecto a dejar sin límites las visas para familiares inmediatos de ciudadanos americanos, pero sí en el límite para visas de familiares más distantes, que fue de 465 mil menos con relación al año anterior y llegó en 1995 a 480.000 menos que en el 94.
Uno de los mayores cambios en la nueva ley de 1990 es la expansión en la proporción de visas "económicas" que se triplican. Estas visas basadas en el empleo debían darse de acuerdo al sistema de preferencias, es decir, personas con habilidades extraordinarias, personas con grados avanzados o habilidades excepcionales que tuvieran una oferta concreta de trabajo, entre otras cualidades. (10)
El Acta de 1990 lleva la inmigración legal a un tope fijo de alrededor de 700.000 anuales en los próximos cinco años, donde no se incluyen los refugiados y asilados y las visas de los familiares inmediatos que no tiene límite. La ley enfatiza las necesidades económicas para recibir a los inmigrantes, principio que con frecuencia ha manejado Estados Unidos, pero raramente aparecía tan explícitamente en sus leyes.
A mediados de la actual década se estimaba que los inmigrantes indocumentados en el interior de Estados Unidos rondaba la cifra de 2 a 4 millones de personas y cada año entran más de 500.000 inmigrantes ilegales. (11)
En 1993 por ejemplo, el presidente Clinton aprobó un nuevo plan referente al control inmigratorio, previendo en resumen, la utilización de más dinero, poder para el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y nuevas leyes inmigratorias. Los propósitos eran restringir el otorgamiento de la categoría refugio político, y solucionar el problema de las solicitudes pendientes. Se limitaba la entrada de inmigrantes indocumentados, sobre la base del incremento de la guardia fronteriza, mejorando los controles para la detección de pasaportes, se duplicaban las condenas a los contrabandistas de inmigrantes ilegales y se otorgan mayores recursos financieros, tecnológicos y legales al INS para realizar su labor.
Tales acciones regulatorias responden a la problemática que imponen los grandes flujos de migrantes procedentes en especial del área del Caribe, Centroamérica, Asia e incluso Europa, que provocan estos graves problemas de inmigrantes indocumentados establecidos, tráfico de extranjeros y arribo de miles de migrantes ilegales a la frontera norteamericana.
Desde la primera ley federal de inmigración en el siglo XIX, pasando por el Acta de 1990 y las modificaciones realizadas a fines de la actual década, la política inmigratoria en Estados Unidos, ha mostrado una profunda grieta entre sus propósitos y sus efectos prácticos.
Algunos analistas sugieren que este abismo se debe a la dificultad para controlar a través de legislaciones lo que es en esencia un fenómeno económico. Otros indican que el problema reside en la incompetencia del Servicio de Naturalización e Inmigración, INS.
Realmente es poco probable que sea producto de un solo factor, ya que actúan numerosas tensiones y oposiciones que al unísono explican tal problemática.
La inmigración hoy en los Estados Unidos continúa marcada por altas tasas, que junto a las también altas tasas de natalidad entre los negros americanos y algunos grupos de hispanos, donde por cierto no se encuentran los cubanos, en unión de las bajas tasas de natalidad entre los blancos, hace que en la actualidad los blancos americanos que descienden de los primeros inmigrantes de Europa, estén bajando en proporción dentro de la población americana. (12)
Aunque siguen siendo la mayoría de la población, entre 1980 y 1990 su proporción bajó muchísimo en comparación con lo que sucedió con otros grupos. Entre 1980 y 1990 la población total creció en un 8,9 por ciento, pero la blanca sólo creció en un 6 por ciento, la asiática en un 18 por ciento, la hispana en un 53 por ciento, los negros en un 13 por ciento y los indios nativos en un 38 por ciento. (13)
En 1990 con una población total de casi 250 millones, los blancos eran el 76 por ciento, los negros el 12 por ciento, los hispanos alrededor del 9 por ciento, los asiáticos ocupaban el 3 por ciento y los indios eran poco menos del 1 por ciento de la población total.
De continuar este comportamiento con relación a la inmigración y la natalidad en cada uno de los grupos étnicos y raciales, lo cual será verificado por el próximo año con el Censo del 2000, para el 2010 se producirían cambios de relevancia que implicarían una proyección para el 2050, donde la población latina en particular, llegue a ser el 23 por ciento, los asiáticos el 9, los negros el 14 por ciento y los blancos americanos sean apenas el 53 por ciento de la población total del país, con el consecuente impacto provocado por la inmigración y las etnias.(14).
Tal pronóstico sin dudas moviliza la opinión pública norteamericana e incide directamente en la formulación de la política inmigratoria de los Estados Unidos.
EL CASO CUBA EN EL CONTEXTO INMIGRATORIO DE ESTADOS UNIDOS
Entre Cuba y Estados Unidos existen históricas relaciones migratorias. Estas relaciones son determinadas por factores geográficos, económicos, políticos, y sociales. Se conoce que antes de la colonización ya existían vínculos entre los aborígenes de la isla y los del sur de la Florida.
