Por Ivet Gonzalez
Para enfrentar la pobreza y otros flagelos sociales parece abrirse paso el enfoque de derechos entre iniciativas gubernamentales y de organizaciones civiles.
LA HABANA, 7 oct .- Un día lejano y perdido en la memoria, alguien levantó con escasas tablas, cartones y metales la primera casa en San Gabriel, uno de los barrios insalubres que emergieron en la periferia de esta capital y otras ciudades del país.
Los llamados "llega y pon", observados al menos en Holguín, Santiago de Cuba y Matanzas, son la expresión más dura de la persistencia y crecimiento de la pobreza en Cuba, que califica de "con amparo" porque el gobierno socialista garantiza acceso gratuito a la salud y educación junto a otras asistencias sociales.
Según las últimas cifras públicas de la década de los 2000, la precariedad afecta a casi la cuarta parte de la población de 11,2 millones de habitantes. Especialistas en la materia estiman que hoy viven esa misma cantidad o más familias por debajo de la subsistencia, a causa de la aguda crisis económica de más de 20 años.
Y en el enfrentamiento a ese y otros flagelos sociales parece abrirse paso el enfoque de derechos entre iniciativas gubernamentales y de organizaciones civiles abocadas a la transformación de comunidades desfavorecidas.
"Esta perspectiva nos ha abierto muchas miradas. Tenemos derechos que ayudar a defender dentro de la comunidad", dice a IPS Olga Lidia Valdés, especialista del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) de Alamar Este, en la porción oriental de la urbe capitalina.
Creados en 1988 por idea del entonces presidente Fidel Castro, los talleres son instancias de trabajo social en barrios vulnerables de la capital, subordinadas administrativamente al gobierno municipal.
Este TTIB implementa desde marzo pasado y hasta 2017 un proyecto de apoyo a la participación ciudadana para la rehabilitación ambiental en los asentamientos de San Gabriel y 8 de enero, barrios precarios de la zona periurbana de Alamar Este.
La suma de sendas poblaciones no llega a las 500 personas, que viven en malas condiciones. "Por ejemplo, a ninguna llega el teléfono y es imposible entrar o salir de San Gabriel cuando llueve por la ausencia de un camino", explica Valdés.
Con el apoyo además de los no gubernamentales Centro Memorial Dr Martin Luther King Jr. (CMLK) y el Centro Félix Varela, la iniciativa ya capacitó a dos líderes, uno de cada barrio, en cómo concertar y mediar con las autoridades locales para resolver los problemas comunitarios.
"Tiene enfoque de derechos y de género", amplía Valdés, sobre el proyecto que también dará dinero para mejorar la calidad de vida y el entorno, entre otras acciones.
Mientras tanto, Zulema Hidalgo, una trabajadora comunitaria de larga trayectoria y coordinadora del Programa de Género y Violencia del no gubernamental Grupo de Solidaridad y Reflexión "Oscar Arnulfo Romero" (OAR), comparte que "la perspectiva de derechos humanos (DDHH) me hizo entender de otra manera las discriminaciones".
De inspiración cristiana y con 30 años de trabajo sostenido, OAR es pionero, desde la sociedad civil, en ayudar a visibilizar y enfrentar en comunidades del país todas las formas de exclusión y violencia, en especial hacia las mujeres y las niñas.
"Facilitamos procesos de empoderamiento con las mujeres y líderes. No damos asistencia a las necesidades, sino intentamos revertir poder, elevar la autoestima y responsabilidad ciudadana para encontrar soluciones", abunda, en conversación exclusiva con la redacción IPS Cuba.
La activista asegura que tiene ahora más elementos para atender "los casos de mujeres violentadas", un problema universal con base en el machismo y que en Cuba persiste a contrapelo de la amplia incorporación femenina al espacio público.
Se desconoce la magnitud del fenómeno en la actualidad debido a la ausencia de una investigación que aporte cifras de toda la nación.
"También este enfoque nos lleva a buscar las legislaciones de Cuba y el mundo para enfrentar las lagunas que tenemos en la atención a los casos. Así definimos mejor nuestra postura como ONG para orientar a las personas", amplía la especialista.
Hidalgo fue una de los 27 participantes a la cuarta edición del Taller "Derechos económicos, sociales y culturales & perspectiva de derechos humanos", desarrollado del 28 de septiembre al 1 de octubre, en el balneario cubano de Varadero, a 121 kilómetros al este de La Habana.
