Entre signos de interrogación

Con este debate, el número 120, UJ cumple doce años de existencia. En el encuentro se discutió acerca de cómo va el Poder Popular y en específico el cumplimiento de lo establecido en la Constitución sobre dicho Poder, el sistema electoral, debilidades y potencialidades, las transformaciones en Mayabeque y Artemisa.


Por Tania Chappi Docurro

Frente al edificio nada revelaba que era el sitio correcto. Ni un humildísimo anuncio escrito con crayola, o con el más común y corriente de los lápices. No obstante, recordé la indicación de mi vecina: en Obispo, en los altos de la juguetería, y me decidí a entrar. En el desolado vestíbulo, sobre la escalera, el cartelito de marras, bien impreso, pero pequeño y ambiguo: PNR. Consejo Popular Catedral. Dudé algunos segundos antes de subir al primer piso. Puertas cerradas me aguardaban. La misma falta de orientaciones, horarios. Sobre una de ellas casi tuve que descubrir el texto: Atención a la población. Sala de espera. Faltaba poco para las dos de la tarde y no había nadie. Espoleada por la necesidad de resolver un grave problema habitacional, volví un rato después. Entonces, una señora —¿sería la secretaria?— me informó que martes y jueves, a partir de las 11 de la mañana, eran los días de consulta. Regresé a mi casa sintiendo que había salido de un servicio clandestino y no del lugar donde la ciudadanía puede encontrarse con sus representantes.

Con doble motivación, la periodística y la personal, apenas veinticuatro horas más tarde era una de las doscientas personas expectantes que mucho antes de comenzar el debate de Último Jueves de Temas repletaban la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Agotadas las sillas, los escalones de la entrada se habían convertido en gradas y aun así muchos asistentes permanecían de pie.

Ante nosotros se aprestaba un panel conformado por el Dr. Julio Antonio Fernández Estrada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana; Tamara Valido Benítez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Mayabeque y diputada a la Asamblea Nacional; Arnold August, escritor, periodista y conferencista canadiense, autor del volumen Cuba y sus vecinos. La democracia en movimiento; el Dr. Jesús García Brigos, profesor e investigador del Instituto de Filosofía, conocido además por su libroGobernabilidad y democracia. Los órganos del Poder Popular, y otrora delegado y presidente del Consejo Popular Vedado-Malecón.

Como moderador fungía Carlos Alzugaray, de la revista Temas, quien explicó que la Constitución de la República dedica dos de sus quince capítulos a los órganos del poder del Estado y a los órganos locales del Poder Popular. Según esta Constitución, la Asamblea Nacional representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. “Por lo tanto el Poder Popular es algo más que los dos períodos de sesiones en los que anualmente se reúne la Asamblea y la reunión semestral de rendición de cuentas de los delegados”.


El panel lo integraron Julio Antonio Fernández Estrada, Tamara Valido Benítez, Arnold August, Jesús García Brigos y, como moderador, Carlos Alzugaray.



En primer término los disertantes detallaron los componentes del sistema político cubano y el lugar que en él ocupa el Poder Popular. Dicho sistema está integrado por el Estado (cuyo máximo órgano de poder es la Asamblea Nacional, según refrenda el artículo 69 de la Constitución), el Partido Comunista de Cuba y las organizaciones y grupos no gubernamentales. Además de la Asamblea, los órganos superiores del Poder Popular son el Consejo de Estado, que la representa entre los períodos de sesiones; el Consejo de Ministros y el de Defensa Nacional. Los órganos locales son las asambleas provinciales y municipales, con sus respectivos consejos de administración; y los consejos populares, entidad “renovadora, fiscalizadora”, añadida en 1992 a la Constitución.

“Nuestro sistema político, genuinamente cubano, tiene como esencia la participación del pueblo y la promoción de los temas de principal interés a nivel popular. Por lo tanto, responde a los intereses del pueblo. Las asambleas provinciales están constituidas por delegados de los territorios, hasta la mitad de ellos —como ocurre en la Asamblea Nacional— son delegados de circunscripción, otros son de interés provincial o nacional; las municipales son fruto de una elección directa y secreta de los delegados en las circunscripciones; los Consejos populares basan su funcionamiento en la Ley 91; las circunscripciones son fundamentales por la cercanía a la población y la posibilidad de potenciar toda la labor del Poder Popular. Este, como muestran las provincias de Artemisa y Mayabeque, se halla en constante perfeccionamiento”, manifestó Tamara Valido.

