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Cubasí - Ángel Rodríguez Álvarez/
AIN
En
la foto: A la derecha el terrorista Luis Posada Carriles quien continúa libre en
Miami. A su lado, al centro, el mercenario cubano Guillermo Fariñas y en el
extremo izquierdo el traidor Hubert Matos.
El seis de octubre
de 1976 un avión de Cubana de Aviación fue objeto de un sabotaje que lo hizo
estallar en pleno vuelo cerca de Barbados, y provocó la muerte de todos sus
tripulantes y pasajeros, entre ellos, el equipo de jóvenes ganadores del
Campeonato de Esgrima de Centroamérica y el Caribe, y otros viajeros guyaneses y
coreanos.
Los familiares de las 73 víctimas, y los pueblos cubano, guyanés y coreano, 37 años después, aguardan por la justicia. Los principales culpables aún no han sido sancionados y continúan su carrera criminal, la cual no ha cesado.
Quienes concibieron, planearon y dirigieron la acción genocida tienen largo expediente de terrorismo desde que, en los años sesenta, empezaron a practicarlo a sueldo de la CIA.
Su responsabilidad en la voladura del avión cubano y el asesinato a sangre fría de todos los viajeros, son conocidos por el gobierno de Estados Unidos, tal como reconoció en documento oficial el 23 de junio de 1989, el Departamento de Justicia de ese país.
Pese a sus notorios delitos, incluso cometidos en Estados Unidos, uno de ellos, Orlando Bosch, fue indultado por el entonces presidente George H. Bush, y vivió tranquilamente en ese país hasta su muerte.
El otro, Luís Posada Carriles, después de escapar de una cárcel venezolana donde esperaba juicio por el caso del avión cubano, pasó a trabajar para la Casa Blanca en actividades clandestinas que EE.UU. realizaba en Centroamérica y, posteriormente, dirigió los ataques con bombas contra varias instalaciones turísticas en Cuba.
Su última fechoría conocida fue la organización del frustrado atentado contra Fidel Castro y cientos de estudiantes panameños con motivo de la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, en Panamá.
Luego entró clandestinamente en Estados Unidos sin ser molestado, y vive tranquilamente en ese país pese a la reiterada solicitud del gobierno venezolano de que sea extraditado.
Cuba posee sobradas razones y la fuerza moral suficiente para reclamar se haga justicia por ese crimen y la larga lista de tropelías cometidas contra el país a lo largo de más de medio siglo; también para reclamar que el esfuerzo internacional contra el terrorismo sea sincero, consecuente, sin dobles raseros ni discriminaciones, y sin manipulaciones fraudulentas.
Mientras el expediente del crimen de Barbados permanezca sin concluir, y en tanto el resto de las atrocidades terroristas fraguadas y ejecutadas desde Estados Unidos no reciban el castigo merecido, será imposible que alguien por allá tenga el mínimo de seguridad para erigirse en fiscal de ese flagelo.
Los familiares de las 73 víctimas, y los pueblos cubano, guyanés y coreano, 37 años después, aguardan por la justicia. Los principales culpables aún no han sido sancionados y continúan su carrera criminal, la cual no ha cesado.
Quienes concibieron, planearon y dirigieron la acción genocida tienen largo expediente de terrorismo desde que, en los años sesenta, empezaron a practicarlo a sueldo de la CIA.
Su responsabilidad en la voladura del avión cubano y el asesinato a sangre fría de todos los viajeros, son conocidos por el gobierno de Estados Unidos, tal como reconoció en documento oficial el 23 de junio de 1989, el Departamento de Justicia de ese país.
Pese a sus notorios delitos, incluso cometidos en Estados Unidos, uno de ellos, Orlando Bosch, fue indultado por el entonces presidente George H. Bush, y vivió tranquilamente en ese país hasta su muerte.
El otro, Luís Posada Carriles, después de escapar de una cárcel venezolana donde esperaba juicio por el caso del avión cubano, pasó a trabajar para la Casa Blanca en actividades clandestinas que EE.UU. realizaba en Centroamérica y, posteriormente, dirigió los ataques con bombas contra varias instalaciones turísticas en Cuba.
Su última fechoría conocida fue la organización del frustrado atentado contra Fidel Castro y cientos de estudiantes panameños con motivo de la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, en Panamá.
Luego entró clandestinamente en Estados Unidos sin ser molestado, y vive tranquilamente en ese país pese a la reiterada solicitud del gobierno venezolano de que sea extraditado.
Cuba posee sobradas razones y la fuerza moral suficiente para reclamar se haga justicia por ese crimen y la larga lista de tropelías cometidas contra el país a lo largo de más de medio siglo; también para reclamar que el esfuerzo internacional contra el terrorismo sea sincero, consecuente, sin dobles raseros ni discriminaciones, y sin manipulaciones fraudulentas.
Mientras el expediente del crimen de Barbados permanezca sin concluir, y en tanto el resto de las atrocidades terroristas fraguadas y ejecutadas desde Estados Unidos no reciban el castigo merecido, será imposible que alguien por allá tenga el mínimo de seguridad para erigirse en fiscal de ese flagelo.
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