Foto: AFP
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, renunció al cargo la medianoche del miércoles para someterse a un proceso judicial por cargos de corrupción, a sólo tres días de las elecciones generales.
“El señor presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina presentó su renuncia”, anunció el vocero presidencial Jorge Ortega en un comunicado.
Ortega explicó que la dimisión fue presentada al Legislativo, un día después de que ese organismo decidiera por unanimidad retirarle la inmunidad.
Ortega dijo a la AFP que Pérez renunció “para mantener la institucionalidad del país” y “mantener la figura de la presidencia alejada del proceso judicial”.
La dimisión del presidente ocurrió casi al mismo tiempo que un juez emitió una orden de captura en su contra.
El ahora exgobernante se presentará ante el juez que lleva la investigación a las 08H00 locales (14H00 GMT), dijo Ortega.
Tras la salida de Pérez, el máximo cargo político del país lo asumirá el vicepresidente Alejandro Maldonado.
En un fallo histórico y en medio de celebraciones de la población, el martes 132 diputados presentes en una sesión legislativa votaron de forma unánime despojar a Pérez de su inmunidad.
La renuncia de Pérez ocurre tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unas elecciones marcadas por la crisis política desatada por varios casos de corrupción en el gobierno que ha provocado protestas masivas de repudio.
Para “prevenir posibles manifestaciones violentas”, el miércoles la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) anunció que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.
El anuncio de la renuncia de Pérez ocurrió unas horas después de que el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del proceso, emitiera una orden de captura en su contra.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, explicó a la AFP que en el momento en que Pérez se presente ante el juzgado, el ente acusador solicitará ligarlo al proceso judicial y dictarle prisión preventiva, una medida que de ser aprobada, hubiera de todas formas significado la destitución automática de sus funciones.
Ocaso de un presidente
Pérez fue acusado el pasado 21 de agosto por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
Salpicada por el mismo escándalo, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo, se encuentra en prisión preventiva.
Antes de la renuncia del presidente, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, rechazó los recursos de amparo a favor del mandatario.
“El pleno (de cinco magistrados) de la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunió este día (miércoles) y decidió, por unanimidad, no otorgar amparo provisional al señor presidente Otto Pérez”, señaló el organismo en un comunicado.
La fiscal general Thelma Aldana, en entrevista con la AFP, aseguró que el proceso penal contra Pérez debería concluir con una sentencia condenatoria.
“Hay una persecución penal (contra Pérez) e iremos a debate. Luego a una sentencia, que de acuerdo a mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria”, afirmó Aldana.
La Premio Nobel de la Paz y líder indígena, Rigoberta Menchú, dijo por su parte que la convulsión social que está viviendo el país es un renacer de la población, indignada por la corrupción estatal.
“Es un gran despertar de la población, es un despertar consciente pero también es un ejemplo cívico. A mí me impresiona la integración de las marchas, pacíficas y multisectoriales”, afirmó a la AFP la laureada.
“Este país ha sido dividido por la violencia, por la tragedia, por el engaño”, agregó, y consideró que el ahora ex presidente es una persona “peligrosa” por su pasado de militar en el que participó en el genocidio de indígenas durante los 36 años de guerra en el país (1960-1996).
(Con información de AFP)
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