A partir de 1820 se produce la presencia de cubanos con cifras de alguna significación, más de 1.000 personas; para 1870 el monto de cubanos inmigrantes se incrementa arribando a casi 12.000 de los cuales cerca de 4.500 residían en Nueva York, unos 3.000 Nueva Orleans, y 2.000 en Cayo Hueso, entre las ciudades más representativas. Los factores que provocaron estas migraciones tenían como elemento generalizador las contradicciones políticas y la situación económica por la cual atravesaba Cuba, que como es conocido se agudizan a partir de 1860, cuando el factor político tiene un rol preponderante en las salidas de cubanos al exterior, como resultado de la agudización de las contradicciones con la metrópoli española. (15)
Para 1890 más de 20.000 cubanos van a residir en Cayo Hueso y Tampa, en comunidades de trabajadores tabaqueros, ampliando más aún la presencia de inmigrantes de origen cubano en los Estados Unidos. Sin embargo, la segunda mitad de la década de los noventa del siglo XIX marcó el descenso de la población emigrada cubana, donde una parte importante de ésta regresa a la isla a combatir por la independencia. El fin de la guerra, acentúa la integración de los inmigrantes cubanos a la sociedad norteamericana, cuya cifra no había aumentado significativamente y rondaba por entonces a más de 12.000 personas.
Con la llegada del siglo XX se enfatiza la tendencia emigratoria de Cuba y se convierte en predominante a partir de inicios de la década del 30, con destino primordial en Estados Unidos. En los años 20 y 30 la emigración desde Cuba y hacia territorio estadounidense la integran básicamente sectores trabajadores en busca de opciones laborales, presentes en Nueva York y Nueva Jersey, siendo migrantes laborales, que clasifican como trabajadores y se igualan al resto de los migrantes del área en esa época. De esta forma emigran más de 40.149 en la primera década alentados a su vez por las facilidades inmigratorias norteamericanas para la época y más de 43.400 hasta fines de los años 30s.(16)
Con posterioridad se mantiene el flujo de cubanos hacia Estados Unidos, con alzas y bajas acorde tanto a la situación interna de los años 40s y 50s en Cuba, como a las políticas inmigratorias de Estados Unidos, el sentimiento antiinmigrante y su actuación intermitente en el espectro migratorio de este país.
El migrante cubano de estos años lo integraba además de algunos sectores trabajadores, una pequeña masa de la población que contaba con algún recurso para salir del país y vivir en el exterior. El territorio norteamericano, se constituía a su vez en escenario predilecto de la burguesía cubana y los sectores medios de la sociedad, para enviar a sus hijos a estudiar, pasar vacaciones y poner parte de su capital para establecer pequeños y medianos negocios.
De esta forma se construye un amplio espectro de interrelaciones entre la sociedad norteamericana y la cubana, en el cual las experiencias migratorias y redes de parentesco existentes, se mezclan con otros procesos en el orden subjetivo, que se conjugaba con un intenso intercambio de pasajeros y otras formas de atracción de la sociedad receptora hacia la emisora, de un país atrasado a uno de los más desarrollados en el mundo.
La población de origen cubano registrada oficialmente en Estados Unidos para 1958 rondaba la cifra de unas 125.000 personas incluyendo a los descendientes, de los cuales más de 50.000 permanecieron en territorio norteamericano con posterioridad al triunfo de la Revolución Cubana. (17).
Estudios al respecto plantean incluso la posibilidad de que el flujo de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos se incrementaría de no triunfar la Revolución y de esta forma Cuba ocuparía un lugar de relevancia en el contexto migratorio del Caribe y de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, aunque por supuesto, sin llegar a la situación referida de la inmigración mexicana, y por ende no requerir de un especial tratamiento.
Con el triunfo de la Revolución en 1959, el tema migratorio recibe un impacto medular, en especial hacia los Estados Unidos. Nuevas y conflictivas relaciones migratorias se conforman a partir de que ese territorio seguirá siendo el principal receptor de la emigración cubana, pero a la vez Estados Unidos se convierte en antagonista y enemigo del proceso revolucionario, utilizando la emigración en función de sus objetivos hacia la Revolución Cubana.
De esta forma se transita de una política inmigratoria que estaba inserta dentro de los marcos regulatorios generales para diferentes regiones del planeta, en especial el área del Caribe, como ya hemos señalado, a otra, diseñada desde los años 50s para beneficiar a los migrantes del entonces campo socialista tendiente a erosionar sus filas.
La política migratoria se convierte en un componente importante de la política de Estados Unidos hacia Cuba a partir de 1959, y a la vez el tema migratorio es un elemento que propicia el diálogo y entendimiento entre ambas partes como lo demuestra la historia de estos 40 años.
Se establece una política inmigratoria que aplica abiertamente la categoría de refugio político, bajo el diseño establecido en circunstancias especiales a inmigrantes procedentes del campo socialista, la cual crea una presión migratoria crítica, que se libera como una especie de válvula de escape, produciendo cada vez un nuevo ciclo migratorio, siempre acorde a las situaciones internas en la isla durante todos estos años.
