Se acabó: al Departamento de Justicia de Estados Unidos se le acabó la paciencia. Tras echar cuentas durante años, ha confirmado que las prisiones federales (las que dan servicio al circuito judicial en el que se enjuician los delitos más graves y aquellos cuya trascendencia supera las fronteras de un solo estado) son un agujero de dinero por culpa de la gestión privada.
En el país del mundo que más gente tiene encarcelada (unos 700 reclusos por cada 100.000 habitantes, frente a los 451 de Rusia o los 307 de Brasil, aunque en estados como Luisiana se dispara hasta los 1.082), cada dólar de los más de 80.000 millones que se emplean cada año en mantener la población reclusa cuenta.
Las cifras de encarcelados en Estados Unidos muestran, además, un claro sesgo racial: mientras que la tasa de personas de raza blanca apenas llega a las 450 por 100.000, la de personas de origen latinoamericano se duplica hasta 831, y la de las de raza negra se dispara hasta las 2.306 (más de tres veces la media de todo el país).
Hora de poner coto a los excesosEl vicefiscal general de EEUU anunciaba por eso este jueves a través de un informe que la administración Federal deberá rechazar a partir de ahora la renovación de los contratos de gestión de prisiones que quedan en vigor, hasta que el sector público adquiera el control total de todas y cada una de las prisiones bajo control directo de la Casa Blanca.
"Es simple: (las empresas privadas) no proporcionan el mismo nivel de servicios correcionales, de programas y de recursos; no permiten ahorros sustanciales en costes; y como ha revelado la Intervención General, no sirven para mantener el mismo nivel de seguridad tanto por lo que respecta a evitar fugas como a proteger la vida de los reclusos", escribe Sally Yates en el informe citado por el diario The Washington Post.
El cambio no será radical, puesto que en la actualidad la cantidad de prisiones federales que están siendo gestionadas por empresas privadas es reducida, pero sobre todo porque sólo una minoría de los reclusos está en instalaciones federales: poco más de 200.000 sobre un total de 2,2 millones de presos.
Sí supondrá en cambio un punto de inflexión, al eliminar la gestión privada de un total de 13 cárceles. Con el cambio se espera reducir el número de incidentes violentos registrados en las instalaciones privadas, cuya tasa en términos comparables es mucho mayor que en las públicas, y reducir el contrabando (ocho veces superior en las gestionadas por empresas).
El informe cita varios casos de mala gestión por parte de empresarios, como es el caso de un motín desatado en 2012 en la instalación de Adams County, donde 20 personas resultaron heridas y un oficial fue asesinado tras una protesta que se desató por la bajísima calidad de la comida y las carencias en el tratamiento médico".
"El hecho es", concluye Yates, "que las prisiones privadas no son comparables con las públicas en términos de seguridad y protección (...) y por eso tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de hacer algo al respecto".
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Tomado de El Economista
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