Por Jorge Armas
Entrevista a Arturo López-Levy
OnCuba continúa analizando la Ley de Inversión Extranjera. Esta vez Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Denver, reconocido analista político y económico, responde a nuestras preguntas y aporta una reflexión crítica sobre el texto aprobado.
Las garantías certificadas en la Ley son, en el papel, suficientes para atraer la inversión hacia la Isla, preguntado sobre si serían suficiente atractivo y si suscitan la confianza necesaria en los posibles inversores López-Levy responde:
“Es muy temprano para decir. Las garantías de la nueva Ley de Inversión Extranjera son un paso significativo de avance con respecto a su antecesora de 1995 pero el reto no es solo dar garantías al capital sino competir con otros mercados por atraer proyectos de envergadura y a largo plazo. En ese sentido, la ventaja más importante con respecto a la anterior legislación no es el periodo de gracia fiscal, ni las nuevas exenciones por concepto de ingreso y uso de la fuerza laboral, o la reducción de 30 a 15 % del impuesto sobre la ganancia. Es la nueva actitud proclamada como política hacia la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera.
El debate sobre la ley evidenció un mayor entendimiento dentro del gobierno de la competencia existente a nivel mundial por atraer capitales y aumentar las tasas de reinversión de ganancias de los mismos. Hay que recordar que las aperturas de la ley de 1995 nunca fueron usadas a plenitud. El reto ahora está en implementar la ley, con una actitud competitiva y contraria al inmovilismo burocrático y la corrupción, alentando toda la inversión posible que sirva al interés nacional supremo de lograr tasas de crecimiento del 5-7% en el mediano plazo.
Un medidor del impacto de esa nueva actitud estaría en el progreso de las zonas económicas especiales pues allí la frescura de contar con su propia regulación, sin los cuellos de botella heredados de la economía de comando, permite institucionalmente acelerar las oportunidades de inversiones industriales con menor trámite burocrático. El otro estaría en la agricultura donde el gobierno ha proclamado la prioridad pública de una reanimación acelerada como cuestión urgente de sobrevivencia. ¿Cuán flexible será el gobierno con la inversión en esa rama, en la creación de empresas mixtas con el sector no estatal, en la contratación o permitiendo importar maquinaria, pies de cría, etc.?
La experiencia de otras economías en transición demuestra que un problema subestimado por políticos y analistas es la incertidumbre agregada. Aquí es importante mirar el punto inicial de aplicación de la ley con realismo. La incertidumbre asociada al riesgo-país es alta. A los errores, falta de transparencia y desviaciones de los estándares internacionales heredados del pasado de economía de comando, súmese la campaña de desinformación y el acoso del que Cuba y sus socios económicos son víctimas por parte de la primera potencia mundial, Estados Unidos.
Dentro de un año o dos quizás podamos evaluar cuánto de las declaraciones sobre la necesidad de inversión extranjera y más favorables a la competencia en la Asamblea Nacional se ha plasmado en un sector público más eficiente, mejor aplicación de las leyes, con promoción y protección de los nuevos sectores no estatales y sus derechos de propiedad. También podremos saber cuánto de las garantías e incentivos en la implementación de la ley debilitan el embargo estadounidense y alientan a los sectores económicos y gobiernos de otros países a socavarlo”
Se ha hecho más que evidente que la limitación para invertir en pequeños negocios y en el sector del trabajo por cuenta propia es una de las deficiencias notorias de la Ley. Muchos analistas señalan que las economías en desarrollo deben fomentar la micro inversión como herramienta para la creación de economía local y generar empleos. ¿Considera Usted que se debería expandir la inversión hacia este sector?
“La prevención de invertir en pequeños negocios privados y las críticas a la concentración de la propiedad contenidas en los lineamientos del congreso han dañado la marcha de la reforma económica no solo por los negocios que han impedido sino también por las señales que envía.
Es evidente que dada la discrecionalidad que la ley otorga a los consejos de estado y de ministros abrir el espacio de la misma a los pequeños negocios seria sobrecargar aún más ese cuello de botella. Ni el Consejo de Ministros, ni sus funcionarios pueden ocuparse de decidir negocios menores. Es necesario permitir la inversión extranjera en los pequeños negocios pero el gobierno cubano necesita crear la estructura legal, regulatoria y política para que de esas decisiones se ocupen provincias, municipios y organismos sectoriales. Los mayores promotores de ese tipo de negocios son los actores locales, y en esa área también es necesaria una descentralización ordenada, con claras delimitaciones de funciones y oportunidades para la competencia entre las autoridades locales de forma tal que se identifiquen las mejores prácticas no en función de reafirmación ideológica sino de resultados. Aquí es importante que el gobierno central deje a la competencia su papel y que los burócratas y las empresas ineficientes no sean rescatados.