El efecto de estas oleadas migratorias es uno de los fenómenos más característicos de las relaciones entre los dos países y forma parte de escenarios recurrentes en esta historia, que refleja a la primera oleada migratoria, 1959 -1962, integrada por aquellos vinculados directamente en el plano político, militar y económico con la dictadura de Fulgencio Batista, y con sectores prominentes relacionados con el capital norteamericano. En este período emigran más de 274.000 personas. De éstos una parte de los primeros 70.000, lo hacen prácticamente sin mediar trámites migratorios. (18).
Acorde a la estrategia trazada, estos inmigrantes recibieron las facilidades inmigratorias necesarias, autorizándose incluso a entidades y personas en Estados Unidos, como la Iglesia Católica, para otorgar visas waivers - concebidas para casos de extrema emergencia - a partir de la ruptura de las relaciones diplomáticas por Estados Unidos en 1961.
A ello se unía la aplicación de una política asistencial preferencial cuyo punto culminante se produce en ese propio año con la aprobación del Programa de Refugiados Cubanos, elaborado a partir de la experiencia con el tratamiento a los refugiados húngaros de 1956. El Programa para los cubanos alentaba la emigración desde Cuba y disponía hasta su conclusión en 1975, de algo más de 100 millones de dólares anuales. (19)
Los resultados de la Crisis de Octubre en 1962, incluyendo la declaración de bloqueo y el anuncio de la suspensión de los vuelos directos entre ambos países, modificarían la visión de Estados Unidos acerca de la temporalidad de la Revolución Cubana - a lo que se unía la derrota en Bahía de Cochinos- provocando un cambio en el tratamiento del tema migratorio.
De esta forma se produce la interrupción del flujo migratorio, con la consecuente acumulación de un potencial migratorio sin salida por vía legal y la presencia del fenómeno de la emigración ilegal, aceptada y bienvenida por Estados Unidos, y que ascendió a más de 30.000 personas entre 1962 y 1965. (20). Ya desde esos momentos, la expectativa de emigrar por esa vía, con un máximo de seguridad de ser recibido y obtener un trato preferencial, fue un elemento desestabilizador de la sociedad cubana, utilizado recurrentemente, y complementado con una extensa propaganda.
Ante tal escenario se producen los acontecimientos de Camarioca en Octubre de 1965, a partir de que el gobierno de Cuba autoriza a que los emigrados que pudieran viajar a recoger a sus familiares en la isla, lo hicieran, habilitándose el mencionado pequeño puerto en la provincia de Matanzas, por donde emigran entre esa fecha y noviembre de 1965 cerca de 2.700 personas. Estos hechos llevan a que se realice el primer encuentro entre ambas partes para tratar el tema migratorio, produciéndose la firma del Memorándum de Acuerdo. (21), el cual propició la implementación del puente aéreo denominado "Vuelos de la Libertad", por el que emigraron más de 268.000 personas.
La revisión del contenido del Memorándum firmado, indica los niveles de preferencia establecidos por Estados Unidos para la transportación de estas personas acorde a los requisitos inmigratorios de la época en ese país.
La emigración cubana de esta oleada tendrá un componente importante de tales elementos, al tener el 90 por ciento de los migrantes familiares en Estados Unidos y estar integrada por una fuerte presencia de profesionales y técnicos de calificación.
Casi año después del inicio del puente aéreo, en noviembre de 1966, se firma en Estados Unidos la Ley de Ajuste Cubano, (22), en la cual se reafirma de manera más clara y directa el tratamiento particular para la emigración cubana, al concederle asilo político de forma casi automática, eximiéndole de las cuotas por países que establecía la Ley Inmigratoria en ese país desde 1965. La Ley daba la posibilidad de ajustar el estatus migratorio al año y un día de permanecer en territorio estadounidense optando por la residencia sin tener que salir de Estados Unidos, tal y como lo establece la Ley Inmigratoria para el resto de los inmigrantes.
En la práctica esta Ley intentaba además abaratar el costo del referido Programa de Refugiados Cubanos, facilitando la obtención de la residencia en Estados Unidos de los cubanos y acortando el plazo de obtención de la ciudadanía, lo cual realmente fue efectivo al desaparecer el Programa de Refugiados Cubanos, y convertirse la Ley en factor que estimula el fenómeno de las salidas ilegales desde Cuba.
En la legislación inmigratoria norteamericana, existe una definición tradicional de refugiado, a partir de ser una persona que huye de cualquier país controlado por los comunistas, por persecución o temor a ser perseguido y que no quiere regresar a su país debido a esa persecución o al miedo a ella. Puede ser alguien que sufra tal acción por motivos raciales, religiosos, laborales entre otros, e incluso que haya sido afectado por catástrofes naturales o militares.
Para 1980 como hemos apuntado, esta legislación se adecua a los requerimientos de las Naciones Unidas al respecto, cuando se pone énfasis en el sentido de las personas que no pueden regresar a su país sin temor a la persecución.
