Flexibiliza el gobierno el acceso de los productores agropecuarios no estatales al mercado y cierra un alto número de puestos burocráticos en el Ministerio de Agricultura.
Después de ensayarlo en tres provincias, el gobierno anunció en julio pasado la eliminación de la entidad conocida como Acopio, un grupo empresarial distribuidor de producciones agropecuarias, maldecido por su ineficiencia tanto por los productores agrarios como por los consumidores. Con ese paso, el Ministerio de la Agricultura avanza hacia la desburocratización del sector, al liquidar más de 60 mil puestos de oficina.
La medida era esperada. En un intento por simplificar los nexos entre el campo y el mercado, las autoridades habían emprendido un experimento previo, en noviembre del año pasado, en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa. Amparado por el Decreto 318 dio luz verde a los productores de esos tres territorios occidentales para comercializar directamente parte de sus cosechas en los mercados minoristas y mayoristas.
Lo hizo con el propósito explícito de suprimir trabas persistentes desde hace décadas en el proceso de comercialización.
“Una vez que los productores hayan cumplido sus contratos estatales, podrán vender el resto de su producción a quien consideren”, informó en noviembre del 2013 Roberto Pérez Pérez, jefe del Grupo de Política Agroindustrial de la comisión gubernamental conductora de los cambios en la economía. Cualquier empresa, tanto mayorista como minorista, les pueden contratar esos excedentes productivos, aclaró.
En la conferencia de prensa ofrecida entonces, Pérez Pérez también informó que dedicarían un año completo al ensayo, antes de extender dicha práctica al resto del país.
Pero evidentemente el gobierno no esperó tanto. El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, se anticipó y en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada en el pasado mes de julio, anunció la extinción de la Unión Nacional de Acopio y el traspaso de los mercados, que se encontraban bajo administración de su organismo, al Ministerio de Comercio Interior (Mincin).
Aunque Acopio gozaba de mala fama debido a su ineficiencia, el deterioro de producciones por demora para llevarlas del surco al mercado y pérdidas repetidas en cosechas de viandas y hortalizas por incapacidad para transportarlas con agilidad, el paso no despertó total entusiasmo porque el Mincin tampoco tiene prestigio como administrador comercial.
Pero de cualquier manera los cambios, dirigidos a dinamizar el sector agropecuario, liberalizan o flexibilizan la venta directa de los productores en los mercados. También amplían el llamado objeto social de las cooperativas tradicionales, al autorizarles la compra a terceros para su comercialización y estimulan la formación de mercados mayoristas administrados por formas empresariales no estatales, como las cooperativas de reciente creación en ámbitos no agropecuarios. 
Las cooperativas y otros productores agropecuarios no estatales podrán vender directamente sus cosechas a cualquier comprador, después de cumplir sus contratos con empresas de Estado.
Las cooperativas y otros productores agropecuarios no estatales podrán vender directamente sus cosechas a cualquier comprador, después de cumplir sus contratos con empresas de Estado.
Las nuevas reglas del juego les ofrecen a los productores mayor participación en la definición de precios minoristas, una opción que antes monopolizaba el Estado y que ahora se reserva para sí en un grupo más reducido de alimentos, como el arroz. Esta alternativa puede influir, sin embargo, en una mayor resistencia de los precios a bajar, como evidencian estudios oficiales y lamentan los consumidores de menor poder adquisitivo.
El cierre de la Unión Nacional de Acopio elimina puestos mayoritariamente burocráticos y se suma a los pasos dados por el Ministerio de la Agricultura para compactar sus estructuras. Rodríguez Rollero informó a los diputados que el reordenamiento general de su organismo posibilita la reducción del 41 por ciento del personal del órgano central y de sus delegaciones territoriales. El Minagri cierra 6.441 cargos y deja de gastar más de 15 millones de pesos en salario.
Las medidas responden a críticas reiteradas acerca del sensible desequilibrio entre el excesivo personal burocrático dominante en uno de los sectores de la economía que menos aporta a la economía y a la mesa del cubano.
El jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de cambios económicos, Marino Murillo, dijo que la actividad agropecuaria emplea alrededor del 20 por ciento de la fuerza de trabajo del país, pero de acuerdo con estadísticas oficiales tributa 3,6 por ciento del producto interno bruto (PIB). Entretanto, Cuba importa anualmente unos 2.000 millones de dólares en alimentos, una parte de la cuales –arroz y frijoles- pueden cultivarse en tierras cubanas.
Las nuevas medidas amplían el abanico de transformaciones iniciadas temprano, pero con escaso beneficio aún, en un sector definido como estratégico por el actual gobierno. (2014)
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