Es desafortunado que mientras el gobierno toma acciones significativas de apertura vuelva a repetir errores como la discriminación para invertir contra los cubanos que viven en la isla. Tales proyecciones perjudican al ciudadano no solo en términos de sus derechos sino también al limitar el desarrollo nacional. Con rezagos como esos (la clausura de las tiendas privadas de ropa importada sin tener una industria textil nacional a proteger es otro ejemplo), se envía la desafortunada señal de que las autoridades no están convencidas aun de la inviabilidad de una economía de comando. El gobierno prioriza sus ingresos monopólicos a través de las tiendas recaudadoras de divisas sobre la creación de un ambiente de competencia económica e iniciativa empresarial.
La delimitación regulatoria entre pequeños y grandes negocios es útil para una estrategia anticorrupción, componente esencial de la reforma, a la hora de lidiar con contratos estatales, privatizaciones de compañías del gobierno, valoración de activos, y otras actividades con oportunidades de rentas. Un mal manejo de las grandes inversiones podría conducir a un ambiente como el de la Rusia de Yeltsin, donde los oligarcas paralizaron ulteriores reformas, y desacreditaron la legitimidad de necesarios procesos de des-colectivización. En Cuba no faltan funcionarios, a los que gustaría iniciar la economía de mercado, con ellos como capitalistas y el resto de la población, como proletarios. No se les debe dar esa oportunidad.
Sin embargo focalizar esfuerzos fiscalizadores y reguladores en las grandes inversiones no es equivalente a subestimar el papel de los negocios pequeños y medianos. Desafortunadamente, esa subestimación ha sido un rasgo reiterado no solo por la nueva legislación sino también por declaraciones de altos funcionarios como los ministros Rodrigo Malmierca y Bruno Rodríguez. Son expresiones de una vieja mentalidad a rectificar si el propósito es la transición a una economía mixta. Hay importantes sinergias entre el auge de los negocios pequeños y medianos y el ambiente general de la economía que los inversionistas grandes toman en cuenta a la hora de decidir dónde poner su capital”
Aunque la Ley admite implícitamente que no existirán limitaciones en relación con la nacionalidad de modo que cubanos residentes fuera de la Isla podrían invertir, debido a la discresionalidad de las autorizaciones aún hay reticencia en este punto. ¿Cree Usted que el Gobierno cubano permitirá fluidamente la inversión de cubanos en la Isla?
“En ese punto soy todavía escéptico. La ley y el debate en torno a la misma ilustró que la actitud hacia los emigrados es mucho más abierta que en 1995 pero la declaración del ministro Rodrigo Malmierca de que “la ley lo permite pero la política no lo promueve” sobre la posible inversión desde Miami es un jarro de agua fría. La frase parece destinada a consolar a los sectores más conservadores y rígidos de la nomenklatura al costo de enviar la peor señal a los sectores empresariales anti-embargo en EE.UU, particularmente en Miami, de que sus capitales no son tan bienvenidos como los demás. Discrepo con el ministro, la ley debería alentar la inversión de cubanos de cualquier parte del mundo, y la política debería promover esa participación cada segundo de cada día de la semana.
Cuba está compitiendo con otros mercados por la inversión de cualquiera que tenga un capital legítimamente adquirido. No hay razón desde un punto de vista nacionalista para que el gobierno cubano no actué de modo pro-activo ofreciendo garantías e incentivos a los cubanos residentes en el exterior más allá de las derivadas de la protección de la seguridad nacional del país. Habrá que ver en los próximos meses cuan pragmática y diferente a las rigideces pasadas es la implementación de la ley con respecto a inversionistas cubanos residentes en países no limitados por las leyes del bloqueo. Una repatriación expedita por ejemplo permitiría la inversión como cubanos en pequeños y medianos negocios. Las zonas económicas especiales pueden permitir a cubanos que residan en otros países invertir su capital como extranjero, dentro de corporaciones registradas en otros países, si así lo prefieren”
Esta Ley es parte de los procesos de transformación y reforma que vive la Cuba de hoy. Los cambios en la manera de funcionar el Estado son evidentes, aunque persisten limitaciones para la iniciativa ciudadana y el pleno funcionamiento de la sociedad civil. ¿Considera usted que los cambios económicos traerán cambios políticos?