El tratamiento hacia Cuba lo continúa definiendo la política hacia los "países comunistas", aunque los inmigrantes cubanos que arriben violen la legislación norteamericana y no obstante no sean considerados indocumentados, ni objeto de restricciones que sí afectan a otros grupos de inmigrantes como los mexicanos y centroamericanos.
En la década de los 70s crece en Estados Unidos una reacción contraria a los inmigrantes dentro de una compleja situación política nacional e internacional, marcada por el aumento de la incertidumbre económica en esa nación. No era éste un contexto favorable para mantener una política altamente beneficiosa con el flujo de inmigrantes procedentes desde Cuba, las condiciones estaban dadas para que en 1973 el presidente Nixon cerrara el puente aéreo llevando la cuestión migratoria entre las dos partes nuevamente al estado que tenían en 1965.
Para entonces ya existía una emigración y una comunidad asentada en el sur de la Florida, habían emigrado más de 600.000 personas, pertenecientes a los sectores privilegiados por Estados Unidos y que con su apoyo determinante, presentaba niveles de éxito económico comparativamente superiores al de otras comunidades de origen latino y caribeña y se constituían en factor de atracción para nuevos migrantes desde la isla.
A estos factores se unían otros relativos tanto al problema de la reunificación y relación familiar en el tema migratorio, como a la situación económica y social de Cuba en la década de los 70s.
En el plano del diferendo entre Estados Unidos y Cuba, se presentaba una situación desde fines de la administración Ford, y en particular durante los dos primeros años del gobierno del presidente Carter, matizada por el relajamiento de tensiones, marco mucho más propicio para la realización por Cuba del Diálogo de 1978 celebrado a fines de año, entre el gobierno cubano y un grupo de cubanos residentes en el exterior, que contribuyó decisivamente a un nuevo enfoque de la isla en su política de relación y reunificación familiar con la emigración.
Cada uno de estos elementos jugó un rol importante en el panorama migratorio, en medio de una situación de ruptura del flujo desde Cuba hacia Estados Unidos, desde la cancelación por Estados Unidos del puente aéreo en 1973, matizado además por la presencia de salidas ilegales y la acogida de estos migrantes por las autoridades inmigratorias norteamericanas a inicios de 1980. Este fue parte del escenario de los acontecimientos del Mariel en ese año.
Las 125.000 personas que emigraron a través del Mariel marcan un cambio en los componentes sociodemográficos de los emigrantes cubanos hacia Estados Unidos, en tanto reflejan a la sociedad cubana de la época, tienen menos familiares en ese país, pertenecen a sectores sociales diferentes al que pertenecían las primeras oleadas, aumenta el componente de personas negras y mestizas y mantienen vínculos más estrechos con la sociedad cubana donde las prioridades políticas y motivaciones también los diferencian de sus antecesores. (23)
En comparación con las anteriores, el impacto de esta oleada fue diferente en Estados Unidos y en especial en el sur de la Florida. No es una emigración tan deseada, ni pertenece a los mismos estratos sociales, por lo que se convierte en un elemento de heterogeneidad social y polarización clasista en el interior de la comunidad cubana.
Desde el ángulo de los Estados Unidos, el Mariel ocurre en momentos en que prevalecen sentimientos antiinmigrantes, reflejados en la Ley para los Refugiados, aprobada en 1980,
Los acontecimientos del Mariel, aumentan el temor ante una inmigración masiva e incontrolada desde Cuba, alterando los códigos de la opinión pública norteamericana sobre el tema de los inmigrantes cubanos.
En particular 2.746 emigrantes del Mariel calificarían como excluibles por las autoridades norteamericanas para emigrar a Estados Unidos e incluso fueron encarcelados desde el mismo arribo, por sus antecedentes penales.
De esta forma, a partir del Mariel se inició la época de la aplicación de políticas restrictivas y selectivas a la emigración por la vía legal desde Cuba. Reflejo de ello serían los Acuerdos Migratorios entre Estados Unidos y Cuba firmados en 1984.(24)
La firma de los Acuerdos del 84 tenía para cada parte una significación especial.
Para Cuba era la posibilidad de normalizar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, a partir de la existencia de un potencial migratorio y directos procesos de atracción desde el exterior, en términos de igualdad con el resto de los países del mundo sobre la base de lo estipulado por la legislación norteamericana, se incluía en este caso la búsqueda de una posible solución al problema de las salidas ilegales, lo cual en la práctica nunca se logró.
Para Estados Unidos, inmersos en el control y políticas antiinmigrantes, significaba incluir el "caso cubano " en el contexto más general de las regulaciones de las relaciones migratorias con diferentes regiones y países en el mundo, a partir de considerar la cuestión migratoria como un problema para la seguridad nacional norteamericana. En ese contexto, el tratamiento de la emigración legal desde Cuba pasaba por el intento de mantener políticas que impidieran la repetición de las consecuencias negativas similares a las que tuvo el Mariel.
