Renaud Vivien, CADTM
El 26 de febrero las autoridades provisionales de Ucrania solicitaron un préstamo al FMI para reembolsar la deuda del país en plazo, es decir, 13.000 millones de dólares solo para este año. El FMI respondió positivamente y decidió enviar una misión de «expertos» a Ucrania para discutir las condiciones de dicho préstamo. Mientras el país está en plena ebullición, el reembolso de la deuda pública aparece como la prioridad absoluta de Kiev y sus acreedores. Para ellos, las necesidades de la población pasan a segundo plano. La situación incluso podría deteriorarse si se llega a un acuerdo con el FMI, que se halla en una posición de fuerza para imponer una cura de austeridad al pueblo ucraniano a cambio del préstamo.
Las dificultades financieras de Ucrania sobre el telón de fondo de la revuelta política son una nueva oportunidad para el FMI de imponer una terapia de choque, como hizo en Grecia, Portugal e Irlanda, aplicando tras el estallido de la crisis violentas medidas de austeridad dictadas por la troika, compuesta por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
En esos países, el riesgo de fallar en el pago a los acreedores (principalmente los bancos privados) fue el punto de partida de la intervención del FMI y sus acólitos europeos. Así Grecia, Portugal e Irlanda, cuando ya no tuvieron acceso a los mercados financieros debido a las tasas de interés prohibitivas, se volvieron hacia la troika, que aprovechó para proponerles préstamos, ciertamente menos onerosos, pero acompañados de programas de austeridad conocidos con el nombre de «memorandos». La lista de medidas contenidas en dichos memorandos siempre es la misma: privatización de sectores estratégicos de la economía, reducción de los salarios, de las pensiones, aumento de impuestos desiguales como el IVA, despidos masivos en la función pública, recortes drásticos en los gastos sociales, etc.
Ahora Ucrania se encuentra en una situación similar, ya que está al borde de detener los pagos y razonablemente no puede pedir prestado en los mercados financieros tras la degradación de su nota por parte de las agencias de calificación. En la actualidad, para poder pedir prestado a corto plazo, Ucrania tendría que pagar una tasa de interés desorbitada del 34,5% frente al 5% de hace solo cinco meses. Por otra parte no puede contar con Rusia, que acaba de anular la segunda entrega de un préstamo de 15.000 millones de dólares tras la destitución del presidente Víktor Yanukóvich.
Así, actualmente Ucrania dispone de un débil margen de maniobra. Sin embargo el FMI en ningún caso puede formar parte de la solución a la vista de las dramáticas consecuencias de los programas de austeridad que impone a las poblaciones desde hace más de 30 años. Es el caso de Grecia, Irlanda y Portugal, así como de los países del Sur sometidos a los planes de ajuste estructural (PAS) desde principios de los años 80 y de los países de Europa del Este que sufrieron una terapia de choque administrada por el FMI en los años 90.
En vez de endeudarse con el FMI para regularizar sus deudas, Ucrania debería cuestionar la legalidad y la legitimidad de esas deudas que piensa pagar con el préstamo del FMI. El reembolso de las deudas públicas no es una obligación absoluta desde el punto de vista político y jurídico. No hay que olvidar que según el derecho público internacional los deberes de un Estado con respecto a su población están por encima de los compromisos adquiridos con sus acreedores y que el reembolso solo es obligatorio para las deudas «adquiridas en el marco de un acuerdo válido y legítimo» (1) como señala el experto de la ONU sobre la deuda Cepahas Lumina. Si las deudas son ilegales o ilegítimas Ucrania no tiene ninguna obligación de reembolsarlas y en consecuencia no existe ningún interés en endeudarse con el FMI.
Una auditoría de las deudas ucranianas permitiría identificar la parte ilegítima que debe anularse sin condiciones. La auditoría permite especialmente responder a estas preguntas: ¿Quién contrajo las deudas? ¿Esas personas tenían competencia jurídica para contratar esos préstamos? ¿Quién se benefició? ¿Los prestamistas pusieron condiciones al conceder los préstamos? ¿Esas condiciones violan el derecho nacional del país? ¿A cuánto se eleva el montante de los intereses acumulados por los prestamistas? ¿Cuáles son los proyectos financiados por la deuda?, etc.
A la vista de la urgencia, una respuesta inmediata podría ser la suspensión del reembolso de la deuda (con la congelación de los intereses) y la congelación de las negociaciones con el FMI a la espera (como mínimo) de los resultados de las próximas elecciones previstas para el 25 de mayo y de un auténtico debate público sobre las implicaciones de un préstamo del FMI y las alternativas al endeudamiento.
Los argumentos para decretar ese tipo de moratoria no faltan. Ucrania y sus acreedores podrían invocar «un cambio fundamental de circunstancias» tras el derrocamiento de Yanukóvich y la naturaleza provisional del gobierno establecido el 26 de febrero. Ahora solo hace falta voluntad política, tanto por parte de las autoridades provisionales de Ucrania como de la Unión Europea, que se declaren al lado del pueblo ucraniano…
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Nota:
(1) Principios directivos relativos a la deuda externa y a los derechos humanos, anexo del informe del experto independiente Cephas Lumina del 10 de abril de 2012 (A/HCR/20/23). Salvo mención contraria, las citas proceden de ese informe.
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