“Ya los ha traído. Nótese el ambiente de discusión sobre las políticas públicas y sus efectos en la sociedad en términos de acceso a internet, viajes, impactos en raza y región. Los cambios económicos afectan las dinámicas de relación entre el estado y la sociedad civil, y entre Cuba y su entorno exterior. También potencian el desarrollo de nuevos roles e identidades al interior de la sociedad cubana y en su relación con otras sociedades como los de empresarios, contratistas, sub-contratistas, representantes, y administradores. Ahora, cambios políticos no es un concepto equivalente a cambio de gobierno. Las elites del PCC y las FAR han iniciado este proceso de adaptación estratégica a las nuevas condiciones históricas, no para suicidarse políticamente sino para mantener el poder. Ni una economía mixta ni una mayor apertura al capital nacional e internacional implican regalo alguno a los sectores opositores. Como es de esperar, el gobierno planifica las reformas minimizando sus incertidumbres y vulnerabilidades, aun cuando algunas son inevitables. Los cambios económicos reducen los controles del gobierno sobre la sociedad civil y ofrecen oportunidades para un mayor pluralismo pero eso no significa viabilidad para la estrategia plattista de cambio de régimen impuesto desde fuera y financiados según la ley Helms-Burton. De hecho, los mayores adversarios de la reforma son los partidarios del embargo, saben que de triunfar la misma, sería su derrota definitiva”
Los posibles inversores norteamericanos están impedidos de participar de la apertura económica de Cuba debido a las leyes que sustentan el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Hay cierto optimismo en que esta Ley, unida a los cambios económicos en Cuba podría precipitar cambios en esa política absurda. Únase a que el embargo no sólo limita a empresarios norteamericanos; debido a la extraterritorialidad de la misma afecta también a inversionistas de terceros países. ¿Considera Usted que podría propiciar cambios en la política de EE.UU. hacia Cuba?
“Depende de la implementación de la ley. Una implementación cerrada dará munición a los que presentan en EE.UU una Cuba inmovilista, como una economía de comando, cerrada al estilo de Corea del Norte y anclada en la guerra fría. Una implementación pro-activa sería un acicate para las apetencias empresariales de amplios sectores de la comunidad cubano americana y de EE.UU. Con o sin partido único en Cuba, el lobby pro-embargo no tiene espalda para contener el buldócer de una comunidad de negocios estadounidense y cubano-americana motivada a tener una relación de comercio e inversión con Cuba. Como gustaba decir al presidente Calvin Coolidge, The bussiness of America is business”.
OnCuba continúa analizando la Ley de Inversión Extranjera. Esta vez Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Denver, reconocido analista político y económico, responde a nuestras preguntas y aporta una reflexión crítica sobre el texto aprobado.
Las garantías certificadas en la Ley son, en el papel, suficientes para atraer la inversión hacia la Isla, preguntado sobre si serían suficiente atractivo y si suscitan la confianza necesaria en los posibles inversores López-Levy responde:
“Es muy temprano para decir. Las garantías de la nueva Ley de Inversión Extranjera son un paso significativo de avance con respecto a su antecesora de 1995 pero el reto no es solo dar garantías al capital sino competir con otros mercados por atraer proyectos de envergadura y a largo plazo. En ese sentido, la ventaja más importante con respecto a la anterior legislación no es el periodo de gracia fiscal, ni las nuevas exenciones por concepto de ingreso y uso de la fuerza laboral, o la reducción de 30 a 15 % del impuesto sobre la ganancia. Es la nueva actitud proclamada como política hacia la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera.
El debate sobre la ley evidenció un mayor entendimiento dentro del gobierno de la competencia existente a nivel mundial por atraer capitales y aumentar las tasas de reinversión de ganancias de los mismos. Hay que recordar que las aperturas de la ley de 1995 nunca fueron usadas a plenitud. El reto ahora está en implementar la ley, con una actitud competitiva y contraria al inmovilismo burocrático y la corrupción, alentando toda la inversión posible que sirva al interés nacional supremo de lograr tasas de crecimiento del 5-7% en el mediano plazo.
Un medidor del impacto de esa nueva actitud estaría en el progreso de las zonas económicas especiales pues allí la frescura de contar con su propia regulación, sin los cuellos de botella heredados de la economía de comando, permite institucionalmente acelerar las oportunidades de inversiones industriales con menor trámite burocrático. El otro estaría en la agricultura donde el gobierno ha proclamado la prioridad pública de una reanimación acelerada como cuestión urgente de sobrevivencia. ¿Cuán flexible será el gobierno con la inversión en esa rama, en la creación de empresas mixtas con el sector no estatal, en la contratación o permitiendo importar maquinaria, pies de cría, etc.?