Las prioridades y niveles de calificación establecidos por las regulaciones inmigratorias estadounidenses para la época serían estampadas con todo rigor en los Acuerdos y con posterioridad igualmente aplicadas, por lo que el máximo de la cuota de 20.000 visas de inmigrantes anuales para Cuba, estaba siempre condicionado al comportamiento de las características de los migrantes cubanos ante las reglamentaciones de calificación para inmigrar. En ello era determinante la composición de quienes pretendían emigrar y el grado de parentesco que tuvieran en Estados Unidos, ambos aspectos distaban en repetidas ocasiones de lo deseado y estipulado por Estados Unidos.
La aplicación inflexible de tales parámetros, permitió que entre 1985 y 1990, sólo pudieran emigrar legalmente a los Estados Unidos 7.428 cubanos por los Acuerdos Migratorios, de una cifra que debía llegar a las 100.000 personas. (25).
A diferencia del Memorándum de Acuerdo de 1965, ahora existía un alto grado de incompatibilidad entre los requerimientos inmigratorios norteamericanos y las características de los potenciales emigrantes cubanos, que lastraba e impedía el cumplimiento de otorgar visas de emigrantes legales a los cubanos.
Mientras, los emigrantes que salían ilegalmente desde la isla, continuarían arribando a territorio estadounidense y entonces, sí calificaban a tenor del tratamiento de refugiado político que la propia administración norteamericana les daba. La Ley de Ajuste Cubano con posterioridad les garantizaba una rápida inserción en la sociedad estadounidense, con el apoyo de la comunidad cubana.
En la práctica dos elementos muy diferentes y contradictorios estaban en juego en el caso de la política inmigratoria de Estados Unidos hacia Cuba.
No obstante lo señalado, el fenómeno de las salidas ilegales no reportaría incremento hasta 1989 y con mayor presencia desde 1991 en que irrumpe con fuerza la crisis económica en la sociedad cubana, resultado de causas bien conocidas.
La cifra de personas inmersas en el fenómeno de las salidas ilegales, entre arribantes a Estados Unidos y aquellos a los cuales se les frustraba el intento, ascendería entre 1985 y 1994 a 82.500, de ellas más de 60.000 se ubican entre 1991 y 1994, año de la "crisis de los balseros ". (26)
Previo a la crisis del 94, se apreciaba otro interesante comportamiento por parte de Estados Unidos, relacionado con el proceso de otorgar visas de estancias temporales de ciudadanos cubanos para visitar familiares en ese país. Desde finales de los ochenta comenzaría a reducirse significativamente el número de visas otorgadas por este concepto, aduciéndose que muchos de los solicitantes podrían constituirse en posibles inmigrantes al llegar a territorio norteamericano.
De esta forma a inicios de los noventa, se llegaban a denegar el 40, 60 y hasta el 80 por ciento de las solicitudes, creando una situación adicional a la interrupción del flujo migratorio legal desde Cuba y al fenómeno de las salidas ilegales, que en definitiva actuaba complicando aún más el panorama de las relaciones migratorias entre ambas partes y creando nuevos potenciales emigrantes ante la imposibilidad de visitar a sus familiares.
Al producirse la crisis de los balseros en agosto de 1994 y emigrar desde inicios de año y hasta principios de septiembre 36.900 personas, se estaba produciendo una nueva oleada migratoria desde Cuba hacia Estados Unidos, cuyos migrantes representaban la continuación de los cambios operados con los del Mariel de 1980, la cual estaba marcada por las particularidades de la crisis económica por la que atravesaba la sociedad cubana.
En su mayoría se trataba de personas jóvenes, varones blancos, con alto y medio nivel cultural, motivados esencialmente por aspiraciones de realización personal que estimaban no podían satisfacer a corto plazo dada la situación imperante en Cuba. En la práctica reflejaban un momento histórico diferente y por ende era también diferente la composición de los migrantes y las motivaciones que los impulsan. (27).
La presión del fenómeno de las salidas ilegales desembocó en determinados desórdenes sociales que conllevaron a que el 12 de agosto el gobierno cubano decidiera eliminar las restricciones a las salidas ilegales.
Ante ello, los Estados Unidos temerosos de las consecuencias de tal oleada inmigratoria tanto para el sur de la Florida, como para el país en su conjunto, con posibles afectaciones para la reelección del propio presidente Clinton, dieron un viraje en su política inmigratoria hacia Cuba, impidiendo la entrada de los balseros a su territorio. De esta forma se rompía con el accionar de más de 35 años, no teniendo derecho los ilegales cubanos, por estar fuera de territorio estadounidense, a los beneficios del refugio político y menos aún de la Ley de Ajuste Cubano. Los territorios de Panamá y la base naval de Guantánamo ocupada a Cuba, acogerían a cerca de 30.000 de estas personas.
Por otra parte, el contexto antiinmigrante de los Estados Unidos desde los ochenta, como se ha explicado, propiciaba tales medidas.
