LA HABANA – Ahora resulta que los principales enemigos de la ley de Ajuste Cubano son aquellos políticos de la extrema derecha cubanoamericana que, en buena medida, construyeron sus carreras gracias a la existencia de esta legislación.
Lo paradójico es que, para cuestionarla, utilizan el mismo argumento que ha sustentado históricamente la posición cubana: es falso que los beneficiarios de esta ley sean exiliados políticos, por lo que no se justifica su excepcionalidad.
Alentar la emigración cubana fue un componente esencial de la política contra Cuba desde 1959. Entre sus mitos estuvo convertir en “exiliados” a personas que no eran perseguidos políticos y aceptarlos indiscriminadamente en Estados Unidos, violando los principios de selección e ingreso establecidos por las propias leyes migratorias norteamericanas. De resultas, fue necesario atribuir al fiscal general facultades especiales para “ajustar” el estatus legal de estas personas y en eso consiste la ley de Ajuste Cubano.
Mirada en sus aspectos formales no hay muchas razones para criticar esta ley. Como declaró recientemente la congresista demócrata Zoe Lofgren, más que eliminarla, debiera ser extendida al tratamiento de otros inmigrantes. El problema entonces no está en la ley misma, sino en la política que la originó, la cual el propio gobierno de Estados Unidos y la mayoría de la opinión pública de ese país hoy día la consideran obsoleta y contraproducente para los intereses nacionales.
Para la extrema derecha cubanoamericana la promulgación de ley de Ajuste Cubano fue ganancia neta: legitimaba el clima de beligerancia contra Cuba, base de su agenda política, a la vez que facilitaba el aumento de la base social que le servía de sustento y su rápida incorporación a la dinámica política norteamericana, todo lo cual contribuía al aumento de su influencia a escala local y nacional en Estados Unidos, con los beneficios económicos resultantes de la misma.
Este cuadro se modificó radicalmente cuando cambió el componente social de la emigración procedente de Cuba y la política migratoria cubana se adecuó a esta realidad. Los “nuevos emigrados”, aquellos que llegaron a Estados Unidos después de 1980, transformaron el cuadro electoral cubanoamericano, hasta el punto de convertirse en una amenaza potencial para el predominio de la extrema derecha en la vida política de la comunidad cubanoamericana.
La reacción ha sido chantajearlos con la amenaza de modificar la ley si continúan teniendo vínculos con Cuba o, incluso, tratar de derogarla, con tal de demorar el acceso de los nuevos inmigrantes a la ciudadanía norteamericana y, de esta manera, retrasar su impacto electoral. En última instancia, hacerles creer que el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por el que siempre ha abogado este sector de la emigración cubana, a la larga puede perjudicarlos, al conducir a la eliminación de las ventajas que disfrutan actualmente.
De todas formas, a la extrema derecha cubanoamericana este viraje no les resulta nada fácil y sus resultados son extremadamente dudosos. Temerosa de las presiones ya existentes contra esta ley, en 1996 lograron anclarla dentro de los presupuestos más generales establecidos por la ley Helms-Burton, por lo que para revocarla o incluso modificarla, como pretenden en estos momentos, tienen que abrir una “caja de Pandora”, cuyas consecuencias pueden resultar aun más peligrosas para sus intereses.
La otra cara de la moneda es la disminución de la actual importancia de la ley de Ajuste Cubano para la política cubana. La excepcionalidad de esta ley con fines evidentemente desestabilizadores, continúa siendo percibida por Cuba como un agravio político, una fuente de abusos para el robo de talentos y un impedimento para lograr un proceso migratorio normal y seguro entre los dos países, tal y como expresan los acuerdos migratorios firmados entre ambos.
Más que la ley, aún persisten las consecuencias negativas de su conexión con la interpretación de pie seco/pie mojado para el tratamiento de los emigrantes ilegales cubanos –son devueltos si resultan capturados en alta mar, pero admitidos si logran pisar suelo norteamericano–, debido a sus implicaciones humanas y los problemas de seguridad que genera el tráfico ilegal de personas.