La experiencia de otras economías en transición demuestra que un problema subestimado por políticos y analistas es la incertidumbre agregada. Aquí es importante mirar el punto inicial de aplicación de la ley con realismo. La incertidumbre asociada al riesgo-país es alta. A los errores, falta de transparencia y desviaciones de los estándares internacionales heredados del pasado de economía de comando, súmese la campaña de desinformación y el acoso del que Cuba y sus socios económicos son víctimas por parte de la primera potencia mundial, Estados Unidos.
Dentro de un año o dos quizás podamos evaluar cuánto de las declaraciones sobre la necesidad de inversión extranjera y más favorables a la competencia en la Asamblea Nacional se ha plasmado en un sector público más eficiente, mejor aplicación de las leyes, con promoción y protección de los nuevos sectores no estatales y sus derechos de propiedad. También podremos saber cuánto de las garantías e incentivos en la implementación de la ley debilitan el embargo estadounidense y alientan a los sectores económicos y gobiernos de otros países a socavarlo”
Se ha hecho más que evidente que la limitación para invertir en pequeños negocios y en el sector del trabajo por cuenta propia es una de las deficiencias notorias de la Ley. Muchos analistas señalan que las economías en desarrollo deben fomentar la micro inversión como herramienta para la creación de economía local y generar empleos. ¿Considera Usted que se debería expandir la inversión hacia este sector?
“La prevención de invertir en pequeños negocios privados y las críticas a la concentración de la propiedad contenidas en los lineamientos del congreso han dañado la marcha de la reforma económica no solo por los negocios que han impedido sino también por las señales que envía.
Es evidente que dada la discrecionalidad que la ley otorga a los consejos de estado y de ministros abrir el espacio de la misma a los pequeños negocios seria sobrecargar aún más ese cuello de botella. Ni el Consejo de Ministros, ni sus funcionarios pueden ocuparse de decidir negocios menores. Es necesario permitir la inversión extranjera en los pequeños negocios pero el gobierno cubano necesita crear la estructura legal, regulatoria y política para que de esas decisiones se ocupen provincias, municipios y organismos sectoriales. Los mayores promotores de ese tipo de negocios son los actores locales, y en esa área también es necesaria una descentralización ordenada, con claras delimitaciones de funciones y oportunidades para la competencia entre las autoridades locales de forma tal que se identifiquen las mejores prácticas no en función de reafirmación ideológica sino de resultados. Aquí es importante que el gobierno central deje a la competencia su papel y que los burócratas y las empresas ineficientes no sean rescatados.
Es desafortunado que mientras el gobierno toma acciones significativas de apertura vuelva a repetir errores como la discriminación para invertir contra los cubanos que viven en la isla. Tales proyecciones perjudican al ciudadano no solo en términos de sus derechos sino también al limitar el desarrollo nacional. Con rezagos como esos (la clausura de las tiendas privadas de ropa importada sin tener una industria textil nacional a proteger es otro ejemplo), se envía la desafortunada señal de que las autoridades no están convencidas aun de la inviabilidad de una economía de comando. El gobierno prioriza sus ingresos monopólicos a través de las tiendas recaudadoras de divisas sobre la creación de un ambiente de competencia económica e iniciativa empresarial.
La delimitación regulatoria entre pequeños y grandes negocios es útil para una estrategia anticorrupción, componente esencial de la reforma, a la hora de lidiar con contratos estatales, privatizaciones de compañías del gobierno, valoración de activos, y otras actividades con oportunidades de rentas. Un mal manejo de las grandes inversiones podría conducir a un ambiente como el de la Rusia de Yeltsin, donde los oligarcas paralizaron ulteriores reformas, y desacreditaron la legitimidad de necesarios procesos de des-colectivización. En Cuba no faltan funcionarios, a los que gustaría iniciar la economía de mercado, con ellos como capitalistas y el resto de la población, como proletarios. No se les debe dar esa oportunidad.
Sin embargo focalizar esfuerzos fiscalizadores y reguladores en las grandes inversiones no es equivalente a subestimar el papel de los negocios pequeños y medianos. Desafortunadamente, esa subestimación ha sido un rasgo reiterado no solo por la nueva legislación sino también por declaraciones de altos funcionarios como los ministros Rodrigo Malmierca y Bruno Rodríguez. Son expresiones de una vieja mentalidad a rectificar si el propósito es la transición a una economía mixta. Hay importantes sinergias entre el auge de los negocios pequeños y medianos y el ambiente general de la economía que los inversionistas grandes toman en cuenta a la hora de decidir dónde poner su capital”
Aunque la Ley admite implícitamente que no existirán limitaciones en relación con la nacionalidad de modo que cubanos residentes fuera de la Isla podrían invertir, debido a la discresionalidad de las autorizaciones aún hay reticencia en este punto. ¿Cree Usted que el Gobierno cubano permitirá fluidamente la inversión de cubanos en la Isla?