Eran circunstancias de la política interna de Estados Unidos, sumamente propicias para no excluir al caso cubano e intentar cortar el trato preferencial que se mantenía a sus emigrantes ilegales.
Los cubanos no eran en cifras un problema de significación en el tema inmigratorio norteamericano, en 1990 habían ocupado el lugar 16 entre 20 países que aportaban inmigrantes a Estados Unidos y los récords de ilegales tampoco figuraban entre los mayores al compararlos con los inmigrantes indocumentados haitianos, mexicanos o asiáticos en igual período.(28).
La administración de Clinton maniobraba entre las presiones de la derecha cubanoamericana, opuesta a la reclusión de los "balseros" en Guantánamo, y exigía incrementar las medidas contra Cuba y una parte significativa de la opinión pública de Estados Unidos, a favor de la búsqueda de una solución al problema y la instrumentación de medidas encaminadas a lograr la normalización de las relaciones migratorias entre los dos países.
Finalmente prevalecerían los intereses de la política interna norteamericana y se iría a la mesa de las negociaciones con Cuba.
La dinámica de las relaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba requería la firma de los Acuerdos. (29).
Los Acuerdos del 94 se refieren en primer orden al control de la emigración ilegal desde Cuba por vía marítima hacia los Estados Unidos, que significaba un cambio sustancial de la política norteamericana con respecto a la isla. Ambas partes se comprometen a impedir el uso de la violencia en el acto de emigrar.
Ahora se partía de la cifra de 20.000 visas para otorgar a emigrantes cubanos, pero como mínimo, incluyendo para su cumplimiento en el primer año la utilización de un grupo de prerrogativas que otorga la propia legislación inmigratoria norteamericana, en unión del establecimiento de un sorteo o lotería especial para Cuba, al margen del que realizan anualmente para todo el mundo(denominado sorteo internacional) y por el cual también pueden presentarse casos de emigrantes cubanos.
En particular la utilización del sorteo - lotería, da la posibilidad a Estados Unidos tanto de ampliar la posibilidad de emigrar a diferentes sectores de la sociedad cubana que no califican o no lo hacen en las primeras prioridades para obtener una visa de inmigrante, como realizar e incluso mantener un levantamiento de potencial migratorio en Cuba, con la sistematicidad que se considere oportuno. Permite a su vez orientar el proceso de otorgar visas hacia aquellos sectores poblacionales que más puedan interesarles y que en la práctica lo constituyen migrantes jóvenes, con preparación cultural y profesional, mayoritariamente blancos y que en sentido general no constituyen una carga pública para los Estados Unidos pudiéndose insertar en breve plazo en el mercado laboral. (30)
En este proceso intervienen más recientemente y de forma decisiva, las nuevas regulaciones inmigratorias Norteamérica, orientadas a garantizar la solvencia económica de aquellos ciudadanos norteamericanos y residentes en Estados Unidos que soliciten a extranjeros como inmigrantes, aspecto que ha sido aplicado por igual a todos los cubanos de la última oleada a partir de 1996. (31)
No obstante, con el cumplimiento de los Acuerdos desde 1994 a la fecha, Cuba logra establecer un flujo migratorio legal, ordenado y regular hacia Estados Unidos controlando en gran medida el fenómeno de las salidas ilegales, aunque no eliminándolo.
Desde 1995 y hasta el primer semestre de 1999 han sido otorgadas más de 94.000 visas para emigrantes cubanos, (32), ocupando un lugar importante en este proceso las calificaciones por el sorteo, las relaciones familiares con la emigración y los familiares que conviven con aquellos que obtienen el visado como inmigrante. De ellas cerca de 86.400 han sido ya utilizadas por los beneficiarios, como muestra del cumplimiento por la parte cubana de permitir la emigración ordenada y regular hacia Estados Unidos, no obstante significar un reto en el orden demográfico, social e incluso político para el país.
De los acontecimientos de agosto del 94 quedaba pendiente un tema, la situación de las personas recluidas en Guantánamo y Panamá. De ahí que se realizaran nuevas conversaciones y el 2 de mayo de 1995 se diera a conocer la firma de una ampliación de los Acuerdos, (33) que incluía la admisión paulatina en Estados Unidos de estos cubanos, descontándose 5.000 anualmente de la cifra de
20.000 visas estipuladas en el Acuerdo, hasta completar la cifra de balseros que estaban en esta situación y serían admitidos en territorio norteamericano.
Con la Declaración Conjunta de mayo de 1995, además se reforzaba el cierre a la emigración ilegal por vía marítima desde Cuba hacia Estados Unidos, con el compromiso de éstos de enviar a la isla a los "balseros" capturados en alta mar y de Cuba de recibirlos sin tomar medidas contra ellos por el acto de intentar salir del país ilegalmente. Hasta el primer semestre de 1999 habían sido devueltos por las autoridades estadounidenses a Cuba, más de 2.300 personas capturadas en alta mar y unas 370 que intentaban penetrar por la Base Naval de Guantánamo.