Organizada esta vez por OAR, el curso anual de fortalecimiento institucional es apoyado por la Fundación Sueca de Derechos Humanos, que colabora con Cuba desde hace dos décadas. Mantiene proyectos con diversos TTIB, OAR, CMLK y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), entre otras entidades.
"Muchos problemas sociales que subsisten tienen detrás el desconocimiento de lo jurídico. Solemos hablar de DDHH pero no llegamos a conocerlos en esencia", aprecia la abogada Valia Soto, de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba y colaboradora del CCRD-C, en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este capitalino.
Para la también profesora universitaria, "el Estado no puede abarcarlo todo. Nosotros (la sociedad civil) tenemos que apoyar a la gente para que sepan cuando son violentados sus derechos y cómo y dónde defenderlos, en especial a los jóvenes".
Soto apuesta por elevar el conocimiento de los deberes y derechos ciudadanos, un tema que cobra auge con las reformas económicas, sociales y políticas implementadas en el país desde 2008, tras asumir su mandato el presidente Raúl Castro.
Los últimos seis años estuvieron marcados por la salida de leyes que permitieron la compraventa de autos y viviendas, entrega de tierras ociosas en usufructo, subsidios para la construcción de casas, viajar libremente fuera del país, cooperativas no agropecuarias y más actividades a desarrollar en el sector privado, entre otras.
Para seguir el nuevo ritmo del país, las personas persiguen la letra de las normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República en sus versiones impresa y digital.
Sin embargo, "hay mucho desconocimiento sobre el tema de los derechos humanos", percibe la trabajadora comunitaria Caridad Togaben, del municipio habanero del Cerro.
Y es que el concepto de DDHH, que resguardan el valor universal de una vida digna y son innatos a la persona, está atravesado por el conflicto ideológico de más de medio siglo entre el gobierno socialista y los Estados Unidos.
La cuestión humanitaria fue durante años motivo de duros enfrentamientos entre las delegaciones de La Habana y Washington en Ginebra, sede anual de las sesiones de esa Comisión que en 2006 fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque con algunas reservas, Cuba firmó en 2008 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976. Este último concentró las principales reservas del gobierno cubano.
En 2013, la nación caribeña presentó su informe al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, donde da cuentas sobre el estado de su marco jurídico e institucional y enfatiza en grupos como las niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas, mujeres y población penitenciaria. (2014)
LA HABANA, 7 oct .- Un día lejano y perdido en la memoria, alguien levantó con escasas tablas, cartones y metales la primera casa en San Gabriel, uno de los barrios insalubres que emergieron en la periferia de esta capital y otras ciudades del país.
Los llamados "llega y pon", observados al menos en Holguín, Santiago de Cuba y Matanzas, son la expresión más dura de la persistencia y crecimiento de la pobreza en Cuba, que califica de "con amparo" porque el gobierno socialista garantiza acceso gratuito a la salud y educación junto a otras asistencias sociales.
Según las últimas cifras públicas de la década de los 2000, la precariedad afecta a casi la cuarta parte de la población de 11,2 millones de habitantes. Especialistas en la materia estiman que hoy viven esa misma cantidad o más familias por debajo de la subsistencia, a causa de la aguda crisis económica de más de 20 años.
Y en el enfrentamiento a ese y otros flagelos sociales parece abrirse paso el enfoque de derechos entre iniciativas gubernamentales y de organizaciones civiles abocadas a la transformación de comunidades desfavorecidas.
"Esta perspectiva nos ha abierto muchas miradas. Tenemos derechos que ayudar a defender dentro de la comunidad", dice a IPS Olga Lidia Valdés, especialista del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) de Alamar Este, en la porción oriental de la urbe capitalina.
Creados en 1988 por idea del entonces presidente Fidel Castro, los talleres son instancias de trabajo social en barrios vulnerables de la capital, subordinadas administrativamente al gobierno municipal.
Este TTIB implementa desde marzo pasado y hasta 2017 un proyecto de apoyo a la participación ciudadana para la rehabilitación ambiental en los asentamientos de San Gabriel y 8 de enero, barrios precarios de la zona periurbana de Alamar Este.
La suma de sendas poblaciones no llega a las 500 personas, que viven en malas condiciones. "Por ejemplo, a ninguna llega el teléfono y es imposible entrar o salir de San Gabriel cuando llueve por la ausencia de un camino", explica Valdés.