“En ese punto soy todavía escéptico. La ley y el debate en torno a la misma ilustró que la actitud hacia los emigrados es mucho más abierta que en 1995 pero la declaración del ministro Rodrigo Malmierca de que “la ley lo permite pero la política no lo promueve” sobre la posible inversión desde Miami es un jarro de agua fría. La frase parece destinada a consolar a los sectores más conservadores y rígidos de la nomenklatura al costo de enviar la peor señal a los sectores empresariales anti-embargo en EE.UU, particularmente en Miami, de que sus capitales no son tan bienvenidos como los demás. Discrepo con el ministro, la ley debería alentar la inversión de cubanos de cualquier parte del mundo, y la política debería promover esa participación cada segundo de cada día de la semana.
Cuba está compitiendo con otros mercados por la inversión de cualquiera que tenga un capital legítimamente adquirido. No hay razón desde un punto de vista nacionalista para que el gobierno cubano no actué de modo pro-activo ofreciendo garantías e incentivos a los cubanos residentes en el exterior más allá de las derivadas de la protección de la seguridad nacional del país. Habrá que ver en los próximos meses cuan pragmática y diferente a las rigideces pasadas es la implementación de la ley con respecto a inversionistas cubanos residentes en países no limitados por las leyes del bloqueo. Una repatriación expedita por ejemplo permitiría la inversión como cubanos en pequeños y medianos negocios. Las zonas económicas especiales pueden permitir a cubanos que residan en otros países invertir su capital como extranjero, dentro de corporaciones registradas en otros países, si así lo prefieren”
Esta Ley es parte de los procesos de transformación y reforma que vive la Cuba de hoy. Los cambios en la manera de funcionar el Estado son evidentes, aunque persisten limitaciones para la iniciativa ciudadana y el pleno funcionamiento de la sociedad civil. ¿Considera usted que los cambios económicos traerán cambios políticos?
“Ya los ha traído. Nótese el ambiente de discusión sobre las políticas públicas y sus efectos en la sociedad en términos de acceso a internet, viajes, impactos en raza y región. Los cambios económicos afectan las dinámicas de relación entre el estado y la sociedad civil, y entre Cuba y su entorno exterior. También potencian el desarrollo de nuevos roles e identidades al interior de la sociedad cubana y en su relación con otras sociedades como los de empresarios, contratistas, sub-contratistas, representantes, y administradores. Ahora, cambios políticos no es un concepto equivalente a cambio de gobierno. Las elites del PCC y las FAR han iniciado este proceso de adaptación estratégica a las nuevas condiciones históricas, no para suicidarse políticamente sino para mantener el poder. Ni una economía mixta ni una mayor apertura al capital nacional e internacional implican regalo alguno a los sectores opositores. Como es de esperar, el gobierno planifica las reformas minimizando sus incertidumbres y vulnerabilidades, aun cuando algunas son inevitables. Los cambios económicos reducen los controles del gobierno sobre la sociedad civil y ofrecen oportunidades para un mayor pluralismo pero eso no significa viabilidad para la estrategia plattista de cambio de régimen impuesto desde fuera y financiados según la ley Helms-Burton. De hecho, los mayores adversarios de la reforma son los partidarios del embargo, saben que de triunfar la misma, sería su derrota definitiva”
Los posibles inversores norteamericanos están impedidos de participar de la apertura económica de Cuba debido a las leyes que sustentan el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Hay cierto optimismo en que esta Ley, unida a los cambios económicos en Cuba podría precipitar cambios en esa política absurda. Únase a que el embargo no sólo limita a empresarios norteamericanos; debido a la extraterritorialidad de la misma afecta también a inversionistas de terceros países. ¿Considera Usted que podría propiciar cambios en la política de EE.UU. hacia Cuba?
“Depende de la implementación de la ley. Una implementación cerrada dará munición a los que presentan en EE.UU una Cuba inmovilista, como una economía de comando, cerrada al estilo de Corea del Norte y anclada en la guerra fría. Una implementación pro-activa sería un acicate para las apetencias empresariales de amplios sectores de la comunidad cubano americana y de EE.UU. Con o sin partido único en Cuba, el lobby pro-embargo no tiene espalda para contener el buldócer de una comunidad de negocios estadounidense y cubano-americana motivada a tener una relación de comercio e inversión con Cuba. Como gustaba decir al presidente Calvin Coolidge, The bussiness of America is business”.
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