El cumplimiento de los Acuerdos marca pautas en el orden de la regulación migratoria entre ambas partes. Estados Unidos mantiene niveles de preferencia a los inmigrantes cubanos, que se refieren tanto a otorgar más de 20.000 visas de inmigrantes, cifra que en ocasiones es distribuida a regiones que aportan muchos más migrantes a territorio estadounidense que Cuba, como de manera particular el ya referido sorteo - lotería. Sin embargo, tales preferencias se justifican en el marco de la conflictividad que asumen las relaciones migratorias entre los dos países.
Otra situación ocurre cuando se observa la presencia aún de la Ley de Ajuste Cubano y más concretamente de su efecto sobre el fenómeno de las salidas ilegales desde Cuba por vía marítima hacia Estados Unidos. La aplicación de los Acuerdos ha detenido de manera significativa las posibles avalanchas de este fenómeno, pero no puede cerrar definitivamente esta puerta, ya que el emigrante cubano que consigue arribar a territorio norteamericano por esta vía, burlando al Servicio de Guarda Costas, tiene ante sí excelentes opciones para no ser enviado de vuelta a Cuba. Se encuentra en territorio norteamericano y a su favor actúa el tratamiento que históricamente se mantiene calificando a los cubanos como "refugiados políticos", a lo cual se añade la existencia de la Ley, propiciando el ajuste de su estatus inmigratorio, sin olvidar las presiones de todo tipo que sectores de la ultra derecha de la comunidad cubanoamericana realiza ante cada uno de estos casos, para su admisión por Estados Unidos.
El problema de los inmigrantes ilegales cubanos que arriban a Estados Unidos se mantiene latente, e incluso desde 1998 asume el delicado y peligroso componente de tráfico ilegal de personas, organizado y financiado por grupos de cubanoamericanos del sur de la Florida, a riesgo de vidas humanas envueltas en tales procedimientos. Entre 1997 y el primer semestre de 1999 han arribado a costas de la Florida alrededor de 2.900 personas (34).
Desde otro ángulo, el tratamiento a los inmigrantes procedentes de Cuba, resulta totalmente fuera de lugar en el contexto inmigratorio de Estados Unidos para fines del presente siglo, como se puede apreciar en el análisis realizado acerca de la situación inmigratoria en ese país.
En el tema migratorio entre ambas partes interviene también, la política por parte de Estados Unidos hacia Cuba, donde el bloqueo a la isla continúa siendo la principal arma y fuente de contradicción, que sirve de fundamento a la aplicación del refugio político para el inmigrante cubano, independientemente de que las causas y motivaciones de los actuales migrantes varíen significativamente de las de hace 40 años .
No obstante el camino adelantado en el tema migratorio, Cuba continúa dentro del esquema de la "guerra fría" y el enfrentamiento al anticomunismo que caracterizó el tratamiento de la política inmigratoria norteamericana en el tema del refugio político en la década de los 50s y 60s del presente siglo.
Tal esquema tiene una extemporaneidad evidente que afecta tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de Cuba y su emigración allí radicada.
En torno a esta emigración, autodefinida en su mayoría como exilio, uno de los mitos que con más fuerza se ha mantenido a lo largo de los últimos 39 años, es el que intenta presentar a todos sus miembros como un grupo homogéneo. Las diferencias clasistas y otras que se derivan de las propias características sociodemográficas que han marcado cada oleada migratoria parecen así perder significación, dando lugar a una imagen distorsionada de los reales procesos de diferenciación y estratificación que se han ido operando en el seno de este asentamiento con posterioridad a 1959. (35)
No es propósito de este trabajo analizar las causas y condiciones concretas que estuvieron asociadas al surgimiento de este mito, las cuales tuvieron un basamento objetivo si se toma como punto de referencia tanto el contexto social, económico y político que presentaba la sociedad receptora durante los años 60s y 70s, como si se analizan los rasgos que caracterizaban a las dos primeras oleadas de emigrantes cubanos en términos de su capital humano, social y económico(36).
En 1990 el Censo de Estados Unidos registró que residían en ese país un total de 1.043.932 personas de origen cubano entre inmigrantes y sus descendientes (o segunda generación)(37). Estos últimos apenas constituían el 27,5 por ciento de la población total de cubanos, por lo que en su gran mayoría esta comunidad la conformaba entonces y sigue siendo de esta forma, la población que emigra desde Cuba.
De 1990 a la fecha esta cifra se ha visto incrementada considerablemente. La diversificación de las vías que se han utilizado para emigrar en la actual década, los Acuerdos del 1994 y su cumplimiento por ambas partes, así como el propio crecimiento natural de la población cubana en Estados Unidos, entre otros factores, han condicionado tal crecimiento.
Según estimados realizados (38) entre 1990-94 la población cubana en Estados Unidos debió haber crecido en aproximadamente 70 mil personas que ingresaron en los 4 años, más alrededor de 40 mil como consecuencia del crecimiento natural de la población. Ambas cifras sumadas a 1.043.932 sujetos censados en 1990, nos acerca a 1.153.932 en 1994.
