La hipocresía y el doble rasero de la justicia en los EE.UU.

Edmundo García
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Manuel Lázaro Maroño, más conocido como “Manny”, es un descendiente de cubanos que nació en Miami el 16 de noviembre de 1971. Comenzó una ascendente carreta política hacia 1995, como comisionado más joven (23 años) de Sweetwater, una municipalidad del condado de Miami Dade con unos 21 000 habitantes; de la que desde 1999 sería alcalde.

En el 2010-2011 Manny Maroño decidió apoyar a Rick Scott en su carrera para Gobernador de la Florida y este quedó tan contento que lo agregó a su equipo de trabajo; sin necesidad de que se estableciera en Tallahassee. Se dijo incluso que Scott, actual gobernador, pensó algún día en Maroño como Vice Gobernador.

Con unos 18 años acumulados en la política local de Miami, Maroño se consideraba a sí mismo como un político intuitivo al que se le daban las cosas con facilidad. Gozaba de cierta popularidad entre sus electores y del apoyo del concejo de la ciudad de Sweetwater, del que formó parte su propia madre Isolina Maroño; en el 2012 de forma interina, siendo ratificada después como concejal en elecciones en mayo de este 2013. Con un 77% del “voto ausente”.

Jennifer Muñoz-Maroño, esposa, y Antero Espinosa, tío, también trabajan o han trabajado para la ciudad de Sweetwater bajo la administración de Maroño.

Pero toda esta carrera política se vino abajo cuando el martes 6 de agosto pasado el FBI arrestó al alcalde Maroño bajo acusaciones de haber recibido 40 mil dólares en sobornos. Posteriormente se dieron a conocer otras violaciones éticas y legales conseguidas por el FBI a través de múltiples operaciones encubiertas.

Junto al cabildero Jorge L. Forte, el alcalde Maroño fue también acusado de aceptar 60 mil dólares de supuestos representantes de una compañía (ficticia) de Chicago llamada Sunshine Universal; quienes en verdad eran agentes del FBI. Maroño tuvo negocios ilícitos aprovechando su cargo público. Durante un tiempo fue propietario de empresas remolcadoras que mediante un contrato (a veces verbal) con la ciudad se apropiaban de autos a muy bajos precios, que luego revendían con amplios márgenes de ganancia. En registros estatales Maroño aparece alguna vez como codueño de la Upick Towing and Recovery, Inc y de Southland The Towing Company.

En un artículo del 7 de noviembre de este 2013 las periodistas Brenda Medina y Melissa Sánchez informaron que al menos en 5 ocasiones Maroño compró autos para comercializarlos en su beneficio personal. Negocio redondo: Una camioneta Toyota podía salirle al político por 50 dólares, y un bote marca Yamaha por 250 dólares. Luego, podía revender a su gusto.

Ante estas y otras evidencias irrefutables Manny Maroño se declaró recientemente culpable de cometer “fraude”; lo que le podría llevar a la cárcel por 5 años. Primero fue acusado de “extorsión”, que podía costarle hasta 20 años de prisión, pero posteriormente la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida le cambió el cargo. Pero esto no fue lo único que hizo la Fiscalía por Maroño.

Desde agosto hasta la fecha la prensa de Miami ha publicado más de dos decenas de artículos sobre los actos de corrupción del ahora ex alcalde de Sweetwater. Él mismo ha reconocido la decepción que ha causado entre sus seguidores y lo indignada que está la opinión pública de Miami por su conducta. Precisamente por todo esto la Fiscalía Federal del Sur de la Florida le ha fijado sede al juicio de Maroño fuera de Miami, en la ciudad de Fort Lauderdale del condado Broward, para que la justicia no esté presionada por la prensa ni la opinión.

En el proceso contra Los Cinco luchadores antiterroristas cubanos en Miami, a pesar de tratarse de la misma Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida, no se mantuvo el mismo rasero. Esa Fiscalía que por su propia iniciativa buscó ahora para Maroño una sede justa y desligada de la influencia de los medios, no actuó de igual forma en un proceso donde hubo hasta congresistas federales que hicieron campaña para que condenaran a Los Cinco.

En el juicio a los héroes cubanos los abogados de su defensa pidieron explícitamente el cambio de sede, por la presión que sobre los testigos, los miembros del jurado (algunos fotografiados y perseguidos amenazantemente hasta sus autos) y la misma jueza hacían políticos y unos periodistas que como ya se conoce estaban siendo pagados por el gobierno norteamericano, parte en el proceso, para crear un ambiente desfavorable a los antiterroristas cubanos.

Esto es una nueva prueba de la injusticia cometida contra ellos. Por eso suscribo las palabras del ex Fiscal de Estados Unidos Ramsey Clark, que en el recién finalizado IX Coloquio Internacional por la Libertad de Los Cinco en la ciudad de Holguín dijo: "No se podrá ignorar el mal que se ha hecho con esta arbitraria decisión. El mal a estas personas hoy detenidas. El mal a sus familias y el mal a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Algún día en Estados Unidos tendremos que dar cuenta por este juicio errado".