Arnold August subrayó que entre los mencionados componentes los más importantes son el Partido y el Poder Popular. Sobre todo el primero. Y ello resulta evidente al observar la actividad desplegada por ambos a partir de 2005. Si bien la Asamblea Nacional ha discutido algunos asuntos, por ejemplo la nueva Ley de Seguridad Social, la organización partidista ha liderado, y lidera, “un proceso especial” que entre esa fecha y 2011 mantuvo el país “en debate permanente” e incluyó la elaboración de los Lineamientos, la discusión de estos en los centros de trabajo y por la población en general, y luego, a partir de las sugerencias, el presentar otra versión de ese documento rector.

“Coincido con varios colegas, pertenecientes a institutos de investigaciones de la Universidad de La Habana, en que este tipo de debate, de democracia participativa, tiene que llegar a ser permanente en el proceso político cubano; y que la Asamblea Nacional debe aprender de esa experiencia”, añadió el analista.

¿Podemos decir que los ciudadanos participan, se empoderan?, intervino Carlos Alzugaray. “Parte del empoderamiento es saber cuáles son sus derechos, cómo canalizarlos y reclamarlos. Esto se discutía recientemente en la televisión cubana y se señalaba como una deficiencia”.

Por lo menos desde dos puntos de vista es necesario examinar la ubicación del Poder Popular dentro el sistema político cubano: qué sitio ocupa en el diseño constitucional y qué lugar ha tenido realmente en la historia política y jurídica de la nación, opina Julio Antonio Fernández. “Ya a finales de los años 80 se sabía que había un proceso de incomunicación entre el pueblo y los órganos del Poder Popular. Es decir, los problemas de funcionamiento no son de ahora, vienen desde prácticamente los inicios de la puesta en marcha de esta experiencia”.

Considera Fernández que el Poder Popular debe mantenerse, si bien necesita mejorar para que haya de verdad democracia socialista. “Existen muchos síntomas no halagüeños en relación con el empoderamiento. ¿El pueblo se siente empoderado, lo estamos en realidad: tomamos decisiones, proyectamos, fiscalizamos, controlamos, revocamos?

“El diseño constitucional cubano establece que la soberanía reside en el pueblo (artículo 3 de la Constitución) y que el Estado debe actuar según la decisión de aquel. Además, tiene definidos rendición de cuentas, revocación de mandatos, control popular, democracia socialista como principio de funcionamiento del Estado. Ello es una gran ventaja, comparado con un mundo donde muchas Constituciones hurtan la soberanía popular desde el propio diseño”. Sin embargo, ese mismo esquema, desde la reforma al sistema electoral efectuada en 1992, “impide la participación total del pueblo en el proceso electoral general. Una incoherencia es que puede nominar a los candidatos municipales, pero no a los provinciales”.

La elección del delegado del Poder Popular “es el mecanismo más amplio, participativo y popular de elegir un representante”, aseveró Jesús García Brigos. “Es cierto que el sistema del Poder Popular presenta insuficiencias; no obstante, lo tiene todo para ser perfecto y lo primero es que nosotros mismos podemos cambiarlo”. Enfatizó que todos los cubanos somos responsables de lo que funcione mal en él. Llamó a reflexionar sobre “los aspectos conceptuales que deben servir de fundamento a toda la práctica”, y citó dos: en Cuba no hay un presidente del país, Raúl Castro solo preside el Consejo de Estado, en consecuencia, “las decisiones son colectivas, de 31 personas que integran dicho Consejo”; por otra parte, “el sistema del Poder Popular, como forma de organización del Estado cubano, como instituto político especifico, es la única institución de nuestro sistema político con alcance universal” en cuanto a espacio de participación y la obligatoriedad de acatar sus decisiones.


Avatares del “soberano”

Las intervenciones por parte del auditorio fueron concisas, directas, con voz apresurada para en los tres minutos de rigor decir muchas cosas. Algunos llevaban escrita su alocución.

