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lunes, 24 de octubre de 2016

Estados Unidos mantiene su receta subversiva contra Cuba


Cuando aún está fresca la tinta de la nueva directiva presidencial de Barack Obama sobre Cuba, en la propia página digital del Departamento de Estado se dio a conocer la convocatoria para un nuevo proyecto injerencista contra la Mayor de las Antillas

Autor: Sergio Alejandro Gómez |internet@granma.cu
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La convocatoria de DRL aparece en la web oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Si usted mezcla ingredientes en iguales proporciones y tiempos, de seguro obtendrá el mismo resultado cuantas veces lo intente. Sin embargo, Estados Unidos pretende cambiar su política hacia Cuba manteniendo la misma receta subversiva.

Cuando aún está fresca la tinta de la nueva directiva presidencial de Barack Obama con políticas dirigidas a la Mayor de las Antillas, en la propia página digital del Departamento de Estado se dio a conocer este viernes la convocatoria a un proyecto con todos los ingredientes de las políticas agresivas e injerencistas típicas del pasado.

El Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales (DRL), de­pendiente de la Casa Blan­ca, abrió una licitación para interesados en obtener fondos para programas que promuevan supuestos «cambios democráticos» en ma­teria de derechos civiles, políticos y laborales en Cuba.

Washington ha utilizado históricamente el paraguas de los proyectos de apoyo a la democracia para encubrir sus planes subversivos no solo contra Cuba, sino contra distintos pueblos que no responden a sus intereses geoestratégicos, al tiempo que mantiene estrechas relaciones con algunos de los países con peor historial de derechos humanos de nuestro planeta.

DRL pone a disposición de los interesados en inmiscuirse en los asuntos internos de la Isla nada más y nada menos que 5,6 millones de dólares, que están sujetos a la disponibilidad de fondos.

A LA LUZ DE LA NUEVA DIRECTIVA

«Queremos relacionarnos de forma honesta con el pueblo cubano», dijo la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, el 14 de octubre pasado respecto a la nueva directiva política. Añadió que para ello harán más «transparentes» los conocidos programas de «promoción de la democracia» en Cuba.

La directiva contiene términos casi idénticos en las indicaciones finales a las distintas instancias de gobierno, en especial a la Agen­cia de los Estados Unidos para el De­sa­rrollo Internacional (USAID), que canaliza miles de millones de dólares a lo largo del orbe para defender por vías alternativas los intereses de Washington.

«La USAID liderará conjuntamente con el Departamento de Estado los esfuerzos para ase­gurar que los programas democráticos sean transparentes y coherentes con los programas en otras sociedades similares», detalla el documento, como si el mero hecho de transparentar esos programas los haría automáticamente aceptables para Cuba, sin que cambiara su naturaleza subversiva.

La nueva convocatoria ayuda a despejar las dudas sobre a qué se referían las autoridades estadounidenses con sus eufemismos. «El en­foque pragmático de DRL se alinea con la política estadounidense de promover los derechos humanos en Cuba», refiere la convocatoria.

Aclaran que prefieren un «enfoque creativo» para lograr sus objetivos y que las actividades aprobadas «deben tener un potencial de impacto a corto plazo y conducir a reformas sostenibles a largo plazo».

Aclaran que entre las modalidades que tienen más probabilidades de ser financiadas está la creación de capacidad dentro y fuera de la Isla, entre ellas becas de corta duración en el extranjero.

Cuba denunció recientemente los verdaderos planes detrás de la organización World Learning. Con becas de verano otorgadas de manera subrepticia y al margen de las autoridades nacionales pretendían formar un liderazgo «alternativo» para promover un cambio de régimen en la Isla.

«La promoción de software que sea fácilmente accesible en una sociedad abierta, o la adaptación de dicho software para el entorno tecnológico de Cuba», es otra de las áreas priorizadas.

El referente más inmediato de dichos proyectos es el escándalo internacional desatado por la agencia de noticias estadounidense AP con el caso ZunZuneo, en el año 2014.

La USAID financió la creación de una red alternativa de mensajería móvil, a la que llegaron a llamar el Twitter cubano, diseñada para atraer la atención del público joven con mensajes aparentemente inofensivos sobre deporte y cultura, pero cuyo verdadero objetivo era contar con una base de operaciones en ese sector poblacional y utilizarla en un futuro con fines desestabilizadores.

Según la nueva convocatoria de DRL, los proyectos pueden ser presentados por organizaciones sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos o en el ex­tranjero; organizaciones no gubernamentales (ONG), o una organización internacional pú­blica.

Pero dejan bien claro que, bajo ningún concepto, se aceptará la participación de las legítimas instituciones de la Isla: «No serán aprobados programas para Cuba que se dirigen hacia el apoyo a las instituciones gubernamentales cubanas y a personas empleadas por dichas instituciones u organizaciones controladas por las instituciones gubernamentales», se lee en la convocatoria.

UNA MEZCLA EXPLOSIVA

Quizá la prueba más evidente de los intereses ocultos de los programas promovidos por DRL está en los supuestos objetivos que pretenden lograr en la Isla.

«Los proyectos deberán apoyar derechos y principios consagrados universalmente, entre ellos la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el de­recho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial; el derecho a la intimidad; la libertad de movimiento dentro de su país; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».

Añaden que otro tema priorizado es el derecho al trabajo en condiciones de dignidad con una remuneración justa y el derecho a formar y afiliarse a sindicatos para la protección de los intereses de los trabajadores.

Además, buscan promover la defensa de de­rechos de «poblaciones más vulnerables, per­sonas marginadas o en situación de riesgo».

Cualquiera que se mantenga medianamente al tanto de la realidad cubana, al margen de la propaganda negativa que se mantiene presente en los grandes medios de información, sabrá que el reciente Código de Tra­bajo aprobado en Cuba está a la vanguardia de los derechos laborales a nivel mundial.

El pago igual por igual trabajo entre mujeres y hombres está plenamente garantizado. Los derechos de maternidad y paternidad de los trabajadores, así como la seguridad so­cial, incluso de quienes laboran en el sector no es­tatal, son conquistas que serían un sueño en buena parte de los países de cualquier región del planeta.

Las únicas torturas que conoce Cuba se llevan a cabo en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en Guantánamo, bajo ad­ministración estadounidense, donde aún permanecen 60 detenidos sin las mínimas garantías legales.

Parece un desperdicio de dinero, incluso para una potencia como Estados Unidos, destinar 5,6 millones de dólares para ayudar a su­puestas minorías excluidas en Cuba, cuando en su propio territorio los afrodescendientes son masacrados por la policía y la tasa de de­sem­pleo de ese sector de la población duplica la de los blancos.

Estados Unidos tampoco reconoce la Con­vención sobre los Derechos de los Traba­ja­do­res Migratorios y sus Familiares, por eso ejecuta prácticas vejatorias y de flagrante violación de los derechos humanos en el trato que aplica a quienes acuden a ese país con la finalidad de mejorar su situación económica.

En medio de la opulencia, esa nación tiene la tasa de pobreza infantil más alta de todos los países industrializados, y viola los derechos de miles de menores migrantes que son separados de sus padres indiscriminadamente.

Washington debería tener cuidado cuando utiliza ingredientes tan explosivos en su fracasada receta subversiva contra Cuba, pues no sería la primera vez que la mezcla termina explotando entre sus manos. Se suponía que el cambio de política de Obama hacia Cuba incluía abandonar «políticas fracasadas», pero todo hace indicar que algunos sectores de po­der se niegan a «dejar el pasado atrás».

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