El Statistical Abstract of the United States 1997 nos dice por su parte, que la población de origen cubano ascendía en 1995 a 1.156.000 entre inmigrantes y descendientes.
Una cifra más exacta y actualizada resultado de un estudio al respecto nos permite concluir que esta población debe estar ya por encima de los 1,2 millones de personas, si tenemos en cuenta las salidas que se han producido durante 1998 y hasta los primeros 6 meses de 1999.
Este proceso de estratificación debe continuar manifestándose, toda vez que en virtud de los acuerdos migratorios de 1994, es de esperar el arribo a Estados Unidos de alrededor de 20 mil nuevos inmigrantes procedentes de Cuba anualmente. Como recién llegados, no sólo están sujetos al normal proceso de adaptación e inserción en la sociedad que los recibe, sino que además, tendrán que enfrentar un contexto mucho menos favorecedor que aquel que recibió a los que les precedieron.
El patrón de asentamiento histórico de los cubanos que llegan a Estados Unidos, caracterizado por la concentración en el sur de la Florida, no parece tener variaciones con las personas que han emigrado en los años 90s. Ello aumenta la visibilidad del grupo al no diluirse en el resto del territorio norteamericano, por lo que es de esperar que se hagan más evidentes las diferencias socioclasistas al interior de la comunidad.
Las diferencias más significativas en este orden pueden observarse en tres grupos: la segunda generación, los emigrados que arribaron antes de 1980 y aquellos que lo hicieron con posterioridad al éxodo del Mariel y hasta 1990. (39)
El tránsito de una primera a una segunda generación migratoria ha ido acompañado hasta el momento de una movilidad social ascendente, la cual se expresa en que, como tendencia, los miembros de la segunda generación de las oleadas migratorias anteriores a 1980, ocupan los mejores puestos de trabajo y reciben los más altos ingresos, como grupo.
Este proceso para la segunda generación migratoria de los que emigraron en 1980 y con posterioridad, podría seguir un curso diferente, en tanto los cambios experimentados en las condicionantes que inciden en la movilidad social de estas personas. Ello indica además que la segunda generación en sí misma sería heterogénea en su composición.
El análisis de la oleada migratoria de 1980-Mariel), pone de manifiesto que la misma presenta una situación que la ubica en algunos indicadores analizados, tanto por debajo de los migrantes que le antecedieron, como incluso en peor situación con respecto a los que han arribado con posterioridad.
Tanto por los datos valorados, como a partir de la observación participante, parecieran existir grupos altamente vulnerables como son los casos de los cubanos no blancos y los ancianos que viven solos, particularmente las mujeres. Sobre estos grupos se deben realizar estudios en tanto aportan significativamente a la heterogeneidad del grupo de migrantes.
La localización geográfica de los cubanos en Estados Unidos ubica al 64,5 por ciento de su población total en el estado de la Florida. Es de esperar que esta cifra, así como el total de cubanos residentes en el país haya experimentado variaciones significativas durante los años 90s.
Las posibles modificaciones en la ubicación geográfica de los cubanos en Estados Unidos y en particular fuera de la Florida, así como la existencia de nuevos migrantes y de segundas generaciones de éstos, los cuales se socializan en condiciones bien diferentes a los que les antecedieron, son factores a considerar para un estudio de su cultura política y posición en relación con el tema migratorio entre Estados Unidos y Cuba.
Pareciera que la relación migratoria entre Estados Unidos y Cuba se proyecta para el inicio del próximo siglo con la reproducción de varios de sus patrones históricos y el posible cambio de otros, en tanto se modifique o no la dinámica del diferendo bilateral entre los dos países.
REFERENCIAS
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23.Gomis Redi , Hernandez Rafael. Retrato del Mariel: El ángulo socioeconómico.CEA. La Habana. 1986.
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AUNA - Cuba. Análisis de Coyuntura. Año 2. No.10. Nov.1998.
28.Anuario Estadístico del INS.U.S. 1992.
29.Conversaciones Cuba - Estados Unidos.Comunicado Conjunto. La Habana 10 de septiembre de 1994.
30.Idem 26.
31.Se refiere a las regulaciones inmigratorias aprobadas em 1997.
32.Estudios realizados por el CEAP.Universidad de La Habana. 1999.
33.Sobre Declaraciones Migratorias.Declaración Conjunta Cuba Estados Unidos.2 de mayo de 1995.
34.El Nuevo Herald. 31-8-99
35.Díaz Marta , Aja Antonio. Análisis comparativo de la Emigración Cubana hacia Estados Unidos según años de entrada. CEAP. Universidad de La Habana. Octubre de 1998.
36.Idem.34, referencia 1.
37.Idem.34, referencia 2.
38.Idem 34. Referencia 3.
39.Idem.34.
Fidel Pérez, practicante de la permacultura, produce en el patio de su casa en un suburbio de Santiago de Cuba la súpernaranja china. Crédito: Cortesía de Randy Rodríguez Pagés/SEMlac