Un sociólogo, participante habitual en los Últimos Jueves argumentó: “La cuestión no está en que podamos elegir candidatos en el barrio, sino en sobre qué base lo hacemos. Hasta ahora es la trayectoria revolucionaria, los valores y el comportamiento ciudadano de las personas, pero no se sabe si ellas van a responder a la voluntad colectiva de la comunidad y el pueblo. Los candidatos deben elegirse a partir de su agenda política, no solo referida a los problemas de su localidad, sino de todos los niveles, y a cuál es la incidencia que vamos a tener, desde la circunscripción, en las políticas nacionales. En las asambleas de rendición de cuentas hay muy poca oportunidad —y no se estimula— para expresarnos con relación a las problemáticas del país. En parte eso depende de nosotros, solo en parte porque no es una cuestión de voluntad, sino también de mecanismos; al respecto vale aclarar que los cubanos no hemos participado en debates populares a partir de 2005, sino simplemente en consultas donde cada uno ha expresado una opinión y ni siquiera se ha discutido en el colectivo. No podemos sobre esa base tener un nivel de reflexión y de deliberación”.

Varios delegados del Poder Popular, en representación espontánea de miles de colegas que perseveran en intentar responder a las expectativas de los electores, abordaron el tema desde sus experiencias prácticas, desafortunadas la mayoría de las veces.

“La Constitución da muchas prerrogativas a los delegados, pero en la práctica no se nos permite ejercerlas”, afirmó una señora de mediana edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución. “Se pasa mucho trabajo para ser escuchado. No trabajan a la par las administraciones y las asambleas. Eso es una gran dificultad”. Y reconoció que, además, muchas veces los delegados no están bien preparados para asumir sus responsabilidades.

Un colega, quien durante treinta y dos años ha velado por los intereses de sus vecinos en Marianao, opina que la reforma del Poder Popular en 1992 lo transformó en “poder de las direcciones administrativas”, debido a que en los niveles superiores disminuyó el número de delegados de circunscripciones. “Muchas veces los presidentes del gobierno son los directores de las empresas y, por supuesto, tienen mentalidad administrativa. Hay que buscar gente que sienta de verdad los problemas que vive el pueblo y encuentre soluciones”. De igual modo criticó el exceso de reuniones y el hecho habitual de que delegados de las asambleas provinciales y diputados no se interesen por los asuntos de los Consejos populares.

Otro, que según refirió llegó a ser delegado a la Asamblea Provincial de Ciudad de La Habana, ofreció la siguiente disección: “El Poder Popular padece de falta de credibilidad, de prestigio y de identificación. Incapaz de dar respuesta a los problemas, tiene un inmenso conflicto de intereses, porque un gran porcentaje de los miembros de sus asambleas son funcionarios y cuadros políticos, entonces las mismas personas que deben someterse a escrutinio son las que deciden la ley.

“A menudo se vuelve un órgano de consulta, o peor, de validación. Debería representar a la ciudadanía, tiene el mandato constitucional de hacerlo, pero no lo cumple a cabalidad. ¿Cómo puede un diputado que reside en La Habana representar a la población de Las Tunas que lo eligió, si está por completo ajeno a la realidad de aquella zona?”, ejemplificó.

En la Isla muchos han puesto sus esperanzas en la experiencia emprendida en las provincias de Artemisa y Mayabeque; sin embargo, un análisis a fondo evidencia fisuras. Como bien señalaron en el auditorio de Fresa y Chocolate, la primera es que previamente no se consultó a la población acerca de qué Poder Popular desea; el Partido y el gobierno volvieron a decidir sin tomar en cuenta al “soberano”. En cuanto al diseño: separa la función política de la administrativa, en los niveles municipal y provincial; no obstante, hasta ahora el énfasis ha estado, apuntó un economista, en fortalecer la administración de esos territorios, mientras el desempeño de las asambleas carece aún de una definición clara.

Numerosas preguntas fueron realizadas. Tantas que opté por reunir las principales en el recuadro que acompaña esta reseña. Al dirigirse de nuevo a los panelistas, Alzugaray resumió las inquietudes de esta manera: “¿Qué problemas confronta el Poder Popular? ¿Cómo este se vincula con la ciudadanía? ¿De qué modo se ejecuta lo establecido en la Constitución? Todo esto ha salido a relucir en las intervenciones del público”.


Los primeros pasos de la criatura y nuevas interrogantes

Debido a su interés y nivel de detalles cito in extenso las explicaciones brindadas por Tamara Valido: “Muchos de los criterios escuchados aquí tienen que ver con el propio diagnóstico que en el país se ha hecho de las debilidades del Poder Popular: poca credibilidad, escaso acercamiento a la base, poco compromiso de aquellos que somos el eslabón primario de vínculo con la población, hablo de los delegados y de las propias asambleas. Debido a eso y a otras insuficiencias de las asambleas y sus órganos de administración, desde lo estructural hasta lo funcional, surge la idea, por parte de los principales líderes cubanos, de reforzar la institucionalidad y perfeccionar el sistema del Poder Popular.

“Uno de los aspectos que se estudia y se pretende eliminar es el principio de verticalidad —existente, por ejemplo, en cualquier ministerio en relación con sus direcciones provinciales y estas con las de los municipios— que predomina y lleva al no reconocimiento de la autoridad del presidente de la Asamblea o de su Consejo de Administración. A esto se suman el exceso de comisiones de trabajo que sustituyen las funciones de otros, no solucionan nada y generan reuniones innecesarias; y la elevada cantidad de vicepresidentes: un Consejo de administración local tiene veinticinco compañeros, muchos de los cuales por la función que realizan no defienden criterios estatales, sino empresariales.

“Yo era presidenta de la Asamblea Provincial de La Habana y de su Consejo de Administración. Si una misma persona, como suele ocurrir, tiene responsabilidades en ambos, a la hora de analizar, discutir, proponer soluciones, muchas veces le dedica más tiempo al segundo que a escuchar a la población, y a la exigencia y el control. Por ello, en lo que se está haciendo en Mayabeque y Artemisa se unieron dos procesos importantes: el primer paso fue ajustar, a nivel provincial, la estructura de la administración; en un momento posterior ocurrió la delimitación de funciones, lo cual abre el camino para separar de la labor administrativa la responsabilidad de atender y defender las inquietudes del pueblo.

“Una cantidad excesiva de cuadros dirigía el Poder Popular en la antigua Habana. De ellos, 50% integraron las estructuras de las dos nuevas provincias en conjunto. Es decir, a Mayabeque correspondió 25%. No se trataba de disminuir plazas arbitrariamente, sino de definir funciones. Y asumimos prácticas novedosas. Por ejemplo, mientras en el resto del país se mantiene bajo subordinación vertical todo lo relacionado con el medioambiente (desde el CITMA hacia sus delegaciones), en Mayabeque lo asume una dirección del Consejo de administración; igual ocurre con la informática y las comunicaciones. Una dirección de comercio, que no es la Empresa de comercio, defiende las políticas estatales y sus brazos llegan a todas las entidades de la provincia, sean de subordinación local o nacional. Así mismo sucede con la regulación de la energía, entre otras actividades. Como ven, el perfeccionamiento no ha estado solo en la estructura, sino en lo funcional, para que la administración pueda dar respuesta de manera más efectiva y promoviendo sus propios recursos, hablo del desarrollo local, a las necesidades del territorio.

“La delimitación de funciones se efectuó en julio de 2012. Hoy la Asamblea Provincial del Poder Popular, donde igualmente ha primado una visión de racionalidad y eficiencia, centra su labor en llegar a la población y, a través de controles y fiscalizaciones de las comisiones de los consejos populares, exigir a quienes tienen que resolver las cosas. Por supuesto, esto solo no va a resolver los problemas”.

Julio Antonio Fernández ha estudiado desde el punto de vista jurídico el Decreto 301, que regula el proyecto emprendido en Mayabeque y Artemisa. A él le preocupa que tal regulación se concentra en el perfeccionamiento del Consejo de administración, “lo cual debilita en este documento el papel de las asambleas. Es muy importante defender que ellas son las representantes directas del pueblo, por lo tanto, tienen que ser el órgano soberano a esos niveles”. Otro aspecto inquietante: “En este decreto la referencia al Consejo Popular resulta mínima”.

Debiera prestarse atención, sugirió el investigador, a si en ambas provincias, y en todo el país, el pueblo sabe con profundidad lo que está ocurriendo en ellas. “En Artemisa me han dicho: ‘Ahora hay dos gobiernos’. Pregunté a quienes allí están implementando los cambios si han recibido alguna orden de no discutirlos con las personas y me han respondido que no. ¿Por qué entonces no lo hacen? Deben debatir con la gente si esa transformación le conviene. Eso es la soberanía popular”.

