A pesar de las protestas y las marchas que han protagonizado cientos de personas en las últimas semanas contra la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular de España aprobó en definitiva hoy la controversial ley
Autor: TELESUR | internet@granma.cu
27 de marzo de 2015 10:03:59
También se castigará las protestas “pertubadoras” con penas de prisión y castigará la difusión de mensajes para alterar el orden público o convocatorias para llevar a cabo manifestaciones multitudinarias Foto: EFE
Pocas veces se han escuchado en un pleno de la Cámara española tantos reproches a un Gobierno por recortes de derechos y libertades por una ley, en este caso la de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, a pesar de las protestas y las marchas que han protagonizado cientos de personas en las últimas semanas contra la normativa del Gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular de España aprobó en definitiva hoy la controversial ley, conocida como ley Mordaza, informa Telesur.
La disposición entrará en vigor el próximo 1 de julio, y está acompaña por una reforma del Código Penal y una norma “antiyihadista” que también ha sido rechazada por los españoles.
Pero, ¿cuáles son las polémicas medidas que dicha legislatura impone y quiénes son los afectados?
Algunos puntos de la Ley Mordaza
1.- Devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales en las zonas fronterizas con Marruecos:
Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza con Ceuta o Melilla, y se resistan a devolverse, serían rechazados en España a fin de impedir su entrada. Esta disposición fue avalada pese a que el Consejo de Europa y la ONU advirtieron que legalizar las devoluciones en caliente contradice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
2.- Registro de pasajeros en el sistema de transporte extraurbano, interurbano y en los terminales aéreos para combatir la llegada de extranjeros armados o “yihadistas”:
Esta medida es defendida por varios países de la Unión Europea.
3.- Sancionará hasta con 600 mil euros (687 mil dólares) a personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas en instalaciones que prestan servicios para la comunidad:
Aquellos que quieran manifestar frente a un hospital, institución pública, frente al Senado, Asamblea Nacional, escuela o universidad, será multado.
4.- Restringirá la actividad informativa: el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad pagarán multa de 30 mil (34 mil dólares) a 600 mil euros, según el caso.
5.- Concederá mayor valor probatorio a las denuncias formuladas por las fuerzas de seguridad nacional.
6.- Penalizará con multa administrativa las faltas que se incluían en el Código Penal y eran sometidas a control judicial:
Es decir que, ahora el juez no tendrá la última palabra en caso de infracciones o delitos penales.
7.- Criminalizará las libertad de expresión en redes sociales, pues considera alteración las convocatrias de protestas vía Twitter, Instagram o Facebook.
La nueva ley sancionará hasta con 600 mil euros (687 mil dólares) a personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas Foto: www.elmundo.es
Por otra parte la reforma Penal asume medidas como:
-Podría imponer la prisión permanente revisable en casos de gravedad excepcional como homicidio de un funcionario de Gobierno o la monarquía, intentos de genocidio o asesinatos en serie contra organizaciones criminales, menores de 16 años o personas vulnerables.
-Castigará las protestas “pertubadoras” con penas de prisión y castigará la difusión de mensajes para alterar el orden público o convocatorias para llevar a cabo manifestaciones multitudinarias.
-Penalizará con prisión el uso, promoción o labor desde una web de enlaces, por su “característica de vulnerar el derecho a la propiedad intelectual”, pese a que el Consejo de Estado asegura "que no todas las webs de enlaces atentan contra la propiedad intelectual".
-Castigo con penas de seis meses de prisión el “top manta” (vender productos de inmitación en las calles). Algunas de estas medidas también rigen las políticas “antiyihadistas”. Los más afectados con esta ley serán las personas con menos recursos, los inmigrantes, los movimientos sociales, activistas de derechos humanos y los medios de comunicación.
Según el diputado socialista, Ignacio Sánchez Amor," la ley recuerda a la vieja legislación franquista de orden público, y entre libertad y seguridad, opta claramente por la segunda".
El Partido Social Obrero Español (PSOE) considera que la nueva ley limita derechos fundamentales y constituye un ataque frontal a las libertades individuales. Mientras el partido izquierdista Podemos resalta que la ley muestra el miedo del Gobierno español al cambio.
Al repudio se suman cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, que criticaron las reformas legislativas en España, así como el Consejo de Europa, que considera ley cercenadora de los derechos humanos.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", afirmaron los relatores de la ONU.
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