Sin embargo, en términos prácticos, eliminar la ley de Ajuste ya no tiene la prioridad que tuvo para Cuba en otros momentos, toda vez que la emigración no tiene los efectos políticos y sociales que tuvo antaño. Incluso en el caso de la emigración ilegal, ello constituye un problema más grave para Estados Unidos que para Cuba.
A pesar de esto, según declaraciones de sus funcionarios, el gobierno de Estados Unidos sostiene inalterada su decisión de mantener la ley de Ajuste Cubano y la interpretación pie seco/pie mojado para el tratamiento de los migrantes ilegales cubanos.
Diversas razones pueden explicar esta conducta. Para cualquier gobierno resulta difícil modificar posiciones mantenidas durante tanto tiempo y aunque parezca que lo más importante ya ha sido modificado, dígase el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la disposición de avanzar hacia un mejor nivel de convivencia entre ambos países, en el proceso negociador continuará influyendo esta inercia en muchos asuntos específicos, como este caso.
Otras razones pudieran estar relacionadas con evitar contaminar el debate respecto a las reformas migratorias aprobadas por Obama con un asunto de menor importancia, como es la ley de Ajuste Cubano y la inmigración cubana en general, así como enviar señales equivocadas a un sector del electorado cubanoamericano que resulta mayormente favorable a los demócratas.
Como ha dicho el abogado Ira Kutzman, especialista en asuntos migratorios, lo más probable es que se avance en una aplicación más restrictiva de la ley de Ajuste Cubano, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de la migración ilegal, lo cual no se contradice con la ley y es conveniente para los dos países.
Lo que sí resulta evidente es que la extrema derecha cubanoamericana ha quedado atrapada en su propia trampa y para escapar tendrá que comerse un pie, como hacen algunos animales. Quizá esto pueda ayudarlos a sobrevivir, pero inevitablemente quedarán cojos, lo que los convierte en una presa mas vulnerable dentro de la cadena alimentaria que rige la política estadounidense.
Lo paradójico es que, para cuestionarla, utilizan el mismo argumento que ha sustentado históricamente la posición cubana: es falso que los beneficiarios de esta ley sean exiliados políticos, por lo que no se justifica su excepcionalidad.
Alentar la emigración cubana fue un componente esencial de la política contra Cuba desde 1959. Entre sus mitos estuvo convertir en “exiliados” a personas que no eran perseguidos políticos y aceptarlos indiscriminadamente en Estados Unidos, violando los principios de selección e ingreso establecidos por las propias leyes migratorias norteamericanas. De resultas, fue necesario atribuir al fiscal general facultades especiales para “ajustar” el estatus legal de estas personas y en eso consiste la ley de Ajuste Cubano.
Mirada en sus aspectos formales no hay muchas razones para criticar esta ley. Como declaró recientemente la congresista demócrata Zoe Lofgren, más que eliminarla, debiera ser extendida al tratamiento de otros inmigrantes. El problema entonces no está en la ley misma, sino en la política que la originó, la cual el propio gobierno de Estados Unidos y la mayoría de la opinión pública de ese país hoy día la consideran obsoleta y contraproducente para los intereses nacionales.
Para la extrema derecha cubanoamericana la promulgación de ley de Ajuste Cubano fue ganancia neta: legitimaba el clima de beligerancia contra Cuba, base de su agenda política, a la vez que facilitaba el aumento de la base social que le servía de sustento y su rápida incorporación a la dinámica política norteamericana, todo lo cual contribuía al aumento de su influencia a escala local y nacional en Estados Unidos, con los beneficios económicos resultantes de la misma.
Este cuadro se modificó radicalmente cuando cambió el componente social de la emigración procedente de Cuba y la política migratoria cubana se adecuó a esta realidad. Los “nuevos emigrados”, aquellos que llegaron a Estados Unidos después de 1980, transformaron el cuadro electoral cubanoamericano, hasta el punto de convertirse en una amenaza potencial para el predominio de la extrema derecha en la vida política de la comunidad cubanoamericana.