Con el apoyo además de los no gubernamentales Centro Memorial Dr Martin Luther King Jr. (CMLK) y el Centro Félix Varela, la iniciativa ya capacitó a dos líderes, uno de cada barrio, en cómo concertar y mediar con las autoridades locales para resolver los problemas comunitarios.
"Tiene enfoque de derechos y de género", amplía Valdés, sobre el proyecto que también dará dinero para mejorar la calidad de vida y el entorno, entre otras acciones.
Mientras tanto, Zulema Hidalgo, una trabajadora comunitaria de larga trayectoria y coordinadora del Programa de Género y Violencia del no gubernamental Grupo de Solidaridad y Reflexión "Oscar Arnulfo Romero" (OAR), comparte que "la perspectiva de derechos humanos (DDHH) me hizo entender de otra manera las discriminaciones".
De inspiración cristiana y con 30 años de trabajo sostenido, OAR es pionero, desde la sociedad civil, en ayudar a visibilizar y enfrentar en comunidades del país todas las formas de exclusión y violencia, en especial hacia las mujeres y las niñas.
"Facilitamos procesos de empoderamiento con las mujeres y líderes. No damos asistencia a las necesidades, sino intentamos revertir poder, elevar la autoestima y responsabilidad ciudadana para encontrar soluciones", abunda, en conversación exclusiva con la redacción IPS Cuba.
La activista asegura que tiene ahora más elementos para atender "los casos de mujeres violentadas", un problema universal con base en el machismo y que en Cuba persiste a contrapelo de la amplia incorporación femenina al espacio público.
Se desconoce la magnitud del fenómeno en la actualidad debido a la ausencia de una investigación que aporte cifras de toda la nación.
"También este enfoque nos lleva a buscar las legislaciones de Cuba y el mundo para enfrentar las lagunas que tenemos en la atención a los casos. Así definimos mejor nuestra postura como ONG para orientar a las personas", amplía la especialista.
Hidalgo fue una de los 27 participantes a la cuarta edición del Taller "Derechos económicos, sociales y culturales & perspectiva de derechos humanos", desarrollado del 28 de septiembre al 1 de octubre, en el balneario cubano de Varadero, a 121 kilómetros al este de La Habana.
Organizada esta vez por OAR, el curso anual de fortalecimiento institucional es apoyado por la Fundación Sueca de Derechos Humanos, que colabora con Cuba desde hace dos décadas. Mantiene proyectos con diversos TTIB, OAR, CMLK y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), entre otras entidades.
"Muchos problemas sociales que subsisten tienen detrás el desconocimiento de lo jurídico. Solemos hablar de DDHH pero no llegamos a conocerlos en esencia", aprecia la abogada Valia Soto, de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba y colaboradora del CCRD-C, en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este capitalino.
Para la también profesora universitaria, "el Estado no puede abarcarlo todo. Nosotros (la sociedad civil) tenemos que apoyar a la gente para que sepan cuando son violentados sus derechos y cómo y dónde defenderlos, en especial a los jóvenes".
Soto apuesta por elevar el conocimiento de los deberes y derechos ciudadanos, un tema que cobra auge con las reformas económicas, sociales y políticas implementadas en el país desde 2008, tras asumir su mandato el presidente Raúl Castro.
Los últimos seis años estuvieron marcados por la salida de leyes que permitieron la compraventa de autos y viviendas, entrega de tierras ociosas en usufructo, subsidios para la construcción de casas, viajar libremente fuera del país, cooperativas no agropecuarias y más actividades a desarrollar en el sector privado, entre otras.
Para seguir el nuevo ritmo del país, las personas persiguen la letra de las normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República en sus versiones impresa y digital.
Sin embargo, "hay mucho desconocimiento sobre el tema de los derechos humanos", percibe la trabajadora comunitaria Caridad Togaben, del municipio habanero del Cerro.
Y es que el concepto de DDHH, que resguardan el valor universal de una vida digna y son innatos a la persona, está atravesado por el conflicto ideológico de más de medio siglo entre el gobierno socialista y los Estados Unidos.
La cuestión humanitaria fue durante años motivo de duros enfrentamientos entre las delegaciones de La Habana y Washington en Ginebra, sede anual de las sesiones de esa Comisión que en 2006 fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque con algunas reservas, Cuba firmó en 2008 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976. Este último concentró las principales reservas del gobierno cubano.
En 2013, la nación caribeña presentó su informe al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, donde da cuentas sobre el estado de su marco jurídico e institucional y enfatiza en grupos como las niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas, mujeres y población penitenciaria. (2014)
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