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Lino Luben Pérez
(AIN) Cuba cuenta con una capacidad de embalse de agua que permite la utilización de un 57 por ciento de sus recursos aprovechables, afirmó en esta capital un experto en la materia.
Vista de la presa Zaza, en Sancti Spíritus, Cuba. AIN FOTO/Oscar Alfonso Sosa
El caudal disponible en las instalaciones asciende a 13 mil 600 millones de metros cúbicos, los cuales garantizan el suministro a la economía, sociedad y al medio ambiente, comentó a la AIN el Doctor en Ciencias Técnicas Jorge Mario García Fernández, secretario del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas.
La acumulación del líquido obedece a un programa denominado Voluntad Hidráulica, surgido a inicios de la década de los años 60 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando la ocurrencia en la Isla de eventos extremos de sequía y huracanes, recordó.
Dijo al respecto que han sido construidos en total 242 presas y cientos de micro presas, que pueden contener más de nueve mil millones de metros cúbicos; pozos para el bombeo del agua subterránea; canales magistrales y derivadoras.
García Fernández citó el hecho de que los bienes potenciales de ese tipo, por efecto de las lluvias anuales, sobrepasan los 38 mil millones de metros cúbicos y de ellos son provechosos 24 mil, equivalentes al 63 por ciento.
Sin embargo, aclaró que el comportamiento medio de las precipitaciones es de mil 335 milímetros, relativamente pocos para cubrir todas las necesidades del país.
A partir de la aprobación, en abril de 2011, de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, se elaboró el Diagnóstico y la Política Nacional del Agua, según el cual, su balance es un instrumento de planificación para medir la eficiencia en el consumo estatal y privado, señaló.
El dictamen incluye inversiones para enfrentar la sequía y el uso racional del agua en el país, a fin de elevar la proporción del área agrícola bajo riego, y la rehabilitación de redes, acueductos y alcantarillados hasta la vivienda.
Además, abarca el estudio del reordenamiento de las tarifas del servicio, con vistas a disminuir el subsidio, reducir el derroche, y regular la medición del gasto y el cobro a los clientes estatales y privados.
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