Por Roberto Alfonso Lara, Zulariam Pérez Martí, Rosa M. Díaz Hernández y Darilys Reyes Sánchez -17 noviembre, 2016
Collage: Ari
Esta historia debió ser contada antes. Ha convivido con nosotros desde hace tanto, que dejamos de verla como algo transcendente. Comienza cuando los cubanos no logran desprenderse del sistema de Salud Pública nacional, pese a residir en el extranjero. Termina en un regreso sistemático hacia nuestras instalaciones sanitarias y en puntos de fuga que repercuten luego en quienes viven aquí.
Lo mismo acuden para recibir tratamientos estomatológicos o de oftalmología, consultar al especialista, adquirir medicamentos, realizarse pruebas de laboratorio e imagenología, o para intervenciones quirúrgicas por mínimo acceso. Sin embargo, las autoridades del sector en la provincia desconocen la existencia del problema. ¿Acaso no lo será?
Una encuesta publicada en la plataforma digital del 5 de Septiembre permitió comprobar cómo los nacionales residentes en el exterior emplean vías informales para acceder a nuestros servicios médicos. La tendencia en el voto apunta a la amistad con los galenos como principal condicionante; en menor medida: medicamentos baratos, bajo costo de la atención, calidad y estancia junto a la familia.
La nueva Ley Migratoria, en vigor desde 2013, divide el fenómeno en dos mitades circunstanciales. Anteriormente, algunos emigrados disfrutaban de los servicios al margen de lo establecido, auxiliándose a veces de su carné de identidad (CI) carente de validez. Desde hace tres años tienen el amparo de la más reciente legislación: “Se considera que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses sin la autorización correspondiente, así como cuando se domicilia en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes”. Quienes regresan antes del plazo mencionado, mantienen todos sus beneficios sociales.
El tema recibe otro tratamiento en naciones europeas. En España, por ejemplo, las personas que pasen más de 90 días en el extranjero encuentran dificultades para mantener su tarjeta sanitaria. La restricción vincula el “derecho a la asistencia sanitaria” al hecho de “vivir en España”; una vez pasado tres meses fuera, el ciudadano dependerá del cuerpo médico del país donde resida.
Las campanas suenan. En el marco de la actual legalidad, las fugas aparecen y se hacen constantes dentro del subsidiado sistema de Salud Pública en Cuba.
DESDE ESTA ORILLA
“Al irse del país no tienen por qué cortar los vínculos, pero si deciden permanecer en otra nación, por qué no utilizan el servicio de salud de allí, opina Jorge Luis Padrón Acosta, estudiante universitario. Los trabajadores aportan de su salario a la seguridad social, o sea: nosotros pagamos la Medicina; entonces quienes viven ‘afuera’ vienen a utilizarla gratis. Marchan de Cuba por la parte económica y regresan por temas de salud”.
“Igual sucede con los medicamentos… ¡para algo existen las farmacias en divisa! Dicen que las vitaminas cubanas inyectables son más efectivas y las compran aquí a un costo menor. ¿Y cómo quedo yo? No me parece bien”, expresó otra cienfueguera.
Lo más pertinente sería ajustarse al sistema creado por Salud para la atención a los visitantes foráneos, amén de la residencia “temporal” o permanente de los cubanos en otra nación.
“Solo con ver al paciente uno no sabe si vive en el exterior. Por ello, cuando llega a cualquiera de nuestras instituciones debe enseñar el CI y se deja constancia. En ocasiones confiamos en la persona, aunque no está reglamentado así”, explica el doctor Sergio García Cordero, funcionario de asistencia médica en Salud Provincial.
Por su parte, la doctora María Octavina Rodríguez Roque, vicedirectora general de ese organismo, comenta: “La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (SMC) ofrece muchísimos programas: pueden venir a realizarle un chequeo al niño, a arreglarse la boca, a hacerse unos espejuelos, y más, pero quien no viva en Cuba tiene que pagar”.
Otro punto de vista aporta Isis Leyva Betancourt, directora de la sucursal de SMC en Cienfuegos: “Contamos con un grupo de profesionales acreditados (…) A los doctores del Hospital que atienden a un cliente extranjero, se les paga el 10 por ciento de cuanto ingresemos. Eso, al menos, constituye un incentivo, y al mismo tiempo representa una forma de evitar la ilegalidad. El resto pasa por nuestro propio control. Realizamos recorridos por el Pediátrico, la Clínica de Especialidades…; realmente es muy difícil”. En la práctica, tales acciones carecen de impacto.
Si el disfrute del sistema gratuito de Salud por quienes viven en el extranjero pudiera preocupar o afectar a la población —dado la escasez de recursos y el consiguiente gasto económico—, las inquietudes se acrecientan ante la salida de medicamentos por nuestras fronteras. Hablamos de cantidades considerables, máxime con la actual crisis de fármacos en el archipiélago, equivalente a un déficit mensual de 60 medicinas del cuadro básico en el primer semestre del año, de acuerdo con datos publicados por el sitio Cubadebate.
HUECOS EN LA LEGALIDAD
“Resulta frecuente, común, habitual…; incluso, es muy extraño que alguien salga de aquí sin medicamentos, si bien, con el tiempo, la gente se ha ido ajustando a las normas”, afirma Mariela Ruiz González, asesora jurídica de la Aduana en la provincia.
La Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Salud Pública (Minsap) prohíbe a los viajeros internacionales exportar “medicamentos para uso humano, en número mayor de tres envases originales, con excepción de aquellos destinados a la continuidad de tratamientos”. Debe constar también “la certificación del centro de salud y la factura oficial correspondiente en el caso de los ciudadanos no residentes permanentes en el país”.
De igual modo se restringe la salida de muestras de sangre, vacunas, cepas de microorganismos e insumos médicos u odontológicos. No obstante, el alcance de dichas regulaciones todavía parece limitado, al existir un endeble control sobre el volumen de medicinas que el ciudadano puede llevar consigo. En términos de importación ocurre lo contrario, con una cantidad permisible de hasta 10 kilogramos (kg).
No solo impera cierto paternalismo, queda implícita la posibilidad real de extraer medicamentos de forma indiscriminada. El certificado médico avala al pasajero ante las autoridades aduaneras, sin importar si es verídica su enfermedad o si es resultado de una gestión informal.
Al respecto, “una carta circular del Minsap de 2009 especifica que ningún galeno puede recetar medicamentos por complacencia para sacarlos del país, comenta Misleydis Rodríguez del Rey Otero, funcionaria de Salud en el territorio. De hecho, el médico no puede prescribir más de la dosis requerida para un mes de tratamiento”.
Para García Cordero, el conflicto rebasa el marco de emigrantes y residentes, porque, “quienes no trabajan ni aportan a la seguridad social, esos que están en el Bulevar y tienen un nivel de vida superior al de cualquier trabajador, también disfrutan gratuitamente de los servicios. ¿Y cómo lo regulamos? ¿No hay manera?”.
No pocos matices convergen en un tema tan sensible para los cubanos. Los vacíos legales, la benevolencia de nuestro sistema social, el proceder ético del personal médico en vínculo o no con sus necesidades materiales y el desentendimiento de las instituciones implicadas desde las propias estructuras de base, dimensionan el problema, al extremo de consentir todo sin detenernos a cuestionar: ¿Es correcto, justo?…
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