Desde la experiencia otorgada por casi veinticinco años como delegado de circunscripción, ocho como delegado provincial, el ser fundador de los consejos populares en la capital del país, y por décadas entregadas a la investigación, Jesús García Brigos retomó algunas preocupaciones del público: “Hemos hecho cosas que en cierta medida constituyen un paso atrás: hasta 1992, la mayoría (es decir, más de 50%) de los delegados a las asambleas provinciales y a la Nacional tenían que ser delegados de circunscripción; después de las modificaciones se estableció que hasta la mitad deben serlo. En la práctica, al terminar un mandato de las asambleas provinciales y de la Nacional, una parte importante de sus miembros había dejado de ser delegados de circunscripción, y quedan bajos porcentajes de estos en ambos niveles.

“La concepción de gobernar en el socialismo no es como se ha entendido hasta ahora, es más que administrar. Y el delegado, más que un representante, debe ser un facilitador para conseguir que el pueblo gobierne”, expuso antes de recalcar la responsabilidad colectiva en el enfrentamiento de los aspectos negativos del Poder Popular. Mediante una anécdota personal (un suceso acaecido cuando era delegado en Plaza de la Revolución) sostuvo la posibilidad de enfrentar presiones tendientes a imponer candidatos, y arguyó: “Debemos entender el poder que tenemos y ejercerlo”.


Planes, recomendaciones, ¿sueños?

Los concurrentes no se limitaron a preguntar y cuestionar, también presentaron sugerencias. Entre ellas: además de separar bien las funciones administrativas de las de gobierno, es imprescindible conceder más autonomía a los territorios, descentralizar, disminuir la dependencia del Poder Popular, o su vínculo directo, con el Partido; un nuevo proyecto podría indagar en varias fuentes, desde la tradición andina (Mariátegui) hasta el socialismo africano de Nierere; deben reformarse la Asamblea Nacional y la Constitución; dejar de gobernar y administrar mediante decretos; adoptar una ley de municipios, constituir un Consejo de gobierno más abarcador que el de Estado y el de Ministros. Un economista jubilado insistió en que para tener autoridad el Poder Popular necesita recursos y jurisdicción sobre las riquezas generadas en su territorio, lo cual no lo exime de entregar una parte a la nación.


Hasta el final de la sesión se mantuvo repleta la sala Fresa y Chocolate

“A la interrogante de ¿qué hacer? voy a añadir otra: ¿cómo se adapta el Poder Popular a la actualización del modelo económico cubano, qué relación establece con la economía no estatal?, planteó el moderador.

Mayabeque posee un superávit en sus finanzas, aunque no todos esos ingresos permanecen en el municipio ni en la provincia, comentó Tamara Valido. En ese territorio y en Artemisa “está quedando en caja 1% de las ventas en divisas realizadas por las entidades enclavadas en el lugar, aunque sean de subordinación nacional. Hablo de importantes industrias. Generar proyectos de desarrollo local es algo en lo cual todavía debemos trabajar muchísimo; en ellos se revierte cierta cantidad de sus propias ganancias, por lo que esta continúa en el municipio. No obstante, las problemáticas no se resuelven solo con dinero, incide mucho la capacidad productiva y la disponibilidad de recursos del país. Por ejemplo, puedo tenerlo y no arreglar la carretera porque carezco de asfalto y no hay donde comprar las materias primas para fabricarlo”.

Sobre la relación de las asambleas con las nuevas formas de gestión de la economía, la diputada puntualizó: “En Mayabeque existen más de 13 300 trabajadores por cuenta propia y un número significativo de cooperativas. El vínculo con el Poder Popular no se reduce a su aporte al presupuesto, nosotros intervenimos en el ordenamiento territorial, que tiene mucho que ver con ellos”.

Pasos destinados a perfeccionar el Poder Popular ha observado Arnold August durante 2012 y 2013. “La nueva presidencia de la Asamblea Nacional está recorriendo los consejos populares, los municipios, y se pone énfasis en incrementar la participación del pueblo. En esos recorridos, Esteban Lazo ha declarado varias veces que la prensa tiene que divulgar lo que están haciendo los delegados en los barrios. Hay que dignificar el papel de estos”, dijo.