La reacción ha sido chantajearlos con la amenaza de modificar la ley si continúan teniendo vínculos con Cuba o, incluso, tratar de derogarla, con tal de demorar el acceso de los nuevos inmigrantes a la ciudadanía norteamericana y, de esta manera, retrasar su impacto electoral. En última instancia, hacerles creer que el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por el que siempre ha abogado este sector de la emigración cubana, a la larga puede perjudicarlos, al conducir a la eliminación de las ventajas que disfrutan actualmente.
De todas formas, a la extrema derecha cubanoamericana este viraje no les resulta nada fácil y sus resultados son extremadamente dudosos. Temerosa de las presiones ya existentes contra esta ley, en 1996 lograron anclarla dentro de los presupuestos más generales establecidos por la ley Helms-Burton, por lo que para revocarla o incluso modificarla, como pretenden en estos momentos, tienen que abrir una “caja de Pandora”, cuyas consecuencias pueden resultar aun más peligrosas para sus intereses.
La otra cara de la moneda es la disminución de la actual importancia de la ley de Ajuste Cubano para la política cubana. La excepcionalidad de esta ley con fines evidentemente desestabilizadores, continúa siendo percibida por Cuba como un agravio político, una fuente de abusos para el robo de talentos y un impedimento para lograr un proceso migratorio normal y seguro entre los dos países, tal y como expresan los acuerdos migratorios firmados entre ambos.
Más que la ley, aún persisten las consecuencias negativas de su conexión con la interpretación de pie seco/pie mojado para el tratamiento de los emigrantes ilegales cubanos –son devueltos si resultan capturados en alta mar, pero admitidos si logran pisar suelo norteamericano–, debido a sus implicaciones humanas y los problemas de seguridad que genera el tráfico ilegal de personas.
Sin embargo, en términos prácticos, eliminar la ley de Ajuste ya no tiene la prioridad que tuvo para Cuba en otros momentos, toda vez que la emigración no tiene los efectos políticos y sociales que tuvo antaño. Incluso en el caso de la emigración ilegal, ello constituye un problema más grave para Estados Unidos que para Cuba.
A pesar de esto, según declaraciones de sus funcionarios, el gobierno de Estados Unidos sostiene inalterada su decisión de mantener la ley de Ajuste Cubano y la interpretación pie seco/pie mojado para el tratamiento de los migrantes ilegales cubanos.
Diversas razones pueden explicar esta conducta. Para cualquier gobierno resulta difícil modificar posiciones mantenidas durante tanto tiempo y aunque parezca que lo más importante ya ha sido modificado, dígase el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la disposición de avanzar hacia un mejor nivel de convivencia entre ambos países, en el proceso negociador continuará influyendo esta inercia en muchos asuntos específicos, como este caso.
Otras razones pudieran estar relacionadas con evitar contaminar el debate respecto a las reformas migratorias aprobadas por Obama con un asunto de menor importancia, como es la ley de Ajuste Cubano y la inmigración cubana en general, así como enviar señales equivocadas a un sector del electorado cubanoamericano que resulta mayormente favorable a los demócratas.
Como ha dicho el abogado Ira Kutzman, especialista en asuntos migratorios, lo más probable es que se avance en una aplicación más restrictiva de la ley de Ajuste Cubano, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de la migración ilegal, lo cual no se contradice con la ley y es conveniente para los dos países.
Lo que sí resulta evidente es que la extrema derecha cubanoamericana ha quedado atrapada en su propia trampa y para escapar tendrá que comerse un pie, como hacen algunos animales. Quizá esto pueda ayudarlos a sobrevivir, pero inevitablemente quedarán cojos, lo que los convierte en una presa mas vulnerable dentro de la cadena alimentaria que rige la política estadounidense.
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