“Igualmente es preciso dignificar los conceptos de ciudadanía y sujeto popular, nuestra idea de República –continuó Julio Antonio Fernández. Existe un socialismo liberador, redentor, que coincide con la mejor patria. Hay que trabajar para que a los niños y jóvenes les importe ese socialismo y el Poder Popular, eso no significa inventar ficciones, que digan delante de todo el mundo qué bueno son ambos y en realidad no les importe nada. Urgen trasformaciones en el país, para que sea más próspero. Sin embargo, eso incluye la democracia y el poder del pueblo. No puede haber prosperidad sin que la gente sea quien decida qué prosperidad es la más justa”.

Más que adaptarse a la actualización del sistema económico, el Poder Popular tiene la responsabilidad de conducir los cambios, declaró García Brigos. “Ante todo se deben implementar conceptos que están bastante definidos —aunque haya que pulirlos— acerca de las relaciones entre el Poder Popular, el Partido y el sistema de organizaciones de masas y sociales, en particular la CTC, los sindicatos, los CDR. Asimismo, consolidar los órganos electivos y los administrativos, transformar las concepciones acerca de gobernar, e introducir nuevas prácticas, pues las vigentes reproducen la separación entre dirigentes y dirigidos”. Entre otras propuestas suyas, se encuentran: perfeccionar el sistema de selección de los representantes, adiestrar sistemáticamente a los delegados (“hoy solo se les da una preparación de tres días cuando salen elegidos”) y brindarles todas las facilidades posibles en sus centros de trabajo para que, si fuera necesario, incluso en horario laboral puedan cumplir con sus funciones.

El reclamo de una cubana a quien duele la indiferencia hacia los símbolos patrios, conmovió a todos los presentes en la sala Fresa y Chocolate. Narró que en el edificio del gobierno de Marianao no se iza la bandera —tampoco en la mayoría de las instituciones estatales del municipio— y que como electora y ciudadana planteó allí en dos oportunidades, en Atención a la población, que quería verla ondeando en el asta cercana al inmueble.

Desde hace meses ella aguarda una respuesta y al escucharla recordé algo que me mortifica cada vez que paso, desde hace años, por la habanera Calzada del Cerro: la antigua quinta, sede de la Asamblea del Poder Popular en ese municipio (al menos eso indica el letrero ubicado a la entrada), toda apuntalada con improvisados soportes. Mayor ejemplo de precariedad imposible. Si no pueden tener un techo seguro, ¿cuánto podrán hacer por los electores? A lo mejor, ojalá, me equivoco y ni aquí ni en el gobierno marianense se cumple el refrán “Una imagen vale más que mil palabras”. Merece la pena dedicar tiempo a investigarlo. Por lo pronto, mientras concluyo esta reseña, pensando en quienes no participaron en el debate de Último Jueves, pero les interesa el presente y el futuro de Cuba, me siento orgullosa de mi profesión, de que los periodistas hayamos nacido para dar testimonio.



Preguntas del público

 
¿Por qué el Poder Popular no ha realizado referendos para dirimir asuntos vitales para la nación, previa discusión pública de pareceres contrapuestos, como ahora pudiera ser el proceso de las modificaciones monetaria y cambiaria?
¿Cómo se verifica que la Asamblea Nacional expresa verdaderamente la voluntad o los intereses del pueblo?
¿Cómo entender lo siguiente: en el capítulo 3 de la Constitución se plantea que el soberano es el pueblo y en el capítulo 5 se dice que es el Partido el que tiene la mayor posibilidad de decisión; y además, en la práctica es quien decide por encima del Estado?
¿Satisfacen las llamadas comisiones de candidatura que actúan en los procesos electorales el principio constitucional de acceso universal a los cargos electivos del Estado?
¿Por qué se incumple reiteradamente lo establecido en el reglamento de la Asamblea Nacional en relación con el contacto entre los electores y elegidos para los diputados nacionales y los delegados provinciales?
¿Cuántos electores conocen el nombre de sus representantes a la instancia que sea?
¿Por qué no se transmiten por medios de difusión en vivo y en directo las sesiones de la Asamblea Nacional, sin prejuicio de hacerlo con las de menor nivel?; la Constitución ordena que sean públicas salvo previo acuerdo legislativo.
¿Es posible garantizar una soberanía a nivel municipal si el Poder Popular del territorio no posee autonomía financiera? ¿Dicha autonomía puede ser resuelta a